Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2026, ha calificado la Proposición de Ley de Transparencia e Integridad de las actividades de influencia ante los poderes públicos de Aragón, presentada por el G.P. Socialista, y ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón y su remisión a la Diputación General a los efectos establecidos en el artículo 180.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2026.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 178 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición de Ley de Transparencia e Integridad de las actividades de influencia ante los poderes públicos de Aragón.

Proposición de Ley de Transparencia e Integridad
de las actividades de influencia
ante los poderes públicos de Aragón

La actividad desarrollada por organizaciones, empresas, asociaciones, plataformas, entidades profesionales y otros grupos para trasladar sus posiciones a los poderes públicos constituye una realidad habitual en los sistemas democráticos y puede contribuir a aportar conocimiento y distintas perspectivas a la toma de decisiones.
La transparencia exige, sin embargo, que resulte posible conocer quién intenta influir en una determinada decisión pública, qué intereses representa, con quién se reúne, qué posiciones defiende y qué documentación aporta.
La Comunidad Autónoma de Aragón dispone de competencias propias sobre la organización y funcionamiento de sus instituciones, las especialidades de su procedimiento administrativo, el régimen jurídico de su Administración y el desarrollo de las bases estatales aplicables a las Administraciones públicas aragonesas.
En ejercicio de dichas competencias, y con pleno respeto a las competencias estatales, se considera oportuno establecer un régimen autonómico específico, completo y estable en materia de transparencia de las actividades de influencia.
La participación de personas, empresas, asociaciones, organizaciones profesionales, entidades sociales y demás organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y ejecución de las políticas públicas constituye una manifestación legítima de una sociedad democrática y plural.
Las actividades de representación de intereses pueden aportar información especializada, experiencia y diferentes perspectivas a los responsables públicos.
Sin embargo, su legitimidad democrática exige que se desarrollen en condiciones de transparencia, integridad, igualdad de acceso y rendición de cuentas.
La ciudadanía tiene derecho a conocer no solamente qué decisiones adoptan los poderes públicos, sino también qué personas y organizaciones han tratado de influir en ellas, qué intereses representan y mediante qué actuaciones.
La regulación de estas actividades no pretende limitar el derecho de participación, petición o interlocución con los poderes públicos, sino establecer mecanismos que permitan conocer y hacer trazables aquellas actividades organizadas cuyo objetivo sea influir en la elaboración de normas, políticas públicas o decisiones administrativas relevantes.
La presente ley establece, por ello, un sistema propio para Aragón.
La experiencia acumulada en otras comunidades autónomas que cuentan con registros públicos de grupos de interés muestra la conveniencia de combinar la inscripción obligatoria con la aceptación expresa de un código de conducta, la identificación de intermediarios y de los intereses o clientes representados, la publicidad de reuniones y contribuciones, la trazabilidad de la influencia ejercida y mecanismos efectivos de verificación, alerta, investigación y control. La presente ley incorpora estos elementos en un sistema unitario y los adapta al ámbito institucional y administrativo de Aragón.

El Estatuto de Autonomía reconoce el derecho de los aragoneses a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos y encomienda a los poderes públicos la promoción de la participación social en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Asimismo, dispone que la Administración Pública aragonesa debe ajustar su actividad, entre otros, al principio de transparencia.
La Comunidad Autónoma ostenta competencias en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organización propia y desarrollo del régimen jurídico y procedimiento de sus Administraciones públicas.
La presente regulación se circunscribe a dichos ámbitos y se entiende sin perjuicio de las competencias que correspondan al Estado.

La ley se fundamenta en cinco principios esenciales:
Primero. La actividad de influencia es una actividad legítima, pero debe ser transparente.
Segundo. Quien desarrolle profesional u organizadamente una actividad de influencia debe identificarse y hacer públicos los intereses que representa.
Tercero. Los responsables públicos deben hacer públicos sus contactos relevantes con los grupos de interés.
Cuarto. La transparencia debe permitir reconstruir la denominada huella de influencia, identificando las aportaciones realizadas durante la elaboración de una norma, política o decisión administrativa.
Quinto. La transparencia no puede limitarse a los procedimientos normativos. Debe extenderse a aquellas grandes decisiones estratégicas capaces de producir efectos significativos sobre el territorio, los recursos naturales, las inversiones públicas o privadas y el desarrollo económico y social de Aragón.
Especial relevancia adquieren, a estos efectos, los proyectos de interés general de Aragón, los proyectos estratégicos, las grandes inversiones industriales o tecnológicas, los centros de datos, las instalaciones energéticas, las operaciones sobre suelo público, las decisiones sobre recursos naturales y otros proyectos de especial impacto económico, territorial o ambiental.
A efectos de determinar las personas sometidas a las obligaciones reforzadas de integridad, transparencia y prevención de conflictos de intereses previstas en esta ley, deberá atenderse a las funciones efectivamente desempeñadas y no exclusivamente a la denominación formal del puesto o a la naturaleza del vínculo jurídico.
En consecuencia, el personal eventual integrado en gabinetes o unidades de apoyo quedará sometido al régimen correspondiente cuando ejerza materialmente funciones de dirección, asesoramiento estratégico con participación sustantiva en la toma de decisiones, interlocución empresarial, captación o acompañamiento de inversiones, coordinación de proyectos o actuaciones sustantivas capaces de incidir en intereses económicos privados.
La aplicación de este criterio no dependerá de que dichas personas dispongan formalmente de facultades de firma o resolución.
Esta previsión responde a la necesidad de evitar que diferencias meramente formales en la denominación o configuración de un puesto produzcan diferentes niveles de transparencia e integridad cuando las funciones efectivamente desarrolladas sean sustancialmente equivalentes.

La ley crea el Registro de Grupos de Interés de Aragón, establece un código de conducta, regula la publicidad de reuniones y agendas, introduce la huella normativa y administrativa, regula determinadas situaciones posteriores al cese de altos cargos y del personal eventual que ejerza materialmente funciones de dirección o intervención estratégica y establece mecanismos de supervisión y un régimen sancionador.
La aplicación de la ley se apoyará preferentemente en las estructuras administrativas y tecnológicas existentes en materia de transparencia.

