Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D.ª María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Sistema Público de Pensiones, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

El sistema público de pensiones es uno de nuestros más preciados tesoros, ya que reconoce, a pesar de que las pensiones no sean tan altas como quisiéramos, el esfuerzo realizado a lo largo de toda una vida de trabajo.

Además, este derecho a una pensión se reconoce a una generación que empezaba a trabajar con 14 años, en una época donde muchos de los derechos laborales conseguidos con la transición y la llegada de la democracia, aún no existían.

La Constitución Española dice, en su artículo 50 que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad», a pesar de este derecho garantizado en la constitución, existe un debate reabierto sobre la viabilidad del sistema público de pensiones, cuestionando este sistema en un contexto en el que la caja de las pensiones está casi vacía, haciendo una clara apuesta por los planes privados.

Parece que el objetivo del Gobierno de España es asustar a los futuros pensionistas para desacreditar el sistema público de pensiones y que los que en un futuro quieran cobrar una pensión lo hagan ahorrando ellos mismos o contratando un plan de pensiones privado con la empresa que te contrata o con un banco.

Por un lado, España se encuentra entre los grandes países europeos con un menor gasto en pensiones sobre el nivel del PIB y con unas de las cotizaciones más regresivas; datos que nos dan diversos espacios de mejora para el bienestar de las personas, tanto en la vida laboral como en la jubilación. Además, esta realidad se confirma si tenemos en cuenta que el descenso en los ingresos de la seguridad social es consecuencia del paro, la precariedad laboral y la disminución de los salarios que cotizan en el fondo de la seguridad social y a la hucha de las pensiones.

Es la política económica del neoliberalismo, y no un accidente meteorológico fruto del azar, lo que está provocando que el sistema de pensiones esté en entredicho. Es esta agenda la que marca la política de la Comisión Europea, que pretende potenciar y dar más espacio a las pensiones privadas.

Sin embargo, el futuro de las pensiones públicas puede asegurarse gracias a los fondos provistos por múltiples figuras impositivas más allá de las cotizaciones. En este sentido, es evidente que la conservación de un sistema de pensiones garantizadas, solidarias y universal requiere, únicamente, de voluntad política. El mantenimiento y la mejora de este sistema de pensiones público es totalmente imprescindible para garantizar un derecho fundamental.

Así, por ejemplo, modificar el Impuesto de Sociedades, potenciar los Impuestos sobre las rentas del capital financiero, la lucha contra el fraude, la creación de impuestos finalistas (por aumento demográfico, o contribución de solidaridad) para cubrir los déficits de la financiación contributivo, como se ha introducido en otros países, o un IVA social, modificar el IRPF y grabar más los tramos de rentas más altos, dejar de deducir los planes privados, serían algunas de las soluciones para garantizar y mejorar el actual sistema de pensiones.

Siendo esto no una cuestión técnica, sino política, tenemos que decidir como sociedad entre priorizar el bienestar de la ciudadanía llegada a una cierta edad, o avocar nuestros mayores a trabajar cada vez más años y en peores condiciones, mientras nuestros jóvenes se encuentran en situación de paro involuntario, precariedad laboral e incertidumbre permanente al trabajo. La reforma laboral sumada a la interesada y buscada crisis de las pensiones es un cóctel explosivo que puede hacer estallar por los aires el pacto entre generaciones que garantiza este sistema de pensiones.

Es evidente que hace falta apostar decididamente por un cambio de estructura productiva en sectores de alto valor añadido como es la innovación, la transición energética y el aprovechamiento de la estructura industrial existente con la apuesta por la creación de nuevas industrias. En todo caso, y hasta que la situación cambie es necesario que el Estado compense, revalorizando las pensiones no contributivas y las pensiones más bajas con el fin de acabar con la situación precaria en materia de pensiones que sufren provincias como Huesca y Teruel o la importancia de la brecha de género que también existe en las pensiones. En estos momentos en Aragón hay más de 300.000 pensionistas por lo que es un problema que afecta muy fuertemente a nuestra tierra, existe además un desequilibrio territorial entre provincias, siendo Teruel el que proporcionalmente tiene un mayor número de pensionistas y con las pensiones medias más bajas de Aragón.

Por estas razones, presentamos la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de España a:

1. Modificar la estructura productiva de nuestro país y avanzar en una legislación laboral que elimine la precariedad y disminuya el paro en nuestro país, incrementando, así, las cotizaciones sociales que permitan la viabilidad del sistema de pensiones.

2. Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones volviendo a la vigencia del tope que se puede gastar cada año de la hucha, suspendido en 2012, y la introducción de la financiación por vía impositiva sobre la base de un sistema tributario progresivo.

3. Fijar de nuevo la edad de jubilación ordinaria a 65 años, facilitando tanto el acceso a los autónomos, como haciendo posible la jubilación anticipada en buenas condiciones. Permitir la jubilación a los 61 años cuando se hayan cotizado 35 años.

4. Suprimir el Índice de Revalorización de las pensiones previsto en la Ley 23/2013 y que se indexe la evolución de las pensiones en el Índice de Precios al Consumo; de manera que se garantice el poder adquisitivo de los pensionistas. Así como el cobro de una paga única, que cubra la diferencia entre la pensión recibida y la que le hubiera correspondido de aplicarse la revalorización del IPC de 2016 y 2017.

5. Poner en marcha mecanismos que puedan compensar el hecho de que, determinadas provincias, como Huesca y Teruel tengan pensiones más bajas que la media del Estado, o la brecha de género que existe a nivel de todo el Estado, revalorizando las pensiones no contributivas y las pensiones más bajas.

Zaragoza, 30 de enero de 2018.