A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
Alfredo Boné Pueyo, Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre defensa de los intereses de Aragón, para su debate en Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante la finalización de la actual legislatura, con la inminente convocatoria de elecciones autonómicas y disolución de las Cortes, se estima oportuno realizar un pronunciamiento, con el fin de que, durante el periodo que resta de legislatura, y hasta la configuración del gobierno que derive de los comicios, el Gobierno de Aragón siga defendiendo los intereses de los aragoneses y aragonesas.
El objetivo es evitar, por un lado, cualquier decisión de otras administraciones que afecte negativamente a la Comunidad Autónoma, y por otro, prevenir que exista ralentización en la administración que derive en un perjuicio en la ejecución de partidas especialmente sensibles, como las políticas sociales o de empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés presenta para su debate en pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, en el periodo que resta de la actual legislatura:
1. Defienda el autogobierno, las competencias y las instituciones de Aragón, y en consecuencia, vele por que cualquier proyecto normativo o legislativo estatal sea estrictamente respetuoso con el Estatuto de Autonomía y con la normativa de desarrollo, rechazando cualquier iniciativa que suponga merma, injerencia o menoscabo.
2. Sea exigente en todos los foros nacionales e internacionales en la defensa de los intereses de Aragón, especialmente en lo relativo a inversiones, modelo de financiación autonómica y local, infraestructuras estratégicas y modelo de desarrollo territorial.
3. Priorice la ejecución de las partidas de los presupuestos de la Comunidad Autónoma relacionadas con las políticas sociales y la creación de empleo, para evitar que el periodo electoral se traduzca en una ralentización administrativa que afecte a los colectivos y ciudadanos en situación más vulnerable.
4. Aquellas decisiones importantes que afecten a la capacidad de autogobierno y al impulso de las políticas sociales y del empleo, se aborden desde el máximo consenso social y político.
Zaragoza, 16 de marzo de 2015.