Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2011, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 47/11-VIII, sobre la mejora del Estado de bienestar, presentada por el G.P. Izquierda Unida de Aragón, y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 21 de septiembre de 2011.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Adolfo Barrena Salces, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora del Estado de Bienestar.

Los distintos parámetros que pueden medir lo que entendemos como estado de bienestar atestiguan la brecha que nos separa en la materia con la UE-15. Estas diferencias se extienden al conjunto de transferencias sociales y servicios públicos que son elementos fundamentales de la protección social. Pero hay que señalar, además, lo básico que es para el desarrollo del Estado Social la creación de empleo de calidad y la orientación de la política económica hacia el pleno empleo.

En el último ciclo expansivo se creó en Aragón empleo con intensidad y se redujo la tasa de paro, pero buena parte del empleo creado lo fue de escasa calidad, precario y frágil, como ha quedado demostrado al ser la Comunidad Autónoma que más empleo ha destruido. En todo caso, poca política social se ha practicado cuando los salarios apenas han logrado mantener el poder adquisitivo y han ido perdiendo progresivamente participación en el PIB regional.

La crisis financiera mundial ha sido catalizador para la explosión de nuestro modelo de crecimiento y empleo. La inadecuada política de rebajas fiscales a las rentas altas y al capital ha afectado a los ingresos públicos y la reducción acelerada del déficit exigida por los mercados, ha acabado por afectar al gasto social.

La salida a la crisis que todo el mundo dice defender, ha terminado por convertirse en un contundente ajuste social, recortando a corto plazo salarios a los empleados públicos, congelando pensiones, amortizando empleo público y recortando también programas de servicios sociales.

Pero además, se han articulado medidas que, más allá de buscar ahorros a corto plazo para cumplir con las exigencias del déficit público programado, afectan de forma estructural al modelo social: una reforma laboral que abarata el despido y recorta derechos laborales, y una reforma de las pensiones que también recorta las expectativas en las prestaciones de los futuros pensionistas.

La reforma de la Constitución va a afectar de manera muy negativa al Estado del Bienestar de nuestro país que, predominantemente, está financiado por las Comunidades Autónomas. Limitar el gasto público implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar de nuestro país que está muy alejado del que disfrutan la media de ciudadanos y ciudadanas europeos.

Por otra parte, aunque se habla genéricamente de Gasto Público, la realidad es que se refiere al Gasto Social ya que la reducción de gastos y los recortes han sido sobre pensiones, sobre empleo, sobre servicios públicos como educación, sanidad, servicios sociales, servicios domiciliarios, vivienda social, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

Las reformas y recortes operan sobre unos servicios sociales poco desarrollados, que son por otra parte una potencial fuente importante de creación de empleo, sobre unas pensiones relativamente bajas, y sobre unos niveles de pobreza que ni siquiera los años de expansión económica redujeron sensiblemente.

En paralelo, se ha renunciado a una política fiscal progresiva en materia de ingresos para permitir mejorar la redistribución de la renta y contar con recursos suficientes para financiar el gasto social que atiende los servicios públicos y prestaciones a los que la ciudadanía tiene derecho.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1.º Incrementar el gasto de protección social hasta los parámetros medios de la UE asegurando ingresos suficientes y una mejora en la equidad y progresividad del sistema tributario aragonés.

2.º Incrementar el IAI (Ingreso Aragonés de Inserción).

3.º Implantar en Aragón una Renta Básica Social para las personas desempleadas que hayan agotado su prestación contributiva, con el único requisito de demostrar una búsqueda activa de empleo.

4.º Adoptar las medidas necesarias para evitar la introducción de cualquier fórmula que suponga un copago en cualquiera de los Servicios Públicos y garantizar la gestión pública de los servicios evitando privatizaciones encubiertas de la gestión pública.

5.º Incrementar la cobertura pública de aquellos programas y servicios sociales que resultan ser una importante fuente de empleo y que crean condiciones favorables para la incorporación de la mujer al mercado laboral en condiciones de igualdad.

Zaragoza, 19 de septiembre de 2011.