Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2015, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 131/15-IX, sobre fondos europeos para combatir la despoblación, presentada por el G.P. Aragonés, y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 21 de octubre de 2015.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Arturo Aliaga López, Portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre fondos europeos para combatir la despoblación, para su tramitación ante el Pleno.

La despoblación en Aragón es una problemática especialmente preocupante. La demografía aragonesa se define por su gran dispersión poblacional, unos desequilibrios notables entre localidades y/o zonas, un envejecimiento considerable y una pérdida de habitantes constante.

Estas Cortes aprobaron ya en 2001 un Plan de Política Demográfica en el que se recogían una serie de medidas para combatir la despoblación. Con independencia de este Plan, en general, los Gobiernos de toda la etapa autonómica han tomado infinidad de decisiones en pro de la fijación de población. Un instrumento, de hecho, aprobado de manera unánime para luchar contra este fenómeno de la despoblación son las comarcas. Sin duda la autonomía para Aragón ha sido fundamental para coadyuvar a frenar la pérdida poblacional, pero todavía queda mucho por hacer y este Parlamento no debiera cejar en el intento de solventar esta problemática ni un solo día con las herramientas que tenga en su mano.

Recientemente salía a la luz la noticia de que la Unión Europea niega fondos extra a Teruel por la despoblación que padece al no considerar que sea un problema grave. Hecho, este, que lamentamos y reprobamos y que supone no percibir fondos europeos en el reparto que se va a producir hasta 2020. Pero todavía es más inaceptable que la UE alegue que el Gobierno español no se lo ha reclamado formalmente. Como consecuencia inmediata de esta decisión anunciada, el Gobierno central tampoco considerará la despoblación como objetivo general de los fondos europeos que va a recibir España. Y la solución que plantea de que sea la Comunidad Autónoma la que pueda destinar parte de los fondos que tenía asignados para ese fin nos parece inadmisible.

España debería tener un programa específico para este fin, como respuesta al mandato constitucional de solidaridad entre territorios españoles y, de hecho, porque el propio documento de Acuerdo de la Asociación de España 2014-2020 recoge específicamente un objetivo transversal (1.5.5) relativo al cambio demográfico, como «uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa y España» y, en especial, en lo que respecta al envejecimiento de la población. Es paradójico que a pesar de reconocer este reto y plasmarlo en un objetivo concreto, no se refleje en una línea programática dotada. Pero en tanto en cuanto no exista, tendría que destinar fondos para ello desde otro programa, como puede ser el de «crecimiento sostenible».

Es importante, no obstante, que este asunto esté en la agenda política del Gobierno de España y que en cuanto empiecen a negociar (2017) la revisión de fondos europeos para el próximo reparto (a partir de 2020), se fije entre sus prioridades el asunto de la despoblación.

Los datos son elocuentes. La previsión es que en los próximos 10 años España pierda 2,6 millones de habitantes. Además muestran la intensidad del proceso de envejecimiento de la población residente en España, acelerado por el descenso de la natalidad y el saldo migratorio negativo. La pérdida de población, por tanto, se concentrará en el tramo de edad entre 20 y 49 años. El descenso de la natalidad provocará, previsiblemente, que en 2023 haya un millón menos de niños menores de 10 años.

Se espera que la evolución poblacional entre 2013 y 2022 sea de un –5,6% en España, y en Aragón de un –5,7%, pérdida muy próxima a la media. Pero a estas preocupantes cifras hay que sumar las que ya hoy dibujan nuestro escenario demográfico y que arrojan datos como la densidad de población, siendo de 92 habitantes por kilómetro cuadrado en el caso de España, mientras que en Aragón son 28, en Teruel 9,2, en Huesca 12 y encontramos zonas como la comarca del Maestrazgo en la que hay menos de 4 habitantes por kilómetro cuadrado.

Una realidad que evidencia con una claridad meridiana la necesidad de compromiso de las diferentes instituciones para afrontar este desafío. En Aragón vivimos esta problemática en el día a día y, con matices, podemos afirmar que se actúa desde todos los puntos de vista para paliarla. Pero es imprescindible el respaldo y la implicación del Gobierno de España y de la Unión Europea.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente:

Las Cortes de Aragón manifiestan su preocupación por la problemática que sufre Aragón —y en especial la provincia de Teruel y algunas amplias zonas del territorio— de despoblación, dispersión y envejecimiento de sus habitantes, e instan al Gobierno de Aragón a que:

Solicite al Gobierno de España que se comprometa con la lucha contra la despoblación, poniendo en marcha cuantas medidas estén a su alcance. Entre otras cosas, que en las próximas negociaciones para revisar los criterios de adjudicación de los fondos europeos incluya entre sus programas prioritarios el relativo a la despoblación, de tal manera que podamos optar a fondos específicos desde la UE para ello y/o, en todo caso, a través del programa concreto que España establezca.

En tanto en cuanto —y de manera transitoria hasta que se revisen los criterios y programas— no existan esos fondos específicos en un programa concreto, el Gobierno central arbitrará los mecanismos necesarios para que la despoblación pueda tener cabida en el programa actual de «crecimiento sostenible» (u otro), al objeto de que esta Comunidad Autónoma no tenga que destinar a este fin parte de los fondos que ya tenía asignados y previstos para otros asuntos.

En Zaragoza, a 14 de octubre de 2015.