Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2002, ha conocido el Informe especial presentado por el Justicia de Aragón sobre la violencia juvenil en Aragón.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de organización y funcionamiento del Justicia de Aragón, ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.

Zaragoza, 8 de marzo de 2002.

I. INTRODUCCIÓN

II. APROXIMACIÓN A LA REALIDAD

1. Introducción

2. Las cifras de la violencia juvenil en Aragón

2.1. La realidad del fenómeno en Aragón

2.2. Características generales

2.2.1. Fiscalía de menores de Zaragoza

2.2.2. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca

2.2.3. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel

2.2.4. Clínica médico forense

2.2.5. Hospital Universitario «Miguel Servet»

2.2.6. Policía Nacional: Grupo de Menores (Grume)

2.2.7. Guardia Civil

2.2.8. Policía Local de Zaragoza

2.3. Características personales. Lugar y horario

2.3.1. Fiscalía del Tribunal Superior. Zaragoza.

2.3.2. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca

2.3.3. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel

2.3.4. Hospital Universitario «Miguel Servet»

2.3.5. Clínica Médico Forense de Zaragoza

2.3.6. Policía nacional

2.3.7. Policía Local de Zaragoza

2.4. Violencia en grupo

2.4.1. Fiscalía de menores. Zaragoza.

2.4.2. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca

2.4.3. Policía Nacional: Grupo de Menores (Grume)

2.5. Tipos delictivos

2.5.1. Fiscalía de Menores de Zaragoza

2.5.2. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca

2.5.3. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel

2.5.4. Clínica Médico Forense

2.5.5. Urgencias del Hospital Miguel Servet

2.5.6. Policía Nacional: Grupo de Menores (Grume)

2.5.7. Guardia Civil

2.5.8. Policía Local de Zaragoza.

2.6. Consumo de alcohol y drogas

3. Situación de los Centros de Protección y Reforma

4. Perfil de los jóvenes con conductas violentas

4.1. Aproximación desde un servicio de Urgencias

4.2. Aproximación desde un centro de intervención psicopedagógica.

4.3. Aproximación desde una consulta de psiquiatría

5. Conflictividad y violencia en el ámbito escolar

III. CAUSAS Y FORMAS DE LA VIOLENCIA.

1. Introducción

2. Causas y nuevas formas de violencia. Influencia de la educación.

2.1. Trivialización

2.2. Tolerancia con la violencia

2.3. Factores individuales

2.4. Cambio en la forma de educación

2.4.1. El cambio

2.4.2. Los centros de enseñanza.

2.4.3. La familia.

2.4.4. La influencia de la televisión

2.4.5. Consumo de alcohol y drogas

2.5. Violencia en grupo

2.5.1. Las grandes concentraciones

2.5.2. Grupos violentos

2.5.3. Violencia en el deporte

2.6. Violencia familiar

2.7. Los extranjeros

IV. PROPUESTAS DE LA INSTITUCIÓN

1. Llamamiento a la sociedad

2. Incidir en la educación

2.1. Educación en el ámbito familiar

2.2. Intervención en el ámbito escolar

2.2.1. Medidas preventivas que se están desarrollando en la actualidad.

2.2.2. Propuestas de actuación en centros docentes.

2.2.3. Propuestas del sector educativo a la sociedad en general.

2.2.4. Propuestas de la Institución

2.3. Mejorar la asistencia y la educación sanitaria de los enfermos violentos

3. Mejorar la información y la coordinación.

4. El tratamiento de tres casos concretos

4.1. Violencia familiar

4.2. Extranjeros

4.3. La violencia en el deporte

5. Reforzar la vigilancia

5.1. Introducción

5.2. Optimización de los recursos

5.3. El horario

5.4. Consumo de alcohol y drogas.

5.5. Armas y deportes violentos

5.6. Violencia en grupo

V. CONCLUSIONES

1. La realidad del fenómeno en Aragón

2. Llamamiento a la sociedad

3. Incidir en la educación

3.1. La Familia

3.2. El Sistema Educativo

3.3. Mejorar la asistencia y la educación sanitaria de los enfermos violentos

4. Mejorar la información y la coordinación

5. El tratamiento de tres casos concretos

5.1. Violencia familiar

5.2. Extranjeros

5.3. La violencia en el deporte

6. Reforzar la vigilancia

6.2. Optimizar los recursos.

6.3. El horario

6.4. Consumo de alcohol y drogas.

6.5. Armas

6.6. Violencia en grupo

7. La situación tras la entrada en vigor de la Ley del Menor

I. INTRODUCCIÓN

La violencia juvenil causa creciente preocupación en nuestra sociedad. Pese a que nunca como hasta ahora los jóvenes y sus familias han tenido acceso a semejantes niveles de vida y de formación, es frecuente tener noticias de actos violentos protagonizados por ellos.

No se trata de que la juventud en general sea más agresiva, pero lo cierto es que hay un número de jóvenes, en algunos casos muy activos, que utilizan la violencia como forma de actuar en la vida o al menos como una manera de divertirse, existiendo además en determinados ambientes sociales una mayor permisividad con determinados tipos de violencia.

Todo ello ha motivado la elaboración del presente informe especial, pues el Justicia de Aragón, desde la perspectiva de defensor de los derechos individuales y colectivos de los aragoneses que el Estatuto de Autonomía le encomienda, ha de estar especialmente atento a las problemáticas de la infancia y adolescencia. Teniendo en cuenta la nueva legislación aragonesa sobre esta materia, ha considerado necesario estudiar la amplitud del fenómeno de la violencia juvenil, sus causas y la forma de mitigar sus efectos, y ello en la triple faceta donde más frecuentemente aparece: la familia, la escuela y los lugares de ocio, teniendo en cuenta que el joven es en algunos casos víctima y en otros responsable de la violencia.

Agradecer desde aquí la especial colaboración del Dr. José María Civeira Murillo, de la Unidad de Psiquiatría Infanto-juvenil del Hospital «Miguel Servet», en la elaboración del presente informe, así como a los profesionales de la Clínica Médico Forense de Zaragoza, Dr. Juan Antonio Cobo Plana y Dr. Salvador Baena Pinilla.

También nos han prestado su colaboración, atendiendo puntualmente nuestra petición de información, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y de las Audiencias Provinciales de Huesca y Teruel, el Juzgado de Menores de Zaragoza, la Guardia Civil, el Grupo de Menores de la Policía Nacional, la Policía Local de Zaragoza, los Ayuntamientos de Huesca, Teruel, Zaragoza, Calamocha, Calatayud, Calatayud y Sabiñánigo, el Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la DGA, los Servicios Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza del Departamento de Educación y Ciencia de la DGA, el Consejo Escolar de Aragón, el Consejo Social de la Universidad, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo, el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Zaragoza, la Asociación Cadeneta, el Movimiento contra la Intolerancia, el Consejo de la Juventud de Zaragoza y el Consejo Aragonés de la Juventud.

II. APROXIMACIÓN A LA REALIDAD

1. Introducción

El primer objetivo ha de ser el de conocer cuál es el alcance real del fenómeno de la violencia en la juventud aragonesa. Para ello hemos solicitado a las autoridades y organismos competentes que nos faciliten los datos estadísticos relativos a detenciones y procedimientos judiciales por hechos delictivos cometidos por menores. Desde otra perspectiva, nos hemos interesado por los jóvenes que, víctimas de una agresión, reciben asistencia en los centros médicos y son examinados por los médicos forenses en el marco de un procedimiento judicial.

Pero no queríamos quedarnos sólo en el examen de las cifras estadísticas de los hechos violentos. Detrás de una agresión, de una conducta violenta existe un joven, un adolescente y hemos querido aproximarnos al perfil de esos jóvenes que desarrollan una conducta violenta. Para ello examinaremos los rasgos, las características, de los adolescentes que son objeto de atención en tres puntos concretos de nuestra Comunidad Autónoma: en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet, en un centro de atención psicopedagógica dependiente del Centro de Solidaridad de Zaragoza y en una consulta de psiquiatría.

Capítulo aparte dedicaremos a la situación de los centros escolares. En los colegios e institutos es más habitual que se produzcan situaciones conflictivas que actos violentos de gravedad. De hecho son muchos los conflictos que surgen diariamente en los centros docentes que logran reconducirse y resolverse por la vía del diálogo y la tolerancia. Sin embargo, la información solicitada a todos los estamentos implicados -administración educativa, sindicatos de profesores, asociaciones de padres, y otros colectivos relacionados con la enseñanza-, que se estudia y analiza en este informe, se centra precisamente en aquellas situaciones conflictivas que han dado lugar a comportamientos violentos perjudiciales para la convivencia en el centro escolar.

Por último estudiamos la situación de la asistencia médica psiquiátrica a los menores y la de aquellos jóvenes que se encuentran en centros de protección o reforma.

Se pretende, al menos desde esta Institución, llamar la atención del conjunto de la sociedad sobre este fenómeno reclamando su colaboración en la formación de los jóvenes y alentar medidas preventivas que tiendan a evitar la producción de hechos violentos. Educar en la tolerancia y en el respeto ajeno debe ser una labor fundamental, tanto de la familia como de todos aquellos que tienen algo que ver con la formación de los jóvenes.

Consideramos que como no siempre puede evitarse la violencia mejorando la educación hay que aumentar la vigilancia por su efecto disuasorio y tranquilizador, aplicando también medidas sancionadoras por el valor ejemplificativo que tienen.

2. Las cifras de la violencia juvenil en Aragón

2.1. LA REALIDAD DEL FENÓMENO EN ARAGÓN

2.1.1. En los últimos años se viene apreciando en nuestra Comunidad Autónoma un incremento de la problemática de la violencia referida a menores y jóvenes. Los episodios violentos se cometen cada vez a una edad más temprana, de forma más violenta y participando un número mayor de autores, convirtiendo lo que antes era aislado y extraño en mucho más frecuente.

El último año y tras la entrada en vigor de la ley del menor se ha multiplicado por cuatro el número de infracciones penales cometidas por menores de 18 años.

2.1.2. La comisión de hechos violentos por parte de menores y jóvenes es más habitual en los grandes núcleos de población, especialmente en Zaragoza capital, reduciéndose en las provincias de Huesca y Teruel, y disminuyendo de forma ostensible en el medio rural.

2.1.3. Los hechos más frecuentes son las lesiones, los robos violentos y los daños acaecidos en lugares o vías públicas. Por otra parte, vienen sucediéndose cada vez con mayor asiduidad los episodios de violencia doméstica, física y psíquica, de jóvenes frente a sus familiares, las amenazas graves, por medios informáticos o telefonía móvil, así como la desobediencia a agentes de la autoridad.

2.1.4. Están aumentando de forma sensible los casos de violencia en grupo y violencia en los fines de semana.

Los episodios violentos se producen fundamentalmente en determinadas zonas de ocio, los fines de semana y durante la noche. El consumo de alcohol y drogas tiene muchas veces relación con los episodios violentos. En los accidentes de circulación los fines de semana la presencia de tasas de alcohol importante es una constante en la mitad de los casos.

2.1.5. Un factor decisivo en la gravedad de sus consecuencias se centra en el porte de algún tipo de arma por parte del agresor. Su posesión y uso influye directamente en el desarrollo de conductas violentas por parte de los jóvenes.

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Existe una tendencia a aumentar la violencia juvenil. Mucho más marcada en Zaragoza capital que en las otras tres capitales aragonesas y en la zona rural, que tiene unos niveles bajos comparativamente hablando. Los cambios que ha supuesto la Ley del Menor, aumento de la edad y diferente tratamiento, ha supuesto que en Zaragoza se lleguen a cuadruplicar los casos.

2.2.1. Fiscalía de menores de Zaragoza

Las cifras son claramente demostrativas: durante el año 2000, la Fiscalía de Menores de Zaragoza tramitó 450 expedientes de reforma, número que se ha cuatriplicado en 2001 pues las diligencias incoadas rondan las 1980. Idéntico incremento se ha detectado en el Juzgado de Menores de Zaragoza, que a fines de octubre de 2001 llevaba incoados 1000 expedientes frente a los 300 del año anterior en la misma fecha.

2.2.2. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca

En cuanto a los episodios violentos acaecidos en vías o lugares públicos y protagonizados por jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, la Fiscalía informante nos indicó que durante el año 2.000 el Ministerio Fiscal formuló escrito de acusación en 22 Procedimientos Abreviados incoados en los Juzgados de Instrucción de la provincia.

Durante el 2001 se han tramitado 276 diligencias preliminares, que dieron lugar a 95 expedientes de reforma con 6 internamientos terapéuticos, 12 permanencias el fin de semana, libertad vigilada, 15 prestaciones en beneficio de la comunidad y 7 amonestaciones

2.2.3. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel

En cuanto a episodios violentos acaecidos durante el año 2000 en vías públicas o lugares de ocio, la Fiscalía ha tramitado 11 diligencias preliminares o expedientes por agresiones, 3 por amenazas y 12 por daños y hurtos de uso de vehículos de motor.

En el año 2001 se han tramitado 118 diligencias preliminares, incoando 50 expedientes de reforma. Todos ellos han dado lugar a dos medidas de permanencia el fin de semana, 6 de libertad vigilada, 3 de prestaciones en beneficio de la comunidad y dos amonestaciones.

2.2.4. Clínica médico forense

Dentro de Zaragoza existen diez Juzgados de Instrucción que entienden sobre la totalidad de los procedimientos judiciales por lesiones en agresión tanto porque hayan sido denunciadas por una parte, como sí lo han sido a partir de las comunicaciones oficializadas (partes de asistencia al Juzgado) por los servicios de atención médica de urgencia. En el marco de esos procedimientos judiciales, todos los lesionados han de ser reconocidos por los médicos forenses lo que los convierte en un observatorio privilegiado del fenómeno de la violencia.

De esos diez Juzgados de Zaragoza se han estudiado seis de ellos a lo largo de 5 años, entre el 1 de septiembre de 1996 y el 9 de septiembre de 2001, y que comprenden la casuística valorada por tres médicos forenses.

Sobre un total de 19.870 casos forenses informados en el periodo de tiempo de 5 años entre las fechas del 10 de septiembre de 1996 y el 9 de septiembre de 2001 y que se corresponden con las 3/5 partes de la casuística general de la ciudad de Zaragoza, 10.590 lo fueron por lesiones, entre los que han seleccionado un total de 1061 menores de 18 años lesionados, de los que 530 fueron en accidentes de tráfico y 466 en agresión.

2.2.5. Hospital Universitario «Miguel Servet»

Sobre una muestra de 1.946 pacientes menores de 25 años atendidos durante los dos últimos años por los servicios de traumatología y cirugía general del Hospital Universitario «Miguel Servet», recogida en cuatro momentos aleatorios con intervalos de dos semanas consecutivas, nos encontramos que el diagnóstico de agresión aparece de forma constante entre el 4% y el 4.6% del total de la muestra; los accidentes casuales entre el 49% y el 58%; los episodios encuadrables en enfermedad común entre el 24% y el 27% y los accidentes de tráfico entre el 10% y el 15% de los casos.

Sobre 12.684 pacientes entre 14 y 24 años de edad atendidos a lo largo de doce meses, 546 lo fueron por agresiones.

2.2.6. Policía Nacional: Grupo de Menores (Grume)

El Grupo de Menores de la Policía Judicial (Grume) señala que, tomando como base los datos estadísticos elaborados desde su creación , se ha podido apreciar desde hace unos años que la problemática de la violencia referida a menores de edad ha sufrido un incremento.

Durante el año 2000, el Grupo de Menores de la Policía Judicial instruyó 231 atestados en la Comunidad autónoma por hechos violentos en los que habían participado menores de edad «de los que 99 lo fueron por lesiones en agresión, 55 por robo con violencia o intimidación, 35 por robo con fuerza, 22 por delitos contra la libertad sexual y 20 por daños».

2.2.7. Guardia Civil

En el medio rural, la Guardia Civil nos informa de que en la provincia de Zaragoza, durante el año 2000, se instruyeron 16 atestados por hechos delictivos constitutivos de lesiones cuya autoría se atribuyó a menores de 16 años

2.2.8. Policía Local de Zaragoza

La Policía Local de Zaragoza nos informó de que 132 menores de edad fueron presentados en Comisaría durante el año 2000, bien con carácter de detenidos (62) o a efectos de su identificación (70).

En cuanto a las edades de los mismos, se indica que ocho tenían de 11 a 13 años, veinte tenían 14 años, treinta y dos eran de 15 años, treinta y tres tenían 16 años y cuarenta y dos tenían 17 años.

Los hechos más frecuentemente cometidos estaban relacionados con delitos contra la propiedad (robos con fuerza, hurtos, daños), conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y lesiones.

2.3. CARACTERÍSTICAS PERSONALES. LUGAR Y HORARIO

2.3.1. Fiscalía del Tribunal Superior. Zaragoza.

Teniendo en cuenta la antigua legislación durante el año 2000 resulta que de los menores infractores, el 39% de los mismos tiene 15 años, el 23% 14 años, el 17% 16 años, el 12% 13 años, el 5% 17 años y el 4% 12 años.

En el año 2001 menores de 14 y 15 años 463; menores de 16 y 17 años 1045, jóvenes de 18 a 20 años 16.

2.3.2. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca

En el año 2000 «La acusación se dirigió contra 33 jóvenes. La mayoría de ellos son hombres, excepcionalmente se acusa a alguna mujer. Un joven fue acusado en dos procedimientos y otro en tres procedimientos distintos. En seis procedimientos intervinieron los menores junto a otras personas con edad de más de 18 años».

El resto de Procedimientos Abreviados con acusados comprendidos entre 16 y 18 años han sido 14.

En el año 2001 la ley 5/ 2000 se ha aplicado a 150 menores de 14 y 15 años; 262 menores de 16 y 17 años; 11 jóvenes de 17 y 18 años.

El Fiscal destaca que hay un importante número de las diligencias tramitadas por delitos de lesiones que se han producido en el transcurso de una pelea callejera en horas nocturnas y en fin de semana.

2.3.3. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel

Durante el año 2001 han sido objeto de medidas, menores de 14 y 15 años: 56, menores de 16 y 17: 105; jóvenes de 17 y 18 años: 6.

La Fiscalía nos transmitió su preocupación por el incremento de las peleas producidas en los últimos años en los lugares de ocio de Teruel; especialmente en la zona. Se señala que no se detectan motivos ideológicos en el origen del conflicto» no existen grupos que se enfrenten por sus ideologías, sino prácticamente es violencia por violencia».

2.3.4. Hospital Universitario «Miguel Servet»

Presenta la siguiente estadística que pasamos a estudiar a continuación.

- Muestra de varones, por grupos de edad, por día de la semana que acuden a urgencias después de ser agredidos:

Viernes Sábado Domingo y Resto

madrugada lunes

Menores de 18 años 19% 11.5% 27% 42%

(29% de casos)

De 18 a 21 años 11% 14% 50% 28%

(31 % de casos)

De 22 a 24 años 5% 27% 59.5% 11%

(41 % de casos)

%sobre el total 10% 18% 48% 24%

De ellos el 72% acuden entre las 10 de la noche y las diez de la mañana.

- Muestra de mujeres, por grupos de edad, por día de la semana que acuden a urgencias después de ser agredidas:

Viernes Sábado Domingo y Resto

madrugada lunes

Menores de 18 años 43% 28% 0 28%

(24% de casos)

De 18 a 21 años 18% 45% 18% 18%

(38% de casos)

De 22 a 24 años 27% 10% 54% 10%

(38% de casos)

% sobre el total 28% 28% 28% 17%

De ellas el 41 % acuden entre las 10h de la noche y las 10h. de la mañana.

El hecho de que la proporción de menores de 18 años que permanece fuera del domicilio familiar después de las 22h. es menor que la franja de mayores de 21 años, hace pensar que la vulnerabilidad a ser agredido en este grupo de edad se centra en sujetos de alto riesgo, bien por sus características personales o por la falta de control social en la que viven.

2.3.5. Clínica Médico Forense de Zaragoza

Existe una tendencia de ascenso en el número de lesionados por agresión a medida que aumenta la edad, siendo de mayor transcendencia este ascenso en el caso de los hombres como podemos ver en el siguiente gráfico:

De los 466 casos de menores lesionados en agresión, el 34% han sido mujeres, mientras que el mayor porcentaje (similar a los adultos) lo ocupan los hombres.

