Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Don David Arranz Ballesteros, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración como profesión de riesgo del trabajo realizado por los funcionarios de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Aragón.

La protección de la seguridad ciudadana y del libre ejercicio de derechos y libertades públicas precisan de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado modernos, bien formados, correctamente equipados, y con una normativa que les posibilite trabajar y prestar un servicio público con plenas garantías y eficacia.
El orden público y la seguridad ciudadana son elementos esenciales para garantizar una sociedad libre, y este debe ser un objetivo prioritario que cumplir.
El artículo 17 de la Constitución consagra los derechos a la libertad y seguridad para todos.
Debe garantizarse que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FFCCSE) posean medios materiales modernos y eficaces, número de efectivos personales suficientes y que su labor esté investida por el principio de autoridad. Principio que hoy, en la práctica, se encuentra muy deteriorado y cuestionado.
Nuestros agentes deben poder actuar con profesionalidad y operatividad, y con pleno respeto a la legalidad. Si bien, lo que no pueden es actuar bajo la sospecha permanente y bajo la fiscalización excesiva y continua de su obrar profesional, frente a la sociedad, frente a los medios de comunicación, frente a sus mandos y régimen disciplinario interno o frente a la Justicia.
Los agentes deben realizar una función preventiva de seguridad y también reactiva y de respuesta eficaz ante la comisión de delitos y de investigación, pero no pueden salir a patrullar pensando en cómo van a tener que defenderse por cumplir con su dura labor, ante un expediente interno o ante una denuncia vía judicial, si su actuación, por ejemplo, precisa del empleo de fuerza o violencia para el cumplimiento de la legalidad y el restablecimiento de la seguridad y el orden.
Resulta imprescindible la existencia de una cobertura legal adecuada y contar con normas que expresamente garanticen la seguridad jurídica en el ejercicio de su labor de servicio.
Sin embargo, lejos de esta lógica, es una realidad que nuestros agentes, mal pagados y con escasos medios, realizan su labor con toda la dedicación que pueden y se les permite, desprovistos de esas coberturas necesarias.
Son muchas las legítimas reivindicaciones de nuestras FFCCSE que hemos de contribuir a impulsar: de más efectivos, de mayores dotaciones materiales y modernización de equipos, de mejoras salariales y equiparaciones con respecto a policías autonómicas, etc...
Nuestras FFCCSE deben evolucionar en sus estrategias, operatividad, métodos de investigación, formación, etc., para adaptarse a las nuevas formas de delincuencia, a las nuevas amenazas y a los nuevos perfiles de delincuentes.
Terrorismo yihadista, ciberdelitos y estafas informáticas, bandas latinas, delincuencia y crimen organizados, mafias del narcotráfico, tráfico de personas o de prostitución son realidades y amenazas a las que se enfrentan para velar por nuestra seguridad, aceptando y corriendo evidentes riesgos para su propia vida e integridad física y psíquica. Y si la criminalidad va evolucionando y mutando, nuestras FFCCSE deben evolucionar y adaptarse a tales nuevas amenazas.
En aras a dignificar y poner en valor la profesionalidad y la entrega de nuestros agentes de Policía y Guardia Civil, además de reforzar el principio de autoridad, entendemos oportuna y necesaria la declaración de profesión de riesgo al trabajo y servicio que prestan para mantener la seguridad y el orden públicos.
El reconocimiento de profesión de riesgo es una reivindicación histórica de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que cada cierto tiempo, y, generalmente, a raíz de algún triste acontecimiento, como el último asesinato de dos guardias civiles en Barbate a manos de los narcos, vuelve a estar de actualidad.
Solicitan que su profesión se catalogue como «de riesgo», como ocurre con los bomberos, los toreros, los trabajadores ferroviarios, los mineros o los artistas.
La Seguridad Social identifica tales profesiones como de riesgo por su naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre, y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.
Aparte de una cuestión de justicia y del reconocimiento a esta dura, necesaria y peligrosa profesión, catalogarla de profesión de riesgo, aporta beneficios deseados y pertinentes como la jubilación anticipada —sin los recortes ni penalizaciones en la cuantía que sufren los que se jubilan de manera anticipada ordinariamente— o el adelanto de la edad de jubilación en función de nuevas variables a determinar.
Por lo expuesto, desde el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón presentamos la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que a su vez inste al Gobierno de España a declarar como profesión de riesgo el trabajo realizado por los funcionarios de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía al servicio de nuestra seguridad y en defensa de la ley y el orden público.

En Zaragoza, a 11 de abril de 2024.