Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2013, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 73/13, sobre el informe del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local aprobado por el Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2013 sobre Administración local, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 27 de febrero de 2013.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Adolfo Barrena Salces, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al informe del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local aprobado por el Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2013 sobre Administración local, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.

La Constitución Española, en el Título VIII sobre la Organización Territorial del Estado, establece en su artículo 137 el siguiente texto: «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias, (…)». El artículo 138, por su parte, señala que «El Estado garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español (…)». El artículo 140 dice que «La Constitución garantiza la autonomía de los municipios (…)». Y el artículo 142 indica que «Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas».

La situación delicada que presentan la amplia mayoría de las Entidades Locales en España es bien conocida, incluidas las de Aragón, propiciada principalmente por la reducción de ingresos con motivo de la crisis económica y el aumento del gasto a raíz de la asunción de nuevos servicios y competencias, algunas de las cuales no son competencias propias de los municipios (competencias no obligatorias), pero que se están prestando a la ciudadanía por ser la administración más cercana.

Desde hace décadas, las Entidades Locales vienen reivindicando un reparto de la financiación más justo y equitativo. Pese a ello, las promesas realizadas por diferentes Gobiernos del Estado de aprobar una Ley de Financiación Local que equilibre y compense a las Entidades Locales, se diluyen en el tiempo debido al escenario de la crisis económica. Este argumento sirvió a los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, para acordar una reforma de la Constitución en agosto de 2011 que da prioridad a la estabilidad presupuestaria y al control del déficit, limitando todavía más el mantenimiento de los servicios públicos municipales y el desarrollo económico de los pueblos.

En este contexto, el Gobierno del PP elaboró un Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, aunque pretendía aprobarlo en el Consejo de Ministros de 13 de julio de 2012 junto a un paquete de reformas, sin embargo tuvo que retirarlo al ser muy contestado y rechazado por los responsables de las Entidades Locales y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

Tras varias modificaciones del anteproyecto, el pasado 15 de febrero ha sido finalmente aprobado por el Consejo de Ministros el informe del anteproyecto de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que contempla como objetivo principal racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficacia y equilibrio financiero, y garantizar de forma más rigurosa el control financiero y presupuestario.

La propuesta de modificación aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy es absolutamente decepcionante en su contenido, falsa en su justificación y profundamente ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

Es decepcionante porque vulnera lo establecido en el artículo 142 de la Constitución española, menospreciando el principio de autonomía municipal, y modificando el modelo constitucional de estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión más allá de lo que decidan las otras administraciones. El anteproyecto presentado supone una radical modificación sobre el marco competencial municipal, reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad, razones por las cuales habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.

Es falsa en su justificación porque una reforma de tales características no se justifica en la crisis económica y financiera, toda vez que el conjunto de la deuda achacable a las administraciones locales apenas asciende al 5 % por ciento del total, correspondiendo, además, al Ayuntamiento de Madrid más de la mitad de la misma. Más bien habremos de convenir en que se trata de una reforma radicalmente involucionista que responde a modelos políticos y sociales propios de una derecha reaccionaria, centralista y acérrimamente liberal, cuyo objetivo no es otro que disminuir el Estado a su mínima expresión, desmantelando aquellas de sus capacidades que no resultan económicamente rentables, y disponiendo el traslado a manos privadas de todas aquellas que resultan financieramente apetecibles.

Por último, es profundamente nociva para los intereses de la ciudadanía porque en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión, se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario. Es perniciosa para ciudadanos y ciudadanas porque desdeña el respeto debido a sus derechos más básicos, atribuyendo competencias esenciales a instituciones cuya crisis económica y estructural es de tal calado que le impide, basta con analizar sus actuaciones y sus presupuestos, y por ende sus criterios políticos, el más mínimo ejercicio de la competencia, y, lo que es más grave, la voluntad política de desarrollarla.

Junto a todo lo anterior, lo grave de esta propuesta de reforma, además de no resolver el histórico problema de la financiación de las Entidades Locales, es la autorización que da a las Diputaciones Provinciales a intervenir los servicios públicos de los municipios de menos de 20.000 habitantes que no puedan sostener financieramente sus servicios, no cumplan con un estándar de calidad o sea ineficiente su gestión económica. Un paso más para seguir asfixiando a los Ayuntamientos y que haya más argumentos para continuar el proceso de privatización de los Servicios Públicos.

Por todo ello se presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón rechazan el informe del anteproyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 15 de febrero de 2013 por ser perjudicial para las Entidades Locales Aragonesas y la ciudadanía en general, e instan al Gobierno de Aragón a:

1.º Dirigirse al Gobierno central y solicitarle la retirada inmediata del anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

2.º Reclamar al Gobierno central el cumplimiento del Artículo 142 de la Constitución española para la defensa de la Autonomía Municipal.

3.º Solicitar al Gobierno central que inicie un Proceso de Negociación de un Pacto Local con la FEMP que permita la financiación adecuada de los Municipios, la búsqueda de fórmulas que permitan asegurar la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y su prestación desde la iniciativa pública.

4.º Elaborar, con la máxima urgencia, un informe de las afecciones que la aplicación de dicha ley, en su redactado actual, supondría para los municipios de Aragón.

5.º Participar, e impulsar, cuantos procesos se lleven a cabo, incluido el recurso de inconstitucionalidad si se aprobase la Ley en los términos del actual anteproyecto validado, para oponerse a la aprobación definitiva primero, y a la aplicación después, de dicha ley.

6.º A iniciar un proceso de participación con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y los Grupos Parlamentarios que aporte medidas que permitan la financiación adecuada de los servicios que prestan todos los municipios aragoneses, teniendo en cuenta las especiales características y la realidad aragonesas, de manera que se garantice la prestación de los servicios públicos desde la iniciativa pública.

7.º Las Cortes de Aragón reprueban al Ministro Cristóbal Montoro por presentar la propuesta de nueva Ley como una reducción del número de concejales que reciben una retribución; puesto que apenas se reduce un 1 % dicho número de concejales y sus declaraciones suponen una nueva descalificación de la política y de las personas que, sobre todo en los pequeños municipios, trabajan de forma altruista en beneficio de sus vecinos y vecinas.

Zaragoza, a 19 de febrero de 2013.