Sin embargo, cuando enfrentamos el lugar de los hechos frente al sexo, los hallazgos son muy diferentes ya que mientras las agresiones sucedidas en el medio doméstico (estamos hablando de menores de 18 años) es de 68% para las mujeres y 32% en los hombres, en las calles se invierten estos porcentajes (33%/67%) remedando los hallazgos que luego encontraremos repetidos en los adultos.

La distribución por días de la semana sigue una tendencia de aumento hacia el máximo del domingo, pero llama la atención la existencia de una base de violencia mantenida como podemos ver en el gráfico:

2.3.6. Policía nacional

Por lesiones en agresión, fueron encartados 86 menores (67 hombres y 19 mujeres), de los cuales 33 eran de 15 años, 17 de 14 años, 18 de 13 años y 18 de 12 años o menores de dicha edad.

Por robo con violencia o intimidación, se instruyeron 55 atestados y se encartó a 98 jóvenes (85 hombres y 13 mujeres), correspondiendo 39 a 15 años, 29 de 14 años, 13 de 13 años y 17 de 12 años o menores.

En los 35 atestados por robo con fuerza que se incoaron resultaron encartados 66 menores (62 hombres y 4 mujeres), de los que 32 tenían 15 años, 18 eran de 14 años, 11 de 13 años y 5 de 12 años o menores de esa edad.

Por los 22 atestados instruidos por diferentes delitos contra la libertad sexual cuyas víctimas eran menores, únicamente estuvieron implicados 3 menores varones, dos de 15 años y uno de 13 años.

Por daños, durante la pasada anualidad, se encartaron 66 menores (61 hombres y 5 mujeres), divididos en 21 de 15 años, 21 de 14 años, 13 de 13 años y 11 de 12 años o menor edad.

2.3.7. Policía Local de Zaragoza

La Policía Local de Zaragoza nos informó de que 132 menores de edad fueron presentados en Comisaría durante el año 2000. En cuanto a las edades de los mismos, se indica que ocho tenían de 11 a 13 años, veinte tenían 14 años, treinta y dos eran de 15 años, treinta y tres tenían 16 años y cuarenta y dos tenían 17 años.

2.4. VIOLENCIA EN GRUPO

2.4.1. Fiscalía de menores. Zaragoza

Más de la mitad de las infracciones se cometen por menores en grupo ocasional (49%) o en pandilla (17%), y sólo en un 16% de los casos el menor delinque solo.

2.4.2. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca

En cuanto a los episodios violentos acaecidos en vías o lugares públicos y protagonizados por jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, la Fiscalía informante nos indicó que durante el año 2000 el Ministerio Fiscal formuló escrito de acusación en 22 Procedimientos Abreviados incoados en los Juzgados de Instrucción de la provincia.

«La acusación se dirigió contra 33 jóvenes, ya que en algunos procedimientos intervinieron varios acusados, es decir se acusó a varias personas. La mayoría de ellos son hombres, excepcionalmente se acusa a alguna mujer. Un joven fue acusado en dos procedimientos y otro en tres procedimientos distintos. En seis procedimientos intervinieron los menores junto a otras personas con edad de más de 18 años».

2.4.3. Policía Nacional: Grupo de Menores (Grume)

Señala que cada vez participan en su consecución un mayor número de autores. Gran parte de los sucesos violentos son perpetrados por pequeños grupos, en algunos casos dirigidos por un cabecilla que suele tener antecedentes de otros hechos y al que están subordinados los demás menores.

2.5. TIPOS DELICTIVOS

2.5.1. Fiscalía de Menores de Zaragoza

La tipología delictiva se centró durante el año 2000 en los delitos contra el patrimonio (84%), seguidos de infracciones menores (26%). Los delitos contra las personas se presentan en un 19% de los casos. Más de la mitad de las infracciones se cometen por menores en grupo ocasional (49%) o en pandilla (17%), y sólo en un 16% de los casos el menor delinque solo.

Durante el año 2001 los datos son los siguientes delitos de homicidio 2; lesiones 236; contra la libertad 57; 16 contra la libertad sexual; 2 contra el honor y los mismos contra las relaciones familiares; 1026 contra el patrimonio; 39 contra la seguridad colectiva y diversas faltas sin especificar 433

2.5.2. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca

En cuanto a los episodios violentos acaecidos en vías o lugares públicos y protagonizados por jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, la Fiscalía informante nos indicó que durante el año 2000 el Ministerio Fiscal formuló escrito de acusación en 22 Procedimientos Abreviados incoados en los Juzgados de Instrucción de la provincia.

El resto de Procedimientos Abreviados con acusados comprendidos entre 16 y 18 años han sido: por robo en vehículos aparcados en la calle (2), por hurto o robo de uso de vehículos de motor aparcados en las vías públicas (4), por daños dolosos en vehículos aparcados en vías públicas (2), por tráfico de drogas (5) y por estafa y apropiación indebida (1).

En cuanto a los hechos delictivos cometidos por menores de 16 años que fueron tramitados con arreglo a la jurisdicción de menores, la Fiscalía de Huesca resalta que la mayor parte de las agresiones se han producido entre compañeros de colegio y casi siempre los protagonistas son chicos, no habiéndose producido lesiones de gravedad; así son representativos unos hechos acontecidos entre dos menores en Jaca, compañeros de Instituto, en donde llama la atención la repetición de los enfrentamientos entre los mismos, lo que no suele ser habitual. Las lesiones producidas no han sido importantes y se detectó la incapacidad del propio Centro escolar de controlar de una forma adecuada el problema.

En el año 2001 se han producido 86 delitos de lesiones, 6 contra la libertad sexual, 33 robos con violencia, robos o hurtos de uso, 20 daños, 39 hurtos, 28 robos con fuerza y 5 contra la salud pública.

2.5.3. Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel

En el ámbito familiar, el informe remitido señala la inexistencia de procedimiento alguno durante el presente año con relación a episodios violentos protagonizados por menores. En pasadas anualidades son prácticamente nulos los supuestos de agresiones por parte de menores a sus familiares.

En cuanto a episodios violentos acaecidos durante el año 2.000 en vías públicas o lugares de ocio, la Fiscalía ha tramitado 11 diligencias preliminares o expedientes por agresiones, 3 por amenazas y 12 por daños y hurtos de uso de vehículos de motor.

Durante el año 2001 se han instruido 19 expedientes por daños, 10 por hurtos, 6 por robos con fuerza, 7 por hurtos, 1 por robo con violencia, 4 contra la salud pública y 45 por lesiones.

2.5.4. Clínica Médico Forense

Dentro del procedimiento judicial por lesiones existe una distinción importante entre la 1ª asistencia o la necesidad de continuar tratamiento, porque, entre otras circunstancias, tiende a condicionar una gran diferencia en la calificación como delito versus falta. Pues bien un 14% de las lesiones valoradas en menores de edad se han estimado desde un punto de vista forense como susceptibles de ser valoradas como «faltas».

2.5.5. Urgencias del Hospital Miguel Servet

De los datos a los que antes nos hemos referido podemos destacar:

1. La frecuencia de utilización de elementos cortantes, en especial de armas blancas, que se ha duplicado en el último año, y la aparición de un 50% más de fracturas, que se relaciona con el hecho de que una cifra creciente de agresiones que son realizadas en grupo, con sujetos en el suelo (en ocasiones bajo efectos de tóxicos) y que son repetidamente golpeados, siendo desplazados como «pesos muertos» por el lugar de la agresión, hasta la llegada de las fuerzas de orden público.

2. El patrón de fin de semana, y de nocturnidad en los varones, con franjas horarias y de edad que asociamos con las salidas a lugares de ocio, que se van escalonando a lo largo de la noche.

3. La aparición de una bolsa de varones entre 22 y 24 años a lo largo de la madrugada del domingo a lunes, que situamos con relación al abuso de estimulantes, fundamentalmente anfetaminas, que muchas veces se ven inmersos en disputas y peleas durante el fin de semana, pero que aguantan hasta las horas previas de reincorporación a sus lugares de trabajo. Una vez remite el consumo de estimulantes se concentra la atención en el servicio de urgencias.

2.5.6. Policía Nacional: Grupo de Menores (Grume)

Observa una mayor agresividad en los menores, puesta de manifiesto tanto en el origen del conflicto como en la forma de ejecución y resultado final, convirtiendo lo que anteriormente era aislado y extraño en mucho más habitual.

Durante el año 2000, el Grupo de Menores de la Policía Judicial instruyó 231 atestados en la Comunidad autónoma por hechos violentos en los que habían participado menores de edad «de los que 99 lo fueron por lesiones en agresión, 55 por robo con violencia o intimidación, 35 por robo con fuerza, 22 por delitos contra la libertad sexual y 20 por daños.»

Por lesiones en agresión, se incoaron 99 atestados, en los que fueron encartados 86 menores (67 hombres y 19 mujeres), de los cuales 33 eran de 15 años, 17 de 14 años, 18 de 13 años y 18 de 12 años o menores de dicha edad.

Por robo con violencia o intimidación, se instruyeron 55 atestados y se encartó a 98 jóvenes (85 hombres y 13 mujeres), correspondiendo 39 a 15 años, 29 de 14 años, 13 de 13 años y 17 de 12 años o menores.

Por otra parte, el Grume nos informó de la instrucción durante el año 2000 de otros atestados por diferentes delitos, «que si bien no han sido numerosos sí pone de manifiesto las causas de influencia de los hechos violentos aludidos, y que paulatinamente empiezan a darse con más frecuencia, como son los casos de violencia doméstica (hijos hacia sus padres), desobediencia o resistencia a agentes de la Autoridad, quebrantamientos de medidas judiciales, amenazas graves (realizadas a través de medios informáticos o de telefonía móvil), incendios en bienes inmuebles, etc.».

2.5.7. Guardia Civil

En el medio rural, la Guardia Civil nos informa de que en la provincia de Zaragoza, durante el año 2000, por lesiones en agresión se incoaron 16 atestados; por robos -incluyendo el hurto de vehículos- se instruyeron 9 atestados, por daños 6 atestados. Su análisis denota que más de la mitad de las intervenciones efectuadas lo son por hechos delictivos acaecidos en la vía pública, siendo muy puntuales los casos de violencia en el ámbito familiar que se han denunciado

2.5.8. Policía Local de Zaragoza

Los hechos más frecuentemente cometidos estaban relacionados con delitos contra la propiedad (robos con fuerza, hurtos, daños), conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y lesiones.

2.6. CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

La problemática del consumo de alcohol por los jóvenes ya fue abordada por nuestra Institución en 1999 en el «Informe especial sobre el consumo abusivo de alcohol por los jóvenes en Aragón». En nuestro Informe concluíamos señalando que se ha generalizado en nuestra Comunidad Autónoma, al igual que en el resto del Estado, un modelo de consumo de alcohol por los adolescentes y jóvenes caracterizado por las siguientes notas:

a) Se comienza a consumir bebidas alcohólicas muy pronto, como media los chicos a los 14 años y las chicas a los 15 años.

b) La mayoría de los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años manifiestan ser consumidores de alcohol, en mayor o menor medida, de forma habitual.

c) Los jóvenes beben los fines de semana, en grupo, como instrumento de relación social en su tiempo de ocio.

Los últimos trabajos estadísticos -por ejemplo, los del Observatorio Español sobre Drogas, dependiente del Plan Nacional sobre Drogas- confirman la plena vigencia de nuestras conclusiones.

Una de las consecuencias del modelo juvenil de consumo de alcohol lo constituye el aumento de la conflictividad social. No resulta difícil imaginar que en una concentración de jóvenes, en los que una mayoría se encuentra, en mayor o menor medida bajo los efectos de la ingesta de bebidas alcohólicas, cualquier situación conflictiva puede degenerar en un episodio violento. Bajo los efectos del alcohol se potencia la agresividad del individuo y disminuyen los resortes de autocontrol; un incidente menor que en una situación normalizada se resolvería sin problemas puede convertirse en una tragedia cuando sus protagonistas se encuentran bajo los efectos del alcohol.

Los propios consumidores de bebidas alcohólicas son conscientes de que experimentan con cierta frecuencia problemas que atribuyen al consumo de estas sustancias. Como destacábamos en nuestro «Informe especial sobre el consumo abusivo de alcohol por los jóvenes en Aragón», un 22,4 % ha tenido alguna vez en su vida problemas a causa de su consumo de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, como consecuencia de este consumo un 15,8% ha tenido conflictos (riñas, discusiones, etc.) sin agresión física, un 7,7% peleas o agresiones físicas y un 5,7% accidentes que precisaron atención médica.

La conciencia generalizada de que el consumo de alcohol provoca situaciones de riesgo se evidencia, por ejemplo, en que interrogados los jóvenes no consumidores de alcohol por los motivos de su abstinencia, señalan, principalmente tres razones: porque pueden producir accidentes, por los efectos negativos sobre la salud y por su capacidad de provocar delitos y violencia.

Los consumidores de alcohol viajan con frecuencia en vehículos de motor conducidos por personas bajo los efectos de esta sustancia. Un 7,3% de los estudiantes que habían consumido alcohol en los últimos doce meses habían sido durante ese periodo conductores de un vehículo estando bajo los efectos de esta sustancia y un 24% pasajeros de vehículos conducidos por alguien que estaba bajo dichos efectos.

Los análisis practicados durante 1999 a 1.151 conductores fallecidos en accidentes de tráfico (en virtud del Convenio suscrito entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el Instituto de Toxicología) confirman que en el 30% de los casos se identificó la presencia de alcohol en niveles superiores a los 0,5 grs/litro. El 30% de los fallecidos tenía entre 21-30 años y que otro 9,3% menos de 20 años.

3. Situación de los Centros de Protección y Reforma

Las medidas de reforma ejecutadas han experimentado un incremento, derivado tanto por el mayor número de sucesos acaecidos como por el aumento de la franja de edad que dispone la nueva regulación, lo que ha llevado a aplicar medidas educativas también a jóvenes de 16 a 18 años.

Si en 2000 se aplicaron 476 medidas de reforma a 402 menores, sólo en los primeros nueve meses de 2001 el número de medidas había alcanzado las 478 y los menores objeto de las mismas fue de 452. Además, prácticamente la mitad de los menores que delinquieron (49%) habían sido ya objeto de otro expediente de reforma anterior, estando cumpliendo alguna medida en ese momento (25%) o delinquiendo con posterioridad a su ejecución (16%).

Este incremento de la delincuencia juvenil se refleja también en el nivel de ocupación del centro de educación e internamiento por medida judicial «San Jorge», único establecimiento de la Comunidad Autónoma para la ejecución de medidas de internamiento de reforma. Así, hasta el mes de octubre de 2001 se habían ejecutado 17 medidas de internamiento en régimen cerrado respecto a 14 jóvenes mayores de 16 años y 34 medidas respecto a 27 menores de esa edad. En régimen semiabierto se aplicaron 22 medidas correspondientes a 13 menores.

Junto al incremento de la población interna, el aumento de las edades que presentan los internos, algunos procedentes de centros penitenciarios, ha ocasionado serios incidentes en el interior del establecimiento durante el año 2001, protagonizados por las conductas agresivas y fuertemente conflictivas de algunos de estos jóvenes, que arrastran en sus acciones a otros internos.

Por otra parte, esta conflictividad no es exclusiva del centro de reforma. Actuaciones desarrolladas por esta Institución han puesto de manifiesto la creciente presencia en algunos de los centros de protección de menores dependientes de la Diputación General de Aragón de adolescentes y jóvenes que presentan actitudes violentas y agresivas, generando una situación de conflictividad en el interior del establecimiento que perjudica seriamente la labor a desarrollar con ellos y con el resto de los internos que, en ocasiones, se ven arrastrados por estos. Concretamente en la Residencia «Cesaraugusta» durante el pasado año 2001 fueron frecuentes los sucesos de fugas, que concluían con la comisión de algún hecho delictivo por el menor, los episodios violentos en el interior del centro con agresiones a profesionales y compañeros, las denuncias por robos o hurtos en habitaciones. Así, si durante el año 2000 se produjeron 31 fugas y se formularon 8 denuncias por actos delictivos de estos menores, en los primeros nueve meses de 2001 las fugas se incrementaron hasta 44 casos y se presentaron 29 denuncias. Más de la mitad de los menores internados en este centro de protección tenían o habían tenido abierto expediente de reforma.

4. Perfil de los jóvenes con conductas violentas

4.1. APROXIMACIÓN DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS

Se incluye aquí un grupo de casos en los que los informes médicos llevan a inferir quién es el agresor, independientemente del informe policial correspondiente. Sujetos impulsivos, con fracaso escolar, historia previa de gran conflictividad y fracaso social, que consumen alcohol y estimulantes en los fines de semana, realizan estos actos en las primeras horas de la madrugada. Hace unos años el perfil además se completaba con paro laboral, pero en los datos de estos dos últimos años esto ha cambiado. En nuestra muestra los miembros de este grupo son todos varones y su nivel psicosocial se asimila a trabajos no especializados, con gran inestabilidad en varios ámbitos de la vida, destacándose que todos ellos mantienen relación familiar, pero con total desbordamiento, que hace que los datos recogidos en la convivencia expresen tensión crónica, continua desaprobación y grandes disfunciones relacionales.

La existencia de enfermedad mental en el agresor no se asocia con una mayor presencia de conductas violentas en este grupo. Dos de cada tres casos presentan signos de intoxicación en el 80% de los cuales el alcohol es el agente fundamental.

Entrevistando a algunos de estos sujetos se encuentran respuestas muy diferentes. De un arrepentimiento rápido, con preocupación por las lesiones de la víctima, a una negación de la realidad con mecanismos de autoafirmación.

Son peleas en ambientes de conflicto, de fiesta, de tumulto o de enfrentamientos crónicos lo que mejor explica estas conductas violentas. Una fragilidad individual, de individuos vulnerables, con fracasos crónicos, nos acerca al perfil del adolescente que sale con miedo, que tiene signos de inferioridad manifiesta en su grupo social, que ha sido personal y socialmente conflictivo, incluso victimizado y que utiliza el instrumento agresor como un amuleto de autoafirmación, de seguridad personal y en definitiva es una espoleta que puede dispararse ante su pobre capacidad de control.

Como resumen general de este primer grupo resaltaremos el abuso de substancias, la nocturnidad y la transgresión de la norma como factores causales de las conductas violentas.

4.2. APROXIMACIÓN DESDE UN CENTRO DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Un segundo grupo de análisis de casos de jóvenes inmersos en situaciones violentas procede de un Centro de «intervención psicopedagógica», Tarabidan, dentro del Centro de Solidaridad de Zaragoza, donde a través de varias entrevistas con los jóvenes y sus familiares se dispone de una información completa del sujeto y de su medio de vida, así como un compromiso educativo en el que el joven quiere colaborar. Nos encontramos con un grupo de edad más amplio que empieza en los 13 años y que por orden de gravedad muestra realidades distintas:

1. Malos tratos familiares. Cada vez es una situación menos frecuente pero es muy demostrativa: golpes entre hermanos, hematomas a los padres, discusiones violentas, incapacidad para la convivencia. Lo más característico va a ser el mal rendimiento escolar, la existencia de amigos integrados en grupos marginales y el desorden en el sistema de relaciones familiares, sin figuras y funciones parentales definidas, lo que hace que se produzcan graves problemas de convivencia que acaban en la agresión como mecanismo en el que el más débil, el menos capacitado para resolver los conflictos y el más necesitado de ayuda rompe las reglas de la convivencia con violencia física como mecanismo de poder, de generar miedo y de defensa en un medio que vive como hostil. Solo una pequeña proporción de estos casos llegan al sistema de reforma judicial.

2. Adolescentes muy impulsivos, con pocos amigos, muy destructivos, que han tenido historia infantil de hiperprotección, que no han aprendido mecanismos para resolver conflictos van a generar a estas edades graves problemas tanto en el medio académico como en el medio familiar.

3. Adolescentes que debutan con delitos menores (muchas veces en el medio familiar), hurtos, transgresiones (falsificaciones de notas), en periodos de transición. Son sujetos simpáticos con red social normalizada en la mayoría de los casos, que inician una destructividad selectiva e incluso abusos verbales y físicos ante compañeros más débiles y que llegan a disfrutar y presumir de ello pasando desapercibidos durante periodos de hasta dos años, especializándose en ser mentirosos patológicos, negando la evidencia y retrasando la puesta en marcha de soluciones ante este problema. Aparecen en todo tipo de unidades familiares.

