Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Santiago Morón Sanjuán, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Aragón.

PRIMERO.— EL ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MERCOSUR.
Después de más de dos décadas de negociaciones, la Unión Europea y Mercosur han alcanzado un Acuerdo de Asociación que establece la mayor zona de libre comercio del mundo. El acuerdo redefinirá el comercio global, dará cabida a más de 780 millones de personas y creará un mercado común del que participarán Europa e Iberoamérica.
La Comisión Europea estima que, gracias a las numerosas barreras arancelarias que el acuerdo permite eliminar, las exportaciones europeas se beneficiarán de un ahorro arancelario de hasta 4.000 millones de euros anuales dado que Mercosur liberalizará el 91% de sus importaciones.
Por otra parte, el acuerdo de libre comercio que han suscrito la Unión Europea y Mercosur supondrá la eliminación progresiva de los elevados aranceles que el bloque económico iberoamericano aplica a un gran número de productos agroalimentarios europeos en los que España tiene importantes intereses comerciales, pero la Unión Europea también se verá obligada a liberalizar el 82% de las importaciones agroalimentarias venidas de América.
SEGUNDO.— LA OPOSICIÓN DEL MUNDO AGRARIO AL ACUERDO.
Por este motivo, tan pronto como se ha conocido la noticia del acuerdo comercial, los agricultores europeos y representantes del sector agrario de la Unión han alzado la voz para expresar su malestar con dicha decisión. Asimismo, los representantes del sector han reiterado que no se oponen al comercio y afirman comprender la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales en un contexto geopolítico complejo. Sin embargo, los agricultores europeos exigen acuerdos justos, equilibrados y sostenibles en los que se respete el principio de reciprocidad, en los que el sector primario no sea considerado una moneda de cambio a utilizarse para beneficiar a otros sectores productivos.
Por otra parte, los agricultores también subrayan la incoherencia de la Comisión Europea, que en el anterior mandato aumentó las exigencias en materia de sostenibilidad medioambiental y bienestar animal para los productores europeos, mientras ahora permitirá la entrada de productos que no cumplen esos estándares. Todo ello generará, a su juicio, un desequilibrio que expondrá al sector primario a la pérdida de rentabilidad y a la saturación del mercado como consecuencia de la llegada masiva de productos de bajo coste procedentes de países extracomunitarios en los que no se respetan las exigentes regulaciones que desde Bruselas se han impuesto a nuestros productores desde hace décadas, pero muy especialmente durante la última legislatura.
En consecuencia, los principales representantes del sector primario han exigido políticas que protejan a las comunidades rurales europeas dado que, a su juicio, el acuerdo mina la competitividad de la agricultura comunitaria, traiciona los valores y principios que la UE dice defender y, por tanto, no es aceptable en su forma actual.
TERCERO.— EL PROCESO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ACUERDO.
En cualquier caso, el acuerdo no está cerrado puesto que aún tiene que ser refrendado en el Consejo de Europa por una mayoría cualificada que requiere el voto afirmativo del 55% de los Estados miembros y que estos representen, al menos, al 65% de la población total de la Unión Europea. De hecho, Francia busca apoyos para conseguir una minoría de bloqueo frente a los gobiernos de Alemania y España, que se han consagrado como los máximos defensores del acuerdo, y, en este momento, París ya cuenta con el apoyo de Polonia, Austria, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica e Italia.
Sin embargo, a las dudas acerca del fondo del acurdo que ya han expresado todos estos países se suman también las críticas a las formas que ha utilizado la Comisión Europea para aprobar un acuerdo que no es seguro que cuente con la aprobación de la inmensa mayoría de los europeos. No en vano, este acuerdo, que tendrá una gran trascendencia en el devenir histórico de la Unión, se ha negociado de espaldas a los agricultores y ganaderos, y la decisión final ha sido tomada por una oscura camarilla de burócratas en la más absoluta opacidad, vulnerando, así, lo dispuesto en el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que la Comisión Europea «informará periódicamente» al Parlamento sobre las negociaciones que lleve a cabo.
Además, a la falta de transparencia que ha mostrado la Comisión Europea en las negociaciones cabría sumar el hecho de que tanto populares como socialistas hayan hecho gala de un oportunismo político sin precedentes al acelerar el ritmo de las negociaciones para alcanzar el acuerdo con Mercosur al poco de iniciar su segundo mandato y, por tanto, ahora que en el horizonte no se vislumbran elecciones en las que los europeos puedan mostrar su rechazo a la decisión que apoyan tanto unos como otros.
CUARTO.— EL IMPACTO PARA ARAGÓN DEL ACUERDO.
Resulta innegable que en una región como la aragonesa en la que el sector agrícola y ganadero juega un papel fundamental en el desarrollo económico de nuestro territorio. Del mismo modo, la localización de dicha actividad fomenta en el mantenimiento de numerosos núcleos de población rural que son la punta de lanza en la lucha contra la despoblación en Aragón.
Por ello, desde las instituciones aragonesas se ha de velar por la protección de un sector de tal relevancia para nuestra región, debiendo impulsar cuantas acciones políticas resulten pertinentes a tal fin.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Vox presenta la siguiente:

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que a su vez inste al Gobierno de España a:
1. Rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur, en todo aquello que perjudique los intereses de los productores españoles, y concretamente al sector primario, al mundo rural y a sus formas tradicionales de vida.
2. Denunciar ante las instituciones de la Unión Europea la opacidad de la que se ha servido la Comisión Europea para negociar este acuerdo de espaldas a las naciones europeas.
3. Someter a referéndum consultivo la aprobación definitiva del acuerdo para que sea el pueblo español el que tome la decisión última acerca de cuál ha de ser la postura oficial de España ante esta cuestión política de especial trascendencia.

Zaragoza, 21 de enero de 2025.