Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Álvaro Sanz Remón, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente Proposición no de Ley, sobre medidas para mejorar las condiciones de las personas que realizan su trabajo en los centros de protección y reforma de Aragón para su tramitación en la Comisión de Bienestar social y Familia.

El trágico asesinato de una trabajadora en un piso tutelado de Badajoz a manos de tres menores ha puesto de manifiesto la alarmante precariedad laboral que enfrenta dicho sector en España. Este trágico crimen no es un hecho aislado, sino el reflejo de unas condiciones laborales deficientes que ponen en riesgo tanto a los profesionales como a los menores atendidos.
Las plantillas de centros de menores y pisos tutelados llevan tiempo denunciando la falta de medidas de seguridad adecuadas, la insuficiencia de personal y la sobrecarga de trabajo que se acentúa cuando se produce la sobreocupación de los centros.
Muchos profesionales se ven obligados a trabajar solos durante turnos nocturnos, sin la presencia de personal de seguridad ni sistemas de vigilancia, lo que incrementa su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo. Es prioritario garantizar que en todos los turnos haya al menos dos educadores trabajando conjuntamente. Además, hay que exigir la seguridad en estos pisos porque es imprescindible garantizar que nadie tenga que pasar miedo en su puesto de trabajo.
Las trabajadoras del sector mayoritariamente trabajan en servicios públicos cuyo titular no es otro que las administraciones públicas y lo es así por ley. Estamos ante una subcontratación generalizada de responsabilidades públicas llevada adelante por unas entidades que en la mayoría de las ocasiones nacieron para poner en funcionamiento servicios necesarios para la comunidad, en muchos ocasiones por medio del voluntariado, servicios que no se cubrían desde las administraciones pero que, décadas después, se han convertido en entidades usadas por la administración para eludir responsabilidades en la calidad del servicio, abaratar costos y mirar para otro lado ante la incesantes necesidades a cubrir y propiciando la competencia entre ellas para obtener financiación.
La externalización de servicios y la contratación precaria debilitan la protección tanto de los trabajadores como de los niños, niñas y adolescentes que son responsabilidad de la Administración y que establecen unos pliegos escasos, siempre a mínimos, que llevan precarizando el sector y la calidad de la intervención durante años.
Los equipos se enfrentan a estrés y frustración profesional, y son víctimas de agresiones verbales y físicas. Esta situación no se recoge bien en la prevención de riesgos laborales y, de hecho, cuando se acude a las mutuas para ser atendidos por estos incidentes, no se contempla tomar medidas, sino que lo abordan farmacológicamente con ansiolíticos y, en muchas ocasiones, no contemplan reconocer una baja laboral.
Es imperativo que las administraciones públicas y las entidades gestoras de estos servicios tomen medidas inmediatas para garantizar unas condiciones laborales dignas y seguras.
Por todo ello, presentamos la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
1. Llevar a cabo la revisión inmediata en cada contrato o concierto de las ratios de personal, estableciendo las ratios adecuadas según la categoría profesional en los diferentes turnos de trabajo, garantizando que en todos los turnos hay al menos dos personas trabajando conjuntamente antes de junio de 2025.
2. Llevar a cabo la evaluación de riesgos acorde a las características de los diferentes centros y la implementación de medidas de seguridad efectivas a tenor de los riesgos detectados.
3. Establecer en el nuevo acuerdo de acción concertada las condiciones económicas necesarias para garantizar la mejora de las condiciones salariales de los profesionales de los centros de protección y reforma, comprometiéndose a la financiación pública necesaria para la aplicación del futuro Convenio Colectivo Autonómico que actualmente se está negociando.
4. Evaluar las necesidades educativas y terapéuticas de la población atendida para llevar a cabo una provisión de recursos adecuados para la atención de menores con perfiles complejos.
5. Exigir a las entidades, con las que externalizan estos servicios, la reevaluación de los planes de prevención de riesgos de cada centro para que se integren de forma más adecuada los riesgos psicosociales y las medidas para garantizar la salud de los profesionales.
6. Generar para el desarrollo de los puntos anteriores mesas tripartitas entre administración, entidades gestoras y representantes de los trabajadores del sector para garantizar una visión integral de las necesidades y medidas acordes con esta.

Zaragoza, a 13 de marzo de 2025.