Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Álvaro Sanz Remón, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón-Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la supresión de los objetivos de déficit y deuda, para su debate en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón.

El Gobierno de España, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobó el pasado 12 de diciembre de 2023 los objetivos de estabilidad para el año 2024.
Estos objetivos se caracterizaban por ser más beneficiosos para Comunidades Autónomas y Entidades Locales y fueron aprobados en el Congreso, pero rechazados por el Senado el pasado 7 de febrero. El Gobierno, siguiendo lo estipulado en el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad volvió a aprobar los objetivos de estabilidad, que obtuvieron de nuevo el respaldo en el Congreso y han sido rechazados en el Senado por segunda vez.
Ante esa situación, la Vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda ha anunciado que los objetivos de estabilidad vigentes en 2024 serán los contemplados en el Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió en abril de 2023 a la Comisión Europea y recibieron el aval de las autoridades comunitarias. La consecuencia del rechazo del Senado por segunda vez a la senda de déficit propuesta por el Ministerio de Hacienda, que daba más margen fiscal a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos.
De esta forma, el objetivo de déficit para el conjunto de Administraciones Públicas en 2024 se mantiene en el 3%, lo que permitirá a España cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Esto supondrá reducir el déficit en apenas cuatro años siete puntos desde el máximo alcanzado del 10,1% en 2020 por el estallido de la pandemia. Pero sí se modifica es el reparto por subsectores. De hecho, la senda rechazada en el Senado era más exigente para la Administración Central, ya que asumía el mayor margen concedido a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, de tal manera que su objetivo se situaba en el 2,7%. Ahora, se vuelve a la senda del Programa de Estabilidad de abril y el objetivo de déficit se sitúa en el 3% del PIB.
Por su parte, la senda rechazada concedía a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,1% para 2024. Sin embargo, al aplicarse ahora la senda del Programa de Estabilidad las administraciones regionales deberán cerrar el año en equilibrio presupuestario. En la práctica esto supone que, debido al rechazo del Senado a la senda propuesta por el Gobierno, las Comunidades Autónomas tendrán alrededor de 1.456 millones de euros menos de margen fiscal para destinar a servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia.
Respecto a las Entidades Locales, la senda rechazada fijaba un objetivo de equilibrio presupuestario, frente al superávit del 0,2% del PIB que recoge el Programa de Estabilidad y que es el que deberá aplicarse. Esto supone que los Ayuntamientos tendrán unos 2.924 millones de euros menos de capacidad fiscal para poder invertir en políticas públicas que beneficien a los ciudadanos.
Por último, la Seguridad Social mantiene el objetivo de déficit del 0,2%, ya que es el único subsector que se mantenía igual en el Programa de Estabilidad y en la senda rechazada.
Es evidente que el sabotaje articulado por el Partido Popular restará recursos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y eso supone una noticia devastadora para la ciudadanía, especialmente la más vulnerable y que es la que necesita de más y mejores políticas públicas. Las estrictas limitaciones al déficit y la deuda pública y la priorización del pago de la deuda, restringen sobremanera la capacidad del Estado para impulsar la economía asumiendo una función anticíclica y desarrollar el Estado social. Porque el Estado no solo invierte en infraestructuras físicas, sino también en justicia, investigación, sanidad o educación que son gastos esenciales para el desarrollo económico del país y, por tanto, para fortalecer también los ingresos del Estado.
Coincidimos en que «menos recursos son menos derechos» y que la oposición que está realizando la derecha extrema y la extrema derecha no es al Gobierno de España, sino al conjunto de las personas que sufrirán las consecuencias de los recortes de fondos que esto supone.
El veto del Senado y la alternativa que ha planteado la Ministra de Hacienda afectan por igual a todas las comunidades, ya que la cuantía en la que verán reducirse su capacidad de gasto respecto al planteamiento del Ejecutivo es proporcional a su PIB de 2023.
Peor el escenario se plantea para los ayuntamientos. Las corporaciones locales perderán casi 3.000 millones de euros para invertir a lo largo de 2024. Los ayuntamientos, como las comunidades autónomas, elaboran sus propios presupuestos partiendo de los objetivos marcados a nivel nacional. El equilibrio presupuestario que había planteado el Gobierno, que se ha topado con el «no» del PP y VOX, será sustituido por un superávit del 0,2% del PIB, con lo que deberán culminar el ejercicio con un balance positivo, un ajuste que implicará el gasto de 2.924 millones de euros menos.
Así, quien paga los platos rotos del bloqueo en el senado son las Administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía, las que siempre dan respuesta a las necesidades cuando vienen mal dadas.
Sin embargo, hay responsabilidades adicionales a las que tiene la derecha. Porque ha habido tiempo de sobra desde 2018 para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para eliminar el absurdo poder de veto que tiene el Senado sobre los objetivos de déficit, algo absolutamente ilógico y que solo pasa en esta situación y no opera para cualquier trámite legislativo.
Además, debió prorrogarse la suspensión de las reglas fiscales que estaba en vigor hasta 31 de diciembre de 2023. Había motivos de sobra dado que nuestro país tiene todavía una compleja situación social derivada de la crisis de la pandemia y de las consecuencias de la guerra en Ucrania, y las nuevas reglas no han sido aprobadas todavía por la UE. Activar las reglas fiscales en esta coyuntura puede ser letal no solo desde el punto de vista de la cohesión social, sino también desde la óptica del crecimiento económico.
Por todo ello, presentamos la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de España a:
1. Suspender la aplicación de las reglas fiscales en atención a la situación todavía existente de emergencia extraordinaria que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2. Modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para modificar el artículo 15 que otorga al Senado una capacidad de bloqueo a los objetivos de déficit y deuda.
3. Modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el siguiente sentido:
a) Se considerará «situación de emergencia» que permite la excepcionalidad en el cumplimiento de los límites de estabilidad presupuestaria, a cualquier periodo de tiempo caracterizado por una tasa de desempleo superior al 10%, anteponiendo así las necesidades de empleo de la población frente al estado de las finanzas públicas y a cualquier período de tiempo en el que exista una tasa de población en riesgo de pobreza superior a la media de la UE27 de los últimos cinco años.
b) Modificación de la regulación de la regla de gasto para que no se compute en su cálculo los gastos e inversiones destinados a servicios públicos esenciales prestados por las corporaciones locales. Del mismo modo, también debe permitirse a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como con el periodo máximo de pago de la deuda comercial reinvertir su superávit fiscal para garantizar la prestación de los servicios públicos de su competencia. En concreto, debe permitirse eludir el cumplimiento de la regla a las corporaciones locales que mantengan una posición de superávit o equilibrio presupuestario, un nivel de endeudamiento inferior al 110% de los recursos corrientes y un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días. Además, en coherencia con lo anterior, proponemos la eliminación de la obligación de destinar los ingresos por encima de lo previsto al pago de la deuda y la supresión de los artículos 25 y 26 de medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso.

Zaragoza, a 15 de marzo de 2024.