Artículo 1.— Objeto.
La presente ley tiene por objeto:
a) Regular las actividades de influencia desarrolladas ante los poderes públicos de Aragón.
b) Garantizar su transparencia, integridad y trazabilidad.
c) Crear el Registro de Grupos de Interés de Aragón.
d) Regular la publicidad de las relaciones entre grupos de interés y responsables públicos.
e) Establecer la huella de influencia normativa y administrativa.
f) Prevenir los conflictos de intereses y las influencias indebidas.
g) Garantizar condiciones de igualdad y pluralidad en el acceso a los poderes públicos.
h) Garantizar que las obligaciones de transparencia, integridad e incompatibilidad resulten aplicables atendiendo a las funciones efectivamente desempeñadas por las personas que intervienen en los procesos de decisión pública.

Artículo 2.— Principios generales.
Las actividades comprendidas en esta ley se regirán por los principios de legalidad, transparencia, publicidad, integridad, igualdad de acceso, pluralidad, trazabilidad, rendición de cuentas, prevención de conflictos de intereses, responsabilidad y veracidad.
Artículo 3. Ámbito subjetivo.
1. Esta ley será de aplicación a las actividades de influencia desarrolladas ante:
a) La Presidencia del Gobierno de Aragón.
b) Los miembros del Gobierno.
c) Los altos cargos y órganos directivos de la Administración autonómica.
d) El personal eventual integrado en los gabinetes de los miembros del Gobierno o en otras unidades de apoyo cuando, con independencia de la denominación formal del puesto, desempeñe efectivamente funciones materiales de dirección, asesoramiento estratégico con participación sustantiva en procesos de decisión, interlocución empresarial, captación o acompañamiento de inversiones, negociación, impulso, coordinación o seguimiento de proyectos o actuaciones sustantivas sobre intereses económicos privados.
e) El restante personal eventual cuando participe de manera directa y sustantiva en procesos de decisión, asesoramiento o elaboración de políticas públicas susceptibles de actividad de influencia.
f) El personal empleado público cuando participe, por razón de sus funciones, en procesos susceptibles de actividad de influencia.
g) Los organismos públicos y entidades integrantes del sector público autonómico.
2. La inclusión del personal eventual en el supuesto previsto en la letra d) del apartado anterior se determinará atendiendo a las funciones efectivamente desempeñadas.
A estos efectos, no resultarán determinantes por sí solos:
a) La denominación formal del puesto.
b) Su clasificación como puesto eventual, de confianza o asesoramiento especial.
c) El rango administrativo atribuido.
d) La inexistencia de una delegación formal de competencias.
e) La ausencia de capacidad formal de firma.
f) La circunstancia de no dictar resoluciones administrativas.
3. A los efectos del apartado anterior se considerarán especialmente relevantes, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) Dirigir o coordinar materialmente proyectos o equipos vinculados a decisiones públicas.
b) Participar sustantivamente en la definición de estrategias o propuestas que posteriormente deban ser adoptadas por órganos administrativos o políticos.
c) Mantener interlocución habitual con empresas, inversores, fondos, entidades financieras, consultoras o representantes de intereses privados.
d) Captar, promover, negociar o acompañar inversiones empresariales.
e) Coordinar o efectuar el seguimiento sustantivo de proyectos estratégicos.
f) Intervenir en la preparación de decisiones relativas a autorizaciones, ayudas, incentivos, suelo, infraestructuras, energía, agua, recursos naturales o cualesquiera otros activos o decisiones públicas con incidencia económica relevante.
4. La sujeción a esta ley derivada de las funciones efectivamente desempeñadas no supondrá la convalidación ni prejuzgará la legalidad de la atribución de dichas funciones conforme a la normativa reguladora del personal eventual.
5. Las instituciones estatutarias adecuarán la aplicación de estos principios a sus respectivos ámbitos, de acuerdo con sus normas reguladoras.
6. Las Cortes de Aragón se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional primera.

Artículo 4.— Grupos de interés.
1. Son grupos de interés las personas físicas o jurídicas, organizaciones, entidades, plataformas, redes o agrupaciones, con o sin personalidad jurídica, que desarrollen de forma organizada actividades destinadas a influir en decisiones públicas en defensa de intereses propios o de terceros.
2. Podrán tener dicha consideración, entre otros:
a) Empresas y grupos empresariales.
b) Asociaciones empresariales y profesionales.
c) Consultoras y empresas dedicadas a relaciones institucionales.
d) Asociaciones y organizaciones no gubernamentales.
e) Fundaciones.
f) Colegios profesionales cuando no ejerzan funciones públicas.
g) Despachos profesionales cuando desarrollen actividades específicas de influencia distintas de la defensa jurídica.
h) Centros de pensamiento y organizaciones académicas o de investigación.
i) Plataformas y redes sin personalidad jurídica.
j) Personas que profesionalmente representen intereses de terceros.
3. Se considerarán igualmente comprendidos en esta ley los intermediarios que desarrollen actividades de influencia por cuenta de terceros, cualquiera que sea la forma contractual o profesional utilizada.
4. Cuando la actividad de influencia se realice por cuenta de terceros, deberán identificarse tanto el intermediario como la persona, empresa, organización o entidad cuyos intereses se representan, sin perjuicio de las limitaciones legalmente establecidas respecto de información protegida.

