Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la defensa de Aragón y de los aragoneses ante los pactos de investidura, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

El pasado 28 de septiembre las Cortes de Aragón mostraron su rechazo a una ley de amnistía que borrase los delitos cometidos en torno a la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y de los actos derivados de la misma, como la declaración de independencia del gobierno de la Generalitat de Cataluña, la malversación de fondos públicos o la desobediencia. Actos delictivos que fueron debidamente juzgados como corresponde a un Estado democrático y de derecho como el español, y que acarrearon condenas de hasta trece años de prisión por sedición, malversación y desobediencia, por parte del Tribunal Supremo.
Siete de los acusados por los graves delitos no pudieron ser juzgados al encontrarse huidos de la justicia en diferentes países y que deberían haber rendido cuenta ante los tribunales por malversación agravada y sedición, delitos modificados a instancias del Gobierno para reducir sus posibles condenas futuras. Nuestra Constitución establece la igualdad de todos los españoles ante la ley, por lo que la rendición de cuentas ante los tribunales es una obligación ineludible.
La amnistía supone el mayor atentado contra un estado de derecho al anular las competencias del poder judicial y subordinarlo al interés del legislativo. Así se han manifestado numerosos juristas, incluidos vocales del Consejo General del Poder Judicial, que consideran que la ley de amnistía podría vulneran hasta siete artículos de la Constitución española generando una enorme inseguridad jurídica.
Igualmente, una amnistía a medida de las demandas de los separatistas catalanes rompería el principio básico de igualdad de los españoles y entre las comunidades autónomas, por la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, un valor supremo en nuestro ordenamiento jurídico.
Desde este principio, las Cortes de Aragón encomendaron el pasado 19 de octubre al Gobierno de Aragón la mayor determinación posible en la defensa de los intereses de los aragoneses para que interpongan cuantas acciones judiciales sean necesarias, incluido un recurso de inconstitucionalidad, ante el mayor desafío histórico que ha tenido nuestra democracia, desde el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981.
El pasado 28 de octubre tuvo lugar un Comité Federal del PSOE en el que su Secretario General, Pedro Sánchez, defendió públicamente la amnistía en Cataluña para los encausados del procés por el «interés de España» y «como única vía para que haya Gobierno».
Desde entonces se han ido sucediendo los acontecimientos, como la firma de un pacto de investidura con Esquerra Republicana de Cataluña liderada por un delincuente condenado a trece años de cárcel por hechos gravísimos y posteriormente indultado parcialmente por el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez.
El contenido del Pacto de Investidura con ERC contempla el traspaso del servicio ferroviario de cercanías (Rodalies) de Renfe a Cataluña, cuando hasta ese momento era técnica y jurídicamente imposible según la ministra socialista del ramo.
Asimismo, ese acuerdo contempla una amnistía para los condenados y los encausados del llamado procés, que contemplaría borrar la existencia misma de aquellos hechos gravísimos que llevaron al tribunal Supremo a condenar a varias personas hasta con 13 años de cárcel.
También se están dando a conocer los detalles el contenido del acuerdo entre el candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, y el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, que incluye una ley de amnistía para todos los cargos políticos, policiales o funcionarios, a los que se sumarán los actos vandálicos calificados de terrorismo y que alcanzan a numerosos acusados pendientes de juicio.
La Audiencia Nacional, competente en materia de terrorismo, enjuiciará en las próximas semanas a doce acusados por los graves disturbios organizados por el Comité de Defensa de la República a los que acusa de organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos. La misma suerte correrá Tsunami Democratic, responsable de acciones violentas y bloqueo de infraestructuras de interés general del Estado y de seguridad nacional, como el aeropuerto del Prat, y a cuyo frente la Guardia Civil sitúa a la Secretaria General de ERC, la prófuga Marta Rovira. Actos que quedarían sin efecto tras la amnistía que anulará, incluso, los actos terroristas.
El sometimiento de un gobierno del Estado español a un grupo de delincuentes condenados ha generado enorme rechazo en la sociedad española y aragonesa, que requiere de una firme condena de las Cortes de Aragón, como representantes del pueblo aragonés.
Por otra parte, el acuerdo para la investidura incluye una condonación de deuda pública de la Generalitat con el Estado español valorada en 15.000 millones de euros.
Se trata de un acuerdo entre un candidato a la presidencia del Gobierno español y el presidente de una comunidad autónoma para asegurarse los votos necesarios de siete diputados nacionales.
Un pacto al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que es el competente en la materia y en el que están presentes todas las comunidades, que no se reúne desde el mes de julio.
Dicho consejo tiene entre sus competencias la coordinación de la política presupuestaria de las comunidades autónomas con la del Estado, la coordinación de la política de endeudamiento, la coordinación de la política de inversiones públicas, la apreciación de razones que justifiquen las asignaciones presupuestarias, así como los criterios de equidad seguidos para su afección.
El acuerdo entre PSOE y ERC rompe todos los preceptos anteriores estableciendo un sistema propio bilateral entre Cataluña y el Estado español, al margen del resto de comunidades autónomas, lo que quebranta el principio de igualdad entre las mismas.
Este acuerdo, al margen del resto de comunidades, consagra el tradicional desprecio de la Generalitat por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que suele ausentarse de forma continua desde 2012, con el mismo desdén con el que no respeta la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, cámara territorial.
El actual modelo de financiación autonómico data de 2009 y requiere de una revisión que garantice una adecuada prestación de los servicios públicos, algo que ha reclamado en numerosas ocasiones nuestra comunidad, dadas sus singularidades demográficas y la previsión en el Estatuto de esta condición.
Es evidente que dicho acuerdo extraordinario no persigue una mejora de la financiación autonómica en su conjunto, sino la cesión a una comunidad a cambio de siete votos.
Un acuerdo unilateral que afecte a las cuentas públicas en su globalidad afecta directamente a los aragoneses que deberán contribuir con sus impuestos o mediante menores prestaciones el pago del apoyo parlamentario de los diputados de ERC.
El artículo 138 de nuestra Constitución de 1978 establece que el Estado garantizará un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y que no podrán existir privilegios económicos o sociales.
Resulta evidente que se ha quebrado el principio de igualdad entre españoles concediendo privilegios a un territorio como pago del apoyo de siete diputados a la investidura, generando un agravio y trato discriminatorio al resto de los españoles en general, y a los aragoneses en particular.
La amnistía y el trato de favor fiscal consagra la desigualdad y el privilegio entre comunidades y ciudadanos.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón acuerdan:
1. Reiterar su más absoluto rechazo a una amnistía que conlleva la anulación de los delitos cometidos en los últimos diez años bajo la excusa de «luchar» por la independencia de Cataluña, y especialmente aquellos acaecidos en octubre de 2017 en Cataluña, por quebrantar el Estado democrático y de derecho que representa España y vulnerar el principio de igualdad de todos los españoles.
2. Mostrar su rechazo a la condonación de deuda de una comunidad autónoma al margen de todos los demás territorios representados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas.
3. Instar al Gobierno de Aragón a liderar la respuesta de los aragoneses, encabezando toda acción política y jurídica en defensa de Aragón y de los aragoneses en todos los foros, así como en los tribunales frente a los privilegios discrecionales económicos y sociales a otras comunidades.

Zaragoza, 6 de noviembre de 2023.