Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Don Santiago Morón Sanjuán, Portavoz del grupo parlamentario VOX en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas a impulsar por el Gobierno de España ante las instituciones europeas para garantizar la viabilidad del sector primario español, solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Aragón.

Primero. El hartazgo del sector agrícola.
El sector primario ha sido históricamente y sigue siendo en la actualidad un sector estratégico para España, que ha contribuido al sustento y al desarrollo de nuestra Nación a lo largo de los siglos, y que a día de hoy sigue teniendo una enorme importancia social, económica y territorial. El Campo Español, además de contribuir a la soberanía alimentaria de nuestra Nación, es esencial para la pervivencia de la España Rural, que no olvidemos, merece una especial protección, tal y como se recoge en nuestra Constitución. Según los datos de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2022, el sector representó el 2,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) de forma directa y ocupó al 4 % de la población activa de España. Además, cabe destacar que casi la mitad del territorio español es superficie agraria útil, con una extensión de más de 23 millones de hectáreas, de las cuales 17 millones están destinadas al cultivo.
No obstante, el sector primario en España y en el resto de Europa se encuentra en una situación crítica debido a los ataques constantes y la criminalización a la que están siendo sometidos desde hace años por parte de distintas agendas globalistas implementadas por las diferentes administraciones que han ido legislando a espaldas de los intereses de los ciudadanos. Los disparados costes de producción, la competencia desleal de países extracomunitarios, el exceso de burocracia y de exigencias medioambientales irracionales hacen inviable el futuro de un sector castigado por la falta de rentabilidad y de relevo generacional. En este contexto de continuo hostigamiento, los agricultores y ganaderos de toda Europa se han levantado contra las políticas agrarias de la Unión Europea (UE). Al igual que ya hicieran en Países Bajos o Alemania, en las últimas semanas los agricultores franceses protagonizaron multitudinarias protestas por las políticas europeas que amenazan su modo de vida. En el marco de estas reclamaciones, se han producido ataques inaceptables a los productos nacionales que transportaban nuestros transportistas en la frontera francesa y algunas ciudades de Francia, sin que ello haya originado una respuesta contundente por parte del Gobierno de España en defensa de los intereses nacionales. Las acusaciones de competencia desleal a nuestro sector primario por parte del Ejecutivo francés sólo han pretendido desviar la atención de su responsabilidad en la implementación de las agendas globalistas que asfixian a nuestro campo mientras promueven la entrada de competencia desleal procedente de países extracomunitarios. Las legítimas reivindicaciones del sector primario francés no deben encontrar en el productor español un adversario ya que ambos se ven afectados por las mismas políticas ideológicas.
Segundo. Políticas europeas en contra del sector agrario.
El campo europeo agoniza mientras las élites de Bruselas y los entusiastas de la Agenda 2030 pretenden transformar todo el sistema alimentario, agrícola y forestal europeo. Todo ello en nombre de una supuesta lucha contra el cambio climático.
Desde el Tratado de Roma, la UE fijó las bases de lo que sería la Política Agraria Común (PAC). Concretamente, el artículo 39 establece entre los objetivos de la PAC: «garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria, en especial mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura». Hoy este objetivo no solo no se ha alcanzado, sino que las exigencias climáticas impuestas desde Bruselas y la vulneración del principio de preferencia comunitaria, clave de bóveda de la PAC, están mermando la capacidad económica de los agricultores y ganaderos europeos y españoles.
Así, entre las principales políticas europeas que lastran la actividad del sector primario, cabe destacar:
1. El Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa y Estrategia de Biodiversidad 2030.
Son la principal herramienta política y financiera con la que la Comisión Europea ha implementado una agenda de criminalización y asfixia al campo. Con ella, se pretende lograr una supuesta transición hacia un sistema agroalimentario sostenible que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero mediante: la reducción del uso de productos fitosanitarios y antimicrobianos, el aumento de la agricultura ecológica, el bienestar animal y la biodiversidad.
a) La Estrategia de la Granja a la Mesa, otorga prioridad al fomento de los cultivos ecológicos dentro de la UE, con el objetivo para el año 2030 de que el 25 % de la superficie agrícola sea ecológica. Además, establece metas específicas para el mismo año, incluyendo una reducción del 50 % en el uso de plaguicidas, una disminución del 20 % en el uso de fertilizantes y una reducción del 50 % en las pérdidas de nutrientes. Por tanto, la UE pretende endurecer el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, lo que constituye una flagrante incoherencia de la UE, que construye esta arquitectura verde sólo para los agricultores europeos, mientras permite la importación de países que no cumplen con estas exigencias, sentencia de muerte del sector primario comunitario.
b) En paralelo, la Estrategia de Biodiversidad 2030 tiene como objetivo aprobar el Reglamento sobre la restauración de la naturaleza por el que se obligará a España a restaurar, al menos, el 20 % de las zonas terrestres y marítimas de aquí a 2030. En resumen, ello se traducirá en menos hectáreas de cultivo, en menos cosechas y, en consecuencia, en una subida de los precios de los alimentos.
2. La Política Agraria Común 2023-2027.
El Pacto Verde Europeo ha definido la nueva PAC, que establece nuevas cargas burocráticas y objetivos gravosos para los agricultores y ganaderos españoles. Los llamados «ecorregímenes», ayudas consistentes en «pagos directos disociados a los regímenes en favor del clima y el medio ambiente», ya alcanzan el 23 % del total del presupuesto anual de las ayudas directas, 1.100 millones de euros. Entre algunas de las exigencias impuestas en esta nueva arquitectura verde de la PAC se debe destacar la rotación de cultivos y siembra directa, en el caso de tierras de cultivo o la prohibición del control de las cubiertas vegetales mediante ganado lo cual dificultará, por ejemplo, el control de los incendios.
Asimismo, cabe denunciar que la PAC 2023-2027 ya ha generado efectos adversos en el período octubre-diciembre del último año, con una disminución de 580 millones de euros en las ayudas directas de la PAC para el campo español, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
3. Los Acuerdos comerciales celebrados entre la UE con terceros países en condiciones que no garantizan la preferencia comunitaria son una de las principales causas del empobrecimiento de los agricultores europeos y que además merman gravemente nuestra soberanía alimentaria haciéndonos cada vez más dependientes del exterior. Así, el Acuerdo comercial celebrado entre Marruecos y la Unión Europea, sobre el que el Comité Económico y Social Europeo ya advirtió de que tendría un impacto negativo sobre el sector, ha supuesto un aumento de las importaciones del tomate marroquí en un 52 % desde 2013, lo que convertirá a España en un importador neto para 2035.
La entrada masiva de producción procedente de terceros países que, en su proceso de elaboración, distribución, almacenaje, etiquetado y transporte no cumple con las exigencias regulatorias, técnicas, ambientales, laborales o fiscales que se imponen a nuestros productores, colocan al campo europeo en una clara situación de inferioridad competitiva.
Todo ello se produce con la complicidad de una UE que, mientras endurece las obligaciones de los productores españoles, financia a la huerta marroquí con más de 115 millones de euros, lo que conduce al desmantelamiento de la huerta europea y, en último término, a la pérdida de la soberanía alimentaria de la Unión.
Una situación que, de no garantizarse el cumplimiento de los principios de preferencia comunitaria y de reciprocidad, se agravará tras la ratificación del Acuerdo de la UE con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), por el que se liberalizará el 82 % de las importaciones agroalimentarias procedentes del bloque de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, entre otros).
En definitiva, las políticas del Pacto Verde Europeo y la Política Agraria Común, promovidas desde Bruselas y ejecutadas por los sucesivos Gobiernos de España, en lugar responder a los intereses de los europeos, el sector primario y el cuidado del campo, están fundadas en agendas globalistas que utilizan el utopismo verde, que, a pesar de una apariencia inocua, resultan letales para nuestra soberanía alimentaria y nos aboca a una excesiva dependencia exterior.
4. El agua y el regadío. La sequía es connatural a la realidad geográfica de España y el único modo de hacer frente a las necesidades del campo es mediante un Plan Nacional del Agua y un Plan Nacional de Regadíos que pongan a las fronteras artificiales creadas por el estado de las autonomías y lleve a cabo una gestión de nuestros recursos hídricos basada en la solidaridad entre todas las regiones y provincias de España junto a criterios racionales y al servicio de los españoles, vertebrando con ello el territorio nacional. En este sentido, es necesario promover políticas de apoyo al regadío y a su modernización, al objeto de mejorar la eficiencia en la gestión, el ahorro, la mejora de la calidad del agua y la sostenibilidad de nuestros recursos.
Tercero. Medidas a adoptar para proteger el campo español.
Por todo lo expuesto, VOX exige el rechazo del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030, elaborada siguiendo agendas globalistas que nada tienen que ver con los intereses y las necesidades reales de los españoles, y de espaldas a los agricultores y ganaderos que trabajan cada día el campo y llevan los alimentos a las mesas de millones de hogares en toda España, y el cese del continuo acoso que el sector primario padece tanto a nivel europeo como nacional.
Nuestra soberanía alimentaria no puede verse mermada por la competencia desleal de los países extracomunitarios. Por ello, el Gobierno de España debe adoptar las medidas que sean necesarias para proteger el producto agroalimentario español frente a las amenazas externas. En este sentido, resulta fundamental garantizar el cumplimiento del principio de preferencia comunitaria y de reciprocidad ya que, respecto de los productos importados, los productos agroalimentarios europeos gozan de requisitos fitosanitarios y laborales más estrictos.
Asimismo, España debe reforzar los Puestos de Inspección Fronterizos: (i) aumentando su dotación de personal y material, en especial en aquellos puntos que habitualmente reciben importaciones agropecuarias de terceros países no miembros, (ii) extremando los controles y las inspecciones fitosanitarias de productos de terceros países que fundamentalmente tienen su entrada en nuestro país por los diferentes puertos europeos, y (iii) aplicando protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plagas.
Todo ello, mientras se apuesta por la revisión urgente de los Tratados y Acuerdos comerciales que están perjudicando los productos agrícolas europeos y españoles.
Por lo expuesto, desde el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón presentamos la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de la Nación a promover las siguientes medidas para salvaguardar los intereses agrícolas y alimentarios de España:
1. Denunciar y rechazar ante las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y toda la normativa derivada de este, así como las graves consecuencias que ha tenido para la economía española, en especial para el sector primario. Revertir todas las políticas implementadas como consecuencia de su aprobación por atentar directamente contra los intereses del Pueblo Español y nuestra soberanía alimentaria.
2. Impulsar una reorientación de las políticas y prácticas agrícolas en el seno de la Unión Europea, en especial de la Política Agraria Común, para asegurar nuestra soberanía alimentaria e incrementar las insuficientes ayudas para el fortalecimiento del sector primario y toda la industria agroalimentaria, estratégicos para España.
3. Promover en el seno de la UE la prohibición de la importación de productos agroalimentarios de terceros países que hayan sido tratados con fitosanitarios prohibidos en territorio UE.
4. Garantizar la aplicación del Principio de Reciprocidad y aumentar los controles en frontera, especialmente con Marruecos, para asegurar que los productos importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio.
5. Terminar con la Competencia Desleal de terceros países mediante mecanismos de control de importaciones extracomunitarias, estableciendo cupos, aranceles compensatorios y revisión de precios mínimos de entrada, y promoviendo regulaciones sobre umbrales de producción de terceros países, con el fin de garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias españolas.
6. Promover en el seno de la UE las acciones necesarias al objeto de respetar el principio de reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos importados a la UE.
7. Aumentar la dotación de personal y material de los Puestos de Inspección Fronterizos de los Puertos del Estado, especialmente en aquellos puntos con altas importaciones agropecuarias.
8. Exigir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del Principio de Preferencia Comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos los acuerdos comerciales que afecten al sector primario español, así como a emplear defensas comerciales adecuadas para proteger la agricultura europea.
9. Incrementar los controles sobre las importaciones y el etiquetado para prevenir la comercialización fraudulenta de productos como «origen España» que no son de origen español.
10. Oponerse al Acuerdo UE-MERCOSUR mientras no se garantice que no perjudica a ningún sector de la industria y que reporte beneficios para nuestros agricultores y personas dedicadas al sector primario.
11. Poner en marcha un plan de fomento del consumo del producto nacional que reconozca el mérito trabajo y el esfuerzo de nuestra agricultura, ganadería y pesca, reconociendo su calidad; todo ello a través del refuerzo de la imagen de los productos alimentarios españoles en los mercados, poniendo en valor la calidad, la seguridad y el alto valor de nuestros alimentos y gastronomía.
12. Promover la elaboración de un Plan Nacional del Agua y un Plan Nacional de Regadíos, al objeto de garantizar el acceso al agua de todos los españoles y el desarrollo de políticas de apoyo al regadío y a su modernización.

En Zaragoza, 3 de junio de 2024.