Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Alejandro Nolasco Asensio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley al objeto de acabar con el adoctrinamiento en las aulas atendiendo especialmente a los libros de texto y material educativo, solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Aragón.

El adoctrinamiento en las aulas atendiendo especialmente a los libros de texto y material educativo sigue siendo, apenas un año después, un grave problema que no ha hecho más que acentuarse, siendo cada vez más común la vulneración de la inocencia de los menores y los derechos de las familias en las aulas.
Entre las principales causas de todo ello está el desarrollo del modelo autonómico y la cesión de competencias en materia de educación a los distintos gobiernos autonómicos, dinámica que ha producido situaciones en las que los poderes públicos han ido diseñando políticas educativas que socavan el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos mediante la aprobación de contenidos educativos claramente ideológicos. Así, en muchos casos los contenidos chocan abiertamente no solo con las convicciones morales, políticas o religiosas de los padres, sino con la propia verdad científica o histórica.
El derecho a la educación es un derecho íntimamente ligado a la dignidad humana protegido por diversas normas, entre las que destaca el artículo 27 de la Constitución española. Nuestra carta magna, además de garantizar el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, impone a los poderes públicos el deber de velar por este derecho «mediante una programación general de la Enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes». En íntima relación con lo anterior se encuentra el derecho de los padres de elegir el tipo de educación que reciben sus hijos en función de sus propias convicciones, hecho que se consuma con la prohibición constitucional a los poderes públicos de imponer ideología alguna en centros educativos.
Uno de los instrumentos de los que dispone el Estado para garantizar el contenido del artículo 27 de la Constitución española es precisamente la Alta Inspección Educativa (regulada en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). En definitiva, los poderes públicos deben velar por que los españoles puedan disfrutar de una educación gratuita, exigente y de calidad, que sea un verdadero ascensor social para los jóvenes y un elemento de cohesión nacional, siendo un elemento indispensable para el desarrollo y la prosperidad de una nación. En Aragón, dentro del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, la Inspección de Educación de Aragón debe garantizar que las políticas educativas se ejecuten correctamente dentro de los márgenes de la ley.
Muy al contrario de lo expresamente incluido en nuestra Constitución, se aprecian violaciones reiteradas a dicho artículo durante los últimos años, siendo más necesaria que nunca la protección y contribución de los poderes públicos a la calidad e integridad de la Enseñanza, la cual dista mucho de la realidad que viven estudiantes, padres, profesores y centros de nuestra región. Buena parte de nuestros alumnos encuentran en sus libros de texto curriculares contenidos manifiestamente ideológicos que nada tienen que ver con el conocimiento científico y académico riguroso, camuflados como material académico; así como inexactitudes o directamente mentiras sobre nuestra historia o sobre la realidad social y política de España.
Resultan especialmente graves algunos intentos permitidos, cuando no directamente impulsados desde la Administración autonómica, de romper la convivencia entre los españoles mediante el adoctrinamiento a nuestros jóvenes. Actualmente se está imponiendo a través de muchos libros de texto una serie de conceptos ideológicos que pretenden crear identidades artificiales, basadas en circunstancias personales, geográficas, etc., con el fin de socavar la concordia y unidad entre españoles, vecinos o dentro de las propias familias. Es nuestro deber denunciar y exigir al Gobierno regional una actuación inmediata, responsable y contundente para poner fin al doctrinamiento y el enfrentamiento social completamente injustificado e ilegítimo promovido desde las aulas.
