Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la redacción de un contrato de servicios de asesoramiento para los grandes premios celebrados en la Ciudad del Motor de Aragón, S. A. (Motorland).

Según publican varios medios de comunicación, el Gobierno de Aragón ha hecho público su interés en que el exgerente de la Ciudad del Motor de Aragón, S. A. (Motorland), Tomé Alfonso, continúe como asesor de grandes premios. El exgerente renunció a su cargo por la reducción de su salario al igualar las retribuciones de los directores de las empresas públicas y la imposibilidad de compatibilizar su cargo con colaboraciones externas como venía haciendo hasta el momento, en aplicación de la Ley 1/2017, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para que Tomé Alfonso continúe trabajando para Motorland, el Gobierno de Aragón plantea crear un puesto de asesoramiento externo no vinculado a personal directivo de empresas públicas, por lo que la Ley 1/2017 no generaría ninguna incompatibilidad.

Para ello, la empresa pública apoderó a la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA) para la elaboración de un pliego de condiciones de un contrato de asesoramiento especializado sobre el desarrollo de pruebas y eventos deportivos en Motorland con una duración de dos años prorrogables en uno más y con un precio de licitación de 150.000 € con un porcentaje variable del 20% como máximo por año de contrato por la consecución de objetivos. A día de hoy, el pliego continúa en redacción.

Consideramos que este hecho contradice el espíritu de esta ley, que fue aprobada con el compromiso del Gobierno de Aragón de homogeneizar categorías profesionales y retributivas, racionalizar el sector público aragonés y evitar el blindaje de altos cargos. La redacción de este contrato ad hoc abre un camino que no compartimos porque abre la puerta a contrataciones para aquellos altos cargos que no estén de acuerdo con las nuevas condiciones que impone la normativa.

Por otra parte, en cuanto a la partida presupuestaria necesaria, a pesar de que el nuevo gerente de Motorland cobrará ahora 96.199 euros frente a los 115.631 con un 20% adicional por variables que percibía Alfonso, la licitación de este contrato de asesor para la celebración de grandes eventos tendrá un coste añadido de 217.800 euros.

Por todo ello se formula la siguiente

¿Considera el Gobierno de Aragón que la licitación de un contrato de servicio de asesoramiento para los grandes premios celebrados en Motorland es conforme al espíritu de la Ley 1/2017, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón? En caso afirmativo, ¿es adecuado para la racionalización del sector público aragonés? Y, en caso negativo, ¿de qué manera lo justifica?

¿De qué partida de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2017 va a disponer el Gobierno de Aragón para hacer frente al aumento del coste que supondría la licitación de este contrato?

Zaragoza, 26 de junio de 2017.