Artículo 5.— Actividad de influencia.
Se considera actividad de influencia toda actuación organizada, en curso o en preparación, directa o indirecta, oral, escrita, presencial o electrónica, desarrollada por cualquier canal o medio, destinada a influir en:
a) La elaboración, modificación o derogación de normas.
b) La definición o aplicación de políticas públicas.
c) La elaboración de planes, estrategias y programas.
d) Decisiones administrativas de especial relevancia.
e) La planificación de inversiones públicas.
f) El impulso, autorización o regulación de proyectos estratégicos.
g) Cualesquiera otras decisiones públicas susceptibles de producir efectos económicos, territoriales, ambientales o sociales significativos.
h) La preparación y difusión de documentos de posición, informes, estudios, propuestas o materiales dirigidos específicamente a responsables públicos con finalidad de influencia.
i) La organización de reuniones, actos, conferencias, presentaciones o actividades promocionales cuando estén dirigidas a responsables públicos y tengan por finalidad influir en decisiones comprendidas en esta ley.
j) Las contribuciones voluntarias y la participación de grupos de interés en consultas oficiales, audiencias u otros procesos participativos cuando tengan por finalidad defender intereses organizados respecto de decisiones públicas concretas, sin perjuicio de las garantías propias de dichos procedimientos.
Artículo 6. Exclusiones.
No tendrán la consideración de actividad de influencia:
a) El ejercicio individual de los derechos de petición, reclamación, audiencia o recurso.
b) Las actuaciones de asesoramiento o defensa jurídica vinculadas directamente a la defensa de una parte en un procedimiento administrativo o judicial en tramitación, al arbitraje, la conciliación o la mediación, así como la información profesional referida exclusivamente a un asunto particular, siempre que no se utilicen para desarrollar una actividad organizada de influencia al margen de dichos procedimientos.
c) Las alegaciones formuladas en procedimientos de información pública o audiencia regulados legalmente.
d) La participación en órganos colegiados institucionales cuando derive directamente de una norma.
e) Las comunicaciones destinadas exclusivamente a conocer el estado de un procedimiento.
f) Las reuniones exclusivamente protocolarias.
g) Las relaciones interadministrativas.
h) Las actuaciones de las organizaciones sindicales y empresariales cuando ejerzan funciones de diálogo social o participación institucional expresamente reconocidas por el ordenamiento jurídico.

Artículo 7.— Creación.
1. Se crea el Registro de Grupos de Interés de Aragón.
2. Será electrónico, público, gratuito y accesible a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.
3. La información estará disponible en formatos abiertos y reutilizables.
4. El Registro se organizará por categorías de grupos de interés y permitirá conocer públicamente quién ejerce actividad de influencia, en nombre de quién actúa, los ámbitos materiales sobre los que interviene y las actividades realizadas ante cada órgano o entidad incluidos en el ámbito de esta ley.

Artículo 8.— Inscripción.
1. La inscripción será obligatoria con carácter previo al ejercicio habitual o profesional de actividades de influencia, incluidas las actuaciones preparatorias específicamente dirigidas a iniciar o desarrollar dicha actividad.
2. Los responsables públicos comprendidos en el artículo 3 no mantendrán reuniones específicamente destinadas a actividades de influencia con grupos obligados a inscripción que no figuren en el Registro.
3. Cuando una entidad no inscrita solicite una reunión de estas características, se le informará previamente de su obligación de inscripción.
4. Cuando la actividad se desarrolle mediante intermediarios por cuenta de terceros, deberán constar inscritos tanto el intermediario como el cliente o entidad representada cuando ambos realicen actividades comprendidas en esta ley.
5. La inscripción se practicará mediante declaración responsable e implicará la aceptación expresa del código de conducta, del régimen de publicidad de la información registral y de los mecanismos de control previstos en esta ley.
6. La inscripción habilitará para el ejercicio de actividades de influencia ante los sujetos comprendidos en el artículo 3, sin que pueda interpretarse como reconocimiento, acreditación de solvencia, recomendación o respaldo público a la persona o entidad inscrita.

Artículo 9.— Información registral.
El Registro contendrá, como mínimo:
a) Identidad y datos de la entidad.
b) Personas responsables.
c) Personas autorizadas para desarrollar actividades de influencia.
d) Finalidades e intereses representados.
e) Materias sobre las que pretenda ejercer influencia.
f) Entidades a las que pertenezca.
g) Clientes o terceros representados.
h) Información sobre financiación vinculada a la actividad de influencia.
i) Ayudas y subvenciones públicas recibidas.
j) Identificación de las personas encargadas de desarrollar actividades de influencia que hayan desempeñado previamente cargos públicos o puestos de personal eventual comprendidos en el artículo 3.1.d).
k) Indicación de si la actividad se desarrolla en defensa de intereses propios o por cuenta de terceros y, en este último caso, identificación de las personas o entidades representadas.
l) Número o código público de inscripción y categoría registral, de forma que pueda identificarse inequívocamente a la persona o entidad en las agendas, huellas de influencia y demás instrumentos de publicidad previstos en esta ley.

Artículo 10.— Información económica.
1. Los grupos inscritos declararán anualmente:
a) Recursos destinados a actividades de influencia.
b) Ayudas, subvenciones y contratos recibidos del sector público aragonés.
c) Cuando actúen por cuenta de terceros, la identidad de sus clientes y el tramo económico correspondiente a los servicios prestados.
2. La información económica se referirá al último ejercicio cerrado disponible y se actualizará, como mínimo, con periodicidad anual. Reglamentariamente se establecerán tramos económicos homogéneos que permitan ofrecer información significativa sin exigir la publicación de datos desproporcionados.
3. Cuando una organización desarrolle actividades de influencia principalmente por cuenta propia, declarará el presupuesto o recursos destinados específicamente a dichas actividades cuando puedan identificarse de manera razonable.

Artículo 11.— Experiencia pública previa.
1. Deberá identificarse a las personas encargadas de desarrollar actividades de influencia que durante los cinco años anteriores hayan desempeñado funciones como:
a) Miembro del Gobierno de Aragón.
b) Alto cargo de la Administración autonómica.
c) Personal directivo del sector público autonómico.
d) Personal eventual comprendido en el artículo 3.1.d), con independencia de la denominación formal del puesto que hubiera ocupado.
2. En el supuesto de la letra d), la declaración identificará las funciones efectivamente desempeñadas y, cuando resulte procedente, los sectores, proyectos o materias sobre los que hubiera desarrollado funciones de dirección material, asesoramiento estratégico, interlocución empresarial, captación o acompañamiento de inversiones, coordinación o seguimiento.