Esta avalancha de leyes ideológicas impulsadas por los diferentes gobiernos de turno de autonómicos y de la nación se aprecia fácilmente a nivel nacional en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de la LO 10/22, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, o de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. A nivel autonómico cabe señalar la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en Aragón, y la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
De igual modo, a nivel regional, los ejemplos de adoctrinamiento han aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Cabe señalar los libros de texto de la editorial Vicens Vives, que incluyen en todas sus portadas el logotipo de la Agenda 2030. En cuanto a los contenidos de estos se destaca el libro Historia del mundo contemporáneo, de 1.º de Bachillerato; en el tema titulado «El impacto del pasado» (página 276), se aborda «La Guerra de las Estatuas: ¿héroes o villanos?». En él se menciona que «En los últimos años se han vivido una Guerra de Estatuas, en la cual antiguos héroes de los que se exhibían monumentos con orgullo se han convertido en casposos villanos cuyo comportamiento debe denunciarse». Asimismo, en el tema «El nuevo contexto económico. La aldea global» (página 329), se hace referencia a la reconquista de nuevos derechos sociales, destacando los movimientos feministas, LGTBIQ+ y el «MeToo», todo ello enmarcado en un lenguaje asociado a posturas de extrema izquierda. Además, el libro incluye continuas referencias a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Igualmente, los libros de la editorial de Tecnología y Digitalización de la editorial Oxford de los cursos 2.º, 3.º y 4.º ESO, así el emprendimiento empresarial se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dando a entender que no existe otra forma de generar riqueza que no sea a través de la Agenda 2030. En la misma materia aborda la «Adaptación del discurso y uso de un lenguaje inclusivo» fomentando la inclusión de profesiones y cargos en femenino, el uso de formas impersonales y reflexivas en lugar de masculinos, y la eliminación de pronombres innecesarios. El texto enfatiza una visión ideológica de «inclusión», promoviendo la equidad de género a través del lenguaje y sugiriendo que el uso del masculino genérico perpetúa estereotipos y desigualdades. Así, el enfoque inclusivo del lenguaje refleja un sesgo hacia la deconstrucción de las convenciones lingüísticas fijadas en la RAE.
Estos ejemplos evidencian, como poco, una extralimitación inadmisible por parte del legislador, que se ha llevado a cabo en flagrante violación de los derechos de los padres, siendo del todo incompatible con el principio de colaboración con los padres que debe regir a cualquier institución educativa, salvaguardando en todo caso la libertad de las familias. Es razonable que los poderes públicos intervengan en el sistema educativo —fundamentalmente para garantizar su efectividad— pero sin olvidar en ningún caso que el papel principal en la educación de los hijos corresponde a los padres, y manteniendo siempre el activismo ideológico antiacadémico fuera de las aulas y de los libros de texto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a:
Primero.— Poner fin de manera inmediata, a través de la actuación de la Alta Inspección Educativa, a cualquier adoctrinamiento ideológico sobre los menores que tenga lugar en el ámbito educativo.
Segundo.— La inmediata devolución al Estado de las competencias en materia de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia con el objeto de terminar con la desigualdad que propaga el modelo autonómico.
Tercero.— Promover las modificaciones legales necesarias para remover los obstáculos que impidan el acceso a la educación de todos los españoles en igualdad de condiciones, garantizando la neutralidad ideológica de la educación.
Cuarto.— Modificar la LOMLOE de manera que el currículo y los criterios de evaluación reflejen una total neutralidad ideológica, evitando cualquier tipo de sesgo o adoctrinamiento ideológico en los contenidos educativos. La modificación deberá garantizar que se respete la pluralidad de ideologías y creencias de todas las familias españolas, asegurando un enfoque educativo que promueva la libertad de pensamiento y la convivencia respetuosa en el aula.
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
Primero.— Asumir un compromiso inequívoco de respetar el derecho de los padres a elegir libremente la formación religiosa y moral de sus hijos que esté de acuerdo con sus propias convicciones, garantizando de este modo el artículo 27 de la Constitución española.
Segundo.— Adoptar medidas necesarias para promover la revisión del currículum educativo y la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores, sin que ello implique un perjuicio económico para las familias.
Tercero.— Garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula.
Cuarto.— Implementar un canal de denuncias anónimas que permita a las familias denunciar cualquier atentado contra lo establecido en el artículo 27 de nuestra Constitución, contando para ello con todas las garantías jurídicas.
Quinto.— Promover la formación del profesorado en herramientas pedagógicas que les permitan impartir los contenidos obligatorios desde una perspectiva crítica y plural, favoreciendo un entorno de aprendizaje donde los alumnos puedan cuestionar y reflexionar sobre las diferentes corrientes de pensamiento.

Zaragoza, 6 de septiembre de 2024.