Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D.ª María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre desarrollo del sector de los cuidados, como una política de recuperación social, económica y de igualdad prioritaria, solicitando su tramitación ante el Pleno.

Todas las personas dependemos de las demás en algún momento de nuestra vida.

Requerimos cuidados, ya sea en algún periodo importante (al nacer, en la infancia, si enfermamos, durante nuestra vejez) o de manera sostenida y continuada en el tiempo a causa de enfermedades crónicas o razones de diversidad funcional.

Cuidar, el trabajo que significa cuidar, actualmente recae mayoritariamente —continúa recayendo, desde tiempos inmemoriales— en manos femeninas (un 83% de las personas que cuidan son mujeres según datos del INE). Ese es un trabajo minusvalorado, poco o nada remunerado, físico y psicológicamente duro, y asumido generalmente por; a) mujeres que cuidan por una relación basada en lazos familiares (no mercantiles) dentro del marco invisibilizado del hogar; o bien b) trabajadoras remuneradas de forma precaria, en su mayoría mujeres migrantes de países empobrecidos y muchas de ellas en situación irregular.

Es ya una imperiosa necesidad empezar a afrontar la gran crisis que tenemos por delante (o una de ellas: la otra gran crisis anunciada y para la cual no se están aplicando las medidas preventivas imprescindibles para afrontarla es, sin duda, la crisis ecológica; el colapso de la ecología): hablamos de la crisis de los cuidados.

Así, la crisis de los cuidados acontecerá —está aconteciendo— al conjurarse:

a) la progresiva ruptura de los esquemas tradicionales de género por parte de las mujeres y su asentamiento como sujetos de pleno derecho,

b) la falta de implicación igualitaria en las tareas de cuidados por parte de los hombres,

c) la pérdida de redes sociales de apoyo (intergeneracionales, comunitarias, en la empresa...) que fuerza a resolver los asuntos cotidianos de una forma mucho más individualizada,

d) el retroceso en las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia y la falta de centralidad de los cuidados en las políticas sociales, así como el progresivo desmantelamiento general de los sistemas públicos de bienestar.

e) la precarización del mercado de trabajo, de los horarios y de los salarios, que imposibilita el tiempo para el cuidado y a la vez no permite cubrir económicamente la externalización privada de los cuidados hacia empresas del sector.

f) la invisibilidad permanente del conflicto al ser considerado una cuestión privada, y finalmente

g) el aumento exponencial de personas a cuidar y de la esperanza de vida.

Recordando que este es todavía un trabajo absolutamente precario en todos los sentidos y asumido mayoritariamente por mujeres se entiende que la falta de una cobertura pública suficiente de los cuidados ayuda a que la economía y la sociedad española perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres, consoliden la estratificación social, y obviamente mantengan un mal trato hacia las personas con necesidades de asistencia personal.

Así pues, esta es una propuesta para recuperar, reformular e impulsar una política pública de cuidados, y considerar ese sector como un motor de importancia vital dentro del sistema económico y el mercado de trabajo.

Así mismo, queremos que Aragón dentro de sus competencias, sea una de las pioneras en este tema.

El envejecimiento de la población aragonesa es una realidad que se va cronificando desde que comenzó la crisis económica. Según los datos del Instituto aragonés de estadística, (IAEST), el número de las personas residentes en Aragón de 65 a 84 años es de 226. 697 y el número de personas entre 85 y más años es de 51.664.

El número de personas que tienen más de 90 años no ha dejado de crecer. Las mejoras médicas y de las condiciones laborales en comparación con hace décadas ha ido provocando que la esperanza de vida haya crecido hasta superar los 80 años.

En Aragón, de las 731 poblaciones, 543 tienen menos de 500 vecinos (lo que representa el 75%).

Según los últimos datos del INE, unas 4.000 localidades (de las 8. 125 que existen) se consideran en riesgo de extinción a medio o largo plazo.

Aragón, además, según datos oficiales del Observatorio Estatal para la Dependencia, encabeza por primera vez en positivo este ranking con un incremento del 41,9%, lo que supone que cerca de 7.000 dependientes se han beneficiado en la Comunidad de una ayuda o prestación en 2017. Sin embargo se trata de un crecimiento insuficiente, a pesar del innegable avance en un sistema que venía del frenazo de los recortes de 2012, porque la consecuencia más cruel del mantenimiento, por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones es que, muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido por la Ley de Dependencia.

El volumen de hombres que disfrutan de una parte de la cesión del permiso de maternidad sigue siendo anecdótico sin que se haya registrado una evolución significativa en los últimos diez años. Los permisos para atender a personas mayores entre 2015 y 2016, aumentan un 71% por la reducción de políticas sociales, según estudios de varias organizaciones. Solo un 7% son solicitadas por hombres. Según datos publicados en enero de 2018, el 90% de las excedencias para cuidar a hijos o familiares en 2017 las pidieron las mujeres, por lo que la economía de los cuidados sigue recayendo en las mujeres.

