Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D. Javier Martínez Romero, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la defensa de las oficinas del consumidor en Aragón, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Las Oficinas de Información a las personas consumidoras de titularidad pública, son órganos de información, orientación y asesoramiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se trata de órganos de consumo dependientes de los ayuntamientos y de las comarcas que tienen como funciones principales la información, orientación y ayuda a los consumidores y usuarios en materia de consumo en el ámbito local, tramitar reclamaciones, quejas y denuncias, y resolver por la vía amistosa y de forma voluntaria los conflictos que puedan surgir entre los empresarios y consumidores de su término (mediación de consumo).

El servicio que prestan a los aragoneses es esencial y muy demandado, —solo en Zaragoza capital el año 2.017 entre la OMIC y sus PIC se realizaron 44.597 atenciones, superando el record de toda su trayectoria desde su creación en 1.983—, lo que da idea de su importante papel en la sociedad como servicio público básico y obligatorio por Ley.

En Aragón hay actualmente 35 Oficinas del consumidor, bien OMIC dependientes de los municipios (5), bien OCIC, dependientes de las Comarcas y mancomunidades, que integran la denominada Red Aragonesa de Información al Consumidor (RAIC).

Tal como establece el artículo 28 de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón, el Gobierno de Aragón debe promover, fomentar y habilitar o apoyar la creación de oficinas y servicios de información al consumidor en todo el territorio aragonés, con el fin de facilitar a los consumidores la información y el asesoramiento precisos para el adecuado ejercicio de los derechos que la Ley les reconoce y para atender a la defensa y protección de sus legítimos intereses.

La Ley estipula que los ayuntamientos de municipios con población superior a 5.000 habitantes deben contar obligatoriamente con una Oficina Municipal de Información al Consumidor; y que dependiendo de las comarcas se crearán las oficinas comarcales de información al consumidor. Toda comarca contará con al menos una oficina comarcal de información al consumidor.

Por todo ello, este GRUPO PARLAMENTARIO de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. A que en el ámbito de sus competencias ejerza su función de coordinar la labor de las oficinas de información a los consumidores de titularidad pública, prestando a las mismas el apoyo técnico y financiero necesario para su funcionamiento calidad en la prestación del servicio.

2. Desarrollar reglamentariamente el artículo 28 de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón estableciendo unos estándares mínimos de calidad en las OMIC y OCIC en Aragón, teniendo en cuenta la privacidad y confidencialidad de los usuarios, de acuerdo con las recomendaciones del Instituto Nacional del Consumo, ahora AECOSAN, y de la Comisión de Consumo de la FEMP sobre los requisitos de implantación de las Oficinas de Información al Consumidor en España, y Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.

3. Desarrollar las previsiones de la Disposición final séptima de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que modifica la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, facilitando la labor de mediadores de consumo de los técnicos asesores de consumo que prestan servicios en las OMIC/OCIC de Aragón.

Zaragoza, 16 de marzo de 2018.