Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Fernando Ledesma Gelas, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la defensa de la Libertad en Cuba, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

En Cuba existe un sistema totalitario, donde el partido único absorbe y decide todo sobre el ciudadano, lo que es y en lo que quiere que se convierta. Un lugar en donde las leyes, las instituciones, los funcionarios públicos y buena parte de la sociedad sirven a un ideal que en términos prácticos es una política de Estado para perpetuarse en el poder y violentar la libertad de expresión, de información y de asociación.
Esto se evidencia en el Art. 1 de la Constitución Cubana donde se establece a la República de Cuba como un «Estado Socialista» y en el Art. 5 donde declara «al Partido Comunista de Cuba único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana (...) es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista».
En su Art. 229 se expone que en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista. Es decir, Cuba es un estado socialista, con el P.C.C. como único órgano rector de la política del país, amparado por la Constitución y de forma inalterable, por lo tanto, una dictadura. Ejemplo de ello es las palabras del propio Presidente de Cuba y Primer Secretario del P.C.C., Díaz Canel, que tras las numerosas protestas en contra del régimen del 11 de julio del 2021 expresó: «intentan fracturar la unidad entre Partido, Gobierno, Estado y Pueblo».
La Constitución Cubana ha otorgado a las llamadas leyes secundarias un nivel supremo, abriendo la oportunidad de coartar de manera casi instantánea los derechos consagrados en ella. Además, la falta de instrumentos de control constitucional o de juicio de garantías hace que lo que en ella se exprese sea sólo referencial.
En materia de libertad de expresión, información y asociación, las leyes han creado un cerco que limita los alcances de su ejercicio a los términos aceptables para el régimen; trasponerlo supone una serie de sanciones y penas que, aplicadas de manera sistemática y generalizada, se convierten en graves violaciones a los derechos humanos. Esto quiere decir que si bien en el papel los artículos constitucionales 52, 53, 54, 55 y 56 garantizan la libertad de tránsito, de información, de conciencia, de expresión y de asociación, las leyes secundarias prevén una serie de condiciones para su ejercicio que contravienen los principios de indivisibilidad, progresividad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos.
En la mayoría de los casos, la falta de taxatividad de la ley y la utilización de conceptos abstractos como «la defensa de la seguridad nacional», «el interés público» o «la preservación del Estado socialista» dan lugar a un uso arbitrario y opaco de la norma en contra de la disidencia, lo que conlleva a que la dictadura cubana se haya especializado en el «asesinato moral de la reputación», es decir en el derrocamiento a nivel psicológico, intrafamiliar y social del ciudadano que disienta del dogma partidista. Una perfecta articulación institucional, la falta de contrapesos y oposición legalizada —así como el control total de la población, de los servicios públicos y del acceso a bienes de primera necesidad— otorga un poder omnipotente y omnipresente que inhibe, aísla o manda al exilio a cualquiera que piense diferente.
Por lo anteriormente expuesto se puede indicar que en Cuba continúan ausentes los elementos esenciales de una democracia representativa, y que la determinación de facto de partido único del Partido Comunista Cubano P.C.C. afecta los derechos políticos ciudadanos. Tenemos el caso de múltiples movimientos y organizaciones políticas como Las Damas de blanco, UNPACU, FANTU, Movimiento San Isidro, entre otras que sufren restricciones a su derecho a elegir, a ser elegidos, a asociarse, de esta manera impiden su participación en la política.
Por ejemplo, el Estado cubano reconoce en el papel el derecho de todas las personas a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, sin embargo, la Ley N.º 1312 Ley de Migración, de 1976, ha sido empleada en numerosas ocasiones para controlar arbitrariamente el derecho de libre circulación de periodistas, artistas independientes, opositores políticos, activistas y defensores de derechos humanos.
Asimismo, aun cuando reconozca explícitamente la libertad de expresión para todas las personas, la misma Constitución prohíbe la existencia de medios independientes y exige la colegiación obligatoria, limitando la pluralidad y la diversidad mediática e informativa, haciendo negatorio el derecho de acceso a la información para aquellos periodistas o personas que quieren hacer investigación, pero no se encuentran dentro del discurso oficial.
Con la implementación de internet al ámbito social cubano y su interrelación global, el régimen ha tratado de llevar su fórmula represiva al uso de las redes sociales. El Decreto-Ley N.º 370/2018 «Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba», desde su entrada en vigor hace más de cuatro años, ha sido aplicado con todo rigor en contra de cualquiera que disienta, impactando severamente en su patrimonio. Este decreto supedita el desarrollo de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) a las necesidades estatales e impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales implicados en su uso, como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación.
Por si fuera poco, las protestas masivas del 11 de julio de 2021 fueron el aliciente para que el régimen se planteara la necesidad de nuevos instrumentos legales para coartar la libertad de asociación y la libertad de expresión, que aún se encontraban intocados en el ámbito digital. De esta manera se aplicó un paquete legislativo que habilita la persecución de personas que utilizan las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) con fines ciudadanos y sociopolíticos, además de propiciar la censura de contenidos de interés público en internet.
Es por ello por lo que organismos internacionales expertos en libertad de expresión, ubican a Cuba entre los países donde se practica más la censura a nivel mundial, subrayar que Reporteros sin Fronteras ha señalado a Cuba como el país con menos libertad de prensa de América, ubicándolo en el número 171, y entre los diez peores del ranking a nivel mundial en su informe anual. Según Freedom House es el país con menor libertad en las redes sociales de las Américas y el cuarto a nivel mundial.
Vale la pena señalar que actualmente el régimen cubano es miembro de diversas organizaciones internacionales que tienen como premisa la defensa de los derechos humanos, aunque no pertenece a la Organización de Estados Americanos ya que fue expulsada en 1962 y no ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, es fundador del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, siendo signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Además, firmó, aunque no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Otro instrumento jurídico que vincula al Estado Cubano con el respeto de los derechos civiles de sus ciudadanos es el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba suscrito en 2016, teniendo como condición esencial del mismo el respeto de los derechos y la dignidad como uno de los valores fundacionales de la Unión Europea, junto con los principios de libertad, democracia, igualdad y estado de derecho. Sin embargo, la violencia en contra del pueblo cubano se ha relativizado, normalizado e incluso justificado por partidos, gobiernos y organizaciones a nivel global.
Las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento, la vigilancia, la represión, el asedio legal y la persecución criminal, aun cuando ocurren de manera sistemática y generalizada, se vislumbran como insignificantes frente al sueño romántico revolucionario que premia el discurso de las figuras del régimen y que se ha expandido; dando lugar a una especie de «excepcionalísimo» que justifica cualquier violación a los derechos humanos cometida para combatir «al imperialismo», en nombre de los ideales enarbolados en su origen por la Revolución de 1959.
Por otra parte, la lucha contra el COVID-19 puso a flor de piel las desigualdades y mostró las carencias existentes en todos los países para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, además de que ocasionó severas restricciones en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Cuba no fue la excepción y, como en otros lugares de la región, la pandemia fracturó a la sociedad, que crudamente se enfrentó al desabastecimiento y a la discriminación en el acceso a los servicios.
En 2020, la economía se contrajo un 11%, el peor dato en tres décadas, y a principios de ese año el gobierno cubano propuso un nuevo paquete de medidas económicas que aumentaron los salarios y las pensiones, pero también los precios generando una inflación que alcanza nuevos picos cada día. Ante la falta de divisas extranjeras se han creado tiendas en moneda libremente convertible —sólo se puede pagar con tarjeta de crédito desde el exterior— donde se venden alimentos y electrodomésticos, mientras en los comercios de pesos cubanos los productos cada vez son más escasos.
Así, la ciudadanía que antes se mantenía en silencio, ahora —con pocas expectativas de futuro— empezó a hacer público su malestar. Esto llevó a cientos de cubanos a las calles el pasado 11 de julio del 2021 en unas protestas inéditas tanto por su fuerza como extensión empezando en la localidad de San Antonio de los Baños, cerca de la Habana y Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Una chispa que después se extendió a todo el país y al mundo a través de las redes sociales. En principio se exigía el fin de los largos apagones de electricidad y el acceso a los medicamentos. Poco después, las demandas se convirtieron en gritos de «libertad» y de cambios políticos con proclamas tan inusuales como «abajo la dictadura» o «Patria y Vida». Estas fueron las frases más escuchadas por parte del pueblo cubano.
La única respuesta por parte de la dictadura al reclamo legítimo y pacífico de un pueblo en las calles fue la más dura represión. Miguel Díaz Canel Bermúdez incitó a la violencia entre cubanos con su famosa frase: «La orden de combate está dada, las calles son de los revolucionarios». La violencia fue tal hacia un pueblo indefenso y desarmado que aún afectan las imágenes que fueron llegando a cuenta gota después de suspender el servicio de internet en la isla.
La dictadura una vez más violentó el derecho a manifestarse a través de la protesta pacífica. Al término de las protestas del 11 de julio no cesó la represión. Por el contrario, el Estado cubano acumuló toda su capacidad y fuerza para apagar cualquier chispa que diera lugar a otro levantamiento.
El bloqueo de internet y la aprobación del Decreto-Ley N.º 35/2021 y la Resolución 105/2021 fueron reacciones inmediatas para limitar cualquier acción posterior. Asimismo, aun cuando un grupo de personas lanzó una nueva convocatoria para tomar las calles el 15 de noviembre y se hizo una solicitud formal al gobierno para permitir la protesta, este respondió negativamente argumentando que «los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba» y que la manifestación anunciada en La Habana, constituía «una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen».
El llamado a la marcha, de noviembre de 2021, se reprodujo en las redes sociales apelando al artículo 56 de la nueva Constitución, en el que se reconoce el derecho a la reunión, la manifestación y la asociación con fines lícitos y pacíficos. Pero el gobierno advirtió que «el ejercicio de los derechos de las personas sólo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes».
La represión hoy en día se mantiene, aunque es algo sistémico dentro de la sociedad civil cubana. Un total de 1395 personas detenidas en relación con las protestas de julio de 2021. La situación en relación con los presos político es realmente alarmante, son juicios sin presunción de inocencia y carentes de cualquier garantía legal; y más cuando entre ellos hay alrededor de 50 menores de edad y 70 mujeres. La familia cubana después del 11 de julio se ha visto destruida completamente, en un mismo núcleo familiar puede que haya hasta tres personas detenidas en espera de juicio o con condenas firmes por el simple hecho de manifestarse. Las condenas ejemplarizantes van entre los 5 años a los 30 años de cárcel.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente:

Las Cortes de Aragón declaran que el gobierno de Cuba es una dictadura, sin ambages de ningún tipo.
Las Cortes de Aragón condenan las violaciones de los derechos humanos y civiles cometidos por el régimen durante más de medio siglo.
Las Cortes de Aragón exigen a la dictadura cubana el cese de la represión a las personas que no están de acuerdo con su dogma partidista, así como la liberación de todos los presos políticos y de conciencia que están en las cárceles cubanas.
Las Cortes de Aragón, instan al Gobierno de Aragón, para que a su vez inste al Gobierno de España y a la Unión Europea a activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea con Cuba, por vulnerar sistemáticamente la parte cubana el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos; pilar fundamental de dicho tratado.

Zaragoza, 24 de enero de 2025.