Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el refuerzo y la puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

La aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las políticas de la violencia contra y sobre las mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo internacional.

De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.

La mencionada Ley integral y la Ley aragonesa 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, son los dos instrumentos legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres.

El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres como una verdadera política de Estado. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en contra, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de Género, los aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género.

Por otro lado, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad el 8 de febrero de 2018 el Dictamen de la Comisión Especial de Estudio sobre las políticas y recursos necesarios para acabar con la violencia machista.

Los informes de Congreso y Senado, así como dicho Dictamen de las Cortes de Aragón, contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento.

Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado. Un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas.

Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el Ministerio de Sanidad e Igualdad:

— El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España.

— El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año.

— El 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de violencia.

— Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia.

A pesar de estos datos demoledores que explican por si solos la necesidad de políticas específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están produciendo, entre ellos:

— El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género.

— El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la ley integral, del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política.

El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas.

Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres.

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Por ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón acuerdan:

1. Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género de Congreso y Senado, y en el Dictamen de la Comisión Especial de Estudio sobre las políticas y recursos necesarios para acabar con la violencia machista, de las Cortes de Aragón, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y aragonesa, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.

2. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.

3. Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas.

4. En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.

5. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley aragonesa 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales.

6. Por último, garantizar el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul.

Zaragoza, 10 de enero de 2019.