Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D.ª María Herrero Herrero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Aragonés, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al papel y el peso de Aragón en los Presupuestos Generales del Estado, solicitando su tramitación ante el Pleno.

La financiación de Aragón por parte del Estado es un problema que muchas veces pasa desapercibido para la opinión pública pero que realmente es la piedra angular de la que depende el bienestar en la vida cotidiana de los aragoneses. La solución más adecuada sin duda pasaría por el cumplimiento del artículo 108 del Estatuto de Autonomía, relativo al Acuerdo Bilateral. En el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas es prácticamente imposible que pueda darse respuesta a la realidad aragonesa que tiene sus peculiaridades, tanto por lo que respecta a la deuda acumulada como por el sobrecoste que la prestación de servicios supone en nuestra Comunidad.
Con independencia de estas vías de financiación establecidas (cumplidas o no), anualmente el Gobierno de España en sus Presupuestos Generales del Estado destina algunas partidas a conceptos que se circunscriben o afectan directamente a las Comunidades Autónomas. En este sentido, recientemente hemos podido conocer los datos presupuestados para Aragón bastante decepcionantes y muy injustos, con cuantías mínimas, por debajo de la media de las Comunidades y, desde luego, muy lejanas a lo que se esperaría si la variable territorio y demografía se tuviese de en cuenta de alguna forma más significativa.
Nuestro Estatuto de Autonomía establece en su disposición adicional sexta que para la fijación de inversiones del Estado en Aragón se ponderarán una serie de factores que inciden claramente en el coste de los servicios o de las infraestructuras. Por otra parte, además de que tradicionalmente Aragón siempre cuenta con partidas exiguas en los PGE, un problema importante añadido es el bajo porcentaje de ejecución de las mismas en cada ejercicio. A este respecto, lo justo y reivindicado por Aragón es que el dinero presupuestado no invertido finalmente en Aragón se nos transfiriese, vía convenio, encomienda o acuerdo legalmente viable, para que desde nuestra Comunidad Autónoma lo gestionásemos y revirtiese definitivamente en los aragoneses.
Este asunto fue abordado por la Comisión Bilateral hace ya varios años, promoviendo (sin ningún éxito consecuente) determinadas acciones para hacer un seguimiento y estudiar el traspaso de los remanentes.
Además, en estas Cortes, cada año en el Debate del Estado de la Comunidad, este Grupo Parlamentario ha venido planteando una propuesta de resolución relativa a este asunto, encargando al Gobierno de Aragón que evalúe la ejecución presupuestaria de los PGE y, en su caso, solicite la transferencia de los recursos no ejecutados. Evaluación y solicitud de las que tampoco hemos tenido conocimiento.
Llegados a este punto, con independencia de las formaciones políticas que hoy conforman sendos Gobiernos y obviando quiénes pueden en un futuro próximo conformarlos, creemos sumamente importante alcanzar un acuerdo de esta Cámara, en favor de Aragón y de los aragoneses, para no abandonar esta reivindicación sino hacerla más fuerte.
Por todo ello este Grupo Parlamentario presenta la siguiente,

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
— Evaluar el grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en lo que respecta a Aragón en los últimos 10 ejercicios para conocer esa cuantía y tenerla en cuenta para la reivindicación de la deuda acumulada.
— Hacer un estudio de la ejecución de los PGE en Aragón en el último ejercicio 2018 y solicitar de la manera legalmente viable la transferencia de esas cuantías para que efectivamente reviertan en Aragón.
— Solicitar y reivindicar el cumplimento del Estatuto de Autonomía, tanto en su artículo 108 como en la disposición adicional sexta, de tal modo que la financiación de Aragón, a través de los diferentes cauces, sea justa y acorde con la realidad aragonesa.

Zaragoza, 28 de enero de 2019.