4. Una cuarta parte del total entrarían en el grupo de conductas violentas como síntoma de una enfermedad.

Lo más frecuente es el «Síndrome de déficit de atención», que en dos de cada tres casos cursa con hiperactividad, especialmente en varones (con pasividad en mujeres como peculiaridad). Estos adolescentes quieren hacer las cosas bien, pero como no se fijan en lo que hacen, llegan a ser molestos, caen mal, discuten frecuentemente y se acostumbran a vivir en conflicto; para ellos el insultar, el enfrentarse con los profesores, el gritar en clase, el acosar (siempre a niños más pequeños que ellos), es la forma habitual de supervivencia; al crecer corporalmente en la pubertad la consecuencia de sus actos llega a ser especialmente dañina y una proporción de ellos puede llegar a cursar con tratamiento farmacológico.

Otros padecen «depresión»: esta enfermedad en la adolescencia cursa con «malgenio crónico» (disforia de varios meses) y suele ser raro que quieran ir al médico. Durante unos meses estos jóvenes utilizan la violencia como mecanismo de respuesta ante cualquier estimulo y lamentablemente, si no se interviene, en algunos casos pueden llegar a consumar el suicidio (primera causa de mortalidad en adolescentes en países industrializados de nuestro entorno).

5. Un pequeño grupo de jóvenes, mayoritariamente mujeres, establecen relaciones de diversos tipos con personas de mucha más edad. Entran en una dinámica de conflicto, de secretos, de contradicción, de la que no saben salir. La violencia, el romper objetos, el no dormir en casa, el abusar de drogas, el participar en peleas callejeras, los lenguajes, el desprecio a los de su edad y las formas destructivas han sido interpretada como una forma de «comunicación» que, al ser interpretada y reevaluada, va a ir modificándose y desapareciendo, o por el contrario si se encroniza tendrá graves consecuencias en la vida del que lo padece.

6. El último grupo es la violencia de las tribus urbanas. Adolescentes que se preparan durante la semana para salir a pegarse, a veces contra otras bandas, pero lamentablemente otras veces de forma indiscriminada, eligiendo a grupos raciales, minorías, o adolescentes tímidos y retraídos como sus víctimas. Más de la mitad, tras unos meses de «iniciación» en la vestimenta, sus apariencias y sus ademanes, inician consumo de substancias, lo que les hace ser imprevisibles y especialmente peligrosos.

4.3. APROXIMACIÓN DESDE UNA CONSULTA DE PSIQUIATRÍA

Para completar el panorama, el Dr. José María Civeira sistematiza y describe los casos de conductas violentas de adolescentes atendidos en una consulta de psiquiatría de un hospital.

1. Un tercio de los pacientes son diagnosticados de retraso mental ligero.

Son niños que han vivido en contextos educativos en los que la necesidad de contención y la dificultad de aprendizajes ha hecho que los adultos utilicen mecanismos de coerción, que ellos magnifican desbordando lo tolerable.

En el caso de retrasos intelectuales ligeros la política educativa de integración, que tiene indudables virtudes, hace que se integren en los Institutos de Secundaria, pero se aburren al no poder seguir el ritmo académico de sus compañeros. Sus gracias, sus agresiones a los profesores, son jaleadas y objetos de risas por algunos de sus compañeros, lo que hace que vayan incrementando la nocividad de sus conductas violentas. Por un lado son verdugos, pero también tenemos casos en los que son inducidos a pegar y a realizar grave daño por otros compañeros. El aprendizaje y el condicionamiento negativo es la explicación lógica de las conductas que presentan.

2. En el último año han sido atendidos varios adolescentes que han llegado al hospital conducidos por la policía después de destrozar muebles, golpear a personas y provocar altercados muy graves. En algunos casos han sido varios episodios de importancia creciente, pero sin desencadenante ni mesura ni explicación.

El hilo conductor de sus biografías lo constituye el haber sido víctimas de diversas formas de abuso. Las paradojas de la vida los traen aquí, la transformación de la víctima en agresor. Por un lado se ha intentado explicar este comportamiento como consecuencia de la angustia que en los niños provocan los abusos (especialmente los sexuales) y cómo el cerebro desarrolla mecanismo de recuerdo, llamados «síndrome de estrés postraumático», que hace que una vez que la conducta se ponga en marcha, el nivel de sadismo puede alcanzar niveles muy altos; protagonizan conductas muy graves sin sentimiento de culpa y curiosamente al llegar al hospital se comportan de forma correcta y educada para asombro de sus acompañantes; estas conductas violentas que desaparecen a las pocas horas, muchas veces tras la conversación con el personal sanitario, pueden reactivarse ante nimiedades.

3. La tríada que más está creciendo en los últimos cinco años es: fracaso escolar + uso episódico de alcohol, cannabis y anfetaminas + desorden e incapacidad de contención familiar. Si bien en familias nucleares incompletas este fenómeno es más frecuente, la heterogeneidad de las formas de convivencia, los cambios y el hecho frecuente de conseguir cosas materiales a través de amenazas, gritos y agresiones hace que sus conductas violentas se repitan, se conviertan en crónicas, esto es cada vez más frecuente. Siempre hay algún adulto que es posible atemorizar y así «consigo dinero», «evito cumplir con mis obligaciones» y «obtengo una satisfacción, o un pequeño éxito transaccional», que hace que las conductas violentas empiecen con gritos y amenazas y puedan acabar en grupos de delincuentes organizados. En estos casos la terapia de familia, pero fundamentalmente la psicopedagogía, la intervención precoz y la atención a los grupos de alto riesgo son lo más importante.

4. Todavía hoy vemos grupos culturales que asumen la violencia como un atributo masculino. La violencia en el deporte, la competitividad llevada a niveles intolerables y la presión social, hace que fundamentalmente varones utilicen el insulto, las malos formas, la estafa, el engaño y la victimización de otros como elemento de cohesión y como fase en el crecimiento de algunos grupos humanos, lo que requiere un esfuerzo social, educativo y de prevención para que los adolescentes puedan tener criterios propios en contra de estas malas influencias (que pueden coincidir con prácticas deportivas).

5. Finalmente, asistimos a relatos y evidencias de agresiones sexuales, delitos de muy diversa índole y gran «toxicidad relacional» en jóvenes, tanto varones como mujeres, que imbuidos de creencias postmodernas entran en una frialdad destructiva, sin ninguna conciencia del dolor que provocan en sus víctimas. Mantienen integración académica y sus familias próximas no son sabedoras de sus conductas. Estos jóvenes son capaces de mantener y fomentar algo que tradicionalmente hemos considerado como cinismo y hoy definimos como enfermedad social. A estas edades no podemos hablar de personalidad antisocial, ni estas conductas cumplen criterios de oposicionismo sin más, por lo que solo tienen explicación como patología social. Altercados callejeros, destrucción del mobiliario urbano, lesiones a otras personas, sin ningún sentimiento de culpa y sin huellas objetivas que los delaten en un cálculo premeditado de su violencia, es algo que desde el punto de vista clínico ya vemos en nuestro medio.

6. Por último hay que destacar situaciones y conductas que conocemos que ocurren pero no llegan al medio sanitario ni al sistema judicial y que escapan del control familiar, adquiriendo niveles de riesgo que exigen tenerlas en cuenta: Robos en los grandes almacenes, que no cumplen criterios de cleptomanía, sino que son inducidos e iniciados por sus iguales que refuerzan sus conductas.

6.1.Voyeristas de peleas callejeras, que animan a otros a pegarse, que disfrutan presenciando las agresiones, influidos por la televisión, el cine y una cultura de búsqueda de sensaciones, riesgo y estimulación snob y sofisticada, que acabara lesionando su forma de ser y que en algunos casos les hace pasar al acto y cambiar a agresores.

6.2. Hipercríticos, insatisfechos crónicos, que tienen acceso a todo tipo de juegos, utensilios, Internet, viajes, etc., y que no saben el valor de nada de lo que les rodea. Desprecian a sus semejantes y se agrupan en pandillas, con selección de peculiaridades, siendo frecuente su colaboración con bandas urbanas, como incitadores o mantenedores de actos xenófobos, racistas y de agresión social.

6.3. Violencia sexual, como pérdida del pudor y necesidad de «probarlo todo», que se inician en prácticas utilitarias y acaban pagando por agredir y lesionar física y psicológicamente a otras personas, incluidos sus compañeros. El contexto lamentablemente es que se intercambian los papeles de víctima y agresor, pasando desapercibido el fenómeno durante largos periodos de tiempo.

6.4. Acoso a compañeros más pequeños, robos de pequeñas cantidades de dinero, amedrentando a chicos en la calle, amenazas. Este fenómeno se ha venido llamando «bulling» y también produce un miedo peculiar en las víctimas, que produce un refuerzo y sumisión en el agresor, viciando las relaciones en el medio académico y vecinal.

Jóvenes que destacan bien en los deportes bien en los estudios y sistemáticamente desprecian a los que les rodean, fabricándose un ambiente de pseudo «supermagníficos» del que caerán tarde o temprano, generando gran frustración y encronizando mecanismos violentos y agresivos, sin control personal. Será aquí la ponderación, la mesura y el dar tiempo al tiempo lo que equilibrará las sanas expectativas de éxito que en cualquier actividad todos debemos tener.

6.5. Infracciones y violencia en el contexto grupal, refugiadas en el anonimato, en palizas colectivas, desmanes, abuso de personas intoxicadas, abandono en situaciones de urgencia, delitos en espectáculos, estragos, que se deben a un despertar de una atmósfera colectiva en la que «todo está permitido «.

6.6. Personas que viven en una cohibición permanente, bien por una educación demasiado estricta o por una incapacidad personal de expresarse con espontaneidad; acumulan tensión e insatisfacción y son capaces de explotar reaccionando de forma anormal ante circunstancias de la vida ordinaria; por ejemplo, utilizando motocicletas o deportes de alto riesgo con peligros para ellos mismos y los que les rodean y alto riesgo de accidentalidad.

6.7. Jóvenes que nunca hacen lo que ellos quieren, bien por dar gusto a los adultos con los que conviven o por situaciones de injusticia y aislamiento social. Aparentemente desarrollan conductas de sumisión, pero episódicamente «explotan» con actos violentos. Habitualmente son conocidos y detectados en el medio académico, pero no siempre es posible intervenir con las suficientes garantías de éxito. En ocasiones ante conflictos de grupo, cometen una muy grave transgresión, con lesiones en otros compañeros, que podrían haberse evitado desbloqueando esta especie de «camisa de fuerza» social en la que viven.

5. Conflictividad y violencia en el ámbito escolar

Aunque en Colegios e Institutos surgen diariamente conflictos, se resuelven en su mayoría sin necesidad de recurrir a la violencia física o verbal, sin embargo, se detecta en los centros docentes un incremento de la conflictividad que se traduce en comportamientos violentos. En situaciones conflictivas, es preciso potenciar esa búsqueda de una solución satisfactoria por la vía del diálogo por el alto valor formativo que tiene para los alumnos.

1. Los violentos son minoritarios. Si nos atenemos a la opinión de las familias sobre determinadas conductas de los alumnos en relación con la agresividad, un reciente estudio elaborado por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación Educativa (INCE) refleja que siete de cada diez padres considera que sus hijos adolescentes no tienen conductas violentas. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que entre el tres y el doce por ciento del alumnado de los centros sufre a diario insultos y humillaciones por parte de bandas juveniles. De ello se infiere que los casos de violencia son generados por un alumnado que es minoritario, pero con capacidad suficiente para alterar el buen clima de convivencia que debe imperar en un centro educativo. Es sobre este alumnado de riesgo, que normalmente ejerce además un indeseable liderazgo en su entorno, sobre el que hay que actuar para tratar de frenar ese incremento de la violencia escolar.

Por su parte, el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA) ha efectuado un estudio sobre la Calidad de la Educación en el que, entre otros temas, analiza la conflictividad en los centros docentes, aportando datos estadísticos al respecto. Así, detecta que más de la mitad del alumnado reconoce situaciones en las que los chicos llegan a agredirse físicamente, aumentando la proporción en función de las edades, menos en Primaria y con valores similares en ESO y Bachillerato, alcanzándose el máximo en el segundo ciclo de ESO. Las opiniones del alumnado reflejadas en el informe ponen de manifiesto que ellos mismos son conscientes de que en el ámbito escolar se viven situaciones conflictivas, pero lo que quizá resulta más preocupante por cuanto presupone unas vivencias de posible presión y conflicto encubierto, es el dato de que un 60% reconozca saber de compañeros que no se atreven a denunciar estas conductas agresivas. Es evidente que estas actitudes de silencio posibilitan que queden impunes este tipo de comportamientos e impiden que determinados estamentos puedan tomar de inmediato las medidas que cada caso requiera. Desde estas posiciones, prosigue el informe de IDEA, el alumnado es partidario de una mayor intervención: más de la mitad reclama que «deberían tomarse medidas más duras con determinados alumnos» y esto lo opinan por igual chicos y chicas, en las diferentes etapas y en todo tipo de centro.

El informe también estudia la repercusión en centros escolares de situaciones conflictivas provocadas por jóvenes ajenos al alumnado del centro: un 37% las detecta y reconoce la presencia en ellos o en su entorno de chicos «buscando pelea». Y por lo que respecta a situaciones de conflicto con violencia vividas por los alumnos fuera del contexto escolar, en el ámbito familiar, el porcentaje de alumnado que conoce chicos que viven en su casa situaciones de violencia es un 54,8%, pero además algo más del 20% de los estudiantes conocen que otros las viven y en este caso es mayor el porcentaje de chicas que de chicos, de alumnos de Bachillerato (que duplican a los de Primaria), y muy ligeramente superior también entre el alumnado de los centros públicos.

2. La violencia es mayor en secundaria. En Aragón, los datos obrantes en poder de esta Institución nos han permitido constatar que es en los centros de Secundaria donde se vive una mayor conflictividad. Además, se detecta que ésta va en aumento, lo que pone de manifiesto la necesidad de incrementar las actuaciones que se están llevando a cabo para atajar el problema y la de adoptar otro tipo de medidas que resulten más eficaces.

Concretamente, de la información facilitada por el Director del Servicio Provincial de Educación y Ciencia de Teruel se desprende que en el curso 1999/2000 fue preciso instruir 78 expedientes disciplinarios a alumnos por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, de los cuales 62 corresponden a actuaciones en Institutos de Educación Secundaria, en adelante IES. Además, se sancionaron 22 actos violentos de alumnos contra alumnos (19 en IES) y 13 actos violentos de alumnos contra profesores (10 en IES). En el pasado curso académico 2000/2001 se detecta un incremento de los casos conflictivos que dieron lugar a la instrucción de expedientes disciplinarios, con un total de 137, de los cuales 117 se produjeron en IES. También aumentaron considerablemente los actos violentos sancionados de alumnos contra alumnos, siendo ligeramente superior el incremento en Primaria, que pasan de 3 a 14, que en Secundaria con 28 casos frente a los 19 contabilizados el año anterior. Respecto de los actos violentos de alumnos contra profesores, se observa que la cifra total se duplica de un curso al siguiente. Sin embargo, en los IES desciende el número de casos, siendo por tanto preocupante el incremento de actos violentos contra profesores en Colegios de Primaria: de sólo 3 casos pasan a 17.

Por lo que respecta a la provincia de Huesca, el Servicio Provincial de Educación y Ciencia nos ha suministrado datos correspondientes al último curso académico 2000/2001, en el que hubo 93 casos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en IES, entre los que se detectan 13 agresiones entre alumnos y 4 hacia miembros de la comunidad escolar, siendo más numerosos los casos de violencia verbal y amenazas. Las correcciones impuestas en todos estos casos se han ajustado a las enumeradas en el artículo 53 del Real Decreto 732/1995, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros, imponiendo mayoritariamente la sanción consistente en «suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes». Solamente en 4 de esos 93 expedientes instruidos por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se impuso la medida correctora de «cambio de centro». En relación con los centros públicos de infantil y primaria, el Director del citado Servicio comunica que «no se tiene registrado ningún caso de incoación de expediente durante el curso 2000/01».

En contestación a la solicitud del Justicia interesándose por la situación generada por la violencia juvenil en los centros escolares de la provincia de Zaragoza, el Director del correspondiente Servicio Provincial, remite un análisis de la situación en cada una de las etapas educativas elaborado por el Inspector Jefe, teniendo en cuenta las informaciones recogidas por los Inspectores en los centros docentes de referencia. De su contenido se desprende que en la etapa de Educación Infantil sólo se han registrado casos aislados de violencia verbal en alumnos de 5 años de un mismo centro o entre familiares en centros que escolarizan alumnado procedente de sectores que presentan condiciones socioeconómicas desfavorecidas.

En los niveles de Primaria y Secundaria, aun cuando las manifestaciones de agresividad y violencia no suelen tener consecuencias graves, la Administración educativa nos comunica que son frecuentes episodios tales como insultos y amenazas, peleas entre alumnos, pequeños hurtos, maltrato al equipamiento o a las instalaciones del centro, así como otros derivados del incumplimiento de las normas de convivencia establecidas en la clase o en el centro. En Secundaria se dan también con frecuencia casos de violencia psicológica y coacción a otros alumnos menores. El informe recibido pone de manifiesto que son poco frecuentes las agresiones verbales a profesores, las agresiones entre padres de alumnos, las actuaciones racistas o xenófobas, los daños a vehículos de profesores, la violencia física de alumnos o padres de alumnos a profesores, y las denuncias y procesos judiciales motivados por episodios de violencia.

Los incidentes se suelen producir en momentos en que los alumnos no están con sus profesores de referencia, fuera del horario lectivo ordinario, durante los recreos, en las entradas o salidas del centro, en el comedor escolar, etc. Los episodios violentos reseñables en la etapa de Secundaria se concentran fundamentalmente en los cursos 2º y 3º, siendo más numerosos en centros que escolarizan alumnado procedente de familias que presentan condiciones socioeconómicas desfavorecidas, que presentan una escolaridad irregular o un elevado absentismo escolar o tienen como protagonistas a un reducido número de alumnos que presentan trastornos de personalidad o problemáticas caracteriales, según plasma el informe del Servicio Provincial de Educación y Ciencia de Zaragoza. Recordemos en este punto que el absentismo escolar, según informe del Dr. Civeira, se ha considerado como un predicto de serias disfunciones sociales, una de las cuales es la violencia y la delincuencia.

Las medidas correctoras a imponer cuando se producen estas conductas, tipificadas como leve o gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, están establecidas en el ya citado Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, que prevé desde el apercibimiento o amonestación hasta la instrucción del oportuno expediente disciplinario en función de la gravedad de los hechos. El informe del Servicio Provincial, refleja siete casos de la provincia de Zaragoza en los que se impuso la medida correctora más fuerte de las previstas. En todos estos casos, se procuró plaza a estos alumnos en otro centro educativo, salvo en tres de ellos, uno de los cuales se encuentra subiudice.

Es preciso hacer notar que, aunque esta información remitida por el Servicio Provincial de Educación y Ciencia de Zaragoza no explicita el número total de expedientes instruidos por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, resulta evidente que a tenor de los datos facilitados por los Servicios Provinciales de Huesca y Teruel -con 93 y 137 casos, respectivamente, en el curso académico de referencia-, el número total de expedientes instruidos por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en Zaragoza y provincia es previsiblemente más elevado que esos 11 casos especificados en el cuadro anterior, que plasma aquellos en los que se impuso la medida correctora más fuerte de las seis previstas en el artículo 53 del Real Decreto 732/1995 consistente en un «cambio de centro», sanción que los Consejos Escolares, conscientes de que tal medida se limita a trasladar al alumno sin más, aplican solamente en supuestos muy graves que desaconsejan la permanencia del causante del acto en cuestión en el mismo entorno en que se ha producido. De hecho, esta Institución ha tenido conocimiento y ha tramitado expedientes relativos a este tipo de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que no se hallan reflejados en el cuadro anterior.

