Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA al 5% en la factura de la luz, gas y biomasa y otras rebajas fiscales a la electricidad, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Desde noviembre pasado el coste de la energía eléctrica en España se ha incrementado en el mercado diario desde 80,1 €/MWh a 86,3 €/MWh, casi un 8%, con una tendencia claramente alcista. En la etapa prepandemia, el promedio de los últimos cuatro años estaba en el entorno de unos 50 €/MWh. Hay que llamar la atención sobre que esa tendencia al alza se produce en un entorno de acusada bajada de los precios del gas y del C0₂, lo que nos lleva a concluir que el alto coste de la energía eléctrica obedece a causas estructurales, a reformas normativas pendientes, que este gobierno no ha querido o no ha sabido ejecutar, muchas de ellas ya señaladas en el Informe de 19 de marzo de la Comisión de Expertos para la Transición Energética.
Al todavía alto coste de la energía eléctrica, se añade en España una carga de regulatoria e impositiva adicional, como el Impuesto al Valor de la Producción de la Energía Eléctrica; el déficit de tarifa, que supone 2.300 millones de euros anuales para sufragar el déficit en el sistema eléctrica de casi 30.000 millones de euros generado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero; o el 50% del sobrecoste de las extrapeninsulares, que supera los 800 millones de euros anuales.
Pese a lo expuesto, la elevación del IVA de la electricidad del 5% al 10% y la prórroga sólo unos meses del 2024 de la subida del 10% para el gas y la madera, biomasa y los pellets, aprobadas en el RDL 8/2023, supuso una finalización demasiado abrupta de las medidas de protección a los consumidores y la insuficiente ejecución de las ayudas destinadas a las empresas, y supondrá un gran impacto en la factura eléctrica de empresas y familias.
A todo ello se añade que el artículo 21.1 mantiene el tipo del 10% para la electricidad hasta el 31 de diciembre de 2024 sólo en el caso de que el precio medio aritmético del mercado diario correspondiente al último mes natural anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 €/MWh. Por ejemplo, en el mes de febrero, por efecto de la benigna climatología de este invierno y la abundancia de recurso renovable, dicho precio descendió a 52,4 €/MWh, por lo tanto, cerca del límite de los 45 €/MWh, lo que podría elevar el IVA de la electricidad del 5% de hace dos meses al 21% en marzo, muchos meses antes del 31 de diciembre.
La cotización del mercado de futuros de electricidad en España, según el Barómetro Energético de la Asociación de Empresas de Grandes Consumidores de Energía (AEGE), estima un precio para marzo de 32,8 €/MWh, para luego subir a 40,5 €/MW en el segundo trimestre de 2024 y subir de nuevo a 49,5 €/MWh en 2025.
Por ello, además de un contexto de alta volatilidad, se une la situación de pobreza en España, que se agravado muy significativamente es estos años de gobierno como acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística; en 2023, un 26,5% de españoles en riesgo de pobreza (frente al 26% del 2022), un 9% en pobreza severa (7,7% en 2022) y un 34,3% en riesgo de pobreza infantil (34,2 en 2022). Y la pobreza tiene una especial incidencia en la pobreza energética.
Sin que se conozca aún el Informe oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, correspondiente a los datos de 2022, informes independientes arrojan datos preocupantes; 4,4 millones de personas sufren retraso en el pago de sus facturas; 8 millones de personas tienen una temperatura inadecuada en sus hogares, aumentando el dato en 1,3 millones de personas respecto a 2021 y en casi 3 millones respecto a 2020; y 6 millones de hogares, un tercio de los hogares españoles, están en situación de pobreza energética oculta, es decir, con un gasto en energía de menos de mitad del gasto teórico necesario para cubrir sus necesidades energéticas (térmicas y eléctricas). Según expertos del sector, los hogares pagarán por este escenario 72 euros más al año por este incremento fiscal del 10% al 21 %, ya que el impacto de la subida del 10% al 21% para una factura media anual de un cliente tipo es un incremento del 15%, pasando de 467 euros anuales a 539 euros.
Los autónomos también se verán afectados por este nuevo incremento fiscal, porque el sistema de ajuste o variación del IVA en su factura de la luz les generará incertidumbre a la hora de liquidar trimestralmente su IVA. Al incremento acelerado del tipo del IVA, desde el 31 de diciembre pasado, se añade el incremento también del impuesto especial sobre la electricidad (IEE), que pasó del 0,5% al 2,5% y se incrementará al 3,8% para terminar en el 5,1 % a partir del 30 de junio, el tipo fijado antes de la crisis.