Invertir en el sector de los cuidados es una propuesta clave para provocar un cambio profundo; para la generación de empleo y hacer frente al paro sistémico que achaca este país; para poner en contacto a esa demanda de trabajo con esa necesidad de alguien trabajando que requieren tantas personas dependientes; y para la reconversión de la economía hacia un modelo basado en actividad con poco impacto sobre el entorno que esté acorde con los límites ecológicos del planeta.

Por todo lo expuesto, este grupo parlamentario considera urgente un cambio de rumbo en lo que refiere a la implicación pública en el sector de los cuidados. De todos los cuidados, y ahí también es relevante la falta de cobertura pública de las necesidades de atención y cuidado para menores de tres años, por ejemplo. Se propone, pues, convertir el sector de los cuidados en un sentido amplio en un sector económico central en nuestro sistema de vida y de nuestro Estado de Bienestar.

Por todo ello se formula la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Asumir que la cuestión de los cuidados y la asistencia personal, además de ser una cuestión de justicia de género, es una inversión y un sector a priorizar en clave económica y social y por tanto es preciso por un lado, apoyar y favorecer los Pactos de Conciliación y otros acuerdos que trabajen la corresponsabilidad de la vida personal, familiar, laboral y social en el ámbito autonómico, y por otro lado, hacer de los cuidados una cuestión transversal, comprometiendo a todos los departamentos del Gobierno de Aragón y situar el cuidado y las necesidades de las personas, en el centro de todas sus políticas, planes, programas y actuaciones.

2. Elaborar, previo estudio del impacto económico, social y de género un plan de actuación para la puesta en marcha paulatina y debidamente calendarizada de las siguientes medidas:

2.1. Reformar dentro de las competencias propias, el sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo permisos iguales para cada persona progenitora —independientemente de su sexo, orientación sexual o tipo de familia—, intransferibles —como todos los demás derechos laborales y sociales—, retribuidos con el 100% del salario y garantizando la protección del puesto de trabajo durante el disfrute de los mismos.

2. 2. Aumentar significativamente la inversión y dedicación de recursos públicos a los servicios de cuidados.

2.3. Universalizar el derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, ensanchando progresivamente los supuestos que permiten disponer de atención, cuidados y asistencia personal a domicilio.

2.4. Garantizar unas ratios adecuadas y plantillas públicas de personas profesionales de atención y cuidados a personas en residencias públicas y Centros de Día, así como aumentar las plazas residenciales públicas de personas mayores dependientes de manera que se reduzca la lista de espera.

2.5. Realizar todas las actuaciones necesarias en 2018, para garantizar la cobertura del apoyo al pago del 60% de la cotización de la seguridad social a todas aquellas personas cuidadoras que quieran darse de alta en la seguridad social y lo puedan realizar durante los períodos en que abierto el plazo de solicitud de las ayudas.

2.6. Mejorar y desarrollar medidas, tanto de sensibilización e incentivación, como de inspección, para favorecer la incorporación efectiva al régimen general de la seguridad social de las personas empleadas del hogar.

2.7. Establecer medidas de erradicación del fraude en la contratación a tiempo parcial y fomentar la contratación a tiempo completo.

2.8. Reconocer y hacer efectivo el derecho universal a la educación infantil pública y gratuita desde los cero años y habilitar los centros y recursos necesarios para la educación infantil de O a 3 años.

3. Instar al Gobierno de España a:

3.1. Implantar la Jornada laboral de 35 horas.

3.2. Garantizar el 50% de financiación para las Comunidades Autónomas para el sistema de la dependencia.

3.3 Recuperar las cotizaciones de Seguridad social para las cuidadoras no profesionales del entorno familiar.

3.4. Reconocer plenos derechos laborales a las empleadas de hogar, equiparán dolas a las demás personas trabajadoras por cuenta ajena.

3.5. Establecer prestaciones por hijo o hija a cargo adaptadas al nivel de renta y tipo de familia, con especial atención a las familias monoparentales.

3.6. Potenciar y mantener de forma progresiva, un sistema público de cuidados y atención a la dependencia integrado, complementario y equiparable al sistema público de salud, basado en la asistencia personal para la vida independiente. Un sistema que reconozca el derecho universal de las personas a ser cuidadas, ampliando y superando la actual Ley de Dependencia y basado en una inversión pública prioritaria para la contratación de personal de cuidados vinculado a los servicios territoriales de salud y en coordinación con las Comunidades Autónomas.

Zaragoza, 25 de julio de 2018.