Artículo 12.— Actualización.
1. La información deberá mantenerse permanentemente actualizada y será objeto de revisión completa al menos una vez al año.
2. El Registro requerirá la renovación expresa de la inscripción con periodicidad anual. La falta de renovación, una vez efectuado requerimiento y transcurrido el plazo reglamentariamente establecido, determinará la suspensión de la inscripción hasta su regularización.
3. Las modificaciones relevantes relativas a la identidad del grupo, las personas que actúan en su nombre, los clientes representados o los ámbitos materiales de influencia deberán comunicarse sin demora indebida.

Artículo 13.— Registro de actividades.
El Registro dará publicidad, al menos, a:
a) Fecha de las reuniones.
b) Participantes.
c) Organización representada.
d) Intereses representados.
e) Objeto de la actividad.
f) Órgano o responsable público destinatario.
g) Norma, política, proyecto o decisión sobre la que se ejerza la actividad.
h) Canal o medio utilizado y, en su caso, carácter directo o indirecto de la actividad de influencia.
i) Referencia a los informes, estudios, documentos de posición, propuestas u otras contribuciones aportadas, con enlace a su contenido cuando su publicidad sea legalmente procedente.
j) Identificación del cliente o tercero representado cuando la actividad se realice por cuenta ajena.

Artículo 14.— Código de conducta.
Los grupos de interés deberán:
a) Identificarse de manera clara y veraz.
b) Informar de los intereses que representan.
c) No facilitar información falsa o engañosa.
d) No ocultar la identidad de terceros por cuya cuenta actúan.
e) No utilizar medios ilícitos para obtener información o decisiones.
f) No ofrecer regalos, favores, ventajas o contraprestaciones susceptibles de comprometer la objetividad de un responsable público.
g) No inducir al incumplimiento de obligaciones legales o éticas.
h) Respetar las normas relativas a incompatibilidades y conflictos de intereses.
i) Colaborar con los órganos de supervisión.
j) No difundir ni utilizar indebidamente información de carácter confidencial o no pública obtenida en el ejercicio de la actividad de influencia.
k) No utilizar la inscripción en el Registro ni los signos o elementos identificativos de la Administración para aparentar reconocimiento, certificación, apoyo o relación privilegiada con los poderes públicos.
l) Garantizar que las personas que actúen en su nombre conocen y respetan las obligaciones derivadas de esta ley y, en particular, las relativas a incompatibilidades y conflictos de intereses.

Artículo 15.— Obligaciones de los responsables públicos.
1. Las personas comprendidas en el artículo 3 deberán:
a) Comprobar la inscripción cuando resulte obligatoria.
b) Identificar los intereses representados.
c) Comunicar las reuniones sujetas a publicidad.
d) Incorporar a los expedientes la documentación relevante recibida.
e) Garantizar la trazabilidad de las aportaciones.
f) Evitar tratos privilegiados carentes de justificación objetiva.
g) Rechazar regalos, ventajas o contraprestaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.
h) No facilitar a grupos de interés acceso anticipado a borradores o documentos normativos o administrativos que no sean todavía accesibles al público, salvo cuando dicho acceso se produzca en un procedimiento legalmente previsto y en condiciones de igualdad y transparencia.
i) Promover, cuando proceda, una interlocución plural y no discriminatoria, evitando que el acceso a procesos de decisión quede limitado injustificadamente a determinados intereses organizados.
2. Las obligaciones establecidas en este artículo serán plenamente aplicables al personal eventual previsto en el artículo 3.1.d), sin que pueda excluirse su aplicación por ausencia de competencias formales de resolución, autorización o firma cuando haya existido intervención material y sustantiva.
3. Cuando la Administración organice, con carácter previo o complementario a los trámites legalmente exigidos, un proceso estructurado de interlocución con grupos de interés para preparar una norma, plan o política pública, hará públicos su objeto, calendario, grupos inicialmente convocados y responsables públicos participantes, y habilitará un cauce para que otros grupos con intereses directamente afectados puedan solicitar su incorporación. La exclusión de una solicitud deberá ser motivada y pública.
4. Los procesos previstos en el apartado anterior no sustituirán los trámites de consulta pública, audiencia, información pública o participación ciudadana exigidos por el ordenamiento jurídico ni vincularán por sí solos la decisión final de la Administración.

Artículo 16.— Publicidad de reuniones.
1. Las reuniones y contactos concertados con grupos de interés, cualquiera que sea su modalidad presencial, telefónica, telemática o equivalente, se harán públicos en un plazo máximo de diez días hábiles.
2. Se publicarán:
a) Fecha.
b) Participantes.
c) Organización representada.
d) Intereses representados.
e) Objeto concreto.
f) Norma, política, proyecto o decisión relacionada.
3. Esta obligación comprenderá igualmente las reuniones mantenidas por asesores, personal eventual o empleados públicos por indicación de un alto cargo.
4. En particular, serán objeto de publicidad las reuniones mantenidas directamente por el personal eventual comprendido en el artículo 3.1.d), aun cuando el alto cargo del que dependa no participe en ellas.
5. La publicación identificará, cuando proceda, al intermediario y al cliente o tercero representado, así como el código de inscripción registral del grupo de interés.
6. Cuando exista documentación o contribuciones relacionadas con la reunión, la agenda o registro de actividad incorporará una referencia a las mismas y un enlace a su contenido si su publicidad resulta legalmente procedente.

Artículo 17.— Documentación.
1. Los informes, propuestas, estudios y demás documentación entregada durante una actividad de influencia quedarán identificados.
2. Serán públicos cuando resulte jurídicamente procedente.
3. La publicidad respetará la normativa sobre protección de datos personales, secretos empresariales, propiedad intelectual y demás límites legalmente establecidos.

