PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2016, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 153/16, sobre la insuficiencia financiera de los centros concertados, presentada por el G.P. Aragonés, y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
Zaragoza, 30 de marzo de 2016.
El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA
A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
D. Arturo Aliaga López, Portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la insuficiencia financiera de los centros concertados, para su tramitación ante el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La educación debe ser universal y gratuita, de acuerdo con la Constitución y con la legislación vigente. El artículo 88 de la LOE dice que «las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito». Por su parte, el artículo 117 señala: «la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros privados concertados, para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas objeto de concierto, se establecerá en los presupuestos de las Administraciones correspondientes [....] en el módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad».
En la Disposición Adicional 29.ª se establecen dos importantes compromisos: la fijación de los importes de los módulos económicos de conciertos en un plazo de 5 años desde 2006 y la constitución de una Comisión mixta en el seno de la Conferencia Sectorial de educación, «para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad». Dicha Comisión, constituida en 2010, cesó su actividad en 2011 por decisión del MEC, sin concluir el estudio y, por consiguiente, sin cerrar las cifras oficiales de la Administración sobre el coste real de impartición de la enseñanza que haga posible una adecuación del módulo de conciertos a dicho coste.
Desde que las competencias de educación fueron transferidas a la Comunidad Autónoma, esta ha hecho un esfuerzo presupuestario importante, en general, para mejorar el modelo educativo. En los diez primeros años de competencias, aproximadamente, podríamos decir que se duplicó el dinero que se destinaba por alumno. En el ámbito de la concertada ha habido algún tímido avance como el acuerdo de recolocación, la subida de la ratio en Educación Infantil y Educación Primaria (de 1 a 1,20 profesores por aula) y el complemento autonómico (aunque este está muy por debajo de la media de las CC.AA.). Pero no tenemos un módulo propio y, de hecho, nos regimos por el mínimo establecido por el Ministerio que fija la cuantía para el nivel de Educación Infantil y Primaria en 37.448,07 euros frente 62.468 de País Vasco y siendo la cuantía más baja de todas las CC.AA., circunstancia que se repite en el resto de niveles educativos. Cabe resaltar que el propio Ministerio establece para Ceuta y Melilla 44.437,97 euros para Educación Infantil y Primaria, muestra de su conocimiento de la situación deficitaria del módulo fijado.
El módulo económico del concierto se divide en tres partidas: a) salarios y cargas sociales que la Administración abona a los docentes mediante pago delegado; b) gastos variables que la Administración paga al personal docente igualmente mediante pago delegado (antigüedad, complemento de dirección, sustituciones, liberados sindicales...); c) otros gastos. Esta última es la partida que reciben los centros, cuyo destino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3.b) de la LOE se destina a salarios del PAS, además de mantenimiento, equipamientos, suministros... Año tras año se pone en evidencia que esta partida genera un déficit entre 4000 y 6000 euros por aula y curso, que deben asumir los titulares de los Centros.
La situación deficitaria de la concertada es sabida y reconocida por las Administraciones, pero no resuelta. Cada Comunidad Autónoma ha tomado unas decisiones y han completado en mayor o menor medida la cuantía que es transferida directamente por el Estado. La realidad del problema es que el Estado no garantiza la suficiencia financiera y por tanto la igualdad entre todos los alumnos españoles en cuanto a los recursos de los que dispone su educación en función de la titularidad del centro, lo que es una situación totalmente inadmisible e injusta.
A quien hay que exigir que resuelva este asunto y que aumente el módulo económico del concierto es al Gobierno de España, con independencia de otras decisiones complementarias que el Gobierno de Aragón pueda tomar después.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al futuro Gobierno de España solicitándole que en el plazo de seis meses haga un estudio de la realidad económica de los centros concertados y aumente el módulo del concierto, de tal forma que garantice que es suficiente para el buen funcionamiento de los centros, de manera que haya una igualdad real entre todo el alumnado (tanto de públicos como de concertados) en cuanto a los recursos de los que dispone su centro y, de esta forma, se garantice la gratuidad efectiva y real de la educación. Cualquier persona debe poder acceder a cualquier centro sostenido con fondos públicos, con independencia de su origen social, económico y cultural. La Administración dotará a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito.
En Zaragoza, a 28 de marzo de 2016.
El Portavoz
ARTURO ALIAGA LÓPEZ