Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D.ª Patricia Luquín, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida; D. Gregorio Briz, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista; D.ª Susana Gaspar Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s); D. Arturo Aliaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés; D.ª M.ª Eugenia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón; D. Javier Sada, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y D.ª Mar Vaquero, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presentan la siguiente Proposición no de Ley, sobre bebés robados, para su debate y votación en el Pleno de las Cortes de Aragón:

Según las denuncias presentadas, el robo de bebés ha tenido mayor incidencia en distintas etapas, mediante la separación de miles de menores de sus familias, entre 1939 hasta bien entrada la democracia, para darlos en adopción, o para que los inscribieran como hijos biológicos, a otras; unas ocurrieron bajo el régimen de la dictadura franquista, y otras tuvieron lugar tras la aprobación de la Constitución y las leyes que surgen de la misma, que son las que conforman nuestro actual Estado de Derecho. Tras la aprobación de la Constitución, el mayor número de denuncias se concentra en torno a los años 80, y se extienden en el tiempo llegando incluso en algunos casos hasta principios de los años 2000.

Este problema ha merecido la atención de instancias internacionales, como, por ejemplo, el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, el Relator de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas y una Misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Tal y como constata entre sus recomendaciones el Informe Anual del Defensor del Pueblo en el primer semestre de 2017, los poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo, en el marco de sus competencias, para esclarecer los hechos denunciados; así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica. La falta de respuesta adecuada de las administraciones públicas ante todos estos casos —hay que recordar que todavía no se ha resuelto por nuestros tribunales ni un solo caso de bebés robados a pesar de ser España el segundo país del mundo en casos de desapariciones infantiles, tras el caso de las Stolen Generations en Australia— evidencia la necesidad de proponer soluciones urgentes.

El artículo 10.1 de la Constitución española proclama el derecho a la propia identidad personal y al libre desarrollo de la propia personalidad, la dignidad de la persona, y los derechos inviolables que le son inherentes, como fundamento del orden político democrático de nuestro país.

Por otro lado, determinadas comunidades autónomas, frente al vacío legislativo nacional, han aprobado legislación que incluye y hace referencia específica a los casos de sustracción de menores. Así, por ejemplo, Andalucía, con la Ley 2/2017, de Memoria Histórica, Navarra, con la Ley 11/2017, de modificación de la Ley Foral 33/2013, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, Valencia, con la Ley 14/2017, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana. Además, en la Comunidad Autónoma de Canarias se aprobó una Proposición no de Ley en junio de 2016 sobre los recién nacidos sometidos a desaparición forzada, y en esta Cámara se está tramitando la ley de Memoria Democrática.

Además, la persistente situación de miles de personas que desconocen sus propios orígenes, su nombre e identidad, así como de miles de madres, padres y familiares que todavía los buscan, hiere la propia conciencia de la humanidad. Hay que recordar que el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos reconoce a todos esos padres y madres, hermanos y otros familiares afectados el «derecho humano a la vida familiar» sin injerencias externas. Así mismo, el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño/a establece que «los Estados partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando las autoridades competentes lo determinen». Y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, suscrita por España, establece en su artículo 25, dedicado a la infancia, que «los Estados partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente».

Es por todo ello que, tras valorar la propuesta de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina-CeAqua y la asociación estatal «Todos los niños robados son también mis niños», integrante de dicha Coordinadora, reconociendo el sufrimiento inhumano de todas aquellas madres y padres, así como hermanos y demás familiares, que todavía hoy continúan a la espera de poder conocer la suerte y paradero de los recién nacidos que fueron sometidos a desaparición forzada en cárceles, hospitales, clínicas, en cualquier centro estatal o privado de cualquier naturaleza o índole, donde las mujeres dieran a luz, y por la necesidad de que estos recién nacidos, hoy adultos, conozcan su origen biológico, y por la magnitud de la dimensión temporal y territorial de la sustracción de recién nacidos, y conscientes de que todo ello representa una violación continuada de derechos humanos, y una injusticia de enormes proporciones y profundo daño para los afectados, se presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a:

1. Aprobar y poner en marcha una ley de carácter estatal sobre bebés robados.

2. Acordar mecanismos homogéneos con todas las autonomías y crear y coordinar distintos organismos e instrumentos estatales que permitan la efectiva investigación de los delitos relacionados con la sustracción de bebés en la época de la dictadura franquista y en la época democrática.

3. Facilitar la búsqueda de la identidad biológica de aquellos que fueron víctimas directas de la sustracción de bebés mediante mecanismos de respuesta adecuada por parte de las diferentes administraciones.

Zaragoza, 10 de septiembre de 2018.