Artículo 18.— Actividades posteriores al cese y prevención de puertas giratorias.
1. Durante los dos años siguientes al cese, las siguientes personas no podrán realizar profesionalmente, por cuenta propia o ajena, actividades de influencia relacionadas con las materias en las que hubieran intervenido personal y sustantivamente durante el ejercicio de sus funciones:
a) El Presidente del Gobierno de Aragón.
b) Los miembros del Gobierno.
c) Los altos cargos y órganos directivos de la Administración autonómica.
d) El personal eventual comprendido en el artículo 3.1.d).
2. A los efectos de este artículo se entenderá que ha existido intervención personal y sustantiva cuando la persona hubiera participado de manera relevante en cualquiera de las siguientes actuaciones, aunque no hubiera dictado resolución ni ostentase facultades formales de firma:
a) Elaboración de informes, propuestas o criterios determinantes para la decisión.
b) Negociación o interlocución sustantiva con empresas o representantes de intereses privados.
c) Captación o acompañamiento de inversiones.
d) Impulso, coordinación o seguimiento de proyectos.
e) Preparación de decisiones sometidas posteriormente a aprobación de órganos superiores.
f) Participación en reuniones en las que se hubieran negociado o definido elementos sustanciales de una decisión pública.
g) Intervención material en la concesión de ayudas, incentivos, autorizaciones, suelo, infraestructuras o cualquier otra ventaja o decisión pública relevante.
3. La prohibición alcanzará a la prestación de servicios profesionales para:
a) Empresas o entidades directamente afectadas por las actuaciones en las que la persona hubiera intervenido.
b) Sociedades matrices o dependientes de aquellas cuando exista una relación directa con la materia objeto de la intervención.
c) Fondos, vehículos de inversión, sociedades instrumentales o entidades gestoras vinculados al proyecto o inversión sobre el que hubiera existido intervención personal y sustantiva.
d) Entidades que sucedan jurídica o económicamente a las anteriores respecto del proyecto afectado.
4. La prohibición comprenderá tanto el ejercicio directo de la actividad como su realización mediante sociedades, consultoras, despachos, asociaciones o cualquier persona o entidad interpuesta.
5. Las personas comprendidas en el apartado 1 que, antes de su cese, inicien conversaciones, negociaciones o contactos concretos dirigidos a su posible incorporación profesional a una empresa o entidad privada deberán comunicarlo al órgano competente en materia de conflictos de intereses en el plazo máximo de cinco días hábiles desde el inicio de dichas negociaciones.
Desde ese momento deberán abstenerse inmediatamente de intervenir en cualquier expediente, reunión, negociación, decisión o actuación que afecte específicamente a dicha empresa, a las entidades de su grupo o a proyectos en los que aquella tenga un interés directo.
6. Durante los dos años siguientes al cese, las personas comprendidas en este artículo deberán comunicar, con carácter previo a su inicio, las actividades profesionales privadas que pretendan desarrollar.
El órgano competente resolverá expresamente sobre su compatibilidad.
La resolución deberá ser motivada y será objeto de publicidad en el Portal de Transparencia, con respeto a la normativa sobre protección de datos.
7. El silencio no tendrá efectos autorizatorios cuando la actividad comunicada pueda encontrarse incluida en alguna de las prohibiciones establecidas en este artículo.
8. Las personas comprendidas en este artículo no podrán utilizar ni revelar información obtenida por razón de sus funciones que no tenga carácter público para favorecer actividades privadas o de influencia propias o de terceros.
9. Una vez finalizado el período de incompatibilidad, cuando estas personas desarrollen profesionalmente actividades de influencia deberán hacer constar en el Registro los cargos o puestos públicos desempeñados durante los cinco años anteriores.
10. Las entidades inscritas deberán identificar expresamente a las personas que desarrollen actividades de influencia para ellas y que se encuentren o se hayan encontrado dentro del período de incompatibilidad previsto en este artículo.
11. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de cualquier régimen de incompatibilidades más restrictivo que resulte aplicable.
12. La aplicación de este régimen al personal eventual comprendido en el artículo 3.1.d) se determinará por las funciones efectivamente ejercidas y no por su denominación, vínculo jurídico, posición orgánica o capacidad formal de adoptar resoluciones.

Artículo 19.— Huella normativa.
1. Los anteproyectos de ley, proyectos de decreto y disposiciones reglamentarias de carácter general incorporarán un Informe de Huella de Influencia.
2. Dicho informe identificará:
a) Grupos de interés intervinientes.
b) Responsables públicos con quienes mantuvieron contactos, incluido, en su caso, el personal eventual comprendido en el artículo 3.1.d).
c) Fechas.
d) Materias abordadas.
e) Posiciones o propuestas formuladas.
f) Documentación aportada.
g) Modificaciones introducidas que puedan relacionarse objetivamente con propuestas recibidas durante dichas actividades.
h) Las actividades de influencia indirecta o escritas relevantes que hayan quedado documentadas y puedan vincularse objetivamente al procedimiento.
i) Cuando resulte identificable, la incidencia de las aportaciones recibidas en la evolución del texto, sin que ello implique atribuir de forma automática una relación causal entre la propuesta de un grupo de interés y la decisión finalmente adoptada.
3. Cuando no se hayan registrado actividades de influencia, se hará constar expresamente.

Artículo 20.— Publicidad de la huella normativa.
El Informe de Huella de Influencia:
a) Formará parte del expediente.
b) Se publicará con la documentación del procedimiento normativo.
c) Acompañará a los proyectos de ley remitidos a las Cortes de Aragón.

