Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Fernando Ledesma Gelas, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de nuestro ordenamiento jurídico y del Poder Judicial, solicitando su tramitación ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.

Estas últimas semanas, los medios de comunicación han estado utilizando el término «lawfare», en el marco de las negociaciones entre el PSOE y Junts enfocadas a la consecución de un acuerdo de investidura, y utilizado expresamente en el acuerdo de investidura hecho público el día 9 de noviembre de 2023.
El «lawfare» o guerra jurídica, es un término que pese a originarse en la década de los setenta, trascendió en Estados Unidos tras el atentado terrorista del 11 de septiembre y las actuaciones de la administración estadounidense y más recientemente para referirse al sistema jurisdiccional y la persecución política.
En la actualidad, y en nuestro país el término tiene connotaciones negativas, y es usado en el marco de una instrumentalización de la persecución judicial, crítica directa al sistema de medidas de acceso al sistema judicial y al Poder Judicial en sí mismo, en cuanto a que también critica las resoluciones que jueces y tribunales emiten.
Hoy en día, el término ha sido usado como medio de presión por parte de los representantes de Junts para lograr un acuerdo sobre una futura amnistía que pudiera englobar no únicamente a las personas que participaron directamente en los hechos delictivos enmarcados en el llamado procés, sino a cualquier implicado que hubiera recibido medidas judiciales con posterioridad. Es decir, un reconocimiento explícito de que el Estado ha perseguido judicialmente con montajes a los implicados en el procés mediante el «lawfare».
Además, el acuerdo comprende incluye la creación de Comisiones de Investigación parlamentarias cuyas conclusiones serán tenidas en cuenta a la hora de aplicar la Ley de Amnistía. Es decir, unas Comisiones parlamentarias que podrán decidir a quién se le borran los hechos delictivos que hubiera podido cometer y a quien no, en una clara anulación del poder judicial sometiéndolo al poder legislativo.
La Amnistía, ya por sí sola agrede directamente la función jurisdiccional, motivo por el cual resulta incompatible con la Constitución Española que propugna la Separación de Poderes.
Todas las Asociaciones Profesionales de la Judicatura, como Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Asociación Jueces y Juezas por la Democracia, Asociación de Jueces «Foro Judicial Independiente», tras conocerse el acuerdo del PSOE y Junts, han sacado un comunicado conjunto que literalmente dice:
«Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al “lawfare o judicialización de la política” y sus consecuencias. El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta».
Igualmente, las Asociaciones de Fiscales, tanto la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece la Ministra de Justicia, y la Asociación de Fiscales han sacado sendos comunicados mostrando su más absoluto rechazo al lawfare y a las consecuencias de las Comisiones de Investigación, afirmando que pervertirían el sistema constitucional de Separación de Poderes, o que esta medida es una ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho.
El poder judicial es uno de los Poderes del Estado, el único con la potestad de administrar Justicia, potestad jurisdiccional que emana en nombre del pueblo tal y como recoge nuestra Constitución Española y su normativa de desarrollo. Poder Judicial que se somete en todo momento a los principios de Independencia, Inamovilidad, Responsabilidad y Sometimiento a la Ley.
Cualquier alusión que ponga en duda de forma generalista cualquiera de los principios a los que se somete el Poder Judicial, supone una manifestación gravísima, que supone una ruptura con nuestro Ordenamiento Jurídico, que en todo caso, está dotado de medios garantistas para revisar cualquier decisión que se considere contraria a dichos principios.
La Separación de poderes derivada de la titularidad del público de los ciudadanos, tiene como principal función la de evitar abusos de poder que pudieran ocurrir, separación de poderes que surge en España con la Constitución de 1812, en cuyo discurso preliminar ya se pronunció que «no puede haber libertad ni seguridad, y por lo mismo justicia ni prosperidad, en un Estado donde el ejercicio de toda la autoridad está reunido en una sola mano. Su separación es indispensable».
Nuestro Ordenamiento Jurídico dispone de una serie de instrumentos legales en defensa de nuestros derechos, tales como las demandas, denuncias, querellas, recursos... garantía del cumplimiento de la ley por parte de las instituciones y los ciudadanos. Además, todos los ciudadanos tenemos derecho a un juicio justo, y la obligación de comparecer ante la justicia si se ha puesto en duda la legalidad de nuestras acciones, el sometimiento de todos los ciudadanos por igual al imperio de la ley es indispensable para el correcto funcionamiento de nuestra democracia tal y como la conocemos.
El propio Ordenamiento Jurídico, dispone además de medios suficientes para evitar cualquier posible uso injustificado, excesivo o malintencionado de estos instrumentos legales.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón manifiestan expresamente que la Amnistía agrede directamente la función jurisdiccional y acuerdan:
1.— Mostrar la lealtad de esta cámara a la Separación de Poderes y el respeto más absoluto al Poder judicial y a las atribuciones que nuestro ordenamiento jurídico le otorga.
2.— Mostrar respeto absoluto a la labor de los Jueces y Tribunales y las decisiones que emanan del ejercicio de sus cargos.
3.— Mostrar respeto absoluto a nuestro ordenamiento jurídico, en particular, a los instrumentos legales en defensa de nuestros derechos que se ejercen ante Juzgados y Tribunales.

Zaragoza, 9 de noviembre de 2023.