Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los graves sucesos acontecidos entre el día 5 y el 14 de diciembre en la provincia de Teruel (comarca Andorra-Sierra de Arcos y comarca del Bajo Martín) que acabaron con el asesinato de tres personas (un joven ganadero de Andorra y dos guardias civiles), solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Todos compartimos que la seguridad ciudadana es uno de los elementos claves del Estado, y sobre todo, los propios ciudadanos reconocen, que junto a la sanidad, la educación, las pensiones y la atención a las personas dependientes por los servicios sociales, la seguridad pública constituye lo que podríamos denominar el quinto pilar de nuestro estado del bienestar.
La gestión y la garantía de una seguridad pública de calidad en España, casi en su totalidad, depende del Gobierno de España, en especial, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) y la colaboración de las Policías Locales en aquellos municipios que cuentan con estas unidades.
Desde 2011 debemos reconocer, por responder a datos contrastables, que los recortes llevados a cabo por el Gobierno central en las plantillas de los servicios públicos que articulan el estado de bienestar en nuestro país han afectado seriamente también a la seguridad pública y, por tanto, al número de policías y guardias civiles.
Así es el dato que mientras desde 2005 a 2010 (6 años) el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero convocó 24.046 plazas de Policías Nacionales y 20.794 Guardias Civiles, es decir, un total de 44.840 nuevos profesionales de la seguridad pública, desde 2011 hasta 2017 (7 años), por el contrario, el Gobierno de Mariano Rajoy solamente han sido 8.380 de Policía Nacional y 5.001 de Guardias Civiles, es decir un total de 13.381 (teniendo en cuenta por otra parte que de estos 3600 plazas de Guardia Civil y 6071 de Policía Nacional corresponden a las convocatorias de 2016 y 2017 y que, por tanto, ninguno de estos últimos se ha incorporado al servicio activo, pues los de 2016 están en formación en las academias y los de 2017 se encuentran en fase de oposición en estos momentos). En resumen, desde 2011 a 2017 el Gobierno de España solo ha puesto en servicio efectivo a 1.401 Guardias Civiles y a 2.309 Policías Nacionales —un total de 3.710—, cuando solo las jubilaciones de miembros de ambos cuerpos suponen algo más de 8000 miembros entre los dos cuerpos).
La conclusión de estos datos es que se ha dañado enormemente la seguridad pública en España, y cuando hablamos de daño en seguridad pública esto afecta especialmente al mundo rural, donde, como en el resto de los servicios (sanidad, educación y servicios sociales), el sector privado no está presente por no ser negocio.
A esto hay que añadir, que la obligación de las administraciones locales de cumplir con la tasa de reposición de efectivos desde el 2013 incluso por debajo del 100% al amparo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, ha llevado a que también el cuerpo de Policías Locales de la seguridad pública se haya visto minorado notablemente en la mayoría de ayuntamientos que disponían de este servicio.
Esta situación de escasez de efectivos de seguridad pública viene dañando especialmente a la España interior, la llamada «España vacía», aquella a la que en mayor medida afecta el fenómeno de la despoblación, pues en gran parte o casi en su totalidad la seguridad está atendida por los miembros de la Guardia Civil, es decir, el cuerpo de seguridad con menor tasa de reposición y con peores retribuciones, dicho sea de paso.
En la provincia de Teruel solamente se dispone de Policía Nacional en la capital de la provincia, y de Policía Local en la propia ciudad de Teruel, y las de Alcañiz, Andorra y Calamocha. El número de Guardias Civiles en la provincia ronda los 500, es decir, que si restamos a los 14.804 km² de la provincia los 440 que corresponden a Teruel ciudad, cada integrante de la Guardia Civil debe cubrir casi 29 km², eso sin haber descontado, personal de mando, oficinas, de intervención de armas, tráfico…, vacaciones o bajas médicas de personal que no se cubre, y un largo etcétera.
Esta es la situación objetiva de riesgo, miedo e inseguridad que la mayoría de personas y municipios de la provincia de Teruel viven. Pueblos a los que indudablemente, como no es negocio, las empresas de seguridad privadas no hacen acto de presencia. Es la inseguridad que muchos de sus alcaldes/as han venido reclamando con el cierre de cuarteles, con la reducción de servicios y el cierre de los cuarteles existentes en fin de semana. Alcaldes y alcaldesas que reclaman la colocación de cámaras de videovigilancia en sus calles porque los guardias civiles en el mejor de los casos pueden hacer acto de presencia cada dos días...
Este es el drama de la seguridad pública, drama que se ha hecho efectivo y visible en nuestra provincia en el periodo que va desde la tarde del 5 de diciembre a la medianoche del 15 de diciembre, en que era detenido en Cantavieja el psicópata asesino y exmilitar serbio Norbert Feher.
Producido el tiroteo de la tarde del día 5 de diciembre en Albalate del Arzobispo, con el resultado de dos ciudadanos heridos por arma de fuego, hasta la tarde del día 14 en que el mismo asesino acabó con la vida del ganadero José Luis Iranzo y los caballeros guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero, todo el Bajo Aragón vivió con angustia, miedo, inseguridad la certeza de que el asesino estaba en la zona, pero no se sabía del dispositivo que las fuerzas de seguridad habían desplegado, ni tan siquiera si este existía, dadas las contradicciones conocidas entre el Ministro Zoido, el Subdelegado de Teruel y el Delegado del Gobierno en Aragón.
Solamente una vez producida la tragedia, con el asesinato de un ciudadano y dos empleados públicos de la seguridad ciudadana, se llevó a cabo el dispositivo adecuado para cercar y detener al asesino. Aunque por ironía del destino al final este fuera detenido por una pareja de tráfico de la Guardia Civil de la comandancia de Castellón en la localidad de Cantavieja, a 80 kms de donde se produzco la matanza.
Los habitantes y vecinos de Andorra y Albalate, y por extensión las comarcas del Bajo Martin, Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón han vivido durante 11 días con el miedo y el terror de conocer de la existencia de un individuo que amenazaba sus vidas, y no han contado con la seguridad y la tranquilidad, ni con la información suficiente, de que su propia seguridad estaba garantizada por el Gobierno de todos.
Incluso quedan dudas más que razonables de que los guardias civiles asesinados supieran de la peligrosidad y el modus operandi de este delincuente, en búsqueda internacional. Tampoco los alcaldes y alcaldesas de la zona fueron informados debidamente ni conocían cómo actuar ante esta situación de extrema gravedad para proteger y garantizar la vida y la integridad física de la población.
Por todo ello, se presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón
1.— Condenan los asesinatos de José Luis Iranzo y de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero, ocurridos el día 14 de diciembre en la provincia de Teruel. Asimismo, trasladan el más sentido pésame a todos sus familiares, en especial esposas e hijos, amigos y compañeros.
2.— Hacen un reconocimiento explícito de la enorme labor que realizan en nuestro vasto territorio los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, especialmente los guardias civiles presentes en nuestros pueblos, como era la que llevaban a cabo Víctor Romero y Víctor Caballero, labor desarrollada con escasos recursos y enorme riesgo, prestando y protegiendo la seguridad de todos los aragoneses.
3.— Reconocen en el ganadero andorrano José Luis Iranzo el ejemplo de esos hombres y mujeres comprometidos con nuestra tierra, con nuestros pueblos despoblados, con esa gente joven y formada en nuestros institutos y en nuestra Universidad, que apuesta y se dedica al sector primario en una lucha épica contra la despoblación y que se compromete con la seguridad de sus vecinos colaborando con los miembros y fuerzas de seguridad del Estado.
4.— Solicitan al Gobierno de Aragón que exija al Gobierno de España la cobertura de todas las plazas de Guardias Civiles y de Policías Nacionales con el fin de garantizar una seguridad pública de calidad para todos nuestros ciudadanos. Especialmente esta exigencia debe llevar un plus de refuerzo a favor de aquellas comandancias que atienden, como la de Teruel, al mundo rural de nuestros pueblos escasamente habitados.
5.— Solicitan al Gobierno de Aragón que el Gobierno de España y el Ministerio del Interior faciliten toda la información oficial y verdadera, que no esté sometida a secreto de sumario, tanto sobre los trágicos hechos acontecidos en Albalate del Arzobispo y Andorra como sobre el dispositivo planificado o no en los días que van del 5 al 14 de diciembre con el fin de capturar al peligroso delincuente. Información a la que tenemos derecho todos los ciudadanos, pero especialmente los familiares de las víctimas en su proceso de duelo.

Zaragoza, 28 de diciembre de 2017.