Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D.^a María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ratificación del Convenio 189, sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

El trabajo doméstico y de los cuidados incide de manera determinante en la calidad de vida de las sociedades actuales por su contribución de manera decisiva en la sostenibilidad humana de las familias. Estas tareas, transferidas de una mujer a otra, entrelazan además, y en muchas ocasiones, las necesidades de cobertura básica de los hogares de un lugar a otro, de un país a otro, poniendo de manifiesto las cadenas globales de cuidados de sur a norte.

El trabajo doméstico y de cuidados es un trabajo realizado para y dentro de un hogar o varios hogares. Es una actividad económica que permite el mantenimiento de la vida de las personas que la ejercen y que sin duda lleva de forma inherente derechos y obligaciones establecidas en la ley. De igual modo, se trata de un importante componente de la economía nacional con repercusiones en el Producto Interno Bruto.

Este trabajo se encuentra en manos de mujeres, lo que se refleja en el porcentaje que representan en el sector, un 97% en la Comunidad de Aragón, de las cuales 6.599 son extranjeras y 5.143 españolas, de acuerdo a datos obtenidos de las trabajadoras que se encuentran en alta en la Seguridad Social a fecha de 1 de enero de 2017. Existe otra gran parte de las empleadas del hogar, de las que no tenemos datos estadísticos oficiales, donde podemos incluir a las trabajadoras que no cotizan a la Seguridad Social.

La economía sumergida presente en el sector significa una permanente inestabilidad para las trabajadoras, así como la pérdida de derechos y de condiciones mínimas de subsistencia, situaciones denigrantes que perpetúan la feminización de la pobreza. Con esta realidad se olvida las implicaciones económicas que forman parte de la reactivación de un país, donde sus principales protagonistas son las mujeres, como la imposibilidad de disfrutar de la pensión de jubilación o invalidez, el acceso a créditos y ayudas sociales, ni a ningún tipo de protección por enfermedad común o accidente laboral.

La consideración jurídico-laboral del trabajo en el hogar reconoce derechos laborales y de Seguridad Social a estos trabajadores y trabajadoras, pero no lo suficiente para equipararse con el resto de los trabajadores/as regulados/as por el Estatuto de los Trabajadores, encontrando evidentes desajustes como en lo relativo al salario, horas de descanso, alta en la Seguridad Social, vacaciones, paga extraordinaria completa, horas de presencia, más lo relativo a la materia de extranjería que impone deberes que hacen complejo la posibilidad de las correspondientes regularizaciones.

En junio de 2011 se realizó en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), en la cual se aprobó por amplia mayoría una nueva norma internacional; el Convenio189, acompañado de la recomendación 201, en la que se establecen los estándares mínimos de protección para quienes se desempeñan en el trabajo doméstico remunerado. Se reiteran las normas existentes de la OIT, sobre trabajo forzoso, discriminación y trabajo infantil, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. A la vez constituye un sólido reconocimiento del valor económico y social que tiene el trabajo doméstico y de cuidados y un llamado a la acción para poner fin a las exclusiones de que son objeto las trabajadoras y los trabajadores domésticos en los ámbitos de protección laboral y protección social. A nivel mundial se reproduce la presencia de la mujer con un 83%, es el motivo para dar un paso importante la igualdad de género en el mundo del trabajo.

El Convenio entró en vigor el 5 de septiembre de 2013, extendiendo los derechos laborales fundamentales a los y las trabajadoras en todo el mundo.

En España han sido numerosas las iniciativas y acciones llevadas a cabo desde distintos agentes y territorios que conforman la realidad del sector, y que buscaban una incidencia, tanto social como política; ejemplo de ello fue en mayo de 2013 cuando el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural presentó una proposición no de ley, ante la comisión de empleo de la Cámara Baja. La proposición presentada fue aprobada por unanimidad: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: en un plazo razonable evalúe la posibilidad de someter a ratificación el Convenio número 189 de la OIT, y se adapte la legislación española en el sentido que regulan los citados textos». Sin embargo, aún se sigue en la espera del cumplimiento de ese plazo razonable.

En consonancia con la Comisión Europea, que el 21 de marzo de 2013 instó a los Estados Miembros a que apliquen el Convenio sobre las y los trabajadores domésticos. Tras esta decisión de la UE, la Comisión Europea y la OIT en España organizan una sesión informativa llevada a cabo el 27 de febrero de este año.

Con las acciones que se han llevado a cabo en España en pro de la ratificación del Convenio 189 OIT, se pretende conseguir:

1. Fortalecer el ordenamiento jurídico actual.

2. Regulación y vigilancia de la intermediación laboral realizada por las agencias de empleo.

3. Inspección del trabajo.

4. Garantizar la equiparación real.

5. Voluntad política para incentivar el ejercicio al derecho a la sindicalización y al convenio colectivo.

Más recientemente, el 28 de abril de 2016, el Parlamento Europeo aprobó un informe para reconocer los derechos de las empleadas domésticas y equipararlos al resto de trabajadores/as.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos Aragón formula la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de España a:

Ratificar, sin más demoras, el Convenio n.° 189 de la OIT y la Recomendación n.° 201, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.

Zaragoza, 20 de marzo de 2017.