Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Alejandro Nolasco Asensio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el coste de la inmigración ilegal masiva, solicitando su tramitación ante el Pleno de Las Cortes de Aragón.

España lleva décadas enfrentándose a una auténtica emergencia demográfica con una tasa más baja de natalidad con 1,12 hijos por mujer. Esta emergencia se afronta de dos maneras distintas:
La fórmula del bipartidismo que consiste en importar de forma masiva y descontrolada culturas incompatibles con la nuestra y con baja cualificación es un fracaso. El resultado: precarización del mercado laboral, pérdida de identidad, aumento de la inseguridad, degradación de nuestros barrios, incremento de la criminalidad y aumento del gasto social sin priorizar a los españoles más necesitados.
La fórmula de Vox, que consiste en fomentar la natalidad para revertir el invierno demográfico, garantizar empleos dignos, acceder a una vivienda digna, bajar impuestos y reindustrializar España. Así como en apoyar a las familias y recuperar el principio básico de que la solidaridad intergeneracional solo puede sostenerse con españoles trabajando y formando familias, no a base de importar mano de obra barata.
El discurso según el cual millones de inmigrantes son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de las pensiones es falso tal y como demuestra entre otros el Informe sobre el Coste de la Inmigración publicado recientemente por la Fundación Disenso. Los datos demuestran que, salvo en casos muy excepcionales de alta cualificación, la inmigración poco cualificada no compensa el déficit estructural de nuestro sistema, sino que lo agrava.
Incluso si aceptáramos la premisa de que la inmigración puede contribuir a la sostenibilidad de las pensiones, lo cierto es que los inmigrantes ya residentes en España presentan tasas de desempleo muy superiores a las de la población nativa. El caso de los inmigrantes de origen africano es ilustrativo: su tasa de paro alcanza el 25 %. Mientras esta situación no se corrija y no se logre el pleno empleo entre la población inmigrante ya instalada en nuestro país, no existe justificación para seguir incrementando los flujos de entrada bajo el pretexto de «pagar las pensiones».
España debe adoptar una política migratoria clara y firme: no debe regularizarse a ningún inmigrante ilegal, puesto que ello solo incentiva nuevas llegadas; y debe avanzarse en la deportación de todos aquellos que residan en España de manera ilegal, garantizando así el respeto a la legalidad y la protección de nuestro Estado del Bienestar.
Las pensiones no se defienden con inmigración masiva, se defienden con políticas serias y valientes al servicio de los españoles. La mentira repetida durante años por los gobiernos del PP y del PSOE de que necesitamos millones de inmigrantes para sostener las pensiones es falsa y los datos muestran exactamente lo contrario: la inmigración poco cualificada no paga las pensiones, sino que genera déficit.
Resulta contradictorio que, los mismos que mienten afirmando que la inmigración nos pagará las pensiones, oculten que las tasas de desempleo de los extranjeros superan holgadamente a la de los españoles.
Con unas cifras desorbitadas de paro, uno de cada cuatro desempleados en España son extranjeros, España no necesita inmigración a corto y medio plazo. No tiene sentido que se insista en importar inmigrantes de forma masiva mientras tenemos millones de parados españoles y cientos de miles de parados extranjeros.
Actualmente, más de 3,9 millones de inmigrantes viven en nuestra nación sin trabajar, representando el 58 % del total, alrededor de 7 millones de extranjeros. Si a estas cifras unimos la ausencia de prioridad nacional en el acceso a cualquier ayuda/prestación pública, vemos como no sólo estamos endeudando a los españoles de a pie, sino que además en no pocas ocasiones, se quedan fuera del reparto social.
Este patrón no es exclusivo de España. Países con mayor tradición de análisis sobre el impacto fiscal de la inmigración han llegado a conclusiones similares.
En Dinamarca, el Ministerio de Finanzas publicó un informe exhaustivo en el que se comparaban las aportaciones y gastos asociados a diferentes tipos de inmigración. El resultado fue contundente: los inmigrantes procedentes de países no occidentales generan cada año un déficit fiscal de más de 4.400 millones de euros. Este saldo negativo persistía incluso en la segunda generación. Por el contrario, los inmigrantes occidentales o altamente cualificados presentaban balances neutros o ligeramente positivos. Este diagnóstico llevó a Dinamarca a reformular sus políticas migratorias, estableciendo criterios más exigentes para la entrada y acceso a determinadas prestaciones sociales.
En Países Bajos, el CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis llegó a conclusiones similares. Según sus cálculos, los inmigrantes no occidentales y sus descendientes suponían un coste neto de 167.000 euros por persona a lo largo de su ciclo de vida. El estudio destacaba que, incluso cuando los inmigrantes poco cualificados encontraban empleo, sus aportaciones no lograban compensar el uso de servicios públicos a lo largo de toda la vida. Además, se observaba que los hijos de inmigrantes poco cualificados tendían a reproducir el mismo patrón, prolongando los déficits fiscales intergeneracionalmente.
Estos ejemplos muestran que la cuestión no es estar a favor o en contra de la inmigración en abstracto, sino reconocer que no toda inmigración es igual. Una inmigración cualificada, con salarios elevados y alta participación en el mercado laboral, puede aportar un saldo positivo o neutro. Pero la inmigración masiva y poco cualificada, que es la que ha recibido España en las últimas décadas, genera sistemáticamente un déficit para las cuentas públicas y, por tanto, no puede ser presentada como la solución a nuestros problemas demográficos
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de la nación a:
1. ⁠Proceder a la remigración de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación e impedir que puedan acceder a cualquier tipo de ayuda social o servicio público.
2. Proceder a la remigración de cualquier inmigrante legal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la nación que lo acoge o intente imponer la suya.
3. Auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años con el fin de evitar el fraude y revocar la de todos aquellos que hayan accedido de manera fraudulenta a la misma.
4. Realizar las modificaciones legales oportunas a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a nuestra nación.
5. Establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles. En todo caso, el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización.
6. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.
7. Promover incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles. A su vez, establecer criterios de reciprocidad con todos los países que restrinjan de alguna forma la contratación de españoles.
8. Implementar una política migratoria firme, ordenada y acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral, asegurando en todo momento la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles, así como la capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres.
9. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2025.