PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2006, ha admitido a trámite la Pregunta núm. 676/06, relativa a la excedencia forzosa de farmacéuticos titulares, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el Diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, para su respuesta escrita.
Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.
Zaragoza, 2 de mayo de 2006.
El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la excedencia forzosa de farmacéuticos titulares.
ANTECEDENTES
Por sentencia de fecha 30 de noviembre de 2005 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Diputación General de Aragón contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza, con el número 181/2004.
De acuerdo con esta sentencia se declaran en situación de excedencia forzosa a los farmacéuticos titulares afectados por el Decreto del Gobierno de Aragón 251/2001 que no optaron por su integración en la escala de farmacéuticos de Administración Sanitaria, frente a la pretensión de la Administración de la Comunidad Autónoma de declararlos en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Conforme a dicha sentencia, se reconoce como situación jurídica individualizada de los recurrentes los derechos y deberes inherentes a la situación de excedencia forzosa, entre los que debemos recordar está la percepción de las retribuciones básicas.
De acuerdo con las informaciones de que disponemos, esta sentencia reconoce directamente el derecho de 23 recurrentes, pero la situación afectaría a otros 30 más cuyo proceso judicial se encuentra en la actualidad suspendido temporalmente.
La incorrecta definición del tipo de excedencia que se debía aplicar a estos funcionarios va a generar unos costes a los contribuyentes aragoneses que, según nuestras estimaciones, actualmente se aproximan al 1.200.000 euros para los que tienen sentencia firme, y que se aproximarán a los 3.000.000 euros si los tribunales reconocen las pretensiones del resto de recurrentes.
Pero además estas personas continuarán percibiendo, o generando el derecho a percibir, esas retribuciones mientras no se resuelva administrativamente la situación.
Por todo ello, la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto) presenta la siguiente
PREGUNTA
¿Cuál es el coste real para las arcas públicas aragonesas de esta actuación administrativa, tanto para la sentencia firme como para la pendiente de recurso?
¿Qué medidas está tomando el Gobierno para resolver esta situación y que los funcionarios afectados no sigan generando derechos económicos sin realizar un servicio público?
¿En qué plazo tienen previsto el Gobierno que quede resuelta esta situación?
¿Se han determinado, o se tiene previsto investigar, las responsabilidades de quienes han participado en las decisiones que han conducido a esta situación?
Zaragoza, 27 de abril de 2006.
El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES