Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de crisis humanitaria en Gaza, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

El 7 de octubre de 2023 marcó el inicio del actual ciclo de violencia, tras el ataque perpetrado por Hamás contra población civil israelí, que causó la muerte de más de 1.200 personas y la captura de decenas de rehenes. Desde entonces, la respuesta militar del Gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza ha derivado en una campaña de destrucción masiva sin precedentes, afectando principalmente a la población civil palestina. A fecha de mayo de 2025, más de 54.000 personas han sido asesinadas en Gaza, entre ellas al menos 16.200 niños y niñas. Otras 80.000 han resultado heridas, y más de 1,9 millones de personas —el 85 % de la población gazatí— han sido desplazadas internamente, muchas de ellas de forma repetida, sin acceso garantizado a alimentos, agua potable, atención médica ni refugio seguro.
La intensidad y prolongación de los ataques aéreos y terrestres ha provocado el colapso total del sistema sanitario, la destrucción de viviendas, escuelas, universidades, hospitales, infraestructuras eléctricas y de saneamiento, y la devastación de centros gestionados por organismos humanitarios. Entre las víctimas se cuentan más de 150 trabajadores de Naciones Unidas, lo que convierte esta ofensiva en la más letal registrada para el personal de la ONU desde su creación. Además, al menos 220 periodistas han sido asesinados, la mayoría de ellos palestinos, mientras cubrían los efectos del conflicto sobre la población civil.
Desde la ruptura unilateral del alto el fuego por parte del Gobierno de Israel en marzo de 2025, la ofensiva militar se ha intensificado, acompañada del bloqueo sistemático de la ayuda humanitaria y del uso deliberado del hambre como instrumento de guerra, lo que ha llevado a agencias internacionales a advertir de una hambruna inminente.
Organismos internacionales como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) han advertido que más del 70 % del territorio de Gaza ha sido convertido en zona de evacuación o de combate. La población ha sido forzada a desplazarse una y otra vez, sin garantías de protección ni lugares seguros. La comunidad humanitaria denuncia una situación insostenible, en la que incluso las mínimas entregas de ayuda son utilizadas como herramienta de control militar.
A esta situación en Gaza se suma la intensificación de la violencia en Cisjordania, donde el aumento de los ataques por parte de colonos armados, con apoyo o permisividad del ejército israelí, está provocando desplazamientos forzados, expropiaciones ilegales y una mayor expansión de los asentamientos en abierta violación del derecho internacional.
Diversas organizaciones internacionales, juristas y expertos en derechos humanos han alertado de que en Gaza podrían estarse cometiendo crímenes de guerra y actos de genocidio, conforme a lo establecido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha señalado que existen motivos razonables para considerar que Israel está llevando a cabo al menos tres de los actos tipificados en dicha Convención. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras han coincidido en denunciar la existencia de prácticas sistemáticas de exterminio, desplazamiento forzoso, y privación deliberada de alimentos y servicios esenciales. Mientras tanto, la población civil —especialmente la infancia— sigue atrapada en condiciones de extrema vulnerabilidad, expuesta a bombardeos constantes, al hambre y al colapso absoluto de toda infraestructura humanitaria.
Frente a esta situación, España ha asumido un papel destacado a nivel internacional. En mayo de 2024, reconoció oficialmente al Estado de Palestina, y desde entonces ha trabajado para ampliar ese reconocimiento entre otros países. En el marco de la Unión Europea, ha impulsado la revisión del Acuerdo de Asociación con Israel, exigiendo su cumplimiento en materia de derechos humanos, y ha defendido la aplicación de un embargo de armas. Asimismo, ha reiterado su compromiso con la solución de dos Estados como única vía posible para alcanzar una paz duradera, basada en la coexistencia de un Estado israelí y un Estado palestino.
Más recientemente, el 25 de mayo de 2025, nuestro país convocó en Madrid una cumbre internacional con la participación de más de veinte gobiernos y organizaciones. Allí se defendieron propuestas concretas para revertir la crisis humanitaria: el reconocimiento del Estado palestino, el levantamiento del bloqueo sobre Gaza, la aplicación de sanciones individuales a los responsables políticos y militares, y la suspensión del comercio armamentístico con Israel.
España ha anunciado además su intención de promover, junto a Palestina y otros países, una resolución ante la Asamblea General de Naciones Unidas que exija el fin del bloqueo humanitario y garantice el acceso completo, seguro y sin restricciones de la ayuda internacional. Esta iniciativa se enmarca también en los esfuerzos internacionales por reactivar el proceso de paz, con base en la solución de dos Estados, que garantice los derechos del pueblo palestino y la seguridad de Israel e instar a todas las partes implicadas a retomar negociaciones orientadas a ese objetivo.
La defensa de la dignidad humana, el rechazo a la violencia indiscriminada y el respeto al Derecho Internacional Humanitario forman parte de los valores que definen nuestro compromiso democrático. En este contexto, alzar la voz desde el ámbito local no solo es legítimo, sino necesario. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón, en relación con la situación de crisis humanitaria en Gaza:
— Exigen el cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza, así como el respeto estricto al Derecho Internacional Humanitario y la protección de la población civil, con especial atención a la infancia.
— Reclaman el acceso completo, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a la población palestina, conforme a los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad, y rechazar el uso de la asistencia humanitaria como instrumento de guerra.
— Apoyan la posición del Gobierno de España en la cumbre internacional celebrada en Madrid el 25 de mayo de 2025, que defiende el reconocimiento del Estado de Palestina, el levantamiento del bloqueo humanitario, la imposición de sanciones individuales a los responsables de crímenes de guerra, la suspensión del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea y el embargo de la venta de armas con Israel.
— Reafirman su respaldo institucional al reconocimiento del Estado de Palestina, como medida indispensable para avanzar hacia una solución política basada en la coexistencia de dos Estados.
— Instan al Gobierno de Aragón a que solicite al Gobierno de España el impulso, previa resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales con relación al acceso de ayuda humanitaria en Gaza.
— Manifiestan el compromiso con la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos y la paz, así como su solidaridad con el pueblo palestino, especialmente con quienes han sido víctimas directas de la violencia, el desplazamiento forzoso o la destrucción de sus hogares e infraestructuras.

Zaragoza, 4 junio de 2025.