Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Don Santiago Morón Sanjuán, Portavoz del grupo parlamentario VOX en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre inmigración e inseguridad, solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Aragón.

El pasado año 2023 hemos vuelto a batir récord en la llegada de inmigrantes ilegales a España. No se veían cifras tan altas desde 2018, incrementando las llegadas con respecto al 2022 un 82%. Los inmigrantes ilegales que han llegado a España en 2023 multiplican por cinco la población de El Hierro e igualan los habitantes de capitales de provincia como Segovia, Cuenca o Huesca. A su vez, entre el 1 de enero y el 15 de abril de este año han llegado a nuestro país 17.529 inmigrantes ilegales. Esto es un 236,6% de aumento en relación con el mismo periodo de tiempo del año pasado. Y sólo desde que Sánchez llegó al gobierno, han entrado en España más de 300.000 inmigrantes ilegales. Ese es el balance inmigratorio de este Ejecutivo.
Aragón no es una región ajena a dicha problemática, toda vez que desde el Gobierno central se está imponiendo un cupo de asunción de inmigrantes ilegales en su territorio que, como ya se ha manifestado en diversas ocasiones por esta formación, supone una clara merma de la seguridad en diversas poblaciones.
Estas cifras evidencian la invasión inmigratoria que venimos sufriendo en España y en Europa. Una invasión inmigratoria que está promovida por el Gobierno de Sánchez, haciendo seguidismo de unas élites de Bruselas que, en lugar de apostar por el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias y los trabajadores, han decidido implantar un modelo de inmigración descontrolada que promueve la llegada de millones de inmigrantes ilegales, lo que pone en grave riesgo el futuro de Europa tal y como la conocemos, y que tiene consecuencias directas sobre la convivencia, la seguridad y la prosperidad de todos los europeos.
Según el Balance de Criminalidad de 2023, publicado por el Ministerio del Interior, las cifras son dramáticas en cuanto al incremento de la comisión de delitos en nuestro país. Más allá del aumento de un 5,9% de la criminalidad con respecto al año anterior, han aumentado un 45% los secuestros, un 9,5% el tráfico de drogas y un 15% los delitos contra la libertad sexual. Además, según los datos publicados por el Ministerio de Igualdad, el 49% de los autores de asesinatos de mujeres son extranjeros. Todo ello a pesar de que apenas representa el 12,63% de la población que reside en España.
Este balance se traslada al territorio aragonés que de igual modo ve incrementado su índice de criminalidad, observando de forma alarmante el elevado porcentaje de investigados o autores inmigrantes respecto a los nacionales.
Nos encontramos ante una situación insostenible que pone en riesgo el futuro, el bienestar y la prosperidad de los españoles. Además del incremento de inseguridad, la pauperización de las familias españolas está alcanzando cotas incompatibles con la vida.
España roza los tres millones de parados según las cifras oficiales, sin contar los miles de personas que el gobierno contabiliza como empleados corrientes tras la aprobación de la última reforma laboral, pero cuyas condiciones de estacionalidad y salarios distan mucho de ser un empleo digno.
Incluso para aquellos españoles que tienen un empleo, la situación es cada vez más desoladora. España es una de las tres únicas economías de la zona Euro cuyos trabajadores pierden poder adquisitivo desde el año 2000. La incapacidad para apreciar los salarios y la voraz presión fiscal se ha combinado con una inflación desbocada que ha llegado a rozar el 10% durante períodos de 2022, datos que no se veían en España desde hacía más de 35 años. Este aumento rampante de precios ha afectado especialmente a productos y suministros básicos como la energía, llevando a que un 21% de la población española no pudiera mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el año 2023 y que casi un 7% de no pueda permitirse comer carne o pescado al menos una vez cada dos días.
La crisis económica que ha empobrecido a las clases medias y trabajadoras y la incapacidad de los responsables políticos para tomar medidas de alivio a las familias y empresas se han cebado especialmente con los más pequeños. España es el tercer país europeo con mayor porcentaje de población infantil en riesgo de pobreza o exclusión social, con un al 32,2% de menores en esta situación.
Ante este panorama, en lugar de adoptar políticas destinadas a atajar el progresivo empobrecimiento de los españoles, se ha aumentado constantemente el gasto en ayudas y atención destinada —directa o potencialmente— a inmigrantes ilegales, que de hecho las reciben en muchas ocasiones por delante de españoles en necesidad. No podemos seguir permitiendo que, mientras los españoles no llegan a final de mes, se estén concediendo ayudas a inmigrantes ilegales que se les niegan a los propios nacionales.
España debe tomar inmediatamente las medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de sociedades multiculturales que se ha demostrado fracasado en países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y que ya están sufriendo demasiadas ciudades y pueblos españoles. La inmigración debe ser legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación.
Por lo expuesto, y alertados por la enorme gravedad de la situación, desde el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón presentamos la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a:

1. Rechazar el contenido de la ILP actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados y cuya aprobación definitiva conllevaría la regularización de más de 500.000 inmigrantes ilegales.
2. Proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida.
3. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.
4. Que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública.
5. Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de la asistencia humanitaria urgente que precisen hasta la devolución a sus países de origen.
6. Eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores.
7. Tomar todas las medidas necesarias para proceder al cierre de los centros de MENAs que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos. Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres, familiares o entorno íntimo a sus países de origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre, procuraremos las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños.
8. Proceder a aprobar, de forma urgente, de conformidad con la Directiva 2013/32/UE, la lista de países seguros; esto es, todos aquellos en que, de manera general y sistemática, no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado; entre los que se encuentran países de origen y de tránsito o salida hacia España de las operaciones de las mafias de tráfico ilegal de personas.
9. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.
10. Llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo.
11. Proceder a la correcta transposición de la Directiva de retorno en España, y en concreto, regular el internamiento en centros de extranjeros, y sus prórrogas, para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno.
12. Establecer de manera inmediata refuerzos de personal en la administración competente para tramitar las solicitudes de asilo y de resolver los expedientes de extranjería con el fin de agilizar todos los trámites y que ningún inmigrante ilegal pueda verse favorecido por los retrasos de la administración.
13. Instar a que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse.
14. Garantizar que todas las administraciones públicas introduzcan explícitamente en las bases de toda subvención destinada a personas físicas el requisito de residencia legal y no de mero empadronamiento para poder ser beneficiario de las mismas.
15. Incluir, con carácter general, el acceso prioritario de españoles a ayudas sociales públicas y prestaciones de dependencia.
16. Oponerse, desde las administraciones regionales, a la reubicación en el territorio aragonés de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo.
17. Poner todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales a nuestra región.

En Zaragoza, 24 de abril de 2024.