PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2012, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 226/12, sobre la supresión de los privilegios fiscales de la Iglesia católica y otras confesiones religiosas, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
Zaragoza, 13 de junio de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la supresión de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 16.3 de la Constitución Española establece el principio de aconfesionalidad de nuestro país. Se determina, por tanto, la falta de adscripción o vinculación a cualquier confesión religiosa por parte de las Instituciones Públicas del Estado español. Este principio de neutralidad constitucional choca frontalmente con que se vinculen los intereses generales que representan las Administraciones Públicas con los intereses particulares y privados de unas determinadas confesiones religiosas, más aún cuando esta vinculación pueda dar lugar a situaciones de privilegio.
Las duras medidas económicas llevadas a cabo por el Gobierno del Estado están afectando negativamente a servicios básicos como la educación, la sanidad y las prestaciones sociales. Las sucesivas subidas de impuestos, tanto directos como indirectos, están reduciendo progresivamente la capacidad económica de las familias al aumentar la carga fiscal que pesa sobre las mismas, renunciando a hacer una política fiscal realmente progresiva. En estos momentos de crisis y de fuerte recorte del gasto público, consideramos que resulta un agravio comparativo para la ciudadanía que se mantengan las exenciones y los beneficios fiscales de los que disfruta, entre otras instituciones, la Iglesia Católica.
La política fiscal, la gestión ordenada de los recursos públicos y las buenas prácticas políticas e institucionales son la piedra angular del Estado democrático y de Derecho. Cualquier exención de impuestos debe dirigirse siempre a las capas más desfavorecidas de la sociedad, y la carga fiscal, para poder ejercer su función de redistribución de recursos, debe ser siempre progresiva para contribuir mejor a la justicia social y a la estabilidad económica del país.
El Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, obliga a las Corporaciones Locales a plantear una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta un 10%. Pese a ello, diversas entidades, en especial la Iglesia Católica, van a continuar liberadas del deber colectivo de contribuir al sostenimiento de las arcas municipales. Consideramos anacrónico e injusto que en nuestro país se mantengan privilegios fiscales a grandes instituciones que, además, son poseedoras de un gran patrimonio inmobiliario, que en nada contribuye al bien común, ni tampoco a paliar la difícil situación económica actual y menos aún, a cambiar el modelo social que nos ha sumido en la misma.
Hace ya unos años que, a propuesta de Izquierda Unida, se han introducido en diferentes ayuntamientos diversos cambios para que la Iglesia Católica empiece a abonar el IBI de los edificios de su propiedad que no estén dedicados directamente al culto religioso. La Iglesia Católica probablemente sea el más importante propietario inmobiliario del Estado español; el patrimonio eclesial en bienes muebles e inmuebles se cifra en más de cien mil propiedades. Se calcula que, de retirarse la bula de la que actualmente dispone la Iglesia, si ésta tuviera que pagar «religiosamente» el IBI, los Ayuntamientos podrían recaudar alrededor de 2.500 millones de euros.
Por todo ello, presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno del Estado solicitándole:
1.º La modificación del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales para que cese la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de la que gozan la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, así como sus organizaciones y centros de enseñanza.
2.º La derogación de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, especialmente el de Asuntos Económicos, ya que la Iglesia Católica los incumple en lo concerniente a su autofinanciación y, consecuentemente con ello, se elimine del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la casilla de asignación a la Iglesia Católica.
Zaragoza, a 7 de junio de 2012.
El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES