Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, entró en vigor el 30 de marzo de 1999. En estos 25 años de andadura se han puesto de relieve, no solo los aciertos, sino también las deficiencias y carencias de su contenido, que pueden dificultar la correcta y eficaz aplicación de una norma cuyo objetivo primordial es la defensa y protección del patrimonio cultural aragonés: una regulación excesivamente genérica de alguna de sus categorías de protección que impide establecer un marco jurídico claro y diferenciado de unas categorías respecto de las otras; una confusa regulación de las competencias autonómicas en relación con las competencias locales ejercidas sobre el patrimonio cultural a través de las diferentes normas de planeamiento urbanístico municipal; lagunas que obstaculizan la correcta interpretación de la norma, etc. El propio devenir de estos 25 años ha originado cambios en las relaciones de la ciudadanía con el patrimonio cultural: crisis económicas que inciden directamente en su mantenimiento y conservación, desarrollo del turismo, reclamaciones judiciales… Todo ello pone de relieve la vulnerabilidad de la presente ley y la necesidad elaborar una que se convierta en un instrumento jurídico capaz de proteger de manera más eficaz y eficiente nuestro patrimonio cultural y cumpla con su objetivo de conservarlo, acrecentarlo, fomentarlo y difundirlo.
Por otro lado, la propia modificación del concepto de Patrimonio Cultural y la ampliación a “nuevos” patrimonios como el industrial, el inmaterial o la ampliación del etnográfico/rural hace necesario la modificación de la actual Ley de Patrimonio Cultural. Estas parcas modificaciones se han revelado insuficientes, haciendo patente la existencia de problemas de interpretación, de dificultades en su aplicación cuando concurren competencias de otras administraciones públicas aragonesas, de insuficiencia de regulación de algunas figuras…, en definitiva, problemas que, en el día a día de su funcionamiento, obstaculizan el uso eficaz y eficiente de la misma y que ponen de relieve la necesidad de una profunda modificación.

Para elaborar una norma de este calado se hace imprescindible, con carácter previo, conocer el desarrollo normativo que, en materia de patrimonio cultural, se ha llevado a cabo en otras legislaciones, no solo de nuestro territorio nacional, sino en el ámbito internacional, las novedades introducidas, los avances y beneficios que han supuesto, así como el estudio de la jurisprudencia y la doctrina en la materia, y, desde luego, la posibilidad de implementar las novedades y cambios en la nueva ley aragonesa en atención a las características de nuestra Comunidad Autónoma y competencias de nuestra administración. De forma paralela, hay que realizar una exhausta radiografía de la actual ley, en la que se ponga de manifiesto cada uno de los problemas hallados, se analicen y se “diagnostiquen”, y se extraigan los puntos positivos de la misma y su posible mejora y refuerzo, obteniendo las oportunas conclusiones.
Los objetivos iniciales reseñados se realizarán en un corto espacio de tiempo, durante este año 2025 y permitirán tener todos los datos necesarios y avanzar en la elaboración del borrador nueva ley de patrimonio cultural aragonés que se determina en el Plan normativo del Gobierno de Aragón y poder finalizar la tramitación legislativa en la actual legislatura.
En este sentido, durante el año 2025 se pretende colaborar con juristas especializados en la materia para continuar y conseguir un texto/borrador legal que será objeto de proceso de participación ciudadana, tras lo cual, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley a mediados de año, quedará el texto preparado para iniciar el trámite parlamentario.

Zaragoza, a 10 de marzo de 2025.