A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
Javier Sada Beltrán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a instar al Gobierno de España a regresar al Pacto de Toledo y rechazar la reforma impuesta en la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, solicitando su tramitación ante el Pleno de Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Pleno expresa su más profundo desacuerdo con la decisión del Gobierno de suprimir de forma unilateral la fórmula de revalorización de pensiones públicas que hasta ahora se aplicaba en nuestro país, imponiendo una nueva fórmula sin haber dialogado previamente con el resto de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, y rompiendo así el procedimiento establecido en el Pacto de Toledo para acometer cualquier reforma profunda en el sistema de Seguridad Social sobre la base previa del diálogo y el acuerdo amplio.
La nueva fórmula para calcular la revalorización de pensiones instaurada a partir de la Ley 23/2013 no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. De hecho esta nueva fórmula supondrá una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre un 14% y hasta un 26% durante los próximos 15 años.
La revalorización de las pensiones para 2014, limitada a un 0,25%, viene a consolidar una pérdida de poder adquisitivo que comenzó a generarse con la decisión de 2012 de no actualizar las pensiones.
Entre 2012 y 2013 las pensiones ya han consolidado una pérdida de poder adquisitivo, de modo que los incrementos realizados en las cuantías no han sido suficientes como para compensar la evolución de la inflación. Así, en estos años las pensiones inferiores a 1.000 euros, (que son el 66% del total) han perdido un 0,1% y las pensiones superiores a 1.000 euros (el 33% del total) han perdido un 1,1%.
Sumado a todo lo anterior, el incremento aprobado para 2014 supondrá una pérdida adicional de poder adquisitivo de al menos 1,25% para todas las pensiones sin distinción de cuantías, si tenemos en cuenta que el incremento ha sido de tan sólo el 0,25% y la previsión de inflación del propio gobierno es del 1,5%.
La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones supone el empobrecimiento especialmente a quienes tienen ya de por sí una pensión baja, recordemos que el 54% de las pensiones tienen una cuantía inferior al Salario Mínimo Interprofesional, y una limitación grave de la calidad de vida de la mayoría de hogares que tienen en un jubilado, cerca del 27% del total, la principal o única fuente de ingresos. Y, adicionalmente, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones afecta gravemente al mantenimiento del empleo y la actividad económica, ya que estas rentas tienen como principal destino el consumo y la demanda interna de bienes y servicios en nuestro país.
Creemos que el Gobierno cede a las exigencias del núcleo más conservador de la Comisión Europea y de los mercados, cuya actividad especulativa sigue provocando que la economía productiva no se recupere y que los trabajadores/as, los pensionistas y jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo, utilizando las pensiones públicas como contraprestación exigida para otros fines ajenos al de su sostenibilidad y el BOE para congelar las retribuciones de los que dependen directamente de sus decisiones como los empleados públicos, pensionistas, desempleados, trabajadores que perciben el salario mínimo, quienes perciben el IPREM, etc., mientras que, por el contrario, suben los precios de servicios públicos, que también están sometidos a su intervención.
Baste señalar algunos ejemplos de todo ello: desde 2011 los medicamentos incrementaron su precio el 20,9% como consecuencia de la exclusión de un número importante de medicamentos de la financiación pública; el transporte público urbano sufrió una subida del 14,6%; la calefacción, la luz y el agua subieron en estos dos años más del 11,4% consecuencia en gran medida de los sucesivos «tarifazos» eléctricos.
El camino tiene que ser el de asegurar la calidad de vida de la población mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad, como vía para una salida de la crisis de manera democrática y sostenible económica y socialmente.
Es por lo que, exigimos al Gobierno que rectifique de inmediato y regrese al marco de diálogo y acuerdo del Pacto de Toledo, pues las medidas adoptadas fuera de éste no han hecho sino perjudicar a las personas más débiles, sin que hayan actuado en los verdaderos retos que tiene el sistema de pensiones: la necesidad de adoptar medidas de mejora de ingresos, lucha contra el fraude fiscal y laboral, emergimiento de la economía sumergida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
1. Dirigirse al Gobierno de la Nación a que vuelva al Pacto de Toledo y, en este marco, ponga las medidas necesarias para que los pensionistas y jubilados recuperen una fórmula que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas, y la sostenibilidad del sistema, una medida que por justicia les corresponde.
2. Rechazar la reforma impuesta al margen del Pacto de Toledo en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, e instar al Gobierno de la Nación a que la rectifique.
3. Acordar dar traslado de dicha resolución al Gobierno de la Nación y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Zaragoza, 27 de marzo de 2014.