Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Tomás Guitarte Gimeno, Portavoz del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un programa de ayudas para la retirada de amianto de edificios e instalaciones en Aragón, para su debate y votación en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular contiene determinaciones sobre el procedimiento de retirada de amianto, sin mezclar con otros residuos; sobre la obligación de los ayuntamientos de elaborar un censo de edificios, instalaciones y emplazamientos con amianto de todo el municipio, incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado.
La Comunidad Autónoma de Aragón dispone de medidas en desarrollo de estas determinaciones de la ley: el Registro de empresas con riesgo de amianto, los planes de trabajo con riesgo de exposición al amianto y las solicitudes de aprobación de estos planes de trabajo.
Sería necesario conocer con precisión y rigor la superficie afectada en cada municipio por instalaciones de amianto, un material utilizado entre los años 1960 y 2000 en la construcción y la industria. Uno de los productos más utilizados fue el fibrocemento, cemento mezclado con fibras de amianto, conocido popularmente como «Uralita», que aparecen en cubiertas, tabiques pluviales, bajantes y tuberías, pero también en otro tipo de elementos constructivos presentes en viviendas, edificios públicos, o en infraestructuras agrícolas y ganaderas, que ahora representan un riesgo para la salud pública.
Desde la entrada en vigor de la citada ley, los avances en Aragón están siendo muy lentos, en especial por la inexistencia de recursos públicos para promover las actuaciones así como por la inexistencia de un plan director de retirada del amianto en Aragón. Es necesario recordar que el paso del tiempo puede incrementar el riesgo para la salud pública en esta cuestión y que para los edificios públicos la ley fija el límite para su retirada en el año 2028.
Recientemente, además, los ayuntamientos aragoneses han recibido una notificación desde el Gobierno de Aragón instándoles a la realización del censo, a fin de cumplir con los plazos impuestos por la Ley 7/2022.
Se trata de una obligación que para muchos ayuntamientos—, especialmente los de municipios más pequeños, que son la mayoría en Aragón— resulta imposible de asumir, al no disponer de medios humanos ni económicos para hacer frente a la compleja y costosa tarea de realizar un censo de todas las edificaciones, públicas y privadas, de cada localidad y la posible presencia de amianto en ellas.
Es por ello que se presenta la siguiente
 
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
1. Aprobar un plan de ayudas destinadas a los ayuntamientos y/o a las comarcas, para completar o realizar el censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada, según lo dispuesto por la Ley 7/2022 de 8 de Abril de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, y en el marco del Plan director de retirada del amianto en Aragón 2025-2030. Cada ayuda cubrirá el 80% del coste de la elaboración del citado censo en los municipios de 300 o más habitantes y el 100% en el caso de los de menos de 300 habitantes.
2. Ofrecer soporte técnico a los ayuntamientos y a las comarcas para la elaboración del censo y planificar las actuaciones a nivel local.
3. Crear una comisión en el Gobierno de Aragón para promover la aplicación de las medidas de erradicación del amianto, coordinar las tareas de elaboración del censo y planificar las actuaciones, así como realizar el seguimiento de la implantación de las medidas necesarias en todo el procedimiento.

Zaragoza, a 24 de abril de 2025.