Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Alejandro Nolasco Asensio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa la reconsideración de la prohibición de vehículos de combustión interna en 2035 y la protección de la industria automotriz en Aragón, solicitando su tramitación ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.

El sector automovilístico europeo, y en particular la industria de motores de combustión interna, ha alcanzado niveles extraordinarios de desarrollo y eficiencia en las últimas décadas. Gracias a los avances tecnológicos, estos motores son hoy significativamente más eficientes y menos contaminantes que en el pasado.
Proyectos como el EAGLE han demostrado que es posible desarrollar motores de combustión ultraeficientes, con reducciones significativas de emisiones. Entre las mejoras tecnológicas clave destacan el uso de combustibles sintéticos y nuevas formas de ignición que minimizan las emisiones de NOx y CO₂.
A pesar de estos avances, el Parlamento Europeo aprobó el 8 de junio de 2022 una normativa que prohíbe la comercialización de vehículos nuevos con motores de combustión (tanto de gasolina como diésel) a partir de 2035, imponiendo una transición acelerada hacia la denominada «movilidad eléctrica». Esta medida afecta no solo a los fabricantes, sino también a los consumidores.
La transición forzada prácticamente obliga a los ciudadanos a adquirir vehículos eléctricos, que siguen siendo considerablemente más caros que sus homólogos de combustión. Esto ha impulsado el auge del mercado de vehículos de segunda mano, ya que muchos consumidores ven la situación actual como un momento de incertidumbre: algunos preferirían adquirir un vehículo de combustión, mientras que otros no pueden permitirse un coche eléctrico nuevo.
Además, es importante destacar que la industria europea está altamente especializada en la fabricación de motores de combustión, lo que ha representado una ventaja competitiva a nivel global. Sin embargo, en el campo de las baterías para vehículos eléctricos, Europa depende en gran medida de Asia, particularmente de China, que domina tanto la producción de baterías como la de componentes clave para la movilidad eléctrica. Esta dependencia no solo expone a Europa, y a España en particular, a riesgos geopolíticos, sino que también amenaza con desmantelar parte de su industria automotriz, lo que conllevaría una pérdida de empleo y competitividad.
Imponer un cambio tan radical a una industria consolidada sin la infraestructura ni el conocimiento necesarios implica una pérdida significativa de riqueza y empleo tanto en Europa como en España y, más concretamente, en Aragón. Además, otorga una ventaja competitiva a los fabricantes extranjeros, especialmente a los chinos, lo que pone en peligro la soberanía industrial europea y española en un sector clave, incrementando la dependencia de terceros países para satisfacer las demandas del mercado emergente de vehículos eléctricos.
En este contexto, la transición hacia la movilidad eléctrica impuesta por la Unión Europea podría tener un impacto devastador en Aragón, una región que depende fuertemente del sector automotriz. La industria automotriz en Aragón representa aproximadamente el 6% del PIB regional y genera más del 30% del empleo industrial, con unos 25.000 empleos directos. Además, el sector automovilístico es clave para las exportaciones, representando el 35% del total regional.
Este tejido industrial se ha especializado durante décadas en la fabricación de vehículos con motores de combustión interna, logrando grandes avances en eficiencia y reducción de emisiones contaminantes. Estos avances incluyen motores más limpios y eficientes, que han minimizado el impacto ambiental y mantenido una posición competitiva en el mercado global.
Sin embargo, imponer una transición abrupta hacia los vehículos eléctricos ignora estos avances y coloca a la industria aragonesa en una posición vulnerable. Ni Aragón, ni España, ni Europa en general, cuentan con la infraestructura ni el conocimiento técnico suficiente en el campo de las baterías para vehículos eléctricos, lo que aumenta su dependencia de países asiáticos, especialmente de China, que domina este mercado.
La planta de Stellantis en Figueruelas, Zaragoza, enfrenta grandes desafíos en este contexto. Aunque ha recibido ayudas del PERTE VEC II y III, las cantidades concedidas siguen generando incertidumbre sobre su viabilidad económica a largo plazo. Carlos Tavares, CEO de Stellantis, ha señalado que los vehículos eléctricos son un 40% más caros de fabricar en comparación con los de combustión, lo que repercute directamente en el precio final para los consumidores. Esta situación complica las ventas de vehículos eléctricos en un contexto de baja demanda y escasa infraestructura. Además, se especula sobre una posible colaboración con el fabricante chino CATL, lo que genera una profunda preocupación sobre la utilización de los fondos europeos por parte del gobierno socialista de Sánchez para financiar la innovación de un competidor extranjero en lugar de hacerlo con una empresa nacional.
Estas incertidumbres, junto con las bajas ventas de vehículos eléctricos, ponen en riesgo la capacidad de Aragón para mantener su competitividad y proteger los empleos del sector. Por lo tanto, es crucial que el Gobierno de Aragón inste a las instituciones europeas a reconsiderar los plazos y métodos de esta transición, con el fin de proteger su industria, el empleo y la competitividad regional.
Es por todo lo expuesto por lo que el Grupo Parlamentario Vox en Aragón presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, a través del Gobierno de España y su Oficina en Bruselas, solicite a las instituciones europeas:
1. La derogación de la normativa que prohíbe la comercialización de nuevos vehículos con motores de combustión a partir de 2035, tomando en cuenta los avances tecnológicos que han hecho de estos motores una alternativa más eficiente y menos contaminante, así como las necesidades reales de los españoles, para los cuales es más fácil acceder al vehículo de combustión.
2. Una evaluación exhaustiva sobre la viabilidad económica de la planta de baterías en Figueruelas (Zaragoza), en particular teniendo en cuenta las declaraciones del CEO de Stellantis Carlos Tavares respecto al elevado coste de producción de vehículos eléctricos (40% más caros que los de combustión) y la baja demanda actual, lo que podría comprometer el futuro de la planta. Se debe asegurar que los fondos europeos del PERTE VEC II y III se utilicen de manera eficaz para garantizar la competitividad del sector automotriz español y evitar que dichos fondos beneficien a competidores extranjeros, como podría ser el caso del fabricante chino CATL.
3. Que se rechace la criminalización de los vehículos de combustión y de la industria automovilística en general. Estas políticas, impulsadas por el bipartidismo europeo bajo la Agenda 2030, no solo resultan en una precarización del tejido industrial, sino que también criminalizan a los españoles de a pie, quienes se ven obligados a hacer frente a un aumento de costes y restricciones injustificadas.

Zaragoza, 15 de octubre de 2024.