Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

M.ª del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Política Agraria Común, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

La última reforma de la Política Agraria Común mantuvo su estructura en lo que solemos denominar «dos pilares». El «primer pilar» soporta las ayudas directas de la Política Agraria Común y el «segundo pilar» contiene las ayudas que se circunscriben al ámbito de la política de desarrollo rural.

La financiación de las ayudas del segundo bloque se da por medio del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). El Feader, según la aprobación del último Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, debe contribuir a equilibrar el sector agrícola desde diferentes enfoques: territorial, medioambiental, cambio climático, innovación y competitividad.

Las prioridades marcadas por la Unión Europea para este nuevo período son las siguientes:

1. Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en los sectores agrario y forestal.

2. Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura, promover las tecnologías agrícolas innovadoras y apoyar la gestión forestal sostenible.

3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrario.

4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.

5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono.

6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.

Para el desarrollo y aplicación de estos principios de la Política Agraria Común se elaboró el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 con el objetivo de establecer una estrategia personalizada que responda a las necesidades exigidas por la Unión Europea y también a las propias de nuestra región. El porcentaje de cofinanciación varía en función de las medidas a aplicar y los propios programas a cofinanciar. Necesitan la aprobación de la Comisión Europea y además de incluir el plan de financiación, también deben incluir indicadores para evaluar los resultados.

Conviene recordar, que si bien la Política Agraria Común tuvo sus orígenes en 1962, no fue hasta principios del siglo XXI cuando se establecieron cambios para introducir en el marco de la Política Agraria Común de la Unión Europea el segundo pilar, enfocado al desarrollo rural en sentido amplio. A partir de este momento se incidió en la importancia del sector agrícola y ganadero para la protección del medio ambiente, para la prosperidad económica de la UE y por supuesto para la vertebración y asentamiento de población en nuestras regiones. Desde ese momento, las ayudas relacionadas con el segundo pilar o con el desarrollo rural van cobrando mayor importancia, a pesar de que sean las ayudas directas del primer pilar las que generalmente tienen mayor repercusión pública y en ocasiones también política.

Merece la pena destacar que para una Comunidad Autónoma como la nuestra, con dos provincias (Huesca y Teruel) cuya población rural representa más del 50% de la población, las ayudas del segundo pilar adquieren una relevancia vital para el futuro de las mismas. En el caso de la provincia de Zaragoza, el contexto poblacional queda desvirtuado por la ciudad de Zaragoza que representa más del 25% de la población de Aragón, pero no por ello es menos importante la implantación de políticas de desarrollo rural.

Según la categorización que realiza la Ley de ámbito nacional sobre Desarrollo Sostenible del medio rural; la población rural en Aragón supone casi el 45% de la población total. Lo que conlleva a una densidad poblacional de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

El impulso económico que tiene que realizar la Comunidad Autónoma con medios propios, es decir, con la parte proporcional que le corresponde para recibir los fondos de otras instituciones (ya hemos indicado anteriormente que se trata de fondos cofinanciados) debe poner de manifiesto la relevancia que se da a los propios fines que establece el PDR por parte de nuestro gobierno. La decisión política será determinante para fijar su influencia en los diferentes objetivos a los que atienden las ayudas Feader: competitividad agrícola, medio ambiente, cambio climático y equilibrio territorial.

Para la implementación del PDR 2014-2020, Aragón dispone de 907 millones de euros de fondos públicos distribuidos de la siguiente manera: 467 millones con cargo al presupuesto de la UE; 269,5 millones de cofinanciación nacional; y 170,6 millones de complementos adicionales de la financiación nacional.

Dada la importancia que tiene para el desarrollo rural de nuestra Comunidad Autónoma la correcta implementación de estos fondos, sería conveniente que el derecho a la información que tienen los representantes del pueblo aragonés en las Cortes de Aragón, no sólo se llevase a cabo en función de la voluntad libre e individual de cada uno de los representantes de solicitar la información correspondiente. En lo referente al PDR y a su implantación sería convenientes que se estableciese un cauce político formal para que la información sobre la evaluación del PDR, así como el conocimiento de los indicadores de cumplimiento de los objetivos establecidos en el PDR se conociesen de manera formal y con las explicaciones pertinentes.

Las Cortes de Aragón y el conjunto de los representantes de la cámara aragonesa no sólo deben controlar e impulsar al gobierno, también pueden establecerse mecanismos para que dichos representantes puedan aportar y ayudar en la gestión del Gobierno de Aragón, especialmente en todos aquellos proyectos que afectan al desarrollo y futuro de nuestra tierra y tienen una vigencia temporal que supera a un gobierno concreto. De hecho, la realidad es que ninguno de los programas de Desarrollo rural existentes hasta el momento los ha gestionado un único gobierno, ni si quiera un mismo gobierno del mismo color político.

Ciertamente, existen diferentes organismos de control y seguimiento de la ejecución del PDR, pero ningún organismo de control o seguimiento está vinculado a la cámara de representantes del pueblo aragonés.

Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón, dada la importancia que tiene la correcta implementación del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en nuestra Comunidad Autónoma para el desarrollo rural, instan al Gobierno de Aragón a que:

1. Remita a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, al inicio de cada período de sesiones, la siguiente información relativa al PDR:

— Ejecución del programa y estado de cumplimiento de los objetivos del PDR – Estudio exhaustivo de la Evaluación del Programa.

— Rendimiento del Programa y medidas adoptadas.

— Información sobre la ejecución de los instrumentos financieros.

2. Con posterioridad al envío de la documentación, convoque una reunión en la que estén presentes los responsables de la ejecución del PDR del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y los representantes de los Grupos Parlamentarios, con el objeto de analizar la documentación remitida.

Zaragoza, 5 de abril de 2017.