Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Don David Arranz Ballesteros, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario VOX en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la mejora de las condiciones y medios para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Aragón.

Con la presente iniciativa parlamentaria recogemos las inquietudes y demandas de varias asociaciones policiales con las que venimos trabajando desde hace años como JUSAPOL, JUCIL, Policías Siglo XXI y de muchos ciudadanos particulares que acuden a nosotros, y hoy más concretamente, queríamos hacernos eco también de las legítimas demandas de la «Plataforma Nuestro Corazón por Bandera», sin ánimo de lucro, constituida por familiares y simpatizantes de miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, cuyo principal objeto e interés es el reconocimiento y apoyo s nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)
Conforme artículo 104 de la Constitución, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
La protección de la seguridad ciudadana y del libre ejercicio de derechos y libertades públicas precisan de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado modernos, bien formados, correctamente equipados, y con una normativa que les posibilite trabajar y prestar un servicio público con plenas garantías y eficacia.
El orden público y la seguridad ciudadana son elementos esenciales para garantizar una sociedad libre, y este debe ser un objetivo prioritario que cumplir.
El artículo 17 de la Constitución consagra los derechos a la libertad y seguridad para todos. Sin seguridad no hay libertad.
Debe garantizarse que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) posean medios materiales modernos y eficaces, número de efectivos personales suficientes y que su labor esté investida por el principio de autoridad. Principio que hoy, en la práctica, se encuentra muy deteriorado y cuestionado.
Nuestros agentes deben poder actuar con profesionalidad y operatividad, y siempre con pleno respeto a la legalidad. Si bien, lo que no pueden es actuar bajo la sospecha permanente y bajo la fiscalización excesiva y continua de su obrar profesional, frente a la sociedad, frente a los medios de comunicación, frente a sus mandos y régimen disciplinario interno o frente a la justicia.
Los agentes deben realizar una función preventiva de seguridad y también reactiva, de respuesta eficaz ante la comisión de delitos y de investigación, pero no pueden salir a trabajar pensando en cómo van a tener que defenderse por cumplir con su dura labor, ante un expediente interno o ante una denuncia vía judicial, si su actuación, por ejemplo, precisa objetivamente del empleo de fuerza o violencia para el cumplimiento de la legalidad y el restablecimiento de la seguridad y el orden. De hecho nuestra policía tiene legítimamente el monopolio de la fuerza y de la violencia, amparados por la Ley, por supuesto.
Resulta imprescindible la existencia de una cobertura legal adecuada y contar con normas que expresamente garanticen la seguridad jurídica en el ejercicio de su labor de servicio.
Sin embargo, lejos de esta lógica, es una realidad que nuestros agentes, mal pagados y con escasos medios, realizan su labor con toda la dedicación que pueden y se les permite, desprovistos de esas coberturas necesarias.
Son muchas las legítimas reivindicaciones de nuestras FFCCSE que hemos de contribuir a impulsar: de más efectivos, de mayores dotaciones materiales y modernización de equipos, de mejoras salariales y equiparaciones con respecto a policías autonómicas, etc...
Nuestras FFCCSE deben evolucionar en sus estrategias, operatividad, métodos de investigación, formación, etc. para adaptarse a las nuevas formas de delincuencia, a las nuevas amenazas y a los nuevos perfiles de delincuentes.
En los últimos años, asistimos al crecimiento de la inseguridad ciudadana y al avance de la criminalidad. Es una cuestión objetiva, que se apoya en evidencias empíricas y datos concretos, pese a toda la maquinaria política propagandística para ocultar tal realidad y para esconder entre estadísticas trucadas y manipuladas tal cuestión.
Y también existe un claro incremento de inseguridad subjetiva, esto es, del desasosiego y sentimiento de inseguridad que tiene una gran mayoría de ciudadanos.
Los asesinatos, homicidios, las agresiones sexuales, reyertas con armas blancas y demás delitos violentos, los robos con fuerza en naves industriales y domicilios, los robos con violencia o intimidación, las ocupaciones ilegales de domicilios, las estafas online, etc...crecen.
Hemos importado formas criminales, perfiles y delitos que hace unos años eran impensables en España: Terrorismo yihadista, ciberdelitos y estafas informáticas, violaciones grupales, bandas latinas, delincuencia y crimen organizados, mafias del narcotráfico, tráfico de personas o de prostitución son realidades y amenazas a las que se enfrentan para velar por nuestra seguridad, aceptando y corriendo evidentes riesgos para su propia vida e integridad física y psíquica. Y si la criminalidad va evolucionando y mutando, nuestras FFCCSE deben evolucionar y adaptarse a tales nuevas amenazas.
Las estadísticas oficiales del INE reflejan el aumento en más de un 40% de las agresiones físicas sufridas por policías y guardias civiles. Sin olvidarnos de los casos más graves como el reciente asesinato en Barbate de dos agentes por las mafias del Narcotráfico. Dos guardias civiles que murieron por la dejadez y falta de medios con que sus mandos, a las órdenes de Marlasca, permitieron que fueran arrollados salvajemente por una potente narcolancha frente a una pequeña zodiac con la que contaban los agentes.
El mismo Ministro del Interior, Marlasca, que acababa de desmantelar la unidad de élite de la Guardia Civil ONCOSUR, que consiguieron importantes éxitos en la lucha contra el narcotráfico en todo el litoral del sur de España.
Debemos garantizar la seguridad y operatividad y eficacia de nuestros policías y guardias civiles. Todo ello, en aras a dignificar y poner en valor la profesionalidad y la entrega de nuestros agentes de Policía y Guardia Civil.
Por lo expuesto, desde el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón presentamos la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que a su vez inste al Gobierno de España las siguientes medidas:
1.— Reforzar legalmente al principio de autoridad que debe presidir y amparar su actuación de servicio a la seguridad ciudadana y al restablecimiento del orden público.
2.— Declaración de profesión de riesgo al trabajo y servicio que prestan nuestras FFCCS. Tanto para cuestiones relativas a su jubilación, como para reivindicar la responsabilidad civil del Estado y que pueda hacerse cargo de las indemnizaciones que pudieran corresponder a los agentes o a sus familias cuando los procesados son declarados insolventes.
3.— Mejorar y actualizar la formación práctica y operativa de calidad de los agentes ante los nuevos retos delictivos. Apostando por un nuevo modelo policial más efectivo y operativo y que no sirva para proteger discursos o intereses políticos de ningún signo.
4.— Reforzar los principios de legítima defensa y proporcionalidad, para que amparen también judicialmente en la práctica la defensa de la propia seguridad de los agentes y de ciudadanos víctimas de delitos.
5.— Dotación a las FFCCS de los medios materiales y técnicos, personal o efectivos y tecnologías objetivamente necesarias para hacer frente a la nueva criminalidad.
6.— Declarar zonas de especial singularidad, aquellos puntos más críticos donde operan las mafias y el crimen organizado, como La Línea o el Campo de Gibraltar, motivando a los agentes allí destinados, con una aportación extra como plus de peligrosidad y añadir ventajas en la promoción profesional.
7.— Equiparación salarial y acabar con todos los desequilibrios existentes de los policías y guardias civiles con los emolumentos percibidos y condiciones de las que gozan algunas de las policías de ámbito autonómico.

En Zaragoza, a 20 de septiembre de 2024.