3. La situación del profesorado. En ocasiones, en materia de disciplina, el profesorado no se siente suficientemente apoyado por la Administración educativa, y ello se ha puesto particularmente de manifiesto cuando la Dirección Provincial ha rectificado decisiones sancionadoras adoptadas por Consejos Escolares, cuestión sobre la que se han tramitado expedientes en esta Institución en los últimos años. Recientemente, con motivo de la modificación por parte del Servicio Provincial de Zaragoza de una corrección impuesta a un alumno, por acciones que el Claustro de Profesores estima son «un caso palmario de violencia ejercida contra dos miembros de la comunidad escolar, en este caso concreto, contra dos profesores», el citado Claustro mostró su malestar y desencanto por el hecho de que un órgano, que no conoce tan de cerca la situación, deje sin efecto y anule la capacidad de decisión y de tomar medidas del órgano colegiado de mayor nivel jerárquico dentro del Centro educativo, actuación que consideran va en contra de la autonomía de los centros. En relación con esta cuestión, 50 profesores firman y nos dirigen un escrito que, por lo que respecta a lo que califican de «ya indudable escalada de indisciplina y violencia que se ha instaurado en muchos centros educativos», concluye en los siguientes términos:

«Hay quienes, por diversas razones, siguen negando tal evidencia, lo cual favorece que vaya en aumento, en lugar de buscar soluciones. Lo lamentable del caso es que esta postura está, creemos, propiciada por las actitudes de la Administración que ... deja en el total desamparo al Profesorado. ¿Qué tipo de agresión o violencia debe darse para que la Administración, lejos de quedarse en la simple formalidad de la Instrucción, se atenga al análisis de la materialidad grave de los hechos en sí considerados? El problema no es tanto por el hecho aislado en sí, cuanto por las consecuencias ejemplarizantes que de él se derivan. Cuando el alumnado percibe que unos hechos de tal gravedad quedan prácticamente en la impunidad, se ve reforzado en sus actitudes y tentado a seguir probando en su escalada sin límites. Esto es lo grave».

4. No es bueno transmitir la idea de que la escuela es un lugar violento. Aunque hemos de reconocer que, en los últimos años, se viene detectando un incremento de situaciones conflictivas que derivan hacia actitudes agresivas y violentas, perjudiciales para la convivencia en el centro escolar y que inciden muy negativamente en el entorno en el que se producen, sin embargo la incidencia de agresiones físicas es baja y la mayoría de los comportamientos descritos en los informes de los Servicios Provinciales de Educación no revisten gravedad. Tanto la falta de respeto hacia miembros de la comunidad educativa como los insultos entre compañeros deterioran ese deseable buen clima de convivencia y afectan de forma muy directa al proceso de formación de los alumnos.

Otra cuestión relacionada con el tema que nos ocupa es el, desgraciadamente muy habitual, deterioro intencional de materiales, ya sean privados o públicos de uso común, y los ocasionales actos vandálicos cuyos causantes deben ser sancionados para no crear una falsa sensación de impotencia que repercutiría muy negativamente en el ánimo de equipos directivos, del profesorado y de la mayoría del alumnado no implicado en tales prácticas.

III. CAUSAS Y FORMAS DE LA VIOLENCIA

1. Introducción

De la misma manera que siempre habrá una nueva forma de engañar o perjudicar a otro, la violencia como tal nunca podrá ser erradicada. Pero eso no quiere decir que debamos conformarnos y permanecer impasibles.

No cabe duda de que tiene múltiples causas y que son muchas las formas de manifiestarse. Pero en un momento en que en nuestro país la estabilidad social no es comparable a ninguna otra época; donde el nivel cultural es más alto que nunca, alcanzando a gran parte de la población; cuando las necesidades materiales están generalmente satisfechas, han aparecido nuevas causas y formas de violencia cuya justificación e intensidad sorprenden a la mayoría de la población. Sobre estos fenómenos puntuales es sobre los que se hace un análisis.

2. Causas y nuevas formas de violencia. Influencia de la educación

2.1. TRIVIALIZACIÓN

Se ha producido, por varias causas, una trivialización de la violencia. Aunque hay letras de canciones de música, muchos vídeo-juegos con contenido violento y en Internet no faltan contenidos escabrosos, es la televisión, con su enorme influencia, la principal introductora en nuestras casas. Estudios hechos revelan que un 30% de los niños, en edades comprendidas entre 12 y 16 años, ven la televisión más de treinta horas a la semana, con lo que se convierte en su compañero o cuidador habitual y en muchos casos su principal punto de referencia. Los expertos consideran que en seis años un niño ve un promedio de 6.000 asesinatos. No se olvide que para algunos sólo existe lo que sale en la televisión.

Unas veces es violencia real en los noticiarios, otras simulada en las películas. Antes en el cine lo que se veía eran guerras lejanas; hoy la violencia se desarrolla en lugares a los que tenemos acceso todos los días. Además es, entre comillas, injustificada. Antes con un asesinato se hacía una película policiaca; hoy a los diez minutos han matado hasta el cámara si se descuida.

Se ha convertido en algo habitual y a fuerza de repetirse en normal; Por eso piensan algunos que no es tan grave ni utilizarla ni sufrirla. Llega a confundirse lo que es la realidad con un juego. No son conscientes de donde está el límite de lo violento. Falta capacidad de crítica. Es verdad que, al mismo tiempo, se habla más que nunca de solidaridad, antirracismo, tolerancia, derechos humanos; pero muchos jóvenes los perciben como valores muy lejanos, que no pasan de ser auténticos brindis al sol.

Pero no nos engañemos, no echemos toda la culpa a la televisión. Haber sido víctima de la violencia, de abusos, abandonos y malos tratos que reflejan frialdad afectiva, es un elemento habitual en los delincuentes violentos. También aquí se produce un componente de imitación. La existencia de familias desestructuradas, el absentismo y fracaso escolar, el nivel cultural, el lugar en el que se ha vivido y la pobreza explican muchos trastornos de conducta.

Por último, hay quienes son violentos porque han hecho desde pequeños de la bronca y el enfrentamiento la forma de obtener lo que ellos quieren. Están acostumbrados a que su familia, sus amigos y la escuela cedan para evitar un conflicto. Otros son, simplemente, enfermos mentales a los que produce satisfacción liberar una tensión agresiva interna, llegando a experimentar placer con sus actos.

2.2. TOLERANCIA CON LA VIOLENCIA

Restar importancia a la violencia hace que haya personas, mayores y jóvenes que salgan a divertirse llevando armas blancas; y ante cualquier incidente, por pequeño que sea, no duden en sacarlas, con lo que el riesgo de acción-reacción se multiplica. Llevar armas es muchas veces una forma de autoafirmación.

La Asociación la Cadeneta ha hecho una encuesta y un estudio que figura como anexo sobre las razones por las que en el barrio de San Pablo los jóvenes portan armas blancas. Del estudio, que es muy completo, merecen destacarse varias cosas. La primera es que ningún encuestado reconoce directamente que lleva armas, aunque tengan que mentir. Otra es que están dispuestos a usarlas tanto en defensa como para cometer un atraco, aunque solo sea pinchando. En tercer lugar que si llevan armas es porque es muy fácil conseguirlas y llevarlas ocultas.

Un error históricamente frecuente es, dicen los psiquiatras, identificar la masculinidad con el embrutecimiento y la feminidad con la pasividad. Para algunos el pedir por las malas, el desprecio a otras personas, el amenazar, el golpear, el patalear, el destruir, el imponer por la fuerza son medios habituales para conseguir lo que se quiere.

2.3. FACTORES INDIVIDUALES

Este estudio trata de estudiar los factores sociales que influyen en la violencia; pero como complemento del mismo no podemos dejar de constatar la existencia de algunas factores individuales que con más detenimiento los trata el doctor Civeira en su estudio que figura con anexo a este informe.

No hay enfermedades sino enfermos y, científicamente hablando, puede decirse que no existe en nuestros genes, neuronas, configuración física-tamaño, nivel de testosterona o de inteligencia que predispongan a delinquir.

No existe el determinismo cerebral, lo que influye son las circunstancias en las que el individuo vive. Unas le vienen dadas y otras las asume de forma voluntaria. Citaremos algunas:

Las vivencias del sujeto violento. Son personas inseguras con poca autoestima y muy inestables que utilizando la violencia liberan una tensión agresiva interna, experimentan un sentimiento de poder sobre la víctima y obtienen beneficios secundarios como apoderarse de cosas y asumir privilegios. En una sociedad que ha difuminado los criterios de lo que esta bien y mal los jóvenes sufren más inseguridad. Se dejan influir más por la propaganda, por las modas. Ello produce sentimientos de inseguridad que produce crisis de frustración, intolerancia e insatisfacción y muchas veces agresividad y violencia.

La capacidad de adaptación a una situación. Hay que educar en que lo que garantiza el éxito no es la desaparición de situaciones problemáticas o de conflicto sino aprender a orientarlas o resolverlas, disponiendo de los mecanismos de apoyo especialmente en la infancia y la adolescencia que es cuando se establecen los cimientos y fundamentos de la conducta del adulto.

La intolerancia y la frustración. Muchos niños viven en una sociedad de la sobreabundancia, sus familiares ponen a su disposición muchas más cosas de las que necesitan. No saben por eso lo que es la frustración. El no poder conseguir algo es una experiencia necesaria en la vida, que estimula el ingenio y genera creatividad lo cual es necesario para un normal crecimiento y maduración.

El deseo de venganza. Hay niños que porque son maltratados aprovechan situaciones repentinas para saldar cuentas.

La capacidad para resolver conflictos. En muchos jóvenes se aprecia una falta de libertad personal, bien por narcisismo pensando que todo lo hacen bien; o bien porque dependen absolutamente de lo que hacen sus compañeros. Lo cual es especialmente grave porque la adolescencia es una época en la que haya que elegir entre numerosas alternativas.

El mimetismo. Todo acto violento genera violencia mediata o inmediatamente. Quien ha sufrido situaciones de violencia tiene un riesgo muy grande de convertirse en actor de esos mismos episodios.

Problemas sexuales. En muchos adolescentes la sexualidad sigue siendo un problema no resuelto de forma plenamente satisfactoria. Ello puede generar inseguridad, angustia y tensión que puede derivar hacia situaciones violentas.

2.4. CAMBIO EN LA FORMA DE EDUCACIÓN

2.4.1. El cambio

Como dice el doctor Civeira el cerebro es neuroplástico y fabrica funciones neuronales gracias a la educación, el entrenamiento y los hábitos de vida.

Hace tiempo que se ha producido un cambio en la educación. Adelantemos que no se debe a la pérdida de valores religiosos; se puede ser agnóstico y tener unas ideas morales muy fundamentadas. En algunos casos, la pérdida de según qué valores no ha sido sustituida por otros comunes a cualquier sociedad avanzada o al menos civilizada; y no es solamente la pérdida de valores morales, sino que no se fomentan otros nuevos como la satisfacción por el trabajo bien hecho, la responsabilidad, el respeto a los demás y la autodisciplina.

Pero lo más importante es que han cambiado los papeles de los educadores. Antes la educación de los niños se hacía a medias entre la escuela y su familia. Hoy en día, al trabajar normalmente los dos padres, la educación corresponde a la escuela en mucha mayor medida. Los padres como punto de referencia permanente, su dedicación y el poder compaginar al mismo tiempo el cariño con la exigencia son circunstancias que con mucha dificultad puede suplir la escuela, por muy bien que lo haga.

Hay estudios realizados en Estados Unidos de América, según los cuales los niños que pasan más de treinta horas en una guardería muestran tres veces más rasgos violentos que aquellos que pasan menos de diez horas. Insistimos, las guarderías son imprescindibles para que los padres y las madres puedan trabajar pero su papel será siempre insustituible.

2.4.2. Los centros de enseñanza

Ante la ausencia de los padres durante gran parte del día, el papel de colegios y escuelas cobra todavía más importancia. Hay que dejar bien claro que, si queremos que la escuela cumpla con su objetivo de educar, no podemos transmitir la idea de que la escuela es un lugar generador de violencia, diré más, incluso en aquellos casos en los que haya habido focos puntuales. Ni la sociedad ni los niños pueden tener ninguna duda sobre ello.

Pero pese al papel importante que le corresponde jugar a la escuela algunos expertos consideran que hay profesores no se han adaptado bien a ese papel. Consideran que su función acaba transmitiendo conocimientos y que la educación es otra cosa

2.4.3. La familia

Pero como hemos dicho el papel de la familia continua siendo insustituible. Muchos jóvenes agreden a otros por que es lo que han visto hacer en su casa. Han recibido golpes de sus padres o de sus hermanos. Han presenciado discusiones muy violentas y numerosas muestras de incapacidad para la convivencia. Asumen como normal un desorden en las relaciones familiares con falta de respeto a los progenitores.

En otros casos ha habido una historia infantil de hiperprotección, que ha hecho que los jóvenes no sepan resolver los problemas familiares educativos o sociales que se les plantean.

Otros menores han debutado en la comisión de delitos en el ámbito familiar como pequeños hurtos falsificación de notas. En otros supuestos se han iniciado en la familia conductas inconvenientes como el consumo del alcohol o la mentira patológica.

No faltan los casos de conductas violentas como síntoma de enfermedad. La más frecuente es el síndrome de falta de atención que produce una hiperactividad en los varones que les hace ser molestos, caer mal, discutir frecuentemente. En definitiva, porque nadie se ocupa de ellos se dedican a vivir en conflicto permanente, con su familia, con sus compañeros y profesores.

A algunos niños en su casa les dan todo lo que quieren. Eso hace que durante los años de la infancia no sepan lo que es la frustración y el no poder conseguir algo es, a juicio de muchos educadores, una experiencia necesaria en la vida que estimula el ingenio, genera creatividad, ayuda a organizar experiencias y es el mecanismo natural de crecimiento y maduración.

La atención, el cariño, la paciencia y la dedicación de los padres son insustituibles. Al mismo tiempo debe de haber normas claras en el ámbito familiar, lo que conlleva, como dice el Consejo de la Juventud de Aragón, un esfuerzo de negociación y dialogo. Sobretodo tiempo. Hay que rechazar tanto el modelo de familia muy autoritaria como el de la que es muy permisiva.

Pero no puede olvidarse que para la formación de un joven es más importante el ejemplo de sus padres que el consejo que puedan darle. Claro que es mucho más difícil enseñar con el ejemplo que con meras palabras.

2.4.4. La influencia de la televisión

Como hemos dicho, la fuerza de las imágenes hace que el presenciar miles de asesinatos en directo, la nula respuesta a los delitos cometidos, contemplar situaciones inapropiadas para la edad y escuchar lenguajes soeces y despreciativos se han asociado al incremento de la violencia.

La forma como se da la información, con una exaltación de los sucesos, elevando a la categoría de noticias algunas barbaridades que se filman en directo, genera a juicio de los psiquiatras falta de sensibilidad frente al dolor de la víctima, que luego se produce en frialdad al cometer los delitos.

Pero no es solo la observación de la violencia lo que produce un efecto mimético. La televisión puede servir para introducir la sociedad de consumo en sus hogares. Ante ello muchos jóvenes no saben reaccionar pretenden conseguir mucho más de lo que la sociedad y sus familias les pueden dar. Exigen a la sociedad más de lo razonable.

2.4.5. Consumo de alcohol y drogas

En la propensión a cometer algunos delitos es decisiva la situación económica general. Al mejorar, disminuyendo el paro, el consumo masivo de alcohol y drogas se han convertido en unos de los factores que más influyen en la comisión de determinados delitos.

El alcohol y los estimulantes producen un estado de euforia, desinhibición, impulsividad y visión reducida de la realidad que se asocia con graves consecuencias. Hasta un 50% de las muertes por accidentes de tráfico están mediatizadas con alcoholemias muy altas. Lo malo es que para algunos jóvenes el ocio y el alcohol van irremediablemente unidos. Se parte de una cultura muy tolerante con la bebida, porque siempre se ha tomado vino; pero ahora ha cambiado, lo que se consume frecuentemente son licores con graduación muy fuerte.

Algo se ha avanzado respecto al consumo de drogas porque, por lo menos, hoy nuestros jóvenes son en su mayoría conscientes de los riesgos que suponen; dudamos que lo sean respecto de los riesgos del alcohol que es el problema más grave. Sin embargo se está produciendo un avance en el consumo de la cocaína y de otras anfetaminas, que son especialmente peligrosos no solo porque producen una inhibición de la conducta moral ante ciertos actos violentos, sino porque anulan la capacidad de percibir el dolor de la víctima y se asocian con una serie de conductas destructivas, como es la dependencia, el síndrome de abstinencia y la marginalidad.

Según la Memoria del Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de este año ha consumido cannabis hasta el 50% de los jóvenes entre 15 y 25 años. Un 10 % reconoce haber consumido cocaína, un 12 % speed o anfetaminas y un 8% éxtasis.

Hay que tener en cuenta que las personas no se introducen en el camino de la droga dura de la noche a la mañana. Primero se empieza consumiendo cerveza, luego se pasa a bebidas de alta graduación, de ahí a los opiáceos, luego a las anfetaminas y por último a la cocaína y la heroína.

Está constatado que el alcohol tiene mucho que ver con algunos accidentes laborales y que el rendimiento escolar disminuye.

El alcohol supone la pérdida del autocontrol. Además, en algunas personas pequeñas cantidades potencian desequilibrios psíquicos que padecen, como las paranoias o la manía persecutoria. «Porque me miras o porque miras a la chica que va conmigo» es en muchos casos fuente de provocación a la riña.

La droga es todavía más peligrosa por la fuerte dependencia que crea, por la ansiedad que genera y la necesidad de buscar recursos para obtenerla. Además es fuente de contagio de enfermedades graves.

2.5. VIOLENCIA EN GRUPO

2.5.1. Las grandes concentraciones

No cabe duda de que el hombre, como los animales, necesita un espacio mínimo para desarrollar su actividad. Cuanto más pequeño es más frecuentes son los roces, las discusiones y peleas. Las grandes concentraciones suelen coincidir con lugares de diversión de fin de semana, donde el alcohol es consumido en abundancia, en un ambiente de ruido y excitación. Algunos en estos lugares intentan epatar, pavonearse. Eso exige no ceder y tratar de demostrar su superioridad en todo momento.

A estas zonas acuden personas pertenecientes a distintas clases sociales, culturales y étnicas, por lo que en algunos casos lo que se produce son fenómenos de racismo, que normalmente no se desarrollan en las actividades diarias, porque no se da esa interrelación. No hay que olvidar que en las grandes concentraciones es mayor la impunidad.

2.5.2. Grupos violentos

Hay pandillas o grupos extremistas en los que la utilización de la violencia es causa de justificación de su misma existencia. Piensan que la forma de buscar la cohesión del grupo es poniendo a prueba a sus integrantes. Así conocen con certeza quién merece formar parte del mismo y tiene posibilidades de ejercer la jefatura. Con la excusa de enfrentarse a los que piensan distinto a ellos, hacen de la violencia con otros la propia justificación su existencia.

Otros grupos sociales, por su idiosincrasia, hacen de la ley del talión una forma normal de actuar. Si alguien piensa que los ha agredido, consideran justificada la reacción por su propia mano.

Muchas veces van con armas, navajas, bastones, bates, sobre todo cuando han sido agraviados o cuando se aproximan a lugares que ellos consideran que son zonas de riesgo, por la existencia de otros grupos potencialmente rivales.

Cada vez es más frecuente el acoso a compañeros más pequeños, robos de pequeñas cantidades de dinero, amedrentando a chicos en la calle. Este fenómeno produce un miedo peculiar en las víctimas que lleva a que el agresor se sienta reforzado y la víctima sometido.

2.5.3. Violencia en el deporte

Habría que valorar en sus justos términos lo que el deporte supone. Es sólo una forma de diversión entre los que lo practican y ven. Al mismo tiempo es una forma de educar en valores positivos como la colaboración en equipo, el afán de superación, el juego limpio o el respeto a los demás. Por eso es inexplicable que en un partido entre niños de 12 años se oiga decir a un entrenador: ¡dale, que no pase! O a los padres, delante de sus hijos, insultando al arbitro o a los jugadores del equipo contrario. El deporte no es un circo romano donde se enfrentan los pueblos.

2.6. VIOLENCIA FAMILIAR

Aunque toda la violencia es reprobable, esta lo es especialmente porque somete al que la sufre a una presión permanente. Son muchos los casos conocidos que acaban de una manera trágica pero hay otros que nunca se conocerán por el miedo de las víctimas a denunciarlos. Además de la violencia ejercida sobre la mujer nos preocupa aquella en la que son víctimas los niños y las personas de edad muy avanzada, por lo indefensas que están y lo difícil de detectar que resulta.

