A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
Javier Sada Beltrán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la asistencia sanitaria de los españoles que se ven obligados a emigrar, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en su Disposición final décima primera, modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, introduciendo un nuevo requisito para que las personas que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza puedan tener derecho a la asistencia sanitaria, el de «residir en España».
Es decir, con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida también se exige el requisito de residencia en España a los españoles que hubieran agotado la prestación o el subsidio por desempleo, u otras prestaciones de similar naturaleza, para ser beneficiarios del derecho a asistencia sanitaria.
Asimismo, la Ley 22/2013, en su Disposición final cuarta, apartado siete, añade una nueva Disposición adicional sexagésima quinta en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que, entre otros aspectos, dispone:
«1. Disposición adicional sexagésima quinta. Pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social, incluidos los complementos a mínimos.
2. A efectos del mantenimiento del derecho a las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que éstas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural.»
En definitiva, esta nueva exigencia afecta a los españoles que han agotado las prestaciones del sistema de protección por desempleo, a quienes ahora se les exige la residencia en España para mantener su tarjeta sanitaria, en claro detrimento de su derecho de ciudadanía.
En base a ambas disposiciones normativas los españoles que hubieran agotado las prestaciones del sistema de protección por desempleo y salgan de España por tiempo superior a 90 días, incluso para buscar trabajo o formación, perderían su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país.
La Ley 22/2013, en la determinación del plazo de residencia a efectos del derecho a la prestación sanitaria, recoge el concepto legal más restrictivo de nuestro ordenamiento jurídico. Esta restricción del derecho a la asistencia sanitaria actúa en detrimento del derecho a la protección de la salud garantizado en el artículo 43 de la Constitución.
El Gobierno ha adoptado esta medida cuando cientos de miles de españoles se ven obligados a salir de nuestro país en busca de empleo, formación o recualificación profesional. El Gobierno, en vez de arbitrar las medidas y las prestaciones necesarias para tutelar el derecho a la salud en cumplimiento del mandato de nuestro texto constitucional, les priva del mismo.
Para los socialistas, esta medida es absolutamente inaceptable. Por ello, los Gobiernos Autonómicos de Andalucía y Asturias, conscientes de la gravedad del problema, se han comprometido a garantizar la atención sanitaria a los ciudadanos en desempleo y sin prestación que emigren fuera del país más de 90 días, a fin de evitar los efectos perniciosos que sobre nuestros jóvenes y parados tienen las citadas normas del Gobierno del Partido Popular.
Esta nueva exclusión de un colectivo del derecho a la asistencia sanitaria pública tiene su origen en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que ha supuesto un cambio radical en la esencia del modelo y la ruptura del consenso existente sobre la configuración del Sistema Nacional de Salud.
Por un lado, el Real Decreto-ley 16/2012 altera gravemente la vocación de universalidad del sistema al dejar fuera a determinados colectivos, hasta entonces con cobertura sanitaria pública. Por otro lado, supone pasar de un sistema de derechos a un sistema de aseguramiento, retrocediendo en el largo camino recorrido hasta entonces.
Para los socialistas, recuperar la universalidad efectiva del derecho a la asistencia sanitaria pública de todos los ciudadanos es fundamental. Estamos a favor de un Sistema Nacional de Salud con cobertura universal como derecho de ciudadanía igual para todos y sin barreras de acceso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno Central para que derogue cuantas disposiciones legales impidan la recuperación de la prestación de servicios sanitarios a los españoles emigrantes en el extranjero como consecuencia de permanecer fuera de España más de noventa días en busca de trabajo.
2. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, en tanto no sean derogadas por el Gobierno de España las disposiciones legales referidas, no proceda a retirar la tarjeta y la asistencia sanitaria a estos españoles que se ven obligados a emigrar para ganarse la vida.
Zaragoza, 16 de enero de 2014.