Al IVA y al IEE se suma el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE); hasta el mes de marzo, su tipo será del 3,5%, hasta junio alcanzará el 5,25% y, posteriormente, alcanzará el 7%, el nivel previo a la crisis.
En pocos meses el consumidor final podría ver incrementada su factura eléctrica en un 25% (117 euros más al año) debido al incremento fiscal. En cuanto a las empresas, las pymes sufren la subida impositiva que compromete su liquidez, también con incertidumbre para aquellas obligadas a abandonar la tarifa regulada del PVPC. Las modificaciones en la tarifa regulada del precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC), que excluye a partir del 1 de enero de 2024 a muchos pequeños consumidores y pymes que gozaban de ella hasta ahora, la dotarán de más estabilidad en el medio y largo plazo (al ir incorporando el precio de una serie de productos a plazo mensual, trimestral y anual que se actualizarán mensualmente) pero no necesariamente de menor precio.
Tampoco los consumidores electrointensivos se encuentran en una situación favorable en cuanto a sus costes energéticos. Según el Barómetro Energético antes citado, los consumidores electrointesivos en España (tarifa 6.4) pagan en lo que llevamos de 2024, un +197% que sus competidores alemanes y un +236,5% que sus competidores. 50,58 €/MWh en España, 17,02 €/MWh en Alemania; y 15,03 €/MWh en Francia. En cuanto al gas, las ayudas de 450 millones de euros para gasintensivos acaban de asignarse a sus beneficiarios, muchos meses después de lo previsto en el RDL 20/2022, de forma que la demanda de gas industrial continúa notablemente baja y no se vislumbra recuperación alguna. El dato de agosto está un 21,10% por debajo de agosto de 2019. Un panorama preocupante que refleja el mal momento que atraviesan nuestras industrias.
Y es que, mientras tanto esto ocurre en España, Francia y Alemania han desplegado planes ambiciosos para fortalecer sus sectores clave, con ayudas a sus costes energéticos, en un contexto de cambios significativos en el panorama energético europeo. En definitiva, este abrupto encarecimiento fiscal de los costes energéticos de familias y empresas, llega en un contexto que evidencia que no han superado las secuelas de la reciente crisis energética y que siguen bajo la incertidumbre de la alta volatilidad de sus costes energéticos, abonando además cargos y peajes muy superiores a los de los países vecinos.
Una abrupta subida fiscal que carece de sentido en un contexto como el actual, con coste en el mercado diario habitualmente casi duplicando el prepandemia, muy alta volatilidad y con un incomprensible superávit del sistema eléctrico. El diseño de los peajes y su peso en la estructura de costes en la factura final no está siendo coherente con la situación de emergencia energética sufrida y de la que las familias y las empresas aún no se han recuperado.
No es explicable que los peajes se hayan incrementado un +2,6% entre julio de 2022 y junio de 2023, mientras empresas y familias soportan costes históricos en sus facturas eléctricas han estado pagando más peajes de los necesarios, en plena crisis energética; más de 6.000 millones en 2022 y cerca de 4.000 millones en 2023. El Gobierno anuncia más gasto y necesita más recaudación para 2024, contemplando entre sus planes que si regresa el IVA de la luz al 21%, tendrá 1.016 millones de euros más; por el aumento del IVA del gas, la madera y los pellets; 397 millones de euros más; y por el Impuesto Especial de Electricidad, 1.032 millones de euros más.
Y esto cuando los ingresos del Gobierno procedentes del sector energético son más altos que nunca. Según el avance de ejecución del presupuesto general del Estado a noviembre de 2023, la recaudación por subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero asciende a 3.342.810.000€, lo que supone la cantidad más alta nunca recaudada por este concepto por la hacienda española, superando a noviembre de 2023 en 742.810.000€ lo previsto para todo el año.
Por todo ello, estos Grupos Parlamentarios presentan la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón que a su vez inste al Gobierno de España a prorrogar durante todo el año 2024, hasta el 31 de diciembre, las medidas de rebaja fiscal que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023 en el sector energético, y en particular:
1. El tipo del IVA del 5% aplicable a la electricidad, al gas y a la biomasa, pellets, briquetas y madera para leña, al margen de cuál resulte ser en cada uno de los meses el precio mensual medio diario, por la alta volatilidad esperada.
2. El tipo del 0% al impuesto al valor de la producción de energía eléctrica.
3. El tipo del 0,5% aplicable al impuesto especial sobre la electricidad.

Zaragoza, 12 de abril de 2024.