Es frecuente el caso de la víctima que luego se convierte en agresor. En muchos casos se produce lo que se llama el síndrome de estrés post traumático que hace que una vez la conducta se ponga en marcha el nivel de sadismo pueda alcanzar niveles muy altos, conductas muy graves sin sentimiento de culpa.

2.7. LOS EXTRANJEROS

Preocupa, aunque hay que tener cuidado en no exagerar, la ejercida por ciudadanos extranjeros. Partiendo, de forma rotunda, de que no hay diferencias entre las personas por razón de su país de origen, sin embargo, hay que tener en cuenta que más de un tercio de los internos que están en los centros penitenciarios aragoneses no son nacionales. Es verdad que en su ingreso en prisión influye la especial regulación que tiene la LECrm. de la prisión preventiva, en la que prima por encima de cualquier otro factor el riesgo de fuga.

Por otra parte, estudios criminológicos serios Inmigración y delincuencia en España: Análisis criminológico, Elisa García España, Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Tirant lo Blanch 200

constatan que los extranjeros que se encuentran en situación de ilegalidad delinquen más que los legales. Esto es así porque, como dice Bernardo del Rosal Blanco, catedrático de Derecho Penal y Síndic de Greuges de Valencia, suele suceder que quien está en situación legal se abstiene de delinquir por miedo a perder los logros sociales obtenidos. La ilegalidad dificulta el trabajo en igualdad de condiciones, propicia el fraude del empresario y el chantaje del que lo sufre. Coloca a algunos, al no poder trabajar, en situación de hurto famélico.

IV. PROPUESTAS DE LA INSTITUCIÓN

1. Llamamiento a la sociedad

1.1. La sociedad y los ciudadanos que la componen no pueden permanecer impasibles ante la violencia. Mucho menos en los casos de brutalidad, de personas desvalidas o de agresión a niños. Los adultos tenemos la obligación de intervenir. Hay que reforzar la conciencia ciudadana en los casos de violencia callejera.

Una gran parte de la población está dispuesta a colaborar con las Fuerzas de Seguridad, pero hace falta que sepan que sus llamadas van a ser útiles y que se les va a tratar de molestar lo menos posible, incluso que se les va a proteger si hace falta.

1.2. Es necesario mejorar la eficacia de la Administración de Justicia. Hay que hacer un esfuerzo por rentabilizar sus recursos, descartando desde su inicio ciertos asuntos que o no son competencia de la jurisdicción penal o no tienen ninguna posibilidad de prosperar, evitando demoras y procurando acuerdos.

En especial, se ha de dotar de los medios personales y materiales necesarios a las Fiscalías de Menores en atención al importante papel que con la nueva legislación penal del menor han asumido.

Al mismo tiempo hay que tener en cuenta en mayor medida a la víctima y tratarla mejor. Al acusado hay que darle garantías y a la víctima protección para denunciar, para asistir al juicio con libertad y procurando que cobre la indemnización. Las garantías y la protección no basta con que sean formales han de ser reales.

1.3. Hay que apelar a los intelectuales y personas con prestigio, como referentes de una sociedad, a que se comprometan contundentemente contra la violencia. Todas las Instituciones, públicas o privadas, deben de actuar así, sin tibieza y sin desmayo.

1.4. Hay que hacer un llamamiento a los medios de comunicación social, en especial a la televisión por la fuerza que tienen las imágenes, para que en su programación eviten programas sin otro contenido que el uso indiscriminado de la violencia, el maltrato de mujeres, niños o determinados grupos sociales. Los padres tienen que enseñar a sus hijos a ver la televisión con sentido crítico, limitar las horas que pasan ante ella enseñándoles que es necesario hacer otras cosas, entre ellas el juego, para lograr un desarrollo armónico de la personalidad.

Desde luego en forma alguna hay que acudir a la censura. En algunos casos puede haber, la hay en muchos, autolimitación, asumida de forma voluntaria por los profesionales y responsables de los medios, excluyendo según qué zonas de la legítima competencia en la búsqueda de la noticia. Pero esta no es una tarea fácil, por eso los expertos ponderan la conveniencia de enseñar a las familias a ver la televisión, buscando un espíritu crítico que muchos jóvenes nunca han tenido.

2. Incidir en la educación

2.1. EDUCACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR

2.1.1. La influencia de la familia en las conductas antisociales de los jóvenes es determinante, en sentido positivo y negativo: el apoyo familiar puede ayudar al menor a afrontar sus problemas y superar la situación; pero los problemas familiares, la falta de atención paterna o la educación recibida fomentan con frecuencia los comportamientos violentos.

De ciertas conductas violentas de sus hijos muchas veces los padres son conscientes, las toleran o al menos hacen la vista gorda, asumiendo una responsabilidad moral y jurídica por acción u omisión, ya que la Ley les encomienda la obligación de educar, vigilar y ser garantes de sus hijos. Lo mismo sucede con compañeros o amigos que miran hacia otro lado, en lugar de manifestar rechazo o alejamiento. Igual podría decirse de algunos enseñantes.

2.1.2. Algunos menores han debutado en la comisión de delitos en el propio ámbito familiar, con pequeños hurtos, falsificación de notas. En otros supuestos se han iniciado en la familia conductas inconvenientes como el consumo de alcohol o la mentira patológica. Los padres deben asumir su papel dedicando más tiempo a educar a los hijos. Al mismo tiempo debe haber normas claras en el ámbito familiar, lo que conlleva un esfuerzo de negociación y dialogo. No puede olvidarse que para la formación de un joven es más importante el ejemplo de sus padres que el consejo que puedan darle.

2.1.3. La familia ha de ser escuela de convivencia, ha de regirse por unas normas que serán fruto del diálogo pero que, en último término, se imponen por la autoridad de los padres. En la familia el niño ha de aprender que no es posible la satisfacción inmediata de todos sus deseos. Un niño educado en la ausencia de límites no sabrá afrontar las frustraciones que, necesariamente, está llamado a vivir y, en el peor de los casos, su reacción será la de acudir a la violencia.

El profesor de la Universidad Complutense Aquilino Polaino expone como, a partir de la segunda guerra mundial, nadie quiere ser autoridad de nada, por eso no se toman decisiones y se gobierna anónimamente, colectivamente o a través de lo que llama la reunionitis. Traducido al ámbito familiar hace que los hijos, apoyándose en su independencia, nieguen la autoridad de sus progenitores y, al mismo tiempo, los padres tienen miedo a causar un trauma a su hijo si lo corrigen o riñen. Por eso crecen sin limites y conducen su vida por los parámetros me gusta o no me gusta. ¿Cómo actuar ante eso?, se pregunta. Los padres deben asumir su papel dedicando más tiempo a educar a los hijos.

2.1.4. Se considera del mayor interés facilitar a las familias una suficiente información sobre los riesgos de la etapa infantil que abarca desde los 5 a los 10 años de edad, fase decisiva en la formación de los menores al desarrollar durante ella, fundamentalmente, su capacidad de imitación.

2.1.5. Es preciso que se fomente entre las familias el conocimiento de la enorme potencialidad de determinados medios informáticos al alcance de los jóvenes. Internet es un instrumento de trabajo y comunicación que va a resultar imprescindible en la escuela y en la familia. Pero los padres han de ser conscientes de sus riesgos: sin el control de los padres, un niño puede acceder sin ninguna dificultad a contenidos inadecuados para su edad (violencia, pornografía.

2.2. INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR

2.2.1. Medidas preventivas que se están desarrollando en la actualidad

De conformidad con la información remitida por el Director del Servicio Provincial de Educación y Ciencia de Teruel, en su territorio competencial se llevan a cabo medidas preventivas centradas en las siguientes actuaciones:

- Seguimiento del Plan de acción Tutorial.

- Educación en valores.

- Entrevistas individualizadas con alumnos.

- Diálogo con las familias tratando de lograr compromisos de intervención.

- Colaboración del profesorado para trabajar en el aula las normas de convivencia.

- Reparto equitativo de alumnos conflictivos.

- Aplicación de normas consensuadas por alumno.

- Desarrollo de temas transversales de Educación para la Paz, Tolerancia, Formación para la Convivencia, Adquisición de valores democráticos, ...

- Aplicación del Reglamento de Régimen Interior.

- Investigación en profundidad de cada caso conflictivo.

- Detección de causas desencadenantes de actos violentos.

- Intervención de Equipos de Orientación Educativa.

Existen algunos centros en la Provincia de Teruel que están experimentando el «Plan para la convivencia» cuya aplicación requiere profesorado suficiente y preparado para trabajar con el alumnado estos temas. Mas, pese a todas estas actuaciones, las cifras revelan que el problema de la conflictividad escolar sigue en aumento.

El Director del correspondiente Servicio Provincial de Huesca apunta la necesidad progresiva de dar relevancia a la Comisión de Convivencia del Consejo desde un carácter preventivo y no sólo correctivo; y en cuanto a las actuaciones preventivas en Centros de Secundaria que se desarrollan a fin de sensibilizar particularmente al alumnado y a la sociedad en general sobre esta problemática, señala la recepción del alumnado y explicación de las normas de convivencia del centro, concreciones en el Plan de Acción Tutorial y entrevistas con los alumnos y/o con los padres de los alumnos por parte de la dirección del Centro, Jefaturas de estudios, departamento de orientación y tutores.

En la provincia de Zaragoza, según nos informan desde el Servicio Provincial, los centros de Educación Primaria y Secundaria también están desarrollando, con carácter general, las siguientes actuaciones preventivas:

- Revisión de las propuestas de contenidos a tratar durante la acción tutorial con alumnos.

- Elaboración y puesta en marcha de Planes específicos para la convivencia.

- Puesta al día de las normas de convivencia recogidas en el Reglamento de Régimen Interior (Proyecto Educativo) y difusión de las mismas entre la comunidad educativa.

- Organización de «tutorías específicas» para alumnos con problemas de convivencia o de absentismo escolar y para sus familias.

- Puesta en funcionamiento de Comisiones de Convivencia que, por delegación del Consejo Escolar, realizan la supervisión de este tema y abordan el tratamiento inmediato de los problemas surgidos.

- Mejora de los mecanismos de atención a los alumnos en los momentos en que no están con su profesor de referencia.

- Desarrollo y aplicación de Programas de habilidades sociales a determinados grupos de alumnos.

- Trabajo coordinado del centro con Comisiones zonales de «Absentismo Escolar» y con los Servicios Sociales.

- Trabajo colaborativo con las familias de los alumnos que protagonizan los incidentes violentos.

Además de estas actuaciones, en los niveles de EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA se están adoptando también las siguientes medidas de carácter preventivo:

• Elaboración del Plan de Atención a la Diversidad que recoge las medidas y actuaciones de compensación educativa que se van a desarrollar en el centro (Programación General Anual).

• Puesta en funcionamiento en los IES de «Unidades de intervención educativa específica» para atender a los alumnos que presentan mayores necesidades educativas y que generan los mayores problemas de convivencia.

• Elaboración, en colaboración con los Centros de Profesores y Recursos, de programas preventivos de actuaciones racistas o xenófobas.

• Organización de una atractiva oferta de actividades deportivas a desarrollar durante los tiempos de recreo.

Con objeto de prevenir conductas agresivas, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y el Instituto Aragonés de la Mujer vienen trabajando desde hace tiempo, tratando de fomentar comportamientos igualitarios en el ámbito educativo, basados en la no violencia y en la no discriminación. Opinan que es su deber moral, social y profesional conseguir una cultura de la paz y que este cambio cultural es posible con el aprendizaje en la familia, en la escuela y en la vida social.

El programa educativo de actitudes y valores socioafectivos para prevenir comportamientos violentos en el ámbito social y familiar, denominado «Programa Valor», presenta como ámbitos de actuación tanto la familia como la escuela por entender que la prevención y la educación integradora y positiva corresponde a toda la comunidad educativa, es decir, a padres, madres, alumnado, enseñantes, profesionales de la educación e instituciones oficiales.

Este programa, que se lleva a cabo en centro públicos y concertados de la Comunidad Autónoma Aragonesa, tanto en el ámbito rural cono en el urbano, trabaja en torno a cuatro ejes de contenido: El comportamiento agresivo; la autoestima; los roles y la educación sexista; y los medios de comunicación. Sus acciones se estructuran en torno a la toma de contacto con el centro escolar, a través del profesorado y de las APA; en la aplicación del programa en el aula; en la implicación de las personas adultas que conforman el ámbito familiar de los alumnos; y en efectuar la valoración y evaluación del programa, cuyos resultados, que estiman muy satisfactorios, se han plasmado en una guía y un manual para orientar la practica educativa con pautas y estrategias educativas de prevención; una manera, un método para trabajar los comportamientos agresivos.

2.2.2. Propuestas de actuación en centros docentes

Desde el punto de vista legislativo, ante el incremento de la conflictividad en las aulas, el sindicato de profesores ANPE propone una reforma del Real Decreto 732/1995, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros, y de otros preceptos similares promulgados por algunas Comunidades Autónomas, dado que su aplicación en muchos casos ve reducida la eficacia psicológica de la corrección debido a la lentitud del proceso sancionador, que hace además inviable la corrección de faltas cometidas en los últimos meses de cada curso, habida cuenta de que al teminar el curso escolar prescriben todas las sanciones. Por otra parte, ANPE señala que las correcciones previstas en la legislación vigente no producen los efectos deseados, pues muchos alumnos terminan acostumbrándose a las amonestaciones y comparecencias ante el Jefe de Estudios; la privación del derecho de asistencia se convierte en un periodo de vacaciones para los alumnos sancionados, salvo en los escasos supuestos en que los padres colaboran; y el cambio de grupo o centro, desde un punto de vista pedagógico, impide el preceptivo proceso de evaluación continua.

Este sindicato ANPE considera además que el articulado del citado R.D. realiza una excesiva ponderación de los derechos en detrimento de los deberes. En este sentido, detecta que la sociedad actual promueve en el individuo la capacidad de exigencia de sus derechos, sin fomentar un mismo nivel de exigencia para el cumplimiento de deberes y obligaciones, lo que con frecuencia lleva a malinterpretar una corrección de conducta como una agresión a los derechos del alumno sancionado. En opinión de la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, CEAPA, los padres no están en contra de que se impongan sanciones a los escolares, pero piensan que sólo deben aplicarse cuando ya no existan otro tipo de medidas, entre las que señala que, en caso de conflicto, interceda un mediador capaz de favorecer el consenso. La CEAPA estima que con medidas tales como cambio de grupo o de centro no se ataja el problema, sino que simplemente se traslada el conflicto.

En el informe remitido a esta Institución por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía se sintetizan los aspectos que consideran más reseñables en relación con la problemática que nos ocupa y tras analizar la situación, formulan las siguientes propuestas de intervención en centros docentes:

1. Primar las medidas educativas y preventivas sobre las sancionadoras. Consideran que prácticamente no se toman las medidas necesarias en el momento en que se empiezan a detectar los primeros problemas. Cuando se interviene generalmente ya es tarde. Los centros educativos se ven muy limitados en la adopción de medidas correctoras por cuanto no se consideran suficientemente respaldados por la administración educativa y por las familias. Aprecian que, sobre todo en Educación Secundaria, no hay un compromiso claro de anticiparse a los problemas y una mayor implicación del profesorado. Tan sólo se toman medidas sancionadoras.

2. Establecer programas de formación inicial y permanente del profesorado en técnicas de resolución de problemas, de escucha asertiva, de psicología de la infancia y adolescencia, en dinámica de grupos, etc.

Precisamente por la relevancia que tiene la Convivencia en los Centros Escolares, como factor de calidad, fue éste el tema elegido para ser tratado en los duodécimos Encuentros entre Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, celebrados en mayo de 2001 en Santiago de Compostela, en los que participó el Consejo Escolar de Aragón. Si bien es cierto que tras su participación el Presidente del Consejo aragonés manifestaba que el nivel de violencia no es alarmante ni alcanza los niveles de otros países de nuestro entorno, el Documento de Síntesis de estos Encuentros hace continua referencia al tema objeto de este informe en el ámbito escolar. En el mismo, se muestra la percepción de la situación por parte de estos órganos colectivos de gobierno y se concretan propuestas conducentes a la mejora de la convivencia en los centros educativos, tanto en relación con los diferentes estamentos de la comunidad escolar -profesorado, familias, alumnado,...- como con los órganos colegiados de gobierno, Dirección, Administraciones educativas, etc. Estas propuestas se centran en fomentar una visión positiva sobre la convivencia y sobre la disciplina, promover la resolución de conflictos a través del diálogo y con criterios pedagógicos, coordinar el tratamiento de los temas transversales a fin de mejorar el aprendizaje de actitudes y valores, e incrementar la participación del alumnado. Estimo interesante reproducir las consideraciones mediante las cuales se formulan tales propuestas de actuación:

«Con independencia de que el conflicto es algo normal en toda sociedad libre y democrática, es preciso tener en cuenta que el sistema escolar ha sido siempre y es por su naturaleza misma conflictivo y genera por sí mismo un elevado nivel de presión, imposición y violencia simbólica sobre la población escolar: asistencia obligatoria (cada vez más prolongada), cumplimiento obligado de tareas, convivencia forzada con los colegas no elegidos por uno, aceptación obligatoria de normas y condiciones de funcionamiento, autoridad y decisiones de los adultos, no siempre suficientemente consensuadas, etc. Nada tiene de extraño que el sistema escolar suscite reacciones cada vez más adversas en generaciones de jóvenes, pertenecientes a una sociedad que, por otra parte, es cada vez más permisiva y laxa en el nivel de sus exigencias con respecto a las generaciones jóvenes.

Hay que ir a una visión amplia y positiva sobre la convivencia y aún sobre la disciplina, que las sitúe en el marco de la calidad de los procesos educativos y en la búsqueda de la armonía de las relaciones entre las personas y entre las instituciones y sectores de la comunidad escolar. No parece adecuado a la realidad que los problemas de convivencia en los centros se presenten sólo en términos de conflicto y de violencia; esto proyecta sobre ellos una fuerte carga de consideración negativa, que lleva como consecuencia a reclamar medidas eminentemente punitivas y de control.

Ante un conflicto que afecte a la convivencia en un centro, se deben agotar todas las posibilidades para resolverlo con criterios pedagógicos en el marco más próximo a donde ha surgido, con los recursos humanos y los servicios existentes en el centro. Además, es importante convertir siempre los conflictos en una ocasión para aprender a convivir.

Las encuestas revelan que todos los sectores de la comunidad escolar aprecian como altamente positivo el empleo del diálogo como medio para resolver las situaciones conflictivas. Se estima positivo su tratamiento directo y detallado con las personas implicadas: profesores, estudiantes, y también familias, y que solamente en casos excepcionales pase el asunto al consejo escolar o a la comisión de disciplina.

El carácter transversal de la educación en valores exige un especial cuidado de previsión y una coordinación entre los profesores que pasan por el aula o la etapa para que todos incorporen en esos ámbitos las relaciones basadas en el respeto a las personas, así como los derechos humanos de libertad, justicia, tolerancia activa, no discriminación por razón de género, etnia, religión, lengua, el interculturalismo, la solidaridad, especialmente con los más débiles... No sólo como objeto de conocimiento teórico sino también como aprendizaje de actitudes y de comportamientos tolerantes y solidarios.

A convivir se aprende conviviendo y, por tanto, en los centros escolares tiene especial trascendencia todo lo que regula la convivencia: los derechos y deberes de sus componentes, las normas de convivencia, los sistemas de resolución de conflictos, los mecanismos de participación en la toma de decisiones, el reparto de poderes y responsabilidades, las posibilidades de asociación, el funcionamiento de los órganos colegiados, los criterios de distribución y utilización de tiempos y espacios... No debe olvidarse un ningún caso que la experiencia confirma que, a medida que aumenta la participación del alumnado, disminuye la conflictividad.

La falta de motivación en un sector del alumnado con respecto a los objetivos formativos del sistema escolar aparece como determinante de situaciones conflictivas. Aunque el problema trasciende las posibilidades de acción de la escuela y depende también de múltiples factores familiares, sociales y políticos, el sistema escolar, operando sobre todo en el interior del aula, y a través de los resortes del trato personal y de una diversificada acción didáctica, puede conseguir mucho en este campo».

Por su parte, el Dr. Civeira señala en su informe la necesidad de incluir desde el inicio de la formación académica programas de prevención de la violencia, apoyo a los profesores para un mejor manejo de las dinámicas que se generan en el aula, mecanismos de colaboración con los padres, formas de participación y fundamentalmente la búsqueda de soluciones no violentas ante los problemas. Estima que se deben potenciar «criterios de autoridad en los profesores, supervisión de las actividades entre iguales, adecuada corrección ante abusos entre iguales y un ambiente de participación con mecanismos para evitar la violencia»». Entre los recursos para fomentar conductas prosociales en los alumnos, apunta hacia el desarrollo de una figura nueva entre el tutor, el profesor y los equipos de dirección escolar, que son los mediadores escolares.

Un logro muy positivo del nuevo sistema educativo ha sido la extensión de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años. Sin embargo, este mismo hecho ha sido también fuente de un notable incremento de la conflictividad en las aulas al no haberse desarrollado paralelamente medidas de atención a la diversidad que incidieran en aquellos alumnos con problemas de aprendizaje -ya sea por ausencia total de interés o por falta de capacidad-, actuaciones que en muchos casos se aplican tarde, tal como manifiesta el Dr. Civeira en su informe. Un reciente estudio sobre conflictos en las aulas de ESO promovido por el sindicato CC.OO. establece como causas generadoras de estas situaciones conflictivas, entre otras, la indisciplina -derivada de la permanencia, por prescripción legal, de alumnos sin ningún interés por el estudio en el sistema educativo- y el bajo rendimiento de alumnos que, sin haber alcanzado unos conocimientos instrumentales mínimos, promocionan por edad, situación que origina problemas al profesorado y repercute en el conjunto de la clase.

En el precitado estudio del sindicato CC.OO. se considera la educación en valores y actitudes como una de las estrategias claves para la solución pacífica de los conflictos y como un instrumento de prevención de la violencia, siendo los centros educativos el marco que, en su opinión, más posibilidades y potencial ofrece en este sentido, ya que constituyen un ámbito privilegiado para realizar actuaciones preventivas. Para mejorar la convivencia y fomentar la resolución no violenta de situaciones conflictivas, el informe señala tres ámbitos de actuación centrados en el alumnado, el profesorado y el equipo directivo.

En relación con el alumnado el informe propone en primer lugar que éstos adquieran unos mínimos de instrucción, ya que es imprescindible una cierta competencia instrumental para lograr que lleguen a entender las actividades que se propongan, y se señala además para el alumnado la necesidad de un aprendizaje de normas de convivencia en el aula y en el centro; desarrollo de habilidades sociales y de valores democráticos tales como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad; trabajar actitudes cooperativas que fomenten la ayuda mutua, la disminución del egocentrismo, la participación en problemas comunes, etc. Con respecto al profesorado, el núcleo de trabajo se centra en su formación, tanto para la elaboración de normas y aplicación de sanciones, como en estrategias de resolución de conflictos. Las actuaciones del equipo directivo las sintetiza el informe de CC.OO. en tres puntos: 1) Fomentar el consenso democrático en el claustro y el Consejo Escolar de unas normas mínimas que garanticen la convivencia en el centro, vigilando el cumplimiento de tales acuerdos y concretando las sanciones a su vulneración. 2) Promover la diversificación curricular, con el personal necesario, para alcanzar los necesarios mínimos instrumentales y ético-cívicos. 3) Coordinar las acciones del profesorado y las relaciones con los padres, con el servicio de inspección y con otros agentes de apoyo externos al centro como pueden ser los servicios sociales y organizaciones comunitarias.

Como se puede apreciar, algunas de estas medidas ya se están desarrollando, aun cuando se detecta la necesidad de intensificarlas y diseñar otras más eficaces. En este sentido, el informe del Servicio Provincial de Zaragoza aporta las siguientes posibles medidas a desarrollar en el futuro:

«- Elaborar políticas institucionales globales, no sólo educativas, que propicien el desarrollo de los valores cívicos en la sociedad actual y prevengan la violencia juvenil.

- Elaborar y desarrollar planes de actuación en los que intervengan, de forma coordinada y conjunta, los Ayuntamientos y la Administración educativa para prevenir el absentismo escolar y favorecer la integración escolar del alumnado de medios desfavorecidos.

- Continuar priorizando por parte de la Administración educativa que los centros docentes aborden desde sus propuestas educativas y curriculares el tratamiento de la mejora de la convivencia escolar. Facilitar a los centros modelos de propuestas de actuación, materiales pedagógicos y proporcionar al profesorado formación para acometer esa tarea.

- Institucionalizar las medidas de atención a la diversidad de los alumnos de la ESO, especialmente a aquellos que presentan problemáticas graves socio-familiares.

- Potenciar la acción tutorial con alumnos -grupal e individual- y con sus familias.

- Potenciar el desarrollo de Programas de habilidades sociales entre los grupos de alumnos que los necesitan.

- Revisar el precitado Real Decreto 732/1995 con objeto de permitir una mayor autonomía a los centros y una respuesta más inmediata a las situaciones contra la convivencia que se producen e institucionalizar el funcionamiento de las Comisiones de Convivencia de centro.

- Formar al profesorado en competencias para resolver adecuadamente los conflictos con adolescentes.

- Mejorar la atención a los alumnos durante el tiempo del servicio de comedor escolar en los centros que escolarizan alumnos de medios desfavorecidos, inmigrantes o minorías étnicas.

- Dotar a ese tipo de centros de trabajadores sociales que se responsabilicen de la coordinación con las familias de los alumnos.»

A través del desarrollo en los centros docentes de estos programas de intervención se pretende conseguir que los escolares interioricen pautas de conducta no violentas y desarrollen hábitos de resolución de conflictos por la vía del diálogo y la tolerancia, si bien es cierto que, tal como pone de manifiesto la administración educativa aragonesa en su informe, «la violencia juvenil no puede considerarse una cuestión exclusivamente escolar ni puede solucionarse sólo desde los centros docentes».

2.2.3. Propuestas del sector educativo a la sociedad en general

En primer lugar, es importante destacar que desde los Servicios Provinciales de Educación y Ciencia de la Diputación General de Aragón se considera necesario el establecimiento de mecanismos interinstitucionales para el trabajo con las familias de los alumnos que presentan problemáticas graves de integración escolar. En este mismo sentido, incidiendo en la necesaria colaboración entre los diferentes organismos e instituciones implicadas en el problema, el Dr. Civeira afirma que los educadores deberían disponer de informes de equipos locales, de observatorios sobre la violencia en la ciudad, en el barrio, etc. que les ayuden a intervenir de forma práctica y eficaz sobre los sujetos de riesgo, entre los que señala explícitamente a niños con problemas de convivencia familiar. Asimismo, indica que la intervención de los «servicios de menores» debería contar con asesoramiento sanitario.

La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía estima que los Servicios Educativos son los más idóneos para detectar a tiempo cualquier problemática relacionada con la agresividad ya que los Servicios Asistenciales, dependientes del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales y de los Ayuntamientos, son claramente insuficientes y, además, están muy burocratizados. En su informe, afirman que es muy difícil cambiar ciertas actitudes (agresividad física y/o verbal, escasa higiene, poca puntualidad, nulo respeto al resto de los compañeros, profesores o instalaciones,...) sin una colaboración efectiva desde la familia. Sin embargo han constatado que los padres de los alumnos y alumnas que presentan conductas más agresivas son los que menos colaboran con los centros. Por ello, como líneas de actuación dirigidas a toda la sociedad apuntan las siguientes:

1. Nuestra Comunidad Autónoma debería hacer una apuesta real por la prevención. Para ello habría que disponer de un equipo mucho más numeroso de educadores familiares, con una sólida formación y horarios flexibles, que interviniera directamente con las familias personándose en los domicilios para comprometer a los padres y madres en las medidas educativas pertinentes.

2. Coordinar las actuaciones de los Servicios Educativos, Sanitarios y Asistenciales. Se deberían establecer programas concretos de coordinación con unos tiempos y espacios delimitados, unificando protocolos de intervención y fórmulas rápidas de intercambio de información. No obstante lo cual, consideran que los Servicios Educativos son los más adecuados para iniciar cualquier programa preventivo (que se podría encauzar a través de los Servicios de Orientación) dado que son los más efectivos para detectar cualquier incidencia que afecte a los niños o adolescentes debido a que toda la población infantil está escolarizada.

El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, en las relaciones que mantiene con entidades, asociaciones, representantes sindicales, padres, profesores y alumnos, percibe la gran preocupación que en todos los sectores de la comunidad educativa suscita el hecho de que sea la escuela en todos sus niveles el lugar donde se ponen de manifiesto los conflictos que protagonizan los jóvenes, lo que no resulta extraño, dado que es allí donde los individuos se agrupan por primera vez y donde a los grupos se les exige el cumplimiento de unas normas que hagan posible la convivencia y el aprovechamiento de los servicios educativos que se les ofrecen. Desde este Consejo Social también se destaca la importancia de adoptar medidas de cara a una mayor implicación de las familias, tal como expone la Presidenta del mismo en los siguientes términos:

«Al igual que ha sucedido en otros ámbitos de la sociedad en los últimos veinte años, la escuela española acusa fuertemente los cambios producidos en la misma; la incidencia del paro en las familias, los hogares desestructurados, la presencia positiva pero problemática de distintas etnias y la creciente inmigración han modificado sustancialmente no sólo las necesidades del sistema educativo, sino de sus componentes, mostrando carencias cuya corrección se hace indispensable.

Con mucha frecuencia los padres acuden a la escuela para que ésta controle los comportamientos negativos de los hijos, que ellos mismos no pueden controlar, sobre todo cuando los chicos entran en la adolescencia. Los mismos padres no analizan en profundidad que el origen de muchas de las actitudes que afloran en la escuela a partir de los seis años, tienen su origen en el entorno familiar; nadie les ha concienciado en el sentido de sus responsabilidades de que muchas de las posibilidades de la socialización del niño se consolidan entre los dos y los seis años. Por ello son tan importantes las actuaciones con padres -padre y madre, no sólo ésta última- y, sobre todo, con padres jóvenes, que desconocen que el niño necesita desde muy pequeño un referente de autoridad que le haga entender que va a vivir en un mundo organizado para la convivencia entre los individuos y, por lo tanto, regido por normas convencionales.»

El ya mencionado Documento de Síntesis de los Encuentros de Consejos Escolares, además de las actuaciones a desarrollar en centros docentes que se han citado con anterioridad, propone también la adopción de otras medidas de carácter más general para el tratamiento de situaciones conflictivas que, por su interés, se transcriben a continuación:

«La convivencia en los centros supone, en parte, un reflejo de la convivencia en la sociedad, con las contradicciones y problemas que se observan en la misma. Por ello, no resulta fácil aplicar soluciones definitivas para abordar la problemática de la convivencia en los centros educativos si en la sociedad en la que está inmersa la escuela se adoptan posiciones de agresividad y violencia, sea en el aspecto físico o en el psicológico, que inciden de manera directa o indirecta en los actores presentes en el ámbito educativo. La mejora de la convivencia en los centros educativos debe enmarcarse dentro de la necesaria mejora en las relaciones existentes entre las diversas personas, grupos e instituciones que conforman la sociedad.

La creciente importancia que se da, no sólo en los medios de comunicación social sino también por parte de los poderes públicos y de la misma comunidad escolar, a los temas relacionados con la convivencia (violencia en las escuelas, problemas de orden y disciplina, hábitos poco facilitadores de las relaciones entre los distintos sectores de la comunidad escolar, etc.), no se ha correspondido hasta ahora con una política positiva de iniciativas innovadoras y de acciones que den respuesta a los referidos problemas. Malo sería encomendarlo todo a un proyecto de endurecimiento de las medidas disciplinares y punitivas, que luego, a la hora de la verdad, nadie llega de hecho a aplicar de todo, quizás porque acaba faltando convencimiento acerca de su eficacia.

Los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como en el ámbito de las diferentes Comunidades Autónomas, viene ocupándose cada vez con más frecuencia de las acciones violentas que ocurren en el entorno escolar. Lejos de tratar el problema en profundidad, algunos de estos medios buscan causar impacto y producen en la mayoría de los casos una alarma innecesaria que impide analizar el problema desde un óptica educativa y social adecuada. Debería exigirse mayor rigor a los medios de comunicación social, especialmente a los de titularidad pública, en el cumplimiento de los acuerdos firmados para la protección de la infancia, evitando aquellos programas que promuevan contravalores y que propicien comportamientos antisociales. Es necesario, por último, desarrollar en los medios de comunicación campañas institucionales para que se valore la función educativa del profesorado.

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos. El abordarlos y resolverlos con serenidad, con razonamiento, con implicación cooperante de los afectados, conduce a su transformación en oportunidades para madurar y crecer.

Es necesario incorporar nuevos profesionales al elenco de personas que trabajan en la escuela o en conexión con las escuelas. La violencia, en efecto, no es un problema escolar sino que surge como consecuencia de muchos factores, algunos de ellos ajenos a la escuela (las familias, los grupos de amigos, el propio clima que se respira en el medio social, etc.) Es preciso, por ello, integrar la actuación formadora de los profesores en un marco más global en el que se trate de abordar no sólo la educación de los sujetos sino su adaptación social más general. Para ello será precisa la presencia de trabajadores/as sociales y/o educadores/as sociales que prolonguen la atención hasta las familias y el medio ambiente; personal sanitario (de enfermería o medicina) que atienda problemas relacionados con la salud. A veces (en situaciones más complicadas) puede ser conveniente trabajar en estrecha colaboración con la policía local y con las autoridades locales en general. Está dando buen resultado en países de nuestro entorno la presencia de chicos jóvenes en los colegios para ejercer, desde una posición más próxima y horizontal con los alumnos, un cierto tipo de apoyo y supervisión en las situaciones conflictivas. Los profesionales de quienes hablamos podrían asumir, entre otras funciones, la de mediador, capaz de actuar al margen de presiones específicas de los sectores implicados en los conflictos, con intervención asimismo en los factores externos al centro que afecten a la convivencia.

Es preciso tratar de implicar y potenciar más la participación de padres y madres de forma organizada en la elaboración de los reglamentos normativos y en la resolución satisfactoria de situaciones conflictivas. A unas familias plenamente implicadas en las tareas de planificación y gobierno de los centros se les haría normal una mayor operatividad en la resolución de situaciones conflictivas y en general en las situaciones de orden interno y convivencia. Sería conveniente potenciar la escuela de padres y campañas de concienciación, incidiendo en la importancia de estructurar la gran cantidad de información confusa que puede llegar a los adolescentes (Internet, TV, carteles, etc.).

Tampoco ayudan a un buen clima convivencial las actitudes exclusivamente permisivas y comprensivas. Desde las actitudes de autoridad y al mismo tiempo de comprensión, es decir, haciendo combinación de autoridad y afecto, los niños y niñas aprenden a descubrir los límites y las relaciones con los demás desde el respeto y la igualdad.

El maltrato entre iguales deberá ser deslegitimado siempre. Cuando se detecte un caso concreto habrá que abordarlo con inmediatez, para reparar el daño causado a la víctima, a los testigos y el deterioro que experimenta el propio agresor. Y para restaurar el clima de convivencia dañado.»

2.2.4. Propuestas de la Institución

Además de valorar positivamente las propuestas que hemos citado presentamos las de esta Institución:

1. La intervención educativa dirigida a tratar de prevenir la violencia en los centros docentes y evitar la conflictividad debe incluir necesariamente una adecuada formación del profesorado con la finalidad de que adquiera destrezas que le permitan asumir este nuevo cometido y ejercerlo con seguridad. Si bien es cierto que muchos docentes no se sienten preparados para las situaciones de agresividad y violencia que surgen en los centros escolares y reclaman nuevos recursos y estrategias didácticas para afrontarlas, es evidente que los conflictos originados fuera del aula no los podrá solucionar exclusivamente el profesorado, por lo que no es suficiente una adecuada preparación del mismo, sino que en muchos casos será precisa la intervención de otros profesionales que trabajen en un contexto más generalizado.

2. Al mismo tiempo hay que tener programas escolares de prevención de la violencia, apoyo a los profesores dotándoles de medios para un mejor manejo de las dinámicas que se generan en el aula, mejorar los mecanismos de colaboración con los padres y educar en la solución pacífica de los conflictos. Otras posibles medidas (Civeira):

- Los educadores necesitan anualmente informes de equipos locales, de observatorios de violencia en la ciudad en el barrio que ayuden a intervenir de forma eficaz sobre los sujetos de riesgo.

- La intervención de servicios de menores, especialmente cuando estos tienen menos de 14 años, debe de contar con asesoramieto multidisciplinar incluyendo el sanitario, descartando raíces psicopatológicas de inadaptación y coordinado las múltiples agencias dedicadas a la infancia.

- Hay que educar propiciando un clima activo de rechazo a la violencia y promoción de los mecanismos de tolerancia ante la frustración, de resolución de problemas, de manejo de la impulsividad y en definitiva de fomentar la convivencia.

¿Por qué no fomentar la cultura del acuerdo o del pactismo algo tan típico de Aragón?

3. Se considera conveniente actuar en las primeras etapas del niño en la escuela, y muy especialmente en Primaria, que abarca el tramo de edad de riesgo. Las conductas y hábitos ya adquiridos por alumnos de Secundaria, hacen que las sanciones que se imponen en este nivel no cumplan con su finalidad de corrección de determinados tipos de comportamiento, con la consiguiente reiteración, por parte de los mismos alumnos, de conductas perjudiciales para la convivencia.

4. Al menos en algunos centros habría que comenzar aumentando en ellos la sensación de disciplina, respeto y tolerancia. Sin pasarse, y desde luego sin caer en excesos, pero tampoco en el principio del péndulo, hay que afirmar que la escuela en cuanto supone un lugar de ensayo de la futura convivencia social debe de imponer respeto a ciertas normas.

5. Hay que reforzar la autoridad del enseñante. Una cosa es mayor control y exigirles responsabilidad si actúan indebidamente y otra es no apoyarlos en su labor ordinaria, aunque en algunos casos no se compartan todos sus criterios. Deben de tener medios para imponer sus decisiones. Hay reacciones de indisciplina que requieren una respuesta inmediata, bien entendido que siempre dentro de los limites constitucionales. No puede ser que un expediente disciplinario a un alumno tarde en tramitarse dos años, como si fuera un juicio. La resolución debe de ser rápida, aunque luego pueda someterse a revisión.

Probablemente el sistema de sanciones habría que modificarlo. Tengo serias dudas de que la expulsión sea un sistema eficaz. Al chico se le envía a casa pero como está solo lo único que hace es ver más televisión o cosas peores. A lo mejor había que hacer todo lo contrario, que estuviera más horas estudiando en el colegio. Claro que eso requiere algún sacrificio de los profesores.

6. Los centros docentes han de establecer mecanismos para detectar el maltrato entre iguales a fin de poder actuar contra él, ya que es un hecho que trasciende la conducta individual, así como elaborar estrategias que impliquen a todos los sectores afectados en una mejora de la convivencia, profundizando en la educación en sentimientos y valores, potenciando medidas de integración escolar mediante la aplicación de métodos participativos y cooperativos, reforzando planes de educación compensatoria y prestando una adecuada atención a los alumnos con más riesgo o implicados directamente en casos de violencia.

7. Habría que replantearse la situación de aquellos chicos entre los catorce y dieciséis años que se convierten en objetores de la educación, porque no quieren estudiar y forman parte de lo que se denomina conductas disruptivas. Quizás deberían de acudir a otros centros o estudios que suscitaran su interés. Hay que controlar el absentismo escolar, más frecuente en algunos grupos sociales.

8. En cuanto a las familias, sería preciso sensibilizarlas para que tomen conciencia del problema, especialmente en aquellos supuestos en que se detecta una situación de complicidad de padres que otorgan un apoyo incondicional al hijo. En algunos casos se constata la necesidad de una mayor implicación de las familias en la educación de los menores, procurando que no deleguen responsabilidades que les competen.

