Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2013, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 79/13, sobre el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local, presentada por el G.P. del Partido Aragonés para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 27 de febrero de 2013.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Alfredo Boné Pueyo, Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, para su debate en el pleno de las Cortes de Aragón.

El artículo 71 del Estatuto de Autonomía establece que es competencia exclusiva de Aragón «la organización territorial propia de la Comunidad». El artículo 81 señala que «la organización territorial local de Aragón se estructura en municipios, comarcas y provincias». De las comarcas, el Estatuto dice que son entidades «fundamentales para la vertebración territorial aragonesa» y que «tienen a su cargo la prestación de funciones y servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y territorio comarcales en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio territorial».

Respecto a las provincias, como entidades locales supramunicipales, con personalidad jurídica propia, el Estatuto fija que «ejercerán funciones de cooperación, asistencia y prestación de servicios a municipios y comarcas, atendiendo en todo caso a criterios de solidaridad y equilibrio territorial».

Junto a todo ello, el Estatuto otorga a Aragón la determinación de las competencias de los municipios y demás entes locales en las materias de competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, el régimen de los bienes locales y las modalidades de prestación de los servicios públicos locales, así como las relaciones para la cooperación y colaboración entre los entes locales y entre estos y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo, incluye la determinación de los órganos de gobierno de los entes locales creados por la Comunidad y su régimen electoral.

La actual coyuntura exige a los poderes públicos extremar los esfuerzos por gestionar los recursos de forma eficaz y eficiente, evitando duplicidades entre las administraciones, simplificando la burocracia y acercando los servicios a la ciudadanía, máxime en un territorio tan amplio y despoblado como Aragón, tal como han expresado en reiteradas ocasiones las Cortes de Aragón.

Estos principios, junto con el interés por vertebrar el territorio y ofrecer servicios de calidad en igualdad de oportunidades en el medio rural, inspiraron la comarcalización, mediante el acuerdo unánime en las Cortes de Aragón. La estructura comarcal, que responde a las necesidades y características del territorio aragonés, fue defendida en la Comisión Bilateral Aragón-Estado, y asumida por el Gobierno central para futuras reformas de la normativa estatal.

Asimismo, las Cortes de Aragón han creado una Ponencia Especial que estudia la racionalización y simplificación de la administración pública aragonesa bajo la premisa general de una competencia-una administración.

El Consejo de Ministros conoció el pasado 22 de febrero, un informe sobre el anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. Ante este borrador, es preciso que las Cortes de Aragón fijen un pronunciamiento, en defensa de los intereses generales de Aragón. Por todo ello, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés presenta, para su tramitación ante el pleno, la siguiente

1. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno de España, para garantizar que el proyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local respete de forma escrupulosa, y en toda su extensión, el Estatuto de Autonomía de Aragón y la organización territorial y administrativa de la Comunidad, y se adapte a las peculiaridades poblacionales y territoriales de Aragón, rechazando cuantas medidas perjudiquen los intereses de las entidades locales aragonesas o comprometan su viabilidad, así como aquellas medidas que refuercen las competencias de las diputaciones provinciales en detrimento del modelo comarcal aragonés.

2. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que elabore un informe sobre las consecuencias que tendría para las entidades locales y el resto de administraciones aragonesas la aplicación de la nueva Ley, de aprobarse en los términos informados por el Consejo de Ministros, y tome las medidas de apoyo necesarias, en colaboración con las comarcas y diputaciones provinciales, para asistir a los ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades, en el desempeño de sus obligaciones administrativas, contables y fiscales, para afrontar en las mejores condiciones aquellos requisitos que, previsiblemente, pueda requerir la nueva ley.

3. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a defender la autonomía municipal y, por ello, la primacía de la voluntariedad en las decisiones que los ayuntamientos y entidades locales aragonesas adopten para garantizar una prestación de calidad de los servicios, promoviendo la colaboración entre las instituciones, con criterios de subsidiaridad y proximidad, que confieren a las comarcas una función fundamental para la vertebración territorial.

4. Las Cortes de Aragón trasladarán copia del presente acuerdo al Gobierno de España.

Zaragoza, 22 de febrero de 2013.