Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

M.^a del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de un protocolo de actuación sanitaria frente al acoso escolar, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Cuando hablamos de «acoso escolar» nos estamos refiriendo a situaciones en las que uno o más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u otra —víctima— a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, agresiones físicas, amenazas y coacciones... pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima pero también para los espectadores y para el propio agresor o agresora. Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre iguales, en la literatura especializada es frecuente encontrar también el término inglés bullying.

El maltrato entre iguales es un problema que ocurre en el ámbito social en general. La intimidación de los agresores y agresoras ocurre en contextos sociales en los que docentes y familias, pocas veces están al tanto de su existencia y los demás niños/as no quieren involucrarse o simplemente no saben cómo ayudar. Dada esta situación, una intervención efectiva debe involucrar no sólo a la comunidad escolar, también los recursos sociales y sanitarios deben participar activamente en la prevención y el tratamiento del bullying.

El maltrato entre iguales es un problema serio que puede afectar dramáticamente la habilidad de los escolares a progresar académica y socialmente. Se requiere, pues, un plan de intervención integral.

El Defensor del Menor de Andalucía ponía de manifiesto en su informe sobre el acoso escolar que el abordaje del acoso no puede realizarse exclusivamente, como hemos señalado ya, desde la institución educativa. Tanto la prevención, detección como la atención a las víctimas o a los agresores se debe llevar a efecto con un enfoque multidisciplinar. Es necesaria, por tanto, la coordinación entre todas las áreas influyentes en los menores de edad. Las distintas instancias y agentes que participan en la tarea de la atención a la infancia y adolescencia asumen una responsabilidad común en una concepción global y no parcelada de la protección del derecho a la salud, a la educación y a la protección social de los menores. Por consiguiente, para actuar contra el acoso y el ciberacoso no solo ha de entablarse una buena coordinación entre el centro escolar, las familias, y los alumnos. Los servicios sociales y el ámbito sanitario también juegan un papel relevante.

El personal sanitario (pediatras, médicos de familia, psicólogos o psiquiatras) representa una pieza fundamental en el proceso de diagnóstico, tratamiento y prevención de los casos de acoso y ciberacoso. En muchas ocasiones son estos profesionales quienes detectan que detrás de la sintomatología de un niño (ansiedad, ataques de pánico y crisis de angustia, alteraciones del apetito y el sueño, trastorno de estrés postraumático, etc.) hay un sufrimiento derivado de los ataques que sufre de sus compañeros, el cual no ha sido previamente detectado ni por la familia ni por los responsables del centro educativo.

La experiencia demuestra que la coordinación entre los tres sectores (educativo, sanitario y social) es inexistente o escasa en muchas ocasiones, haciéndose depender en todo caso de la buena voluntad y disposición de los profesionales implicados. En un elevado porcentaje de casos el nexo de comunicación entre todos los sectores es la familia. Unos padres y madres que se ven obligados a transmitir la información o directrices que le van facilitando los distintos profesionales a los que acuden en demanda de ayuda. Pero es más, en algún supuesto, esa ausencia de comunicación entre sectores perjudica o interfiere el trabajo que desarrolla cada uno de ellos.

Y es necesario destacar que los casos de acoso escolar en España casi se duplicaron en 2016 con respecto a 2015 y crecieron un 240% en los dos últimos años, según el II Estudio sobre bullying y ciberbullying desde la perspectiva de los menores afectados.

Por todas estas circunstancias el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Elaborar un protocolo de actuación sanitaria frente al acoso escolar, especialmente entre el personal pediátrico.

2. Impulsar la coordinación entre los Departamentos de Educación, Cultura y Deporte; Sanidad; Presidencia, y Ciudadanía y Derechos Sociales para la detección, acompañamiento y protección de las víctimas de acoso escolar.

Zaragoza, 4 de mayo de 2018.