Hay que hacer un llamamiento a los padres y a las autoridades académicas para que tengan confianza en su escuela. Hoy en muchos casos los docentes se sienten solos ante su propio centro, frente a la Administración y frente a los padres que, lejos de colaborar, asumen una actitud de defensa del hijo y de desconfianza respecto del enseñante.

2.3. MEJORAR LA ASISTENCIA Y LA EDUCACIÓN SANITARIA DE LOS ENFERMOS VIOLENTOS

2.3.1. El tratamiento de las enfermedades mentales es una asignatura pendiente en la sociedad española. Así lo han manifestado tanto el Defensor del Pueblo como los que desempeñan esta función en las diferentes Comunidades Autónomas.

En esta materia, aunque se ha avanzado, no podemos sentirnos satisfechos. No es un tema fácil porque además de su alto coste tiene que hacer frente a otros problemas. Como dice el Doctor Civeira, de hecho se da la paradoja de que no todo el mundo que necesita acudir al médico lo hace, y al contrario. Tiene otras dificultades añadidas como la concienciación del propio paciente.

En materia de Servicios de Salud Mental, la red asistencial general sigue teniendo deficiencias en recursos intermedios para pacientes crónicos o institucionalizados, con la consiguiente sobrecarga de los programas de atención ambulatoria y la manifiesta dificultad para ofrecer una respuesta asistencial adecuada a pacientes con patología dual (drogodependencia y enfermedad mental), y en mayor medida a pacientes penales. La presencia de especialistas en psiquiatría que formen parte de los equipos médicos de base de los centros penitenciarios se considera del todo punto necesario. No hay que olvidar que una parte considerable de la población reclusa es juvenil. Igualmente, la existencia de un centro psiquiátrico o al menos de algún módulo de carácter cerrado para enfermos mentales, penitenciarios o no, influiría a nuestro juicio en la reducción de los sucesos violentos.

2.3.2. La educación sanitaria es uno de los ámbitos de importancia creciente en nuestras sociedades. Existen algunas enfermedades como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que, sin tratamiento, van a tener muy mala evolución, provocando frustraciones, insatisfacción y serios problemas de convivencia para los que las padecen. Son enfermedades que tienen buen tratamiento en edades tempranas, pero que no suelen llegar al médico hasta que se produce fracaso escolar en la enseñanza primaria obligatoria.

2.3.3. La incorporación de psiquiatras en el medio académico en otros países ha enriquecido los instrumentos del profesorado y permitido la aplicación de tratamientos precoces. Asimismo, deberían potenciarse los programas de prevención y promoción de la Salud Mental.

Los cambios de ánimo en niños y adolescentes, tienen la peculiaridad de coincidir con periodos largos de disforia, esto es, sentimientos de desagrado, con irritabilidad, mal genio, violencia y muchos trastornos de conducta. La incorporación de psiquiatras en el medio académico en otros países ha enriquecido los instrumentos del profesorado y ha permitido aplicar tratamientos precoces, previos a la instauración de enfermedades como el Tr. por déficit de atención, la depresión, la angustia, las fobias y el oposicionismo.

2.3.4. Los programas de formación continuada del profesorado sobre retrasos específicos del desarrollo, problemas afectivos y caracteriales, son imprescindibles. Poder intervenir y utilizar las tecnologías para mejorar la educación evitará implantaciones de hecho de «inquisiciones fantasmas», ante el desconocimiento de algunos docentes.

3. Mejorar la información y la coordinación

3.1. En líneas generales, la Institución valora de forma muy positiva las diferentes actuaciones de carácter preventivo que administraciones, autoridades y profesionales vienen materializando en torno al fenómeno de la violencia juvenil, y que denotan la concienciación social sobre la existencia y gravedad de la problemática, apreciándose una preocupación más realista que alarmista. Programas de ocio y tiempo libre, educación de calle, apoyos socioeducativos a la infancia y a la familia, difusión de normas de convivencia y educación en valores, fomento del asociacionismo juvenil son medidas que se vienen desarrollando con el fin de intentar erradicar los factores que determinan la comisión de actos violentos.

3.2. Existen, sin embargo, dos aspectos en los que, a nuestro juicio se ha de profundizar: la información y la coordinación.

En relación con la información, entendemos que para afrontar un problema como la violencia juvenil es necesario contar con una información lo más amplia y precisa posible del fenómeno, a fin de poder diseñar una estrategia global más allá de medidas coyunturales.

En este sentido, creemos conveniente que el Gobierno de Aragón estudie la posibilidad de implantar en nuestra Comunidad Autónoma un Observatorio de la Violencia Juvenil que permita integrar la información parcialmente dispersa y desarrollar los instrumentos de información y análisis sobre el fenómeno en sus distintas facetas.

El Observatorio de la Violencia Juvenil sería el órgano permanente de recogida de información de las diferentes fuentes públicas y privadas: Departamentos de Educación y Bienestar Social, autoridades judiciales, profesionales sanitarios, organizaciones juveniles, etc.. Su función básica consistiría en la evaluación de la situación de la violencia en nuestra Comunidad Autónoma, basándose en la recogida, análisis y difusión de información que permita ponerla a disposición de las instituciones, de los profesionales que trabajan en el campo de la juventud y del conjunto de la sociedad.

En esta línea, parece aconsejable la elaboración de un Mapa de la Violencia en Aragón que permita identificar las zonas, días y horarios en los que se producen más incidentes violentos. distribuyan y coordinen las fuerzas de seguridad en consonancia con él.

3.3. La coordinación institucional tiene especial importancia en el tema que nos ocupa, pues sobre un joven que presente problemas o actitudes violentas pueden haber intervenido -o estar interviniendo- diferentes recursos: asistencia social municipal, protección de menores de la Diputación General de Aragón, servicios de sanidad psiquiátrica, médicos forenses cuando se cometen actos delictivos, etc.. A nuestro juicio sería necesaria la constitución, con carácter permanente, de un órgano técnico de coordinación en el que estuvieran presentes las diferentes instituciones que actúan sobre los jóvenes con problemas de violencia, con el objetivo de establecer un cauce de comunicación y colaboración sobre casos concretos que permita una intervención más eficaz y una optimización de los recursos existentes.

4. El tratamiento de tres casos concretos

4.1. VIOLENCIA FAMILIAR

4.1.1. Hay que evitarla tratando las causas que la motivan y que tienen que ver con el consumo excesivo de alcohol y drogas; la existencia de enfermedades mentales en especial psicopatías; situaciones de desesperación social por desempleo; haber recibido durante la niñez ejemplos de conductas poco respetuosas con la mujer o los hijos; Quien siendo niño ve pegar a su padre tiene más posibilidades de ser agresor cuando sea mayor.

4.1.2. Tratándose de menores, que al estar indefensos son maltratados, es fundamental la colaboración de los profesores para conocer cuando se ha producido el maltrato. Cuando hay sospechas de que un niño está siendo objeto de vejaciones, cualquier falta injustificada a la escuela deberá ponerse en conocimiento de los servicios sociales de la Diputación General, para que con orden judicial se presenten en el domicilio a reconocer al menor. Los padres maltratadores tienden a no sacar a sus hijos de casa, mientras quedan vestigios de las lesiones causadas. Por eso si no se actúa así los hechos quedan impunes.

Habría que establecer protocolos policiales, de los centros de asistencia social y hospitalarios que permitan detectar aquellos casos en los que ancianos y otras personas de edad avanzada son objeto de malos tratos en familia o en aquellas residencias donde viven.

4.1.3. Hay que introducir un elemento de reflexión: ¿hasta qué punto en los malos tratos familiares no se está produciendo un efecto mimético? La aparición de según que noticias en los medios de difusión produce una atracción especial en algunos psicópatas, e indudablemente quien pega a su mujer o a un hijo pequeño puede ser, en muchas ocasiones, un enfermo mental. Está claro que hay que dar facilidades para la denuncia; pero ¿hasta qué punto sería conveniente que los medios de comunicación evitaran todo sensacionalismo, de la misma forma que hacen con el suicidio, no dando noticias? Sospecho que el efecto mimético existe en algunos casos y lo someto a la consideración de expertos en ciencias de la información, psiquiatras y sociólogos.

4.1.4. Hay que evitar la convivencia entre agresor y agredido.

Hoy es posible imponerla, como medida cautelar durante la tramitación del proceso o como pena fijada por sentencia, en este tipo de delitos. Es imprescindible en los casos de malos tratos domésticos, porque la experiencia demuestra que la mitad de las víctimas mortales están en tramites de separación.

Para mejorar la eficacia de esta medida, son necesarias más casas de acogida temporal que permitan que se mantenga la vida familiar. Lugares distintos al domicilio donde intercambiar los hijos en las visitas, residencias para personas mayores, ayudas de urgencia, inserción laboral, viviendas sociales...

El ingreso en prisión preventiva del agresor, muchas veces no lo quiere la agredida, porque con ello toda la familia se queda sin recursos. Hay que utilizar las nuevas tecnologías, como el GPS, para saber en todo momento donde se encuentra el que permanece en libertad controlada. ¡Si una empresa privada puede mostrar en unos paneles donde de encuentran todos los autobuses de Zaragoza, cómo no va a poder hacerlo el Estado con unas pocas personas!

Especialmente conflictivos son aquellos casos en los que el agredido extranjero se encuentra en situación ilegal, ya que el miedo a entrar en contacto con las autoridades administrativas les hace abstenerse de buscar esa protección. Debería, igual que se hace con los niños que precisan asistencia médica, garantizarse algún tipo de impunidad frente a la expulsión.

4.2. EXTRANJEROS

En cuanto a los extranjeros, hay que ser cuidadoso, pero se ha constatado que los que se encuentran en situación de ilegalidad delinquen más que los legales, posiblemente porque estos no quieren arriesgarse a perder los logros sociales obtenidos.

Por eso hay que hacer una apuesta clara para que no haya extranjeros en situación de ilegalidad; por el bien de la sociedad española y por el de ellos mismos. Eso sí, con todas sus consecuencias, fomentando la integración social y familiar, sobre todo por medio de la reagrupación familiar. Hay que agilizar los trámites en los que se concede o deniega la residencia, en aras a la seguridad jurídica.

Tenemos que respetar sus peculiaridades; pero ellos también tienen que acomodarse a unas normas, que recogen principios constitucionales irrenunciables. El respeto al principio de igualdad del hombre y la mujer, la libertad personal, sexual y la de las creencias religiosas deben de estar fuera de toda duda.

Por otra parte España no se puede convertir en un paraíso de las mafias internacionales. Para evitar eso el control de la legalidad y la expulsión son imprescindibles.

4.3. LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE

Los ídolos del deporte tienen una importante responsabilidad por el efecto mimético que sus conductas provocan. La violencia intencionada debería ser más castigada. Se podría pensar incluso en modificar las reglas de juego sancionando con la expulsión la acumulación de faltas, como se hace en el baloncesto. También se debería hacer un llamamiento a los entrenadores y directivos para que, ni en privado ni en público, incitaran a la violencia, inhabilitando a los que así actúan. Habría que instar a los medios de comunicación social a que se esfuercen en contribuir a evitarla o al menos a que no aumente. La frialdad profesional puede hacer mucho frente al calentamiento del ambiente.

No pedimos lo imposible. En el deporte olímpico hay deseos de competir, enfrentamiento entre los deportistas, los equipos y las naciones y, además, ahora también hay intereses económicos; sin embargo el fair play predomina entre atletas y seguidores. Lo mismo podría decirse del ciclismo, el tenis y otros deportes.

5. Reforzar la vigilancia

5.1. INTRODUCCIÓN

Como hemos venido diciendo el ideal sería resolver todo mejorando la educación; pero hay que ser realistas: es imposible. Por eso es también necesario aumentar la vigilancia buscando un efecto disuasorio, más que sancionador.

No es bueno, porque no somos un Estado policial y además es imposible poner un policía en cada esquina o establecimiento, aunque también es cierto que cuando uno se pasea por algunas ciudades europeas ve más vigilancia que aquí. Hay que ser conscientes de que los recursos económicos son limitados y no se puede aumentar indefinidamente el número de los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Con todo creemos que su presencia en la calle, en especial en algunas zonas, tiene un efecto disuasorio y tranquilizador insustituible. No se puede olvidar que hay una insistente demanda social de muchos ciudadanos, de la inmensa mayoría, que le gusta ver a su policía en la calle, porque lejos de inquietarles les da tranquilidad; porque no ve en ellos un elemento sancionador o represor sino, a los defensores de sus derechos y libertades. Tratemos de hacerles caso sacando a los policías y a sus mandos de las oficinas e incluso de los coches, porque a los ciudadanos donde les gusta verlos es a su lado, o al lado de sus hijos, en las calles, especialmente en los momentos que hay más riesgo, como pueden ser a la entrada y salida de los colegios o en los lugares donde se divierten.

5.2. OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS

Para empezar haremos dos preguntas: ¿Están adecuadamente distribuidas las fuerzas policiales que se ocupan de la vigilancia? A nuestro juicio se debería hacer un mapa de la violencia en Aragón, precisando en que partes de Aragón, en que ciudades y zonas de la ciudad se producen más acontecimientos violentos. Haremos otra pregunta: ¿No se podrían coordinar mejor los distintos cuerpos y fuerzas nacionales y municipales?

¿Sería posible utilizar mejor lo medios tecnológicos de que disponemos para controlar zonas muy concretas? En otros muchos lugares de Europa, con una indudable tradición democrática, las cámaras se utilizan en la calle o en ciertos espectáculos de forma usual. Control, buen uso y sanción a los que no lo hagan desde luego; pero actuación con medios y sin complejos también.

5.3. EL HORARIO

Si como hemos visto antes la mayoría de los episodios violentos entre jóvenes se producen los fines de semana y entre las diez de la noche y las diez de la mañana parece obvio que es necesario que exista más presencia policial durante ese periodo de tiempo.

Según que actuaciones no se podrán realizar en el momento que se produce la infracción. El control de ruidos o el de horarios no se debe hacer en el instante en que se producen sin riesgo de que se produzcan alteraciones de orden público. Probablemente habrá que esperar al día siguiente acudiendo auxiliados por personal con especial cualificación.

5.4. CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

Como figura en nuestro informe especial la labor fundamental ha de ser la preventiva por medio de la educación.

Si el consumo de alcohol y drogas se considera que son factores que facilitan el desencadenamiento de la violencia, que como tal afecta al la vida e integridad de los jóvenes, parece también obvio que debe de controlarse su venta o consumo por menores. Sabemos que es imposible poner un policía en cada establecimiento, aunque podría haber más presencia si comparamos con otros lugares. Se debería de actuar de forma selectiva, controlando con más rigor los puntos en los que se sospecha que hay mayor venta o consumo e imponiendo unas multas u otras medidas que de verdad fueran disuasorias para los que las sufren y ejemplificativas para todos los demás. Habría que actuar sobre puntos muy concretos con todo tipo de garantías pero con rigor.

En Aragón hay una legislación en la que, entre otras materias, se prohíbe la venta y suministro de bebidas alcohólicas a los menores de dieciocho años y se remite a las ordenanzas municipales la regulación del consumo de alcohol en la vía pública ( Ley 3/2001, de 4 de abril). Lo importante es que se cumpla. Todas las Administraciones y fuerzas de seguridad, estatales o locales, están obligadas a hacerlas cumplir.

Determinadas sanciones a los jóvenes se deberían convertir en trabajos en beneficio de la comunidad, como limpieza de zonas o asistencia a alcohólicos o drogadictos.

No se puede olvidar tampoco que los horarios muy prolongados durante la noche sólo se pueden soportar consumiendo sustancias excitantes como son las anfetaminas, la antigua centramina, por lo que exigir el cumplimiento del horario de cierre en los establecimientos y no permitir el fraude de que abren de madrugada también contribuiría a mitigar la violencia.

5.5. ARMAS Y DEPORTES VIOLENTOS

Es preocupante la frecuencia con la que se utilizan elementos cortantes y armas blancas, la aparición de un 50% más de fracturas, el auge de la práctica en gimnasios de preparación para la lucha, las agresiones realizadas en grupo y con sujetos inconscientes o en el suelo. Sería conveniente insistir entre los encargados de la educación física de los jóvenes que enseñen a sus alumnos que no debe de confundirse el deporte con la vida real y que quien utiliza la violencia siempre tiene algo que perder.

La tenencia de armas por los jóvenes está ligada a su facilidad de adquisición y ocultación. Ello nos debe hacer meditar sobre la necesidad de un mayor control tanto en la venta como en la tenencia en la calle o lugares públicos. Podría pensarse incluso en modificar la legislación, siendo más rigurosos en la tenencia, permuta y venta de armas por los jóvenes menores de 21 años.

5.6. VIOLENCIA EN GRUPO

Ciertos grupos violentos requieren una especial vigilancia. El sentir la presencia de la policía, la existencia de cámaras de vídeo o el saber que pueden ser registrados o cacheados puede tener un alto valor preventivo.

Si la violencia se ejerce en grupo es posible que no baste con enviar dos agentes de policía, tendrán que ir, como en otras ciudades europeas, más agentes en cada coche o tener preparados a otros en las proximidades. La experiencia demuestra que cuando las fuerzas policiales son manifiestamente escasas o eluden los sitios conflictivos o son ineficaces o usan una fuerza desproporcionada para hacer frente al suceso que provocó su intervención.

Pero también deben ser objeto de especiales medidas preventivas. La educación social en el respeto de los valores constitucionales y la tolerancia con los que discrepan de su forma de pensar debe de ser asumida con especial celo. Se debe de exigir, a los sorprendidos actuando así, la asistencia a cursos especiales de formación, haciendo un seguimiento individualizado. En algunos casos, para implicar a los padres en mayor medida en la educación de sus hijos, podrían condicionarse ciertas ayudas sociales a su asistencia a la escuela o determinados cursos.

V. CONCLUSIONES

1. La realidad del fenómeno en Aragón

1.1. En los últimos años se viene apreciando en nuestra Comunidad Autónoma un incremento de la violencia referida a menores y jóvenes. Se cometen cada vez a una edad más temprana, de forma más violenta y participando un número mayor de autores, convirtiendo lo que antes era aislado y extraño en más habitual.

El último año y tras la entrada en vigor de la Ley del Menor se ha multiplicado por cuatro el número de infracciones penales cometidas por menores de 18 años.

1.2. La comisión de hechos violentos por parte de menores y jóvenes es más habitual en los grandes núcleos de población, especialmente en Zaragoza capital, reduciéndose en las provincias de Huesca y Teruel, y disminuyendo de forma ostensible en el medio rural.

1.3. Los hechos más frecuentes son las lesiones, los robos violentos y los daños acaecidos en lugares o vías públicas. Por otra parte, vienen sucediéndose cada vez con mayor asiduidad los episodios de violencia doméstica, física y psíquica, de jóvenes frente a sus familiares, las amenazas graves, por medios informáticos o telefonía móvil, así como la desobediencia a agentes de la autoridad.

1.4. Están aumentando de forma sensible los casos de violencia en grupo y los fines de semana.

Los episodios se producen fundamentalmente en determinadas zonas de ocio y durante la noche. En muchos casos va unido al consumo de alcohol y drogas. En los accidentes de circulación los fines de semana la presencia de tasas de alcohol importante es una constante en la mitad de los casos.

1.5. La posesión y uso de armas o elementos peligrosos influye directamente en el desarrollo de conductas agresivas.

1.6. Situación en los centros de protección y reforma. Las medidas de reforma ejecutadas han experimentado un incremento, derivado tanto por el mayor número de sucesos acaecidos como por el aumento de la franja de edad, de 16 a 18, que dispone la nueva regulación.

La mitad de los menores que delinquieron (49%) habían sido ya objeto de otro expediente de reforma anterior.

Este incremento de la delincuencia juvenil se refleja también en el nivel de ocupación del centro de educación e internamiento por medida judicial «San Jorge».

El aumento de las edades que presentan los internos, algunos procedentes de centros penitenciarios, ha ocasionado más incidentes y más graves en el interior de los establecimientos dependientes de la DGA. Las fugas pasaron de 31 a 44.

2. Llamamiento a la sociedad

2.1. La sociedad y los ciudadanos no pueden permanecer impasibles ante la violencia. Hay que reforzar la conciencia ciudadana en los casos de violencia con brutalidad, a personas desvalidas o de agresión a niños.

