Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2002, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 178/02, sobre el tratamiento de los trasvases en los libros de texto, presentada por el G.P. del Partido Aragonés, y ha acordado su tramitación ante la Comisión de Educación, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 22 de noviembre de 2002.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D.ª Blanca Blasco Nogués, Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el tratamiento de los trasvases en los libros de texto, solicitando su tramitación ante la Comisión de Educación.

Recientemente un informe presentado ante el III Congreso Ibérico del Agua celebrado en Sevilla ha puesto de manifiesto el tratamiento que algunos libros de texto destinados a menores de edad (de 12 a 18 años) realizan sobre los efectos de los trasvases de caudales de unas cuencas a otras.

Dicho estudio ha denunciado que algunos de estos libros de textos asumen como propios (literalmente) algunos párrafos del Plan Hidrológico Nacional, ofreciendo al alumnado una visión positiva de los trasvases en un alarde de simplismo.

El recurso del agua se presenta así a los menores de edad como un «mero recurso económico», sin entrar en las graves consecuencias de todo tipo que un trasvase puede suponer para el territorio cedente e, incluso, para el beneficiario.

Frases simplistas referidas a aguas que se vierten al mar sin haber sido aprovechadas para el consumo, sin hacer mayor referencia a la necesidad de un caudal mínimo ecológico, o de problemas de salinidad en deltas y desembocaduras, etc.

Tampoco se aborda otro tipo de problemas directamente relacionados con la gestión del agua (roturaciones ilegales, masificación urbanística, desproporción en el desarrollo turístico costero, etc.). Así, no solo se ofrece una imagen distorsionada de un trasvase de aguas entre cuencas, sino también de los opositores al mismo.

Este asunto tiene un mayor calado, si cabe, por el hecho de afectar directamente a la formación de los menores de edad (las alusiones anteriores aparecen recogidas en libros de textos destinados a la educación). Por ello, se hace necesario que el Gobierno de Aragón (como poder público obligado a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos que la integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, e igualmente como titular de la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión) mantenga una actitud vigilante con el contenido de los libros que sirven de formación para los ciudadanos aragoneses (con pleno respeto a la autonomía y libertad para la elección de los libros de textos que se crean pertinentes y en atención al derecho a la educación que permita el pleno y libre desarrollo de la personalidad del menor así como que éste pueda realizar una función útil a la sociedad).

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que examine el contenido de los libros de texto, en la que aparezcan referencias que resulten técnicamente incompletas, subjetivas o viciadas en lo referente a causas y efectos de los trasvases de caudales de agua así como, en general, de la realidad hidrológica afectante a nuestra Comunidad Autónoma, informando de dicha situación a los centros educativos de la Comunidad Autónoma, para que los mismos puedan valorar su idoneidad para fines escolares en Aragón.

Zaragoza, 18 de noviembre de 2002.