A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a contratación pública de alimentos con criterios sociales y ambientales, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sin ninguna duda, una de las riquezas de Aragón es su sector agroganadero. Un sector que ha sufrido también, a lo largo de los últimos años, el embate de la crisis, aunque ha conseguido soportar el nivel de empleo bastante mejor que otros. No obstante, nuevas coyunturas como, por ejemplo, las relaciones con la Federación Rusa, han provocado preocupación entre quienes viven de la agricultura y la ganadería.
Para contribuir a la estabilidad y desarrollo de este sector estratégico en Aragón, las Administraciones Públicas pueden implementar diversas medidas, una de las cuales es la de la contratación pública. En ese sentido, es evidente que la compra por parte de las Administraciones Públicas de alimentos agrícolas y ganaderos de los productores locales y más próximos se concibe como una herramienta muy adecuada y apropiada, contribuyendo a la creación de empleo, al impulso de los mercados locales, a la dinamización territorial, ayudando a la fijación de población en el mundo rural, y a la sostenibilidad medioambiental.
La misma normativa europea en materia de contratación se muestra favorable a la denominada compra pública responsable, pudiendo las Administraciones contratantes priorizar los aspectos sociales y medioambientales en sus pliegos de licitación, sin necesidad de atender exclusivamente al precio más competitivo. Y de esta forma, es posible encontrar ejemplos en otros países comunitarios, como Francia o Italia, en los que se apuesta por la introducción de alimentos ecológicos locales y tradicionales en los servicios de comedores escolares o en los hospitalarios.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que en el plazo de seis meses dicte unas Instrucciones para la contratación pública de productos alimenticios de proximidad en las que se definan las cláusulas sociales y medioambientales que habrán de figurar en los procedimientos de licitación con el fin de que en la adquisición de esos productos se atienda no solamente al precio como criterio de adjudicación, sino que también se valoren los aspectos sociales y medioambientales de las ofertas.
Zaragoza, 25 de septiembre de 2014.