Una gran parte de la población está dispuesta a colaborar con las Fuerzas de Seguridad, pero hace falta que sepan que sus llamadas van a ser útiles y que se les va a tratar de molestar lo menos posible, incluso que se les va a proteger si hace falta.

2.2. Es necesario mejorar la eficacia de la Administración de Justicia. Hay que hacer un esfuerzo por rentabilizar sus recursos, evitando demoras y procurando acuerdos.

En especial, se ha de dotar de los medios personales y materiales necesarios a las Fiscalías de Menores en atención al importante papel que con la nueva legislación penal del menor han asumido.

Al mismo tiempo hay que proteger en mayor medida a la víctima. Las garantías y la protección no basta con que sean formales han de ser reales.

2.3. Hay que apelar a los intelectuales y personas con prestigio a que se comprometan contundentemente contra la violencia.

2.4. Hay que hacer un llamamiento a los medios de comunicación social, en especial a la televisión por la fuerza que tienen las imágenes, para que eviten programas sin otro contenido que el uso indiscriminado de la violencia, el maltrato de mujeres, niños o determinados grupos sociales. Los padres tienen que enseñar a sus hijos a ver la televisión con sentido crítico y limitar las horas que pasan ante ella.

3. Incidir en la educación

3.1. LA FAMILIA

3.1.1. La influencia de la familia es determinante, en sentido positivo y negativo: el apoyo familiar puede ayudar al menor a afrontar sus problemas y superar la situación; pero los problemas familiares, haber presenciado maltratos familiares, la falta de atención paterna o la educación recibida fomentan con frecuencia los comportamientos violentos.

Algunos menores han debutado en la comisión de delitos en el propio ámbito familiar, con pequeños hurtos, falsificación de notas. En otros supuestos se han iniciado en la familia conductas inconvenientes como el consumo de alcohol o la mentira patológica.

Los padres deben asumir su papel dedicando más tiempo a educar a los hijos. Al mismo tiempo debe haber normas claras en el ámbito familiar, lo que conlleva un esfuerzo de negociación y dialogo. No puede olvidarse que para la formación de un joven es más importante el ejemplo de sus padres que el consejo que puedan darle.

3.1.2. La familia ha de ser escuela de convivencia, ha de regirse por unas normas que serán fruto del diálogo pero que, en último término, se imponen por la autoridad de los padres. En la familia el niño ha de aprender que no es posible la satisfacción inmediata de todos sus deseos.

3.1.3. Se considera del mayor interés facilitar a las familias una suficiente información sobre los riesgos de la etapa infantil que abarca desde los 5 a los 10 años de edad, fase decisiva al desarrollar durante ella, su capacidad de imitación.

3.1.4. Es preciso que se fomente entre las familias el conocimiento de la enorme potencialidad, en positivo y negativo, de determinados medios informáticos al alcance de los jóvenes como Internet.

3.2. EL SISTEMA EDUCATIVO

Además de valorar positivamente las propuestas que hemos citado presentamos las de esta Institución:

1. Hay que fomentar una adecuada formación del profesorado con la finalidad de que adquiera destrezas que le permitan asumir este nuevo cometido y ejercerlo con seguridad.

2. Al mismo tiempo hay que tener programas escolares de prevención de la violencia, apoyo a los profesores dotándoles de medios para un mejor manejo de las dinámicas que se generan en el aula, mejorar los mecanismos de colaboración con los padres y educar en la solución pacífica de los conflictos.

- Los educadores necesitan anualmente informes de equipos locales, de observatorios de violencia en la ciudad en el barrio que ayuden a intervenir de forma eficaz sobre los sujetos de riesgo.

- La intervención de servicios de menores, especialmente cuando estos tienen menos de 14 años, debe de contar con asesoramiento multidisciplinar incluyendo el sanitario, descartando raíces psicopatológicas de inadaptación y coordinado las múltiples agencias dedicadas a la infancia.

- Hay que educar propiciando un clima activo de rechazo a la violencia y promoción de los mecanismos de tolerancia ante la frustración, de resolución de problemas, de manejo de la impulsividad y en definitiva de fomentar la convivencia.

3. Se considera conveniente actuar en las primeras etapas del niño en la escuela, y muy especialmente en Primaria, que abarca el tramo de edad de riesgo. Las conductas y hábitos ya adquiridos por alumnos de Secundaria, hacen que las sanciones que se imponen en este nivel no cumplan con su finalidad de corrección de determinados tipos de comportamiento.

4. Al menos en algunos centros habría que comenzar aumentando en ellos la sensación de disciplina, respeto y tolerancia. Sin pasarse, y desde luego sin caer en excesos, pero tampoco en el principio del péndulo, hay que afirmar que la escuela en cuanto supone un lugar de ensayo de la futura convivencia social debe de imponer respeto a ciertas normas.

5. Hay que reforzar la autoridad del enseñante. Una cosa es mayor control y exigirles responsabilidad si actúan indebidamente y otra es no apoyarlos en su labor ordinaria, aunque en algunos casos no se compartan todos sus criterios.

Hay reacciones de indisciplina que requieren una respuesta inmediata, dentro de los limites constitucionales. Un expediente disciplinario a un alumno no puede tramitarse como si fuera un juicio. La resolución debe de ser rápida, aunque revisable.

Probablemente el sistema de sanciones habría que modificarlo. Es dudoso que la expulsión sea un sistema eficaz. A lo mejor había que hacer todo lo contrario, que estuviera más horas estudiando en el colegio.

6. Los centros docentes han de establecer mecanismos para detectar el maltrato entre iguales a fin de poder actuar contra él, potenciando medidas de integración escolar, reforzando planes de educación compensatoria y prestando una adecuada atención a los alumnos con más riesgo o implicados directamente en casos de violencia.

7. Habría que replantearse la situación de aquellos chicos entre los catorce y dieciséis años que se convierten en objetores de la educación, porque no quieren estudiar y forman parte de lo que se denomina conductas disruptivas. Quizás deberían de acudir a otros centros o estudios que suscitaran su interés. Hay que controlar el absentismo escolar, más frecuente en algunos grupos sociales.

8. Hay que hacer un llamamiento a los padres y a las autoridades académicas para que tengan confianza en su escuela. Hoy en muchos casos los docentes se sienten solos ante su propio centro, frente a la Administración y frente a los padres que, lejos de colaborar, asumen una actitud de defensa del hijo y de desconfianza respecto del enseñante.

3.3. MEJORAR LA ASISTENCIA Y LA EDUCACIÓN SANITARIA DE LOS ENFERMOS VIOLENTOS

1. El tratamiento de las enfermedades mentales es una asignatura pendiente en la sociedad española.

En materia de Servicios de Salud Mental, la red asistencial general sigue teniendo deficiencias en recursos intermedios para pacientes crónicos o institucionalizados. La presencia de especialistas en psiquiatría que formen parte de los equipos médicos de base de los centros penitenciarios es necesaria. Igualmente, la existencia de un centro psiquiátrico o al menos de algún módulo de carácter cerrado para enfermos mentales, penitenciarios o no, influiría a nuestro juicio en la reducción de los sucesos violentos.

2. La educación sanitaria es uno de los ámbitos de importancia creciente en nuestras sociedades. Existen algunas enfermedades que tienen buen tratamiento en edades tempranas, pero que no suelen llegar al médico hasta que se produce fracaso escolar en la enseñanza primaria obligatoria.

3. La incorporación de psiquiatras en el medio académico en otros países ha enriquecido los instrumentos del profesorado y permitido la aplicación de tratamientos precoces. Asimismo, deberían potenciarse los programas de prevención y promoción de la Salud Mental.

4. Los programas de formación continuada del profesorado sobre retrasos específicos del desarrollo, problemas afectivos y caracteriales, son imprescindibles. Poder intervenir y utilizar las tecnologías para mejorar la educación evitará implantaciones de hecho de «inquisiciones fantasmas», ante el desconocimiento de algunos docentes.

4. Mejorar la información y la coordinación

1. En líneas generales, la Institución valora de forma muy positiva las diferentes actuaciones de carácter preventivo que administraciones, autoridades y profesionales vienen materializando en torno al fenómeno de la violencia juvenil, y que denotan la concienciación social sobre la existencia y gravedad de la problemática, apreciándose una preocupación más realista que alarmista. Programas de ocio y tiempo libre, educación de calle, apoyos socioeducativos a la infancia y a la familia, difusión de normas de convivencia y educación en valores, fomento del asociacionismo juvenil son medidas que se vienen desarrollando con el fin de intentar erradicar los factores que determinan la comisión de actos violentos.

2. Existen, sin embargo, dos aspectos en los que, a nuestro juicio se ha de profundizar: la información y la coordinación.

En relación con la información, para afrontar la violencia juvenil es necesario contar con una información lo más amplia y precisa posible, a fin de poder diseñar una estrategia global más allá de medidas coyunturales.

Creemos conveniente que el Gobierno de Aragón estudie la posibilidad de implantar en nuestra Comunidad Autónoma un Observatorio de la Violencia Juvenil que permita integrar la información parcialmente dispersa.

En esta línea, parece aconsejable la elaboración de un Mapa de la Violencia en Aragón que permita identificar las zonas, días y horarios en los que se producen más incidentes violentos. distribuyan y coordinen las fuerzas de seguridad en consonancia con él.

3. La coordinación institucional tiene especial importancia, pues sobre un joven pueden haber intervenido -o estar interviniendo- diferentes recursos: asistencia social municipal, protección de menores de la Diputación General de Aragón, servicios de sanidad psiquiátrica, médicos forenses, etc.. A nuestro juicio sería necesaria la constitución, con carácter permanente, de un órgano técnico de coordinación en el que estuvieran presentes las diferentes instituciones, con el objetivo de establecer un cauce colaboración sobre casos concretos y una optimización de los recursos existentes.

5. El tratamiento de tres casos concretos

5.1. VIOLENCIA FAMILIAR

5.1.1. Hay que evitarla tratando las causas que la motivan: el consumo excesivo de alcohol y drogas; la existencia de enfermedades mentales en especial psicopatías; situaciones de desesperación social por desempleo; haber recibido durante la niñez ejemplos de conductas poco respetuosas con la mujer o los hijos.

5.1.2. Tratándose de menores, que al estar indefensos son maltratados probablemente más que las mujeres, es fundamental la colaboración de los profesores para conocer cuando se ha producido el maltrato. Cuando hay sospechas de que un niño está siendo objeto de vejaciones, cualquier falta injustificada a la escuela deberá ponerse en conocimiento de los servicios sociales de la Diputación General. Hay que prestar atención a la detección de la agresión de ancianos.

5.1.3. Hay que introducir un elemento de reflexión: ¿hasta que punto en los malos tratos familiares no se está produciendo un efecto mimético? La aparición de según que noticias en los medios de difusión produce una atracción especial en algunos psicópatas, e indudablemente quien pega a su mujer o a un hijo pequeño es un enfermo mental.

5.1.4. Evitar la convivencia entre agresor y agredido. Hoy es posible imponerla, como medida cautelar durante la tramitación del proceso o como pena fijada por sentencia, en este tipo de delitos. Es imprescindible en los casos de malos tratos domésticos, porque la experiencia demuestra que la mitad de las víctimas mortales están en tramites de separación.

Para mejorar la eficacia de esta medida, son necesarias más casas de acogida temporal. Lugares distintos al domicilio donde intercambiar los hijos en las visitas, residencias para personas mayores, ayudas de urgencia, inserción laboral, viviendas sociales...

El ingreso en prisión preventiva del agresor, muchas veces no lo quiere la agredida, porque con ello toda la familia se queda sin recursos. Hay que utilizar las nuevas tecnologías, como el GPS, para saber en todo momento donde se encuentra el que permanece en libertad controlada.

Especialmente conflictivos son aquellos casos en los que el agredido extranjero se encuentra en situación ilegal, ya que el miedo a entrar en contacto con las autoridades administrativas les hace abstenerse de buscar esa protección. Debería garantizarse algún tipo de impunidad frente a la expulsión.

5.2. EXTRANJEROS

En cuanto a los extranjeros, se ha constatado que los que se encuentran en situación de ilegalidad delinquen más que los legales, posiblemente porque estos no quieren arriesgarse a perder los logros sociales obtenidos.

Por eso hay que hacer una apuesta para que no haya extranjeros en situación de ilegalidad; por el bien de la sociedad española y por el de ellos mismos. Eso sí, con todas sus consecuencias, fomentando la integración social y familiar, sobre todo por medio de la reagrupación familiar. La seguridad jurídica exige también que se agilice la tramitación del procedimiento de concesión o denegación de la residencia.

Tenemos que respetar sus peculiaridades; pero ellos también tienen que acomodarse a unas normas, que recogen principios constitucionales irrenunciables. El respeto al principio de igualdad del hombre y la mujer, la libertad personal, sexual y la de las creencias religiosas deben de estar fuera de toda duda.

5.3. LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE

Es muy importante la capacidad formativa que el deporte puede llegar a desarrollar, fomentando la educación en valores prosociales, como el juego limpio, el respeto hacia los demás...

Los ídolos del deporte tienen una importante responsabilidad por el efecto mimético que sus conductas provocan. La violencia intencionada debería ser más castigada. Se podría pensar incluso en modificar las reglas de juego sancionando con la expulsión la acumulación de faltas.

También se debería hacer un llamamiento a los entrenadores y directivos para que, ni en privado ni en público, incitaran a la violencia, inhabilitando a los que así actúan. Habría que instar a los medios de comunicación social a que se esfuercen en contribuir a evitarla o al menos a que no aumente. La frialdad profesional puede hacer mucho frente al calentamiento del ambiente.

6. Reforzar la vigilancia

6.1. El ideal sería resolver todo mejorando la educación; pero es imposible. Por eso es también necesario aumentar la vigilancia buscando un efecto disuasorio, más que sancionador.

No es bueno, porque no somos un Estado policial, poner un policía en cada esquina o establecimiento. Con todo su presencia en la calle, en especial en algunas zonas, tiene un efecto disuasorio y tranquilizador insustituible.

Hay una insistente demanda de la inmensa mayoría de los ciudadanos, que le gustaría ver más policía en la calle para que cumplan con su función de defensores de sus derechos y libertades. Saquemos a los agentes y a sus mandos de las oficinas e incluso de los coches, especialmente en los momentos que hay más riesgo, como pueden ser a la entrada y salida de los colegios en horarios y zonas conflictivas.

6.2. OPTIMIZAR LOS RECURSOS

Haremos varias preguntas: ¿Están adecuadamente distribuidas las fuerzas policiales que se ocupan de la vigilancia? Se debería hacer un mapa de la violencia en Aragón, precisando en qué ciudades y zonas de la ciudad se producen más acontecimientos violentos.

¿No se podrían coordinar mejor los distintos cuerpos y fuerzas nacionales y municipales? ¿Sería posible utilizar mejor lo medios tecnológicos de que disponemos para controlar zonas muy concretas?

6.3. EL HORARIO

Si la mayoría de los episodios violentos entre jóvenes se producen los fines de semana y entre las diez de la noche y las diez de la mañana, es necesario que exista más presencia policial durante ese periodo de tiempo.

Según qué actuaciones como el control de ruidos no se pueden realizar en el momento que se produce la infracción, sin riesgo de que se produzcan alteraciones de orden público. Probablemente habrá que esperar al día siguiente acudiendo auxiliados por personal con especial cualificación.

6.4. CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

La labor fundamental ha de ser la preventiva por medio de la educación. Las actuaciones públicas deben dirigirse a favorecer la realización de actividades de ocio sanas (Semana Blanca, Aulas de la naturaleza, colaboraciones con ONG...), que contribuyan a desarrollar en los menores valores como la solidaridad y la tolerancia.

Parece obvio que debe de controlarse su venta o consumo por menores. Se debería de actuar de forma selectiva, controlando con más rigor los puntos en los que se sospecha que hay mayor venta o consumo e imponiendo unas multas u otras medidas que de verdad fueran disuasorias para los que las sufren y ejemplificativas para todos los demás. La utilización de cámaras, que no violen la intimidad de las personas, también puede ser un medio eficaz.

En Aragón hay una legislación en la que, entre otras materias, se prohíbe la venta y suministro de bebidas alcohólicas a los menores de dieciocho años y se remite a las ordenanzas municipales la regulación del consumo de alcohol en la vía pública ( Ley 3/2001) de 4 de abril ). Lo importante es que se cumpla. Todas las Administraciones y fuerzas de seguridad, estatales o locales, están obligadas a hacerlas cumplir.

Determinadas sanciones se deberían convertir en trabajos en beneficio de la comunidad, como limpieza de zonas o asistencia a alcohólicos o drogadictos.

No se puede olvidar tampoco que los horarios muy prolongados durante la noche se suelen soportar consumiendo sustancias excitantes como las anfetaminas, la antigua centramina, por lo que exigir el cumplimiento del horario de cierre en los establecimientos y no permitir el fraude de que abren de madrugada también contribuiría a mitigar la violencia.

6.5. ARMAS

Es necesario un mayor control tanto en la venta como en la tenencia en la calle o lugares públicos. Podría pensarse incluso en modificar la legislación, siendo más rigurosos en la tenencia, permuta y venta de armas por los jóvenes menores de 21 años.

6.6. VIOLENCIA EN GRUPO

Ciertos grupos violentos requieren una especial vigilancia. El sentir la presencia de la policía, la existencia de cámaras de vídeo o el saber que pueden ser registrados o cacheados puede tener un alto valor preventivo.

Si la violencia se ejerce en grupo es posible que no baste con dos agentes de policía, tendrán que ir, como en otras ciudades europeas, más agentes en cada coche o tener preparados a otros en las proximidades.

Pero también deben ser objeto de especiales medidas preventivas. La educación social en el respeto de los valores constitucionales y la tolerancia con los que discrepan de su forma de pensar debe de ser asumida con especial celo. Se debe de exigir, a los sorprendidos actuando así, la asistencia a cursos especiales de formación, haciendo un seguimiento individualizado. En algunos casos, para implicar a los padres en mayor medida en la educación de sus hijos, podrían condicionarse ciertas ayudas sociales a su asistencia a la escuela o determinados cursos.

7. La situación tras la entrada en vigor de la Ley del Menor

1. La nueva Ley prevé un amplio catálogo de medidas de reforma pero no existe la infraestructura adecuada para ejecutar algunas de las medidas ni se ha realizado a las Comunidades Autónomas la dotación presupuestaria oportuna para aplicar debidamente la nueva normativa.

2. En los delitos menos graves, la aplicación de medidas con un alto valor educativo, como las prestaciones en beneficio de la comunidad o la realización de tareas socio-educativas, puede resultar muy efectivas. Para que estas medidas sean eficaces hacen falta más medios, personales y materiales que permitan mejorar el control.

Esta Ley al atender más a la rehabilitación que a la prevención, da poca importancia a las faltas y su multirreincidencia, lo cual produce cierta impunidad y alarma social. En esta línea, la Fiscalía propone una modificación legislativa que permita aplicar la medida de libertad vigilada en las infracciones constitutivas de falta.

3. Hay que adecuar los centros de internamiento a los nuevos usuarios, que son más contumaces y peligrosos, proporcionando a los internos una adecuada formación educativa y laboral (maestros de taller, convenios con el INEM...) que permita la reinserción social de estos jóvenes y evite la recaída en el delito. Se precisan centros de día.

Falta un reglamento de ejecución de la ley, especialmente en lo relativo a la ejecución de medidas y sobre todo las de internamiento.

4. Hay que mejorar la asistencia sanitaria psiquiátrica debido al elevado número de jóvenes que padecen trastornos de este tipo y desarrollan conductas violentas, con profesionales en el propio centro. Se ha resuelto algunas veces mediante la remisión de nuestros menores a centros de otras Comunidades Autónomas, lo que no parece ser la solución más adecuada, sin perjuicio del elevado coste económico que ello supone.

5. Es imprescindible desarrollar una seria labor preventiva. La atención a las situaciones de riesgo o desamparo y las consiguientes actuaciones protectoras son la base para impedir que el menor, avocado por su situación personal, familiar o social, desarrolle conductas delictivas. Asimismo, la protección debe extenderse a los menores que ya han cometido algún delito y se les ha impuesto una medida de reforma, recibiendo el apoyo y seguimiento necesario durante la aplicación de ésta y con posterioridad, con el fin de evitar su recaída en el delito y lograr la efectiva reeducación del menor.