Artículo 21.— Huella de influencia en decisiones administrativas y proyectos estratégicos.
1. Las decisiones administrativas y actuaciones preparatorias de especial relevancia económica, territorial, ambiental o social deberán incorporar una Huella de Influencia Administrativa cuando durante su preparación o tramitación se hayan producido actividades comprendidas en esta ley.
2. Esta obligación se aplicará, en todo caso, a las actividades de influencia relacionadas con:
a) Planes y Proyectos de Interés General de Aragón.
b) Proyectos declarados de interés autonómico, estratégico o equivalente.
c) Proyectos empresariales o industriales sujetos a procedimientos autonómicos especiales de impulso, aceleración o simplificación.
d) Grandes inversiones industriales o tecnológicas.
e) Centros de datos y grandes infraestructuras digitales.
f) Instalaciones de generación, almacenamiento o transporte de energía cuando intervenga la Administración autonómica en el ejercicio de sus competencias.
g) Proyectos de energías renovables de especial impacto territorial.
h) Instrumentos de ordenación territorial o urbanística promovidos, impulsados o autorizados por la Administración autonómica cuando estén vinculados a grandes proyectos empresariales.
i) Operaciones de adquisición, transmisión, cesión, concesión o puesta a disposición de suelo o patrimonio público vinculadas a proyectos estratégicos.
j) Decisiones autonómicas que, dentro del ámbito de sus competencias, impliquen una utilización significativa de recursos hídricos o naturales.
k) Grandes infraestructuras.
l) Programas específicos de subvenciones, ayudas, incentivos fiscales o económicos destinados a proyectos individualizables de especial relevancia.
m) Convenios, protocolos o instrumentos de colaboración entre la Administración autonómica y grandes operadores económicos cuando tengan por objeto preparar o facilitar inversiones estratégicas.
n) Actuaciones preparatorias de contratación pública cuando se produzcan contactos de influencia previos al procedimiento contractual, sin perjuicio de las reglas específicas que regulen la contratación pública y las consultas preliminares de mercado.
3. La Huella de Influencia Administrativa recogerá igualmente la intervención de personal eventual comprendido en el artículo 3.1.d) cuando hubiera participado en actuaciones de interlocución empresarial, captación, acompañamiento, negociación, impulso, coordinación o seguimiento del proyecto, incluso cuando dicha actuación fuese preparatoria y no comportase la adopción formal de decisiones administrativas.
4. Reglamentariamente podrán establecerse criterios económicos objetivos para determinar qué proyectos quedan sujetos a este artículo. En ningún caso podrán quedar excluidos por razón de su cuantía los Planes o Proyectos de Interés General de Aragón ni los proyectos formalmente declarados estratégicos.
5. La obligación de dejar huella existirá aunque la propuesta formulada por el grupo de interés no sea finalmente aceptada.
6. La huella deberá permitir distinguir entre:
a) Actividades de información.
b) Solicitudes de modificación.
c) Propuestas regulatorias.
d) Solicitudes de ayuda o apoyo público.
e) Peticiones relacionadas con suelo, infraestructuras, energía, agua o recursos naturales.
f) Cualquier otra actuación encaminada a condicionar o modificar una decisión pública.
7. Lo previsto en este artículo no alterará los procedimientos de autorización, evaluación ambiental, contratación, concesión, subvención o cualesquiera otros regulados específicamente por la legislación sectorial.

Artículo 22.— Contenido de la huella administrativa.
La Huella de Influencia Administrativa contendrá:
a) Identidad del grupo.
b) Entidad o intereses representados.
c) Personas participantes.
d) Responsables públicos intervinientes, incluidas las personas de carácter eventual sometidas al artículo 3.1.d).
e) Fechas y modalidad de los contactos.
f) Objeto.
g) Propuestas formuladas.
h) Documentación presentada.
i) Decisión pública sobre la que se pretendía influir.
j) Unidad administrativa responsable del expediente.
k) En su caso, función material desempeñada por el personal eventual participante cuando hubiera desarrollado tareas de interlocución, captación, negociación, coordinación, acompañamiento o seguimiento.

Artículo 23.— Publicidad.
1. Las reuniones serán objeto de publicidad conforme al artículo 16.
2. Adoptada la decisión correspondiente, la huella completa se incorporará al expediente y se publicará en el Portal de Transparencia.
3. La información cuya publicación pudiera afectar a procedimientos competitivos en curso podrá diferirse hasta el momento en que desaparezca dicha circunstancia.
4. Serán aplicables los límites establecidos por la normativa sobre protección de datos, seguridad, secreto empresarial y demás información legalmente protegida.

Artículo 24.— Supervisión.
1. El Consejo de Transparencia de Aragón ejercerá, en el marco de esta ley y con independencia orgánica y funcional, funciones de supervisión de las obligaciones de transparencia derivadas de la misma.
2. Le corresponderá:
a) Recibir comunicaciones y denuncias.
b) Formular recomendaciones.
c) Requerir información a los órganos responsables.
d) Instar la subsanación de incumplimientos.
e) Instar, cuando proceda, la incoación del correspondiente procedimiento sancionador.
f) Elaborar anualmente un informe sobre el cumplimiento de esta ley.
3. La gestión administrativa del Registro corresponderá al departamento competente en materia de transparencia.
4. El órgano responsable del Registro podrá verificar de oficio la exactitud, integridad y actualización de los datos inscritos y requerir a las personas o entidades registradas la documentación necesaria para su comprobación.
5. Cualquier persona podrá comunicar al órgano responsable del Registro posibles omisiones, errores, actividades de influencia no declaradas o incumplimientos del código de conducta. Estas comunicaciones podrán dar lugar a actuaciones de verificación o investigación, sin que confieran por sí solas la condición de parte interesada.
6. Cuando se aprecien datos inexactos, incompletos o desactualizados, se requerirá su subsanación. Si existieran indicios de infracción, se dará traslado al órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador correspondiente, garantizando en todo caso la audiencia de las personas afectadas.
7. El informe anual previsto en la letra f) del apartado 2 incluirá datos sobre verificaciones realizadas, alertas recibidas, subsanaciones, suspensiones, procedimientos sancionadores y grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad y huella de influencia.

Artículo 25.— Principios del régimen sancionador.
El ejercicio de la potestad sancionadora respetará los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, audiencia, contradicción y presunción de inocencia.
Cuando unos mismos hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, se estará a lo establecido en la legislación aplicable.

Artículo 26.— Infracciones de los grupos de interés.
1. Son infracciones graves:
a) Facilitar deliberadamente información o documentación falsa al Registro.
b) Ocultar deliberadamente la identidad de la persona o entidad cuyos intereses se representan.
c) Ocultar datos económicos cuya declaración resulte obligatoria.
d) Ejercer reiteradamente actividades de influencia estando obligado a inscripción y careciendo de ella.
e) Ofrecer regalos, favores, servicios, ventajas o contraprestaciones destinadas a comprometer la objetividad de un responsable público, sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que pudieran concurrir.
f) Inducir deliberadamente a un responsable público a incumplir sus obligaciones legales.
g) Obstaculizar las actuaciones de comprobación.
h) Utilizar personas o entidades interpuestas con la finalidad de eludir las obligaciones de transparencia previstas en esta ley.
i) Ocultar deliberadamente la identidad de un cliente o tercero representado cuando su declaración sea obligatoria.
j) Incumplir de forma grave o reiterada las obligaciones esenciales del código de conducta, especialmente cuando se afecte a la veracidad, integridad o transparencia de la actividad de influencia.
2. Son infracciones leves:
a) No actualizar la información registral.
b) Incumplir obligaciones formales del código de conducta.
c) Ejercer de manera aislada una actividad de influencia sin haber completado previamente la inscripción exigida.
d) No atender dentro de plazo un requerimiento de subsanación.
e) No efectuar en plazo la renovación registral o la comunicación de cambios relevantes cuando la omisión no tenga carácter deliberado ni produzca un ocultamiento sustancial.

