Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2012, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 76/12, sobre el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 14 de marzo de 2012.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de España van a tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales, consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores.

La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa mejore su competitividad. La reforma traerá más paro: en un momento de recesión como el que estamos viviendo una reforma laboral como esta, solo sirve para facilitar y abaratar el despido, para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación. Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas para impulsar el crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de doble ajuste. Ajuste presupuestario, ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores.

La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque:

Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres de los ingresos (independientemente de que los beneficios aumenten).

Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo. Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo simplemente por razones de competitividad o productividad.

Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de prueba y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos pero que, en la práctica, no duren más de un año o que concluyan a los tres años cuando finalicen las bonificaciones.

Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma afecta a un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en las empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios.

La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores.

Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los convenios («descuelgues»). Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios similar, pero más fácil, que el que se puede usar para el despido por causas económicas. Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo (ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y se asume un riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales.

En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la cohesión social.

La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias, deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del Producto Interior Bruto que a su vez supondrá más desempleo.

La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y con ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además inseguridad en los trabajadores.

En base a todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente:

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno de España para exigirle que retire el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, así como a presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tenga como objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo.

Las Cortes de Aragón acuerdan dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España y a las Cortes Generales.

Zaragoza, 6 de marzo de 2012.