Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D. Arturo Aliaga López, Portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cierre de aulas de educación concertada, para su tramitación ante el Pleno.

Haciendo un breve repaso de la historia reciente de la educación en España, cabe destacar como hito importante la aprobación de la Ley General de Educación (LGE) en 1970, generalizando la educación para toda la población entre los 6 y los 14 años. La Constitución, por su parte, reconoce el derecho fundamental a la educación de todas las personas y la reconoce como obligatoria y gratuita. La Ley de Derecho a la Educación de 1985 (LODE) estableció el sistema de conciertos, todavía vigente a día de hoy. En ese momento, se trataba de consolidar un modelo existente de centros públicos y centros privados. De esta manera se facilitaba y garantizaba la gratuidad y generalización de la educación básica a toda la población y, a su vez, se ordenaba el sistema y unificaba, desde la armonización e integración de las dos redes de centros según su titularidad. En definitiva, una solución responsable, sensata y lógica con la realidad del momento existente.

En Aragón, desde que recibimos las competencias en materia educativa, se ha venido promoviendo un modelo armónico de coexistencia de centros públicos y concertados, aunque con tímidos y lentos avances para la red concertada. Especialmente reseñable es el hecho de que la financiación destinada al módulo de concierto (procedente del Estado) es sustancialmente inferior al coste real —de acuerdo con el dinero destinado por aula y alumno en la pública o según el propio Gobierno de España ha reconocido—. Aragón no tiene un módulo de concierto propio como sí tienen otras CCAA y es la Comunidad de España que destina a este fin la menor cuantía. Aunque, desde nuestro punto de vista, es el Estado quien debiera garantizar una financiación adecuada y suficiente.

Casi uno de cada tres alumnos aragoneses de educación básica lo es de centros concertados. Estamos hablando prácticamente de que el 30% de las familias con alumnos escolarizados forman parte de la comunidad escolar de centros privados concertados.

La situación de convivencia y normalidad alcanzada entre las dos redes se está viendo atacada continuamente en los últimos meses desde que el Gobierno de Aragón está formado y apoyado por todos los partidos de izquierdas de este Parlamento. Las recientes noticias de que una de las condiciones para la aprobación de los Presupuestos pasa por la supresión de «hasta 28 aulas concertadas» es un varapalo sin precedentes hacia el modelo educativo con el que nos hemos dotado, basado en la inclusión, en la libertad, en la igualdad y en el respeto a la diferencia.

El papel que juega la red de centros públicos en Aragón es fundamental. Especialmente, además, si hablamos del medio rural en el que la misma se constituye en la única existente y viable. Pero también fundamental es el papel desempeñado por la red concertada, actuando además, siempre, con lealtad y con voluntad de cesión y de acuerdo. Creemos que lo público y lo privado pueden sumar y convivir perfectamente, salvo prejuicios y radicalismos ideológicos más propios de otro tiempo que la actualidad en la que la sociedad nos demanda acuerdo, madurez y estabilidad en educación.

Además, esto sucede poco después de haber firmado un texto para un Pacto por la Educación en el seno del Consejo Escolar de Aragón por la práctica totalidad de los agentes que forman parte del mismo. Puede ser este el acuerdo educativo más breve de la historia si no se remedia urgentemente.

Cabe añadir también que el cierre de aulas concertadas, por el hecho de que existan aulas en la pública, no es una decisión que pueda y deba tomar el Gobierno conforme a la ley. Muestra de ello son las sentencias del Tribunal Supremo 1180/2016 y 238/2017. Lo lógico es que sea la demanda de las familias la que evidencie la conveniencia o no de dichas aulas.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que proceda a la renovación de conciertos conforme venía haciéndose y de acuerdo con la demanda de las familias en los últimos cursos académicos y, por tanto, a que no lleve a cabo el anuncio publicado de cerrar hasta 28 aulas de centros concertados.

Asimismo, las Cortes de Aragón se manifiestan favorables a que el Gobierno lleve a cabo una política educativa dirigida a toda la sociedad, integradora, no sectaria ni partidista ni excluyente, promoviendo un modelo de calidad, estable y en la igualdad entre todos los alumnos para que puedan escoger el centro en el que quieren escolarizarse con independencia de su origen social, económico y cultural.

En Zaragoza, a 9 de marzo de 2017.