A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
D. Arturo Aliaga López, Portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas relativas a los vehículos de motor diésel, así como las posibles afecciones en el sector de la automoción en Aragón, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el mes de julio de 2018, la Ministra de Transición Ecológica, anunció la introducción de una política extintiva del diésel en España señalando: «El diésel tiene los días contados». Simultáneamente desde la Presidencia del Gobierno de España, así como desde el Ministerio de Hacienda, se han venido sucediendo diferentes anuncios de una nueva fiscalidad al diésel, anunciándose el establecimiento de un Impuesto del Combustible sobre los vehículos diésel.
De los 23 millones de turismos matriculados en España a día de hoy, algo más de 13 millones de coches en circulación están movidos por motores alimentados por gasóleo, asimismo el parque móvil de vehículos industriales y autobuses utiliza como combustible el gasóleo. Solo en Aragón, de los 607.904 coches que circulan por nuestras calles y carreteras, 352.848 funcionan con diésel, es decir el 58,04%. Los sucesivos Planes PIVE incentivaron la adquisición de vehículos diésel por su bajo nivel de emisiones de CO2.
Los fabricantes de automóviles, los de bienes de equipo y suministradores de motores, llevan años invirtiendo en Investigación y Desarrollo para alcanzar finalmente que los nuevos motores diésel Euro 6.2 sean extremadamente limpios, con un nivel máximo de emisiones de NOx de 80 mg/km, frente a los 60 mg/km de los motores propulsados a gasolina. Además es necesario añadir que desde el punto de vista de homologación los nuevos motores deben pasar ensayos de emisiones en condiciones reales de circulación así como garantizar las condiciones para las cuales fueron homologados en su servicio.
No obstante, el objetivo de reducción de las emisiones de CO2 que se está discutiendo actualmente en la Unión Europea y que apunta a reducciones entre el 30 y el 40% para el año 2030, obliga a adoptar medidas hacia una economía sostenible descarbonizada, lo que justifica la adopción de medidas encaminadas a reducir las emisiones de estos gases a la atmósfera.
Es preciso conciliar los intereses de la Industria del automóvil —incluyendo las industrias auxiliares del sector— con un gran impacto en la riqueza y el empleo de Aragón; los de los autónomos y transportistas (recordemos que en España el 94,05% del transporte de mercancías se realiza por carretera mediante vehículos impulsados por motores diésel, lo que conllevaría un incremento en los precios al consumo final si se incrementan los costes). Los trabajadores autónomos; pymes y profesionales vinculados al transporte y a otras actividades, etc.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Aragonés, presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1.º Instar al Gobierno de Aragón, a dar traslado al Gobierno de España de la inmensa preocupación que han provocado en estas Cortes de Aragón, las diferentes medidas anunciadas en relación con los vehículos propulsados con combustible diésel.
2.º Instar al gobierno de España a una neutralidad tecnológica en las políticas relativas al sector de la automoción, evitando decantarse por una u otras tecnologías dados los esfuerzos realizados por la industria en investigación y desarrollo de nuevos modelos cuyos niveles de emisión de CO2 son inferiores a los vehículos de gasolina y cuyos niveles de emisiones contaminantes son equiparables a los emitidos por un vehículo con motor de gasolina.
3.º Establecer un calendario hacia la «descarbonización» ordenado y no forzado, acompañando el mismo de un plan para la renovación del parque móvil en España que permita acceder a un sistema más sostenible, sin perjudicar a los productores, trabajadores y usuarios. Dicho calendario o Plan ha de establecerse conjuntamente con todas las partes implicadas (el sector de la automoción, el de bienes de equipo, concesionarios, autónomos; Pymes; talleres, etc..) de modo que su adopción evite brusquedades y permita establecer un calendario concreto de actuaciones para una transición adecuada que no perjudique los planes de inversión y empleo del sector.
4.º Avanzar hacia un nuevo modelo de fiscalidad verde, integrada y al uso que impulse la renovación del parque hacia vehículos con bajas y cero emisiones, manteniendo la recaudación de las administraciones públicas. Una fiscalidad sobre el automóvil basada exclusivamente en el uso y con carácter medioambiental, considerando tanto el problema de la calidad del aire como del calentamiento global.
5.º De finalmente imponerse una nueva fiscalidad al diésel, esta ha de tener en cuenta la exclusión de la misma de aquellos profesionales, empresas, y actividades cuyo impacto pueda afectar de manera directa a su competitividad.
6.º Dado que en Aragón ya existe un impuesto a dicho carburante, estas Cortes, caso de fijarse el impuesto adicional al diésel por el Gobierno de España instan al Gobierno de Aragón a revisarlo para que la tributación no aumente la presión fiscal de los aragoneses.
Zaragoza, 21 de noviembre de 2018.
El Portavoz
ARTURO ALIAGA LÓPEZ