A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
M.ª del Mar Vaquero Periánez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la red de centros sostenidos con fondos públicos, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación de 1985 (LODE), se orientaba a la modernización y racionalización de los tramos básicos del sistema educativo español, de acuerdo con lo establecido en el mandato constitucional en todos sus extremos. Era, por ello, una ley de programación de la enseñanza, orientada a la racionalización de la oferta de puestos escolares gratuitos, que buscaba la asignación racional de los recursos públicos y permitía la cohonestación y armonización de libertad e igualdad, además de ser una ley de regulación de los centros escolares y de sostenimiento de los concertados. En definitiva, la LODE pretendía ser una norma de convivencia basada en los principios de libertad, tolerancia y pluralismo que buscaba la prolongación de la letra y el espíritu del acuerdo alcanzado en la redacción de la Constitución para el ámbito de la educación.
En 2006, la Ley Orgánica de Educación (LOE) buscó garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios, tanto al alumnado que lo requiriera como a los centros en los que estaban escolarizados con el fin de tratar de mejorar el nivel educativo conciliando calidad y equidad. Para ello, era necesario que todos los componentes de la comunidad educativa se implicaran en ese objetivo tan ambicioso partiendo de la premisa de que el éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el alumnado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del sistema educativo.
Por lo tanto, el principio del esfuerzo, indispensable para lograr esa calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa.
En este sentido, las Administraciones educativas tienen que facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo porque, sin duda, de estos dos factores depende la consecución de los ambiciosos objetivos de nuestro sistema educativo.
En este marco, el modelo de conciertos educativos ha venido funcionando muy satisfactoriamente porque, por un lado respeta el derecho a la educación y, por otro, la libertad de enseñanza y la libertad de elección recogidos por nuestra Constitución.
En consecuencia, el Partido Popular apuesta por mantener la actual red de centros sostenidos por fondos públicos basada en un sistema de conciertos con el que es posible conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación, de manera gratuita, en condiciones de igualdad y libertad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
- Preservar el derecho a la educación como pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, entre ellos, la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación acorde con sus propias convicciones, siempre en el marco de la cultura de la paz y de valores como la tolerancia, la solidaridad y la justicia
- Mantener en la Comunidad Autónoma de Aragón la actual red dual de centros sostenidos con fondos públicos, integrada por los centros concertados y los de titularidad pública, que tiene encomendada por ley la provisión de la educación obligatoria en régimen de gratuidad.
- Programar la oferta educativa de las enseñanzas teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la libertad, la equidad y calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización que atienda la demanda social respecto a la oferta de plazas tanto en centros públicos y como en privados concertados.
Zaragoza, 5 de diciembre de 2016.
La Portavoz
M.ª DEL MAR VAQUERO PERIÁNEZ