Artículo 27.— Sanciones a los grupos de interés.
1. Las infracciones graves podrán dar lugar, atendiendo a su naturaleza y circunstancias, a:
a) Declaración pública de incumplimiento.
b) Multa de 601 a 6.000 euros.
c) Suspensión de la inscripción y de la posibilidad de desarrollar actividades de influencia durante un período de seis meses a dos años.
d) La imposición conjunta de las medidas previstas en las letras anteriores cuando resulte proporcionado.
e) En caso de reiteración de infracciones graves o de incumplimientos que evidencien una voluntad persistente de eludir las obligaciones de transparencia, cancelación de la inscripción, con imposibilidad de solicitar una nueva durante un período máximo de dos años.
2. Las infracciones leves podrán dar lugar a:
a) Advertencia.
b) Declaración pública de incumplimiento.
c) Multa de hasta 600 euros.
3. Durante la suspensión continuará siendo pública la inscripción, haciendo constar expresamente la existencia de la sanción.

Artículo 28.— Infracciones de autoridades, altos cargos y personal eventual sometido a esta ley.
1. Lo previsto en este artículo será aplicable:
a) A los miembros del Gobierno de Aragón.
b) A los altos cargos y órganos directivos comprendidos en esta ley.
c) Al personal eventual comprendido en el artículo 3.1.d), cuando los hechos estén relacionados con las funciones materiales que determinan su sometimiento a esta ley.
2. Constituyen infracciones graves:
a) Mantener o autorizar de forma reiterada reuniones destinadas a actividades de influencia con personas o entidades obligadas a inscripción que no figuren inscritas.
b) Ordenar a personal eventual o empleado público que mantenga actividades de influencia con grupos no inscritos eludiendo las obligaciones de esta ley.
c) Ocultar deliberadamente reuniones sometidas a publicidad.
d) Ordenar que una reunión, documento o actividad de influencia no sea incorporada al Registro o a la correspondiente huella.
e) Alterar, destruir u ocultar deliberadamente información necesaria para reconstruir la huella de influencia.
f) Facilitar conscientemente la utilización de personas o entidades interpuestas para evitar la publicidad de una actividad de influencia.
g) Incumplir deliberadamente las restricciones previstas en el artículo 18.
h) No comunicar dentro del plazo establecido el inicio de negociaciones concretas para una incorporación profesional al sector privado cuando exista obligación de hacerlo.
i) Continuar interviniendo en expedientes, proyectos o decisiones que afecten a una entidad con la que se estén manteniendo negociaciones profesionales, incumpliendo el deber de abstención previsto en el artículo 18.
j) Iniciar una actividad privada sometida al régimen del artículo 18 sin haber efectuado la declaración previa exigible o en contra de una resolución expresa de incompatibilidad.
3. Constituyen infracciones leves:
a) Mantener por segunda vez en el plazo de un año una reunión con el mismo grupo obligado a inscripción sin que éste esté inscrito, cuando no concurra ocultación deliberada.
b) Incumplir reiteradamente los plazos de publicación establecidos en esta ley.
c) Omitir información obligatoria cuando el incumplimiento sea subsanable y no exista voluntad acreditada de ocultación.
4. Las infracciones graves podrán sancionarse con:
a) Declaración pública de incumplimiento.
b) Multa de 601 a 6.000 euros.
c) Ambas sanciones conjuntamente cuando la gravedad de los hechos lo justifique.
5. Las infracciones leves podrán sancionarse con:
a) Apercibimiento.
b) Multa de hasta 600 euros.
c) Ambas medidas cuando resulte proporcionado.
6. La existencia de responsabilidad administrativa derivada de esta ley se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad penal, contable, patrimonial o disciplinaria que pueda concurrir.
7. La responsabilidad del personal eventual comprendido en el artículo 3.1.d) no podrá excluirse por el solo hecho de que carezca formalmente de facultades de firma o resolución cuando resulte acreditada su intervención material y sustantiva en los hechos.

Artículo 29.— Personal empleado público y restante personal eventual.
1. Los incumplimientos imputables al personal empleado público serán exigidos conforme al régimen disciplinario que resulte aplicable.
2. El personal eventual no incluido en el artículo 3.1.d) quedará sometido al régimen que corresponda conforme a la normativa aplicable a su vínculo y a las obligaciones de transparencia establecidas en esta ley.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que puedan concurrir.

Artículo 30.— Competencia sancionadora.
1. La incoación de los procedimientos corresponderá:
a) Al Gobierno de Aragón cuando la persona afectada sea uno de sus miembros.
b) A la persona titular del departamento competente en materia de transparencia respecto de los restantes altos cargos y de los grupos de interés.
c) Respecto del personal eventual comprendido en el artículo 3.1.d), al órgano competente por razón de su adscripción o, cuando ya hubiera cesado, al órgano del que dependiera en el momento de producirse los hechos.
d) Al órgano previsto en la normativa de función pública cuando se trate de personal empleado público.
2. La instrucción corresponderá a una unidad distinta de aquella que deba resolver el procedimiento.
3. La resolución corresponderá:
a) Al Gobierno de Aragón, con abstención de la persona afectada, cuando se trate de alguno de sus miembros.
b) A la persona titular del departamento competente en materia de transparencia cuando se trate de otros altos cargos.
c) A la persona titular del departamento competente en materia de transparencia en los procedimientos contra grupos de interés.
d) Al órgano competente para el nombramiento o separación cuando se trate de personal eventual comprendido en el artículo 3.1.d), sin perjuicio de las reglas específicas que deban establecerse reglamentariamente para los supuestos en que la persona ya hubiera cesado.
4. Cuando la persona presuntamente responsable esté adscrita al departamento competente en materia de transparencia, las funciones atribuidas a dicho departamento serán ejercidas por el departamento competente en materia de Administraciones públicas.
5. El Consejo de Transparencia de Aragón podrá instar motivadamente la incoación de un procedimiento sancionador. El órgano competente deberá comunicarle motivadamente su decisión.

Artículo 31.— Prescripción.
1. Las infracciones graves prescribirán a los dos años.
2. Las infracciones leves prescribirán al año.
3. Las sanciones por infracciones graves prescribirán a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.
4. Respecto del personal empleado público se aplicarán los plazos establecidos en su normativa disciplinaria.

Artículo 32.— Publicidad de las sanciones.
Las sanciones firmes por infracciones graves serán publicadas en el Registro y en el Portal de Transparencia durante un período de dos años.

Disposición adicional primera.— Cortes de Aragón.
Las Cortes de Aragón, en ejercicio de su autonomía parlamentaria, establecerán las medidas necesarias para aplicar los principios de esta ley a la actividad de influencia desarrollada ante sus órganos y diputados.
Dicha regulación contemplará, al menos:
a) Registro o interoperabilidad con el Registro de Grupos de Interés de Aragón.
b) Publicidad de reuniones.
c) Identificación de la documentación aportada por grupos de interés.
d) Huella de influencia de las proposiciones y proyectos de ley.
e) Huella de influencia sobre las enmiendas cuando hayan sido objeto de actividades específicas de influencia.
f) Mecanismos internos de supervisión.

Disposición adicional segunda.— Entidades locales.
1. El Gobierno de Aragón promoverá mecanismos de colaboración con las entidades locales aragonesas para facilitar su adhesión al Registro de Grupos de Interés de Aragón, de forma que pueda operar como registro común para las administraciones adheridas, respetando en todo caso la autonomía local.
2. La adhesión deberá permitir conocer ante qué Administración u órgano se desarrolla cada actividad de influencia y evitar, cuando sea posible, la duplicidad de inscripciones para una misma persona o entidad.
3. Las entidades locales que dispongan de registro propio podrán establecer mecanismos de reconocimiento e interoperabilidad con el Registro de Grupos de Interés de Aragón.

Disposición adicional tercera.— Interoperabilidad.
El Registro procurará su interoperabilidad y, cuando el marco jurídico lo permita, el reconocimiento recíproco de inscripciones con los registros existentes en otras Administraciones públicas y en las instituciones de la Unión Europea, garantizando que la información exigida por esta ley quede disponible en el Portal de Transparencia de Aragón.

Disposición adicional cuarta.— Protección de datos.
El tratamiento y publicidad de información se realizará conforme a la legislación sobre protección de datos personales.
Disposición adicional quinta. Medios materiales y personales.
La puesta en funcionamiento de esta ley se realizará preferentemente mediante los órganos, unidades y herramientas tecnológicas existentes en materia de transparencia.
Las medidas que impliquen gasto se ejecutarán dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes o de las que se consignen en los correspondientes presupuestos, sin que la entrada en vigor de esta ley comporte por sí misma incremento automático de dotaciones de personal.

Disposición adicional sexta.— Criterio material de aplicación al personal eventual.
1. Las referencias de esta ley al personal eventual sometido al régimen reforzado de transparencia, incompatibilidades y prevención de conflictos de intereses deberán interpretarse conforme al principio de prevalencia de las funciones efectivamente desempeñadas.
2. En consecuencia, no podrá excluirse la aplicación de dicho régimen por la mera denominación del puesto como asesor, eventual o personal de confianza cuando concurran las funciones previstas en el artículo 3.1.d).
3. La Administración deberá reflejar en los instrumentos de publicidad y transparencia correspondientes las funciones efectivamente atribuidas a estos puestos cuando impliquen dirección material, asesoramiento estratégico con participación sustantiva, interlocución empresarial, captación o acompañamiento de inversiones, negociación, coordinación o seguimiento de proyectos.
4. Lo establecido en esta disposición no implicará reconocimiento ni convalidación de funciones que hubieran podido ser atribuidas contraviniendo la normativa reguladora del personal eventual.

Disposición transitoria única.— Implantación del Registro.
El Registro de Grupos de Interés de Aragón deberá estar plenamente operativo en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
Hasta ese momento no será exigible la obligación de inscripción previa prevista en el artículo 8.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley.

Disposición final primera.— Título competencial.
La presente ley se dicta al amparo de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma sobre:
a) Creación, organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.
b) Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organización propia.
c) Desarrollo de las bases del Estado aplicables a las Administraciones públicas aragonesas.
d) Régimen jurídico y procedimiento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas que corresponden al Estado de conformidad con la Constitución.

Disposición final segunda.— Desarrollo reglamentario.
El Gobierno de Aragón aprobará en el plazo máximo de seis meses las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
El desarrollo reglamentario deberá establecer, en particular, el procedimiento de declaración, control y resolución de las actividades profesionales posteriores al cese previstas en el artículo 18, garantizando la publicidad de las resoluciones adoptadas.

Disposición final tercera.— Evaluación.
Transcurridos dos años desde la plena entrada en funcionamiento del Registro, el Gobierno de Aragón remitirá a las Cortes un informe de evaluación de la aplicación de esta ley que contendrá, al menos:
a) Número de grupos inscritos.
b) Número de actividades de influencia registradas.
c) Número de huellas normativas y administrativas publicadas.
d) Incumplimientos detectados.
e) Procedimientos sancionadores iniciados y resueltos.
f) Número de declaraciones de actividades posteriores al cese presentadas y resoluciones de compatibilidad o incompatibilidad adoptadas.
g) Propuestas de mejora.

Disposición final cuarta.— Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, sin perjuicio del plazo establecido para la puesta en funcionamiento del Registro.

Zaragoza, 28 de septiembre de 2026.