Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2005, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 234/05, sobre la financiación de la Iglesia católica y demás confesiones religiosas a costa de los presupuestos generales del Estado, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), y ha acordado su tramitación ante el Pleno de la Cámara, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 13 de diciembre de 2005.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Adolfo Barrena Salces, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la financiación de la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas a costa de los Presupuestos Generales del Estado, para su tramitación en el Pleno de las Cortes.

Hoy no se deben mantener privilegios fiscales o de trato que den carácter de Estado a ninguna confesión religiosa, por lo que la relación del Estado, partiendo de nuestra realidad social actual, debe tener un trato aconfesional y de equidad con las mismas, desde el respeto a la libertad religiosa e ideológica que recoge la Constitución Española, partiendo de que su artículo 14 establece que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión...», y sobre todo el artículo 16.3, que garantiza la libertad ideológica, religiosa o de culto («ninguna confesión tendrá carácter estatal»), y mandata a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas, para lo cual «mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».

Por todo ello, la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto) presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno central para solicitarle:

1. Que desde un marco plural se aborde el estudio de los tratamientos fiscales y las condiciones de relación del Estado con las distintas confesiones religiosas, para superar si los hubiere, los tratos de privilegio que se pudieran estar produciendo, para lograr que la financiación de las Iglesias a costa de los presupuestos generales del Estado se realice con total transparencia y equidad en relación con su implantación.

2. Que estudie la posibilidad de sustituir en la gestión del IRPF la casilla de aportación a la Iglesia Católica por otras, como la de proyectos de cooperación al desarrollo y la de actividades medio ambientales.

3. Que tome las medidas oportunas para garantizar que, en tanto se mantenga el actual sistema de IRPF, el Estado ingrese a la Iglesia Católica únicamente lo realmente decidido por los contribuyentes, por lo que las anticipaciones mensuales a cuenta que se realicen a partir de Enero de 2006 se fijarán en la cuantía resultante en dividir por doce la cantidad resultante de la liquidación del año anterior incrementada en la previsión de IPC del Gobierno para el ejercicio, y se reclamará lo pagado en demasía o se transferirá lo realizado si es inferior, a lo aportado en la liquidación definitiva en el siguiente ejercicio.

4. Que establezca la normativa necesaria para que las distintas subvenciones que reciban las Confesiones religiosas, incluida la Iglesia Católica, se doten de nitidez y transparencia en el gasto que se exige a todo gasto público, incluida la intervención del Tribunal de Cuentas, y además partir de compromisos concretos o actuaciones programadas desde el interés de los servicios o prestaciones que los ciudadanos reciben, pero fuera del adoctrinamiento ideológico o religioso. Todo ello por entender que la Iglesia Católica, al igual que el resto de organizaciones religiosas, debe lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades.

En Zaragoza, a 2 de diciembre de 2005.