A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el compromiso del Gobierno de Aragón con la educación pública, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lo largo de la actual legislatura han sido numerosas las ocasiones en las que el Gobierno de Aragón ha manifestado su compromiso con la educación pública. Sin embargo, este compromiso no ha sido tal habida cuenta de las tensiones mantenidas por el Gobierno con un sector de la educación pública aragonesa.
Durante el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Presidente de todos los aragoneses declaró que, en el marco del ámbito educativo, una de sus prioridades era, precisamente, recuperar la relación y el diálogo perdido en los últimos meses con una parte de la enseñanza pública aragonesa: los centros concertados.
El compromiso con la educación pública debe adecuarse al marco de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española, a la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. En este marco normativo, la educación tiene la consideración de un servicio público que puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de enseñanza.
Así, la educación pública, entendida como servicio público, es prestada tanto en nuestro país como en la Comunidad Autónoma de Aragón por centros públicos y privados concertados, que son sostenidos con fondos públicos, de forma que el Gobierno central y, en nuestro caso, el Gobierno de Aragón tienen adquirido claramente ese compromiso con la educación pública dentro del marco legal establecido en nuestras leyes.
Se trata, en última instancia, de que todos los centros, tanto los de titularidad pública como los privados concertados, asuman su compromiso social con la educación, acentuando así el carácter complementario de ambas redes escolares, aunque sin perder su singularidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas. En definitiva, para prestar el servicio público de la educación, la sociedad debe dotarlos adecuadamente.
El Gobierno de Aragón, dentro de sus competencias, proporciona a los centros los recursos y los medios que necesitan para desarrollar su actividad y alcanzar sus objetivos, mientras que éstos deben utilizarlos con rigor y eficiencia para cumplir su cometido del mejor modo posible.
El articulado de la LOMCE recoge múltiples referencias a la dotación de recursos necesarios que deben ser prestados tanto por el Estado como por las Comunidades Autónomas, dentro de sus ámbitos de competencia (artículos 2bis, 27, 71, 72, 80, 88, 110, 111 bis, 122, 155 y 157), refiriéndose a recursos tecnológicos, materiales, físicos y humanos para todo tipo de alumnos, para ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades y la compensación de desigualdades.
Es decir, un compromiso real con la educación pública aragonesa se asienta, entre otras cosas, en que todos los centros educativos que integran la red aragonesa de centros sostenidos con fondos público sean tratados de forma equitativa, sin las discriminaciones de las que muchos de ellos han sido objeto como consecuencia de su titularidad de iniciativa social.
Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente:
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a establecer un compromiso claro con la educación pública de la Comunidad Autónoma Aragonesa destinando los recursos suficientes para que la igualdad de oportunidades en todas y cada una de las etapas educativas y en todos los centros sostenidos con fondos públicos sea real y efectiva.
Zaragoza, 30 de octubre de 2017.
La Portavoz
M.ª DEL MAR VAQUERO PERIANEZ