Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Industria e Innovación a la Preguntas núms. 848/13 y 849/13, relativas al cierre de la planta de la empresa Kimberly-Clark en Calatayud y las alternativas previstas y gestiones realizadas por el Departamento de Industria e Innovación, formulada por el Diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez, publicada en el BOCA núm. 137, de 5 de abril de 2013.

Zaragoza, 24 de julio de 2013.

La libertad de empresa es un derecho fundamental reconocido por la Constitución española de 1978 en su artículo 38:

«Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación».

La libertad de empresa no solo aparece como un derecho reconocible por parte de los poderes públicos, sino que existe un mandato explícito para que estos aseguren el ejercicio de actividades económicas con autonomía. Los derechos de otras partes, como los que corresponden a los trabajadores, aparecen regulados en una legislación específica y son garantizados por la autoridad competente en materia de trabajo.

Por otro lado, en los Tratados, la Unión Europea tiene encomendada la función de garantizar las libertades económicas, el mercado interior y el mantenimiento de un sistema económico que funcione con arreglo a criterios de libre competencia.

En un contexto económico global, al que se suma una de las crisis más duras de las últimas décadas, los actuales propietarios pueden estar buscando, y tienen pleno derecho a ello, una posición más competitiva en otras áreas de actividad. Este Consejero y todos los representantes públicos tienen la obligación constitucional de defender ese derecho, pese a que no nos agraden las consecuencias.

En cuanto a la venta anunciada hace unos meses, este Consejero ha hecho cuanto estaba en sus manos por dar una salida a la factoría, La decisión de cierre es unilateral y ésta se habrá de acoger a todos los preceptos legales que regulan los cierres en sus distintos aspectos, empezando, por supuesto, por el que se refiere a las cuestiones laborales, en las cuales habrá de intervenir la autoridad competente para garantizar los derechos de los trabajadores.

Por otro lado, en el marco de las líneas y programas de ayuda de este Departamento, el impacto de un posible cierre, sin duda, tendrá su consideración en el apoyo que se haya de determinar para los proyectos empresariales de Calatayud.

Zaragoza, a 10 de julio de 2013.