Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 del Reglamento de la Cámara, he admitido a trámite la enmienda presentada por el G.P. del Partido Aragonés a la Proposición no de Ley núm. 61/13, sobre la puesta en marcha de un plan integral de lucha contra la corrupción, publicada en el BOCA núm. 124, de 18 de febrero de 2013, cuyo texto se inserta a continuación.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 20 de febrero de 2013.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Antonio Ruspira Morraja, Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, al amparo de lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley núm. 61/13, relativa a la puesta en marcha de un Plan Integral de lucha contra la corrupción.

1. Las Cortes de Aragón, conscientes de las negativas consecuencias provocadas por las actuales circunstancias en las que, junto a los efectos de la recesión y crisis económica, se han producido o revelado numerosos casos de presunta corrupción en distintos ámbitos, generando descrédito y desafección generalizada por parte de los ciudadanos hacia las instituciones, partidos y, en conjunto, entidades y personas que intervienen en la política y en la tarea pública, entienden, en representación del pueblo aragonés, que existe la necesidad urgente y perentoria de impulsar, con el máximo consenso y eficacia posibles, acciones decididas que supongan reforzar la Democracia en España y los fundamentos del Estado social y democrático de Derecho, mediante la garantía de la máxima honestidad y transparencia de la actividad política y pública, que fomente así mismo la recuperación de la credibilidad ante la sociedad de las instituciones y de los poderes que emanan de la soberanía popular.

2. En consecuencia, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno de España para que éste promueva, de acuerdo con los partidos políticos y agentes económicos y sociales, un «Plan integral para el reforzamiento de la Democracia en España» que incluya medidas, en cuantos ámbitos y sectores sea preciso, incluyendo las reformas legales o administrativas correspondientes, dirigidas a, entre otros fines:

— Perseguir y sancionar con rapidez, ejemplaridad y eficacia de la Justicia, los delitos vinculados con la corrupción política y en las instituciones y entidades públicas.

— Salvaguardar la honestidad y el limpio ejercicio de los cargos en las mismas, en relación especialmente a las incompatibilidades y a la percepción de retribuciones.

— Asegurar en las contrataciones de las administraciones así como en los procesos administrativos de carácter urbanístico, la libre competencia e igualdad, la publicidad y transparencia de los procedimientos, y la eficiencia en la utilización de los fondos y el patrimonio públicos.

— Controlar con mayor eficacia y publicidad la fiscalización de las cuentas de todas las entidades públicas y así mismo de los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos y de sus fundaciones afectas.

— Supervisar los ingresos y reducir de los gastos de los procesos electorales especialmente en publicidad y propaganda.

— Controlar la relación comercial de las administraciones públicas y partidos políticos con entidades financieras y medios de comunicación.

— Regular las relaciones de las entidades públicas, partidos, organizaciones empresariales y sindicatos con la acción de cualquier «lobby» así como la actividad de estos grupos de presión.

— Controlar y regular en mayor medida los procedimientos de concesión de subvenciones públicas.

— Reformar el funcionamiento de instituciones como el Senado, el sistema de elección en las diputaciones provinciales y en conjunto, la normativa electoral, de actividad y de financiación de las instituciones y partidos, a fin de profundizar en la representatividad social, el principio de subsidiariedad y la participación ciudadana, y preservar el pluralismo político, así como evitar el transfuguismo.

— Elevar, en su caso, a carácter legislativo, los códigos de buen gobierno en las instituciones públicas y pactos éticos entre partidos, y así mismo las acciones adecuadas en cuanto a nuevas situaciones como el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la transparencia y participación.

— Instrumentar cuantos mecanismos sean precisos para reforzar en general, la vigencia de los valores éticos y la transparencia de las instituciones y de la actividad política, favoreciendo en este aspecto, el consenso y la inmediata aprobación de la «Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno» actualmente en trámite parlamentario en las Cortes generales.

— Prevenir y combatir el fraude fiscal y la economía «sumergida», dotando a la Agencia Tributaria del Estado de los medios necesarios para ejercer eficientemente dicha función.

— Aplicar cualesquiera otras medidas viables que surjan del debate y acuerdo político y social.

3. Las Cortes de Aragón transmitirán esta resolución a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado.

Por considerarlo más conveniente.

Zaragoza